08 septiembre, 2014

Pensiones de gracia para las víctimas del bombazo (y seguridad social para todos)

La noticia del ataque bomba en la estación Escuela Militar es lamentable. No sólo por las eventuales implicancias políticas del asunto, sino también por la dimensión humanitaria del asunto. La prensa informa que las víctimas incluyen trabajadores y trabajadores. Hombres y mujeres humildes que, en algunos casos, se han visto en la necesidad de trabajar incluso tras haberse pensionado. Personas que dependen de su sudor cotidiano para llevar pan a sus mesas.

La situación de estas víctimas no es, en consecuencia, únicamente funesta desde un punto de vista de su estado de salud. Asumamos que sobrevivirán. Asumamos que la atención médica que han recibido será gratuita. ¿Qué será de estas víctimas cuando se recuperen? En al menos un caso, una trabajadora ha perdido varios dedos de una mano. En todos los casos, es esperable que las víctimas sufran de estrés postraumático, lo que a su vez produce consecuencias invalidantes. Es altamente plausible que estas trabajadoras y trabajadores no puedan seguir trabajando duramente, como lo hacían antes, para mantener a sus familias.

No hay forma, lamentablemente, de volver atrás. La pregunta es si hay forma de reparar el daño causado. Entre las varias posibles, en este blog resulta de particular interés una. La Presidenta de la República tiene la atribución constitucional de conceder "pensiones de gracia, con arreglo a las leyes" (artículo 32 Nº 11, Constitución Política de la República). La Ley Nº 18.056, de 1981, reglamenta el ejercicio de esta potestad, estableciendo que podrán ser beneficiarios de este beneficio "[l]as personas afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión". La Presidenta podría ejercer esta atribución gubernativa suya en beneficio de las víctimas del bombazo, concediéndoles una pensión de gracia por la circunstancia extraordinaria de haber sido víctimas de un ataque terrorista. No me cabe duda de que prácticamente la totalidad de los chilenos estará de acuerdo en la conveniencia de concederle una pensión de gracia a estas víctimas a fin de contribuir a reparar esta triste contingencia.

Ahora bien, llegados a este punto, es conveniente que hagamos una pausa. El triste suceso que ha afectado a las víctimas del bombazo, desde cierto punto de vista, se asemeja a otras circunstancias de ocurrencia bastante más habitual en las vidas de los chilenos. Numerosas enfermedades y accidentes suelen resultar en la invalidez total o parcial de sus víctimas. Las contingencias en la vida son muchas, y son más frecuentes de lo que quisiéramos creer.

La Presidenta tiene, en esta materia, otra importante atribución. Ella es la única, en virtud del artículo 65 Nº 6 de la Constitución, que puede presentar proyectos de ley en materia de seguridad social. De acuerdo al artículo 19 Nº 18, por su parte, estos proyectos de ley requieren para ser aprobados del voto favorable de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio (en otras palabras, se trata de leyes de quórum calificado). La Presidenta, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, podría no sólo conceder una pensión de gracia para las víctimas. Usando el sufrimiento de ellas como espejo del sufrimiento de millones de trabajadoras y trabajadores que se esfuerzan toda su vida para terminar ganando pensiones miserables –como era precisamente el caso de algunas de las víctimas–, y convocando tanto a los parlamentarios de su coalición como a independientes y algunos opositores, la Presidenta podría formular un proyecto de ley que reforme y dignifique nuestro sistema de pensiones, logrando su aprobación. Incluso podría insertar ese proyecto en el contexto de la Reforma Tributaria. Los cálculos presupuestarios para lograrlo están; la atribución constitucional está; las mayorías parlamentarias están. Sólo hace falta la voluntad política para hacerlo.

06 septiembre, 2014

¿Ex prisioneros de Guantánamo en Chile?

La prensa informa que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha solicitado a nuestra Cancillería que Chile reciba a prisioneros capturados por dicho país durante sus incursiones militares y retenidos durante más de una década en Guantánamo. Esto, con el propósito de cerrar dicho recinto carcelario.
No debemos permitir que las apariencias determinen nuestra respuesta ante esta noticia. Como han señalado numerosas organizaciones de derechos humanos, incluyendo algunas establecidas en Estados Unidos mismo, todo indica que la mayor parte de los prisioneros en Guantánamo, particularmente aquellos que vendrían a Chile, han recibido un trato absolutamente injusto: no se trata de "terroristas de Al Qaeda", sino que de personas inocentes capturadas por una potencia militar invasora.
Esto se explica por patrones institicionales bastante extendidos en el caso de Estados Unidos. Dicha nación, como nos lo recuerdan las tristes noticias sobre muertes de jóvenes afroamericanos a manos de vigilantes y policías, sigue siendo un país cuyas instituciones reflejan prejuicios racial y étnicamente cargados. La condición de haber sido prisionero de guerra de un país de esas características no sugieren que las acusaciones formuladas por el mismo sean plausibles. Incluso más, que tras diez años el Departamento de Estado norteamericano no haya logrado reunir los antecedentes probatorios para condenar a los prisioneros de Guantánamo, sugiere más bien que se trata de personas inocentes, sin vínculos creíbles con Al Qaeda.
Ahora bien, incluso si se tratara de personas que tuvieron algún vínculo con dicha organización (lo que para el Departamento de Estado significa cualquier cosa, incluyendo haber provisto de alimentos y refugio a miembros de Al Qaeda), diez años de cárcel y tortura son suficiente castigo. Ya liberados, y dado que Estados Unidos no tiene intenciones de autorizarles a regresar a su patria, estos ex prisioneros tienen derecho a ser recibidos en algún país que los acoja. Un país que les enseñe que el discurso del Estado de Derecho y los derechos fundamentales sí pueden ser una realidad. Quisiera creer que Chile es ese país.
La institución del asilo político, hoy parte central del derecho internacional humanitario, se origina en la práctica sudamericana durante el siglo XIX de dar un refugio a extranjeros perseguidos por "razones de Estado". Chile, que si bien vivía sus propios procesos internos de aplastamiento violento de la disidencia, supo entregarle a otros el asilo contra la opresión tan deseado. ¿Estaremos hoy a la altura de nuestros antecesores? Inshallah.

03 septiembre, 2014

¿El que paga, manda? Gasto electoral y poder político

Por fin pareciera ser que está empezando la discusión política de verdad en Chile. Esto, no como fruto del azar ni de la inevitabilidad, sino de la propia política. Los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic han propuesto una indicación al proyecto de ley sobre reforma electoral que busca establecer la publicidad de las donaciones. Por su parte, el diputado Gabriel Boric ha llamado la atención sobre el hecho de que empresarios como Julio Ponce Lerou han canalizado sus contribuciones financieras mediante el mecanismo de aportes reservados, cuestionando al mismo tiempo el financiamiento que los grandes empresarios entregan a la política.

A ellos les ha respondido Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos, (institución, por cierto, que refleja ella misma la vinculación entre empresariado y política), argumentando que “las empresas tradicionalmente han aportado a la política”, hecho que estaría justificado en virtud de “principios asociados a la libertad de expresión y al derecho de asociación”. Con ello, Sierra plantea la discusión en términos de derechos constitucionales.

En esta columna responderé al argumento que subyace a la afirmación de Sierra. Pero, antes de abordar la discusión sobre derechos constitucionales, me interesa decir algo sobre otro asunto íntimamente relacionado; específicamente, sobre la forma de gobierno involucrada en esta discusión. Mi afirmación es la siguiente: en sociedades económicamente desiguales, permitir el gasto privado en elecciones corroe el carácter democrático de la forma de gobierno.

Esta afirmación presupone entender a la democracia como la institucionalización de la igualdad política; esto es, de la igual participación de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad política en la toma de decisiones respecto a la propia comunidad. Ahora bien, allí donde los recursos económicos están distribuidos de manera desigual, el gasto privado en política transforma a los gobiernos en algo que habría que denominar plutocracia; esto es, un sistema donde la participación e incidencia de cada quien en las decisiones colectivas depende del dinero que cada quien tenga.

Muchos factores explican que, en una sociedad económicamente desigual, el gasto privado en política transforme a la democracia en plutocracia. Por un lado, quien gasta más que sus competidores tiene más probabilidades de resultar electo. Por otro lado, otros estudios aseveran que, en el ejercicio de su función legislativa, los parlamentarios asignan más importancia a la opinión de sus votantes más ricos, mientras la opinión de sus votantes más pobres les resulta irrelevante (Bartels 2008, p. 253 ss).

En una sociedad económicamente desigual, permitir el gasto privado en política genera desigualdad política (así como permitir el gasto privado en educación genera desigualdad educacional). En tales circunstancias, los que tengan más tendrán más poder de decisión, con lo cual el principio que estructurará el modo y forma de la unidad estatal no será la igualdad política sino el adagio según el cual “el que paga, manda”. El que tiene más, no sólo habla sino que grita más fuerte, acallando la voz de los demás.

Ahora bien, las terribles conclusiones del párrafo anterior son ciertas incluso si sólo se permite el gasto individual en política. Permitir el gasto de las empresas en política, por su parte, multiplica varias veces el efecto desigualador del dinero. Las empresas suelen disponer de sumas para gastar cientos, miles, o millones de veces más elevadas que aquellas con las que cuentan los individuos. En términos del impacto sobre la forma de gobierno, permitir el gasto electoral de las empresas empeora un problema que ya existía. Pero, como veremos a continuación, logran este resultado con peores argumentos de los que tienen los individuos desde el punto de vista de los derechos constitucionales.

Pasemos, en consecuencia, a la discusión sobre derechos. La afirmación según la cual el gasto privado, incluido el gasto de las empresas, debe estar permitido, se origina en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual lo construyó en dos pasos. El primer paso consistió en afirmar de que el gasto electoral de los individuos constituye una forma de expresión que debe gozar de reconocimiento y protección. La Corte sostuvo esta tesis en su sentencia Buckey v. Valeo (1973), donde en virtud de esta argumentación declaró inconstitucional diversas medidas adoptadas por el Congreso, incluyendo el límite al gasto electoral de los candidatos en sus propias campañas, el límite al gasto electoral total que cada candidato podía realizar en su campaña (incluyendo su propio gasto y los aportes de terceros). La Corte dio el segundo paso en su sentencia Citizens United v. Federal Election Commission (2010), donde declaró que las empresas gozaban de libertad de expresión, por lo cual no se les podía prohibir financiar campañas de advocacy durante el período electoral (el aporte directo de empresas a campañas electorales, cabe observar, sigue estando prohibido en Estados Unidos).

A través de estas sentencias, la Corte Suprema de Estados Unidos le hizo un grave daño a la democracia de su propio país. El resultado es que el factor más determinante de cada elección es con cuánto dinero cuenta cada candidato. A su vez, esto se traduce en una distorsión del trabajo político mismo. ¿Sabía usted que los parlamentarios norteamericanos le dedican cuatro horas del día a realizar llamadas telefónicas a potenciales donantes? Pero también cometió graves errores de razonamiento en materia de derechos constitucionales.

La aseveración fáctica de Buckley (el gasto es una forma de expresión) es, por supuesto, cierta. Gastar dinero posibilita expresarse políticamente, y a través de ello, posibilita influir políticamente. Pero así como eso es cierto, también es cierto que gastar más posibilita influir más. De otra manera, la desigualdad económica carecería de relevancia política. Lo que ocurre es que los jueces que escribieron Buckley actuaron impulsados por la idea de que el derecho constitucional norteamericano en materia de libertad de expresión impide limitar la expresión de algunos para facilitar la expresión de otros. Esa afirmación normativa es discutible; Owen Fiss ha argumentado justamente lo contrario. Ahora, incluso si ella fuera cierta respecto de Estados Unidos, no lo es respecto de Chile. En nuestro derecho constitucional es más razonable concluir que el derecho de cada quien está intrínsecamente limitado por la vigencia efectiva de los derechos de otros, una idea que el texto de la Constitución Política de la República consagra en su Artículo 1º proclamando el “derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

Por su parte, el argumento de Citizens United (las empresas gozan de libertad de expresión política) es patentemente falso. Los individuos tienen derecho a asociarse, y en virtud de su derecho de asociación pueden congregarse en diversas formas organizativas. Lo que ocurre es que cada forma organizativa tiene, como diría nuestro texto constitucional también en su Artículo 1º, “sus propios fines específicos”. En Chile como en Estados Unidos, el fin específico de una empresa es la explotación de su giro comercial, mientras que el fin de una asociación política es promover los puntos de vista de sus asociados. Así como los partidos políticos tienen ciertas prohibiciones (por ejemplo, en nuestra Constitución no pueden ser sostenedoras de establecimientos educacionales), así también las empresas pueden legítimamente verse impedidas de entrar en ciertos ámbitos, tales como la comunicación política. Lo que importa es que dicha prohibición a la comunicación política empresarial (que, desde el punto de vista del derecho de asociación mismo, es sencillamente una limitación) sea idónea para alcanzar un fin constitucionalmente relevante. En este caso, el fin constitucionalmente relevante consiste en la limitación de las consecuencias plutocráticas del gasto electoral privado.

Esta última observación nos recuerda cuál es la raíz del problema. Permitir el gasto electoral privado privatiza esta dimensión de la vida pública. Lo único compatible con una democracia es la prohibición del gasto privado, y el financiamiento de la política a través del gasto público. Los argumentos de rigor de los enemigos de lo público son, por supuesto, previsibles. Lo que importa es recordar siempre qué los nutre: su convicción de que quien paga, debe tener derecho a mandar.

02 septiembre, 2014

(Constitucionalistas Que) Quieren Dinero

"Es mentira, eso del amor al arte; no es tan cierto, eso de la vocación". Así cantaban Los Prisioneros en una ácida composición que retrataba la verdadera motivación que, a su juicio, inspira a muchos. "Quieren dinero", aseveraban.

La noticia de la semana pareciera ser que el dichoso dinero genera movimientos también entre quienes se dedican al derecho constitucional. Por un lado, la prensa informa que el cambio de mando en la Presidencia del Tribunal Constitucional entre Carlos Carmona y Marisol Peña se ha visto empañado debido al intento de aquella de conseguir una indemnización de 15 millones de pesos para su jefa de gabinete, cargo que, como en toda institución, es de confianza exclusiva y por lo tanto el cese en funciones no supone indemnización (a ningún Ministro, por ejemplo, se le indemniza cuando deja su cargo por orden del Presidente de la República).

El otro caso ya lleva varios días en la prensa. La bancada de diputados de la UDI ha denunciado que cuatro destacados profesores de derecho constitucional han recibido honorarios, a cambio de asesorías por la reforma tributaria, que mensualmente excedían el sueldo del Subsecretario respectivo, lo cual contraría un instructivo precisamente del Ministerio de Hacienda en relación al máximo que cualquier asesor puede cobrar en una repartición pública. Hacienda respondió que dicho instructivo no era aplicable a asesorías puntuales, como ocurrió en este caso, sino a los sueldos de asesores contratados permanentemente. El argumento no es muy convincente, pues una persona que se desempeñe en funciones permanentes no debiera estar a honorarios, pero bueno.

Ahora bien, al momento de analizar esta noticia, hay que tomar en consideración el contexto. Cobrar ocho millones de pesos por una asesoría no es algo descomunal en el mercado de los servicios jurídicos profesionales. Eso, y más, es lo que cobran los abogados por informes en derecho. Desde luego, en muchos casos pareciera ser que más que la sustancia argumentativa, las empresas pagan por la adhesión pública de "juristas destacados"; recordemos el vergonzoso caso de los multimillonarios informes en derecho pagados por Anglo American, empresa que publicitó la contratación de dichos informes a través de insertos aparecidos en la prensa. Pero en principio, que un abogado cobre sumas elevadas por sus servicios profesionales es parte de la realidad (realidad que, por supuesto, debe discutida y cuestionada prospectivamente por quienes tengan una concepción igualitarista, como afirmó Gerald Cohen en este interesante libro).

Entonces, lo realmente problemático, a mi juicio, son cosas que tienen que ver con la incompatibilidad de ciertos roles. Lo primero es una incompatibilidad de carácter profesional; llamémosle de lealtad al cliente. En al menos dos de estos casos, los abogados en cuestión, además de haber colaborado (remuneradamente) en la Reforma Tributaria, han servido como abogados de empresas que han cuestionado la constitucionalidad de reformas importantes del gobierno. En un caso, el constitucionalista en cuestión atacó la constitucionalidad de las reformas en materia de atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor contratado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. En otro caso, el constitucionalista en cuestión atacó la constitucionalidad de la propia Reforma Tributaria en cuya elaboración participó remuneradamente, contratado en esta ocasión por la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes.

Lo segundo, es una incompatibilidad política. En estos dos casos, se trata de militantes de partidos de la Nueva Mayoría: uno, del Partido Demócrata Cristiano, el otro, del Partido Socialista. Ahora, yo no veo problemas en cobrarle al gobierno al cual uno apoya por las funciones laborales o profesionales que uno desempeñe. Desde el Presidente hacia abajo, todos cobran; si no fuera así, sólo los ricos podrían trabajar en el Estado o en política. Pero lo que sí es reprochable es cobrar para atacar al gobierno que uno supuestamente apoya. Uno debiera esperar de militantes de partidos que no se ganen el pan trabajando remuneradamente para quienes se oponen a los proyectos emblemáticos del gobierno respaldado por el partido en el cual militan; máxime, cuando la figuración pública de uno (un factor que seguramente lleva a que a uno lo contraten) depende en gran medida de la cercanía política que uno tiene con el gobierno. Esto linda en el lobbismo.

Por último, esto también supone una discusión sobre los roles que desempeñan los académicos. ¿Qué intereses representan, a través de su producción intelectual, los académicos? Nada que digan, como he señalado en algunos trabajos, es neutral en términos de las relaciones de poder socialmente existentes. Todo lo que digan les sitúa de un lado u otro de la vereda del conflicto social. Una medida para alcanzar, ya que no una imposible neutralidad, al menos una cierta independencia de juicio en la selección de cuáles intereses articularán, consiste en el separar aguas entre su labor académica y su defensa de intereses. Como regla general, al menos, los académicos no debieran ofertar de manera pública y permanente su trabajo como abogados, como profesionales al servicio del mejor postor. Esa es una circunstancia exigida por la profesionalización de la academia, tema al cual he dedicado otro trabajo que acaba de ser publicado.

En resumen, ni los académicos en general, ni los constitucionalistas en particular, son entes etéreos que viven del aire y que carecen de posiciones políticas. Pero, en ese contexto, lo mínimo que les podemos solicitar es consistencia funcional (que escojan a cuál señor servirán, si a la academia políticamente comprometida, o al dinero) y, asimismo, un poco de decoro y sentido de la estética.

08 julio, 2014

Los millonarios insertos de Bernardo Fontaine; o los que tienen más, gritan más fuerte

El año pasado, un grupo de profesores de derecho decidimos llamar a marcar AC (esto es, "Asamblea Constituyente") en la papeleta de las elecciones, a fin de reivindicar la legalidad y la conveniencia de dicha forma de acción política. Esto supuso varios desafíos. Primero, ponernos de acuerdo sobre qué decir; a través de un proceso de discusión, llegamos a concordar en un texto que satisfacía a todos. Segundo, ponernos de acuerdo sobre dónde decirlo; surgió un consenso de que esto merecía, más que una carta o columna en algún medio, un inserto en un diario de circulación nacional. Tercero, dado que habíamos tomado esa decisión, debimos enfrentarnos a la recaudación de dinero; hicimos una colecta entre todos, logramos que alguien negociara en nuestro nombre una rebaja en el precio del inserto (gracias Javiera). Por último, debido a la conjunción de todos estos objetivos, llegamos a la conclusión de que debíamos alcanzar un número de firmantes (y de financistas) inusitadamente alto: a través de nuestras redes personales llegamos a convocar a más de cien profesores de prácticamente todas las facultades de derecho del país (salvo, curiosamente, de la Universidad Católica).

El resultado fue que logramos publicar nuestro inserto, en un proceso de persuasión y organización colectiva que encarnó el mensaje mismo que queríamos transmitir (gracias McLuhan). Esto tiene un valor cuando se trata de asuntos específicamente políticos. Como observa Hannah Arendt, la política es una dimensión de la vida humana que existe en el plano de la acción colectiva coordinada y reflexiva. Desde esta perspectiva, no todo es política. La violencia, que ella define como la multiplicación de la potencia individual a través de instrumentos y otras tecnologías, no es política en un sentido arendtiano. Lo que la violencia puede hacer es motivar acciones propiamente políticas. El golpe militar es un acto de violencia, que desencadena acciones arendtianamente políticas en la élite civil, que se organiza para empujar adelante un proyecto de refundación neoliberal. Pero el golpe mismo, en un sentido arendtiano, no es política: es pura violencia, es multiplicación instrumental, a través de las armas, de la fuerza de unos pocos individuos que, tal como Adolf Eichmann, no deliberan.

Bernardo Fontaine Talavera, director de varias empresas cuyo perfil profesional figura en el sitio web de Forbes, ha publicado tres insertos contra la Reforma Tributaria que constituyen un fascinante contraste con la iniciativa que los profesores de derecho llevamos a cabo, y, en consecuencia, con el concepto arendtiano de política. Allí donde nosotros debimos reflexionar sobre un texto que nos satisficiese a todos y convencer a nuevas personas de sumarse a un texto ya existente, Fontaine decidió recortar frases de economistas y publicarlas sin haberles consultado su opinión. Y allí donde nosotros debimos coordinarnos para alcanzar una suma de dinero que excedía poco más de un millón de pesos, Fontaine pareciera haber desembolsado sin problemas 44 millones de pesos. Si lo que nosotros hicimos fue un acto arendtianamente político de deliberación y coordinación colectiva, lo que Fontaine hizo fue un acto aredntianamente violento de multiplicación, a través del dinero, de la voluntad y la voz de un sólo individuo.

Por ello resulta tan paradojal que Fontaine afirme que quiere ser "la voz de los que no tienen voz". Los que no tienen voz no están preocupados por la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias, ni tampoco por la renta atribuible; tales sujetos tienen muchos voceros, incluyendo la UDI, El Mercurio, diversas organizaciones gremiales y centros de estudios, y varios dentro de la propia Nueva Mayoría. Los que no tienen voz son aquellos que deben recurrir a la protesta para luchar por su derecho a recibir una educación que les permita desarrollar sus capacidades; son aquellos que deben ocupar carreteras para exigir atención por parte de las autoridades; son aquellos que están dispuestos a quemarse vivos por las malas condiciones de trabajo y la indefensión en que se encuentran. No creo que Fontaine, el director de empresas, esté hablando en nombre de aquellos. Más bien creo que está hablando en nombre de su cartera de clientes empresariales, y sobre todo, en nombre propio.

Si la metáfora con la que visualizamos la política es la de una conversación, lo que los millonarios hacen es tomar parte en ella con un megáfono. Y el efecto del megáfono es precisamente el contrario al señalado por Fontaine: es acallar las voces de los demás. En esta materia, el signo de los tiempos neoliberales en los que vivimos es que parece razonable que quien paga más pueda hablar más fuerte. Fontaine pudo pagar tres insertos multimillonarios, entonces tiene derecho a hablar, aunque lo que diga distorsione la opinión de otros y les haga decir cosas que no necesariamente han querido decir. Esto significa que, en una distribución neoliberal de los turnos de hablar, no todos tienen derecho a igual consideración y respeto: tal derecho se compra, y se obtiene tan sólo aquello por lo cual hemos pagado. El neoliberalismo genera mucho dinero para algunos, pero su bancarrota moral es innegable.

05 julio, 2014

Antiontologismo

Hay algunas cualidades de los individuos que se prestan para afirmaciones estables. Alguien pesa una cierta cantidad de kilos a determinada altura por sobre el nivel del mar, y ello será así mientras tal situación no cambien. Alguien tendrá un determinado color de piel o de cabellos, fruto de que el reflejo de la luz contra tal superficie produce una determinada variación en el espectro luminoso. Todas estas cosas serán ciertas ceteris paribus, mientras las condiciones circundantes y las propias características no cambien. Pero, mientras ceteris siga siendo paribus, ellas serán así.

Pero, ¿qué decir de otras cosas como el carácter, o las creencias de los individuos? ¿Es posible describirlas como cualidades estables? ¿O son más bien tendencias a repetir un mismo comportamiento? ¿Permitirá la neurociencia reformular afirmaciones tales como "es un vegetariano" (¿lo es mientras duerme? ¿Es una propiedad emergente, que se activa ante las circunstancias apropiadas?) a través de un lenguaje que describa propiedades estables de nuestra configuración neuronal?