25 junio, 2014

Nuevas publicaciones sobre derecho y exclusión

En la última semana me han llegado las versiones impresas de tres artículos que he escrito, desde diversas perspectivas, sobre temáticas que podría ser conceptualizadas de manera general como derecho y exclusión.

El primero de ellos se titula "¿Por qué no se rebelan los oprimidos? Tecnologías de la opresión", y fue publicado junto a las demás ponencias del Seminario de Teoría Constitucional en Latinoamérica (SELA) organizado por Yale y realizado el 2013 en Cartagena de Indias, Colombia. (descarga aquí). Se trata de un ensayo de filosofía política donde planteo que "durante los últimos dos siglos las transformaciones tecnológicas, específicamente el surgimiento de armas cada vez más precisas pero también más costosas, han alejado la posibilidad real de la rebelión de las manos del pueblo, particularmente de aquellos sectores que por sus carencias podríamos caracterizar como plebeyos", posibilidad de rebelión que, sin embargo, queda intacta para los sectores privilegiados, como lo sugiere el golpe de Estado de 1973.

El segundo se titula "¿Se hará justicia? Una crítica a la suspensión condicional del caso colusión de farmacias" (descarga aquí). En este caso, a partir de un comentario crítico a la resolución judicial (posteriormente revocada) que suspendió el procedimiento contra los ejecutivos de farmacias coludidas en virtud de "la realización de cursos de ética empresarial" y del "pago a título personal de $ 235 millones de pesos a diversas instituciones de caridad", planteo que los órganos jurisdiccionales deben emplear sus "poderes institucionales indeterminados" de forma compatible con una visión del juez como estadista, como poder público. Este caso me permite plantear que, por ejemplo, la judicatura al asignar el destino de grandes sumas de dinero debe privilegiar la creación de instituciones que velen por la justicia vinculadas al interés público en lugar de contribuir a obras de caridad. Esta crítica es cercana a la que hice del Fallo La Cañamera (aquí); la resolución del caso Celco en Valdivia, a su vez, donde la empresa fue condenada a pagar un monto para acciones de reparación cuyo destino habrá de ser concordado con la sociedad civil, ofrece un interesante contraste.

El tercero se titula "Morning-After Decisions: Legal Mobilization against Emergency Contraception in Chile" (descarga aquí). Allí analizo la década de litigio conservador contra la píldora del día después. Aquí está su resumen en inglés:

"In Chile, the Criminal Code bans all forms of abortion. Furthermore, the Constitution—drafted and enacted by the Military Junta led by General Augusto Pinochet—was inspired by a conservative version of Catholic natural law championed by prominent Chilean constitutional law scholars. This Article traces the emergence, development, and ultimately the defeat of a persistent legal mobilization driven by natural law-inspired litigants, politicians, and scholars against levonorgestrel-based emergency contraception, also known as the morning-after pill. In their decade-long efforts at legal mobilization, these natural law litigants used every tool of the Chilean legal system to challenge the legality and the constitutionality of the morning-after pill. This case of legal mobilization shows both the strengths and the weaknesses of conservative political and religious networks in Latin America, and it demonstrates both the potential and limitations of litigation-led policymaking in civil law countries."

10 junio, 2014

Consideraciones jurídicas sobre el presunto Carabinero infiltrado en marcha

En las redes sociales se ha difundido un video de un sujeto que, en el marco de la marcha convocada por la CONFECH el 10 de junio de 2014, desenfundó un arma al ser cuestionado por personas que lo acusaban de ser un funcionario de Carabineros de Chile infiltrado.


Por supuesto, no puedo decir si se trata de un Carabinero o no, pero sí puedo observar las consecuencias jurídicas de su acción. Básicamente, lo que hemos visto es ilegal en cualquier caso.


Si se trata de un Carabinero, y a juzgar por el video que ha circulado, donde el sujeto en cuestión saca el arma tras haber recibido un chorro de agua, entonces estamos ante un caso de delito de amenazas de atentado contra las personas. Dicho delito está tipificado en el artículo 296 del Código Penal (aquí), donde se penaliza la conducta de quien "amenazare seriamente a otro con causar… en su persona…  un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho". En este caso, el mal que constituye delito consiste en ser herido con un arma de fuego. Ser apuntado con un arma de fuego, como sabe cualquiera, configura una seria y verosímil amenaza de ser herido.


A ello se suma el delito de abusos contra particulares, contenido en el artículo 255 del Código Penal, que penaliza la conducta de aquel "empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del servicio respectivo". En este caso, no se vislumbra qué justificación legítima podría haber tenido el presunto funcionario de Carabineros para cometer la vejación en cuestión (si usted cree que ser apuntado con un arma no es una vejación, le sugiero leer reportes sicológicos de víctimas de secuestro y de asalto a mano armada).


Si no se trata de un funcionario de Carabineros, y asumiendo que la persona en cuestión tiene inscrita dicha arma, ella además del delito de amenazas infringió el artículo 5º de la Ley de Control de Armas (aquí), pues la inscripción de armamento de fuego que dicha Ley ofrece a los particulares les autoriza tan sólo para mantener el arma en su residencia u algún otro lugar que se pretenda proteger. Sólo el personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de Investigaciones pueden llevar consigo armas de fuego.


Todo esto es particularmente grave debido a que el contexto de este hecho fue el del ejercicio de legítimos derechos constitucionales por parte de miles de ciudadanos. ¿Está Carabineros de Chile destinado, como dice la Constiución, a "dar protección a la población" y "dar eficacia al derecho" o más bien a amenazar a la ciudadanía y violar la ley?

06 junio, 2014

Todos los integrantes de cualquier Casa Real son enemigos de la humanidad

A raíz del reciente anuncio de Juan Carlos Borbón de renunciar a su posición de monarca en España, ha resurgido el reclamo de muchos españoles de restablecer la República destruida en 1936 por la insurrección fascista armada de Francisco Franco, insurrección que condujo al establecimiento de una larga dictadura y de la cual el reinado de Juan Carlos Borbón representa un resultado inmediato y directo.


Ahora bien, esta coyuntura constituye el contexto perfecto para decir algo sobre las Casas Reales de Europa, y que a menudo pareciera pasar desapercibido. Las Casas Reales, y todos quienes perteneciendo a una de aquellas familias suscriba la pretensión monárquica implícita en ellas, son enemigos de la humanidad. Al menos, de aquella fracción de la humanidad que cree que los individuos de la especie humana son moral y jurídicamente iguales.


El plano en que se articula dicha enemistad o contradicción es el de los valores que articulan y fundamental el orden político internacional. La comunidad internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, declaró como pilar fundamental de la comunidad global de las naciones civilizadas el reconocimiento de "la dignidad intrínseca" y "los derechos iguales e inalienables" de "todos los miembros de la familia humana". Las monarquías hereditarias, sin embargo, reconocen un principio distinto, que estructurara el orden jurídico público europeo durante la Edad Media y la temprana Modernidad, consistente en el derecho exclusivo de un grupo específico a desempeñar una función política central en el orden político concreto. Ambos principios son abiertamente incompatibles. Por lo tanto, comunidades políticas que suscriban uno u otro están en una relación de abierta contradicción.


La enemistad entre las Casas Reales y la humanidad que cree en la esencial igualdad de todos los individuos de la especie humana es abierta, total, e irreconciliable en el plano de los valores que dan fundamento al orden político. Ella no se resuelve aseverando que los reyes hoy no jueguen ningún rol político (cosa que no es cierta) ni que le hacen un bien a las comunidades políticas en las que existen (eso no cancela la oposición normativa existente). Sólo se resolvería si la posición de monarca estuviese abierta a todos los integrantes de la comunidad en cuestión, ya fuese a través de elecciones, sistemas de turnos, o sorteos. En la medida en que el acceso a la monarquía sea familiar y hereditario, entonces será una afrenta sin matices contra la conciencia igualitaria de la humanidad civilizada.


Incluso las dictaduras militares no contienen una pretensión normativa tan incompatible con los valores de la comunidad internacional. A menudo las dictaduras, en el plano de los valores, contiene no una negación abierta del principio de igualdad humana, sino tan sólo una pretensión de excepcionalidad ("en este caso, por ahora, la igualdad humana debe ceder a otros bienes, como el orden público") o, derechamente, representan un desconocimiento de la norma que no niega a aquella ("en este caso, gobierno sólo porque tengo el poder de las armas, aunque no declaro que tenga un derecho moral y jurídico exclusivo a gobernar"). Como consecuencia, el dictador y el tirano no son enemigos de la humanidad, sino tan sólo de su propio pueblo; en cambio, el rey hereditario es enemigo de toda la humanidad.


En consecuencia, la existencia de monarquías en Europa involucra a todos los individuos de la especie humana. No es un asunto de interés de la comunidad política particular que tiene una monarquía; no se puede zanjar la contradicción diciendo que se trata de un legítimo ejercicio del derecho al autogobierno de los pueblos. El autogobierno de los pueblos permite a los países que decidan organizarse de manera unitaria o federal, presidencialista o parlamentaria, multicultural o no tanto, incluso democrática o no democráticamente. Pero coronar a un rey y reconocerle un derecho a reinar únicamente a quienes pertenezcan a su familia constituye una afrenta contra la comunidad internacional en el plano de los valores fundamentales. Lo único normativamente aceptable sería que la comunidad internacional declare a dichos países como tierra de nadie, tal como hicieron los propios países monárquicos con el resto del mundo durante la Era de la Conquista (y como, en los hechos, hicieron los Aliados con la Alemania nazi). Y, claro, desde su perspectiva, estaban en lo cierto: quienes sustentan valores abiertamente incompatibles con los propios, al punto que exista una cierta incomunicabilidad con ellos, sólo puede aparecer a nuestros ojos como objeto, no como sujeto, de derechos.


La relación entre esta enemistad abierta entre los reyes hereditarios y la humanidad y el derecho esencial e inalienable al regicidio, teorizado por tantos pensadores a lo largo de la historia, constituye un asunto del máximo interés para la historia de las ideas y la justificación de los hechos que dieron lugar a las actuales repúblicas. Por el momento, baste con decir que el restablecimiento de la República destruida por el franquismo es un imperativo moral.