23 marzo, 2016

Interrupción del embarazo y ciudadanía de género

Hoy, junto con Cari Álvarez, publicamos una carta sobre interrupción del embarazo y ciudadanía de género en el Diario Austral. Debido a que editaron la carta para hacerla más breve, con el resultado a mi juicio de que no quedó todo conceptualmente claro, copio aquí el texto original.

Con mucho retraso respecto del resto del mundo, la sociedad chilena está finalmente enfrentando la discusión sobre la regulación de la interrupción del embarazo. Como profesionales de la salud y del derecho, respectivamente, y como miembros activos de la región, creemos que el proyecto actualmente en discusión sobre despenalización bajo tres causales avanza en el sentido correcto. Esto, por cuanto la penalización absoluta del aborto no impide efectivamente que se interrumpan embarazos, sino que ella simplemente se traduce en la realización de abortos en condiciones insalubres e inseguras. Asimismo, dicha penalización significa una intromisión indebida del Estado en la intimidad y los planes de vida de las mujeres, haciéndolas, en el plano de la autonomía sexual, menos libres que los hombres.
Sin embargo, y precisamente debido a que comprendemos disciplinariamente sus implicancias, creemos que estas miradas profesionales no agotan la discusión. Es necesario, más bien, evidenciar las implicancias que tanto la prohibición de la interrupción del embarazo como su autorización restrictiva (que eso es lo que implica autorizar el aborto sólo bajo las circunstancias previstas por el proyecto de ley) tienen sobre la ciudadanía de género. Por ciudadanía de género entendemos el hecho de que hombres y mujeres participan de manera diferenciada, precisamente debido a su género, de la discusión y de la toma de decisiones sobre sus propias condiciones materiales de vida. Pero esta diferencia no se construye de manera paritaria, sino que desigual; desigualdad cuyo origen se encuentra en la tradicional división sexual del trabajo y en los mandatos patriarcales/capitalistas que se han construido históricamente en torno a ella. 
Si pensamos en la ciudadanía de género, surgen dos preguntas. ¿Qué participación están teniendo las propias afectadas, las mujeres, en esta discusión y en la toma de la decisión respectiva, esto es, en la votación? La baja presencia de mujeres en el Congreso Nacional, para graficarlo de manera simple, sugiere una respuesta pesimista; pesimismo que se ve confirmado por las condiciones materiales que determinan cómo puede la generalidad de las mujeres participar de la vida pública en Chile. Segundo, ¿cómo incide la regulación de la interrupción del embarazo en la posibilidad de ejercer efectivamente la ciudadanía? En un mundo donde el embarazo se expresa, biológicamente, en la forma de una carga que recae únicamente en la mujer, cualquier regulación del embarazo que restrinja las posibilidades de la mujer de ponerle fin de manera legal, protegida, con autonomía y sin penalización, será una regulación que ponga a la mujer en una posición de subalternidad y subordinación respecto de las ciudadanías masculinas y/o patriarcales. 
Por ello, el actual proyecto de ley de despenalización por tres causales no cumple con reconocer autonomía a la mujer en la toma de decisiones sobre su cuerpo y su futuro. Por ello, su aprobación no cierra un capítulo en la historia de Chile; más bien, abre un debate que no es nada más, ni nada menos, que un debate sobre el derecho a tener derechos.


Cari Álvarez
Terapeuta Ocupacional, Presidenta Fundación (PO)DER
Fernando Muñoz

Doctor en Derecho, Profesor UACh, Colaborador de Fundación (PO)DER

11 marzo, 2016

De nuevo sobre el análisis marxista del derecho


El análisis marxista del derecho, tal como lo entiendo, estudia la formulación jurídica de los intereses de clase. La unidad de análisis, para efectos de un análisis de este tipo, no es ni el texto legal, ni la norma jurídica, ni tampoco el enunciado jurídico, sino que la materialización de los enunciados normativos relevantes en instituciones caracterizadas por su efectividad en organizar la vida en común. Empleo este término no sólo para referirme a las entidades habitualmente denominadas como tales, es decir, a las organizaciones que detentan poder político (el estado y sus componentes individuales) sino también a organizaciones que no detentan poder político pero que deben su existencia a su forma jurídica (sociedades y otras personas jurídicas), así como a las titularidades jurídicas (o derechos, en un lenguaje más cotidiano, pero cargado de implicancias ideológicamente liberales) que regulan la conducta de organizaciones e individuos.
La totalidad de las instituciones representan la normatividad de una determinada formación social; es decir,

N = I1, I2, I3,… In

Ahora bien, una comprensión marxista del derecho debe aspirar a representar dinámicamente la relación entre intereses sociales y regulación normativa de la conducta social. Tan sólo a efectos heurísticos, imaginemos que nuestro punto de partida lo constituye una sociedad igualitaria de cazadores y recolectores; comunismo primitivo. En dicha sociedad, dado que todos los integrantes tienen iguales intereses, el orden social reflejará de la misma manera los intereses de todos. Por ello, la relación entre intereses sociales y regulación de la conducta podrá ser representada fácilmente mediante la siguiente fórmula:

S N

En esta fórmula, la normatividad satisface el interés de todos los integrantes de la sociedad, pues todos los integrantes de la sociedad tienen el mismo interés: satisfacer sus necesidades materiales de una manera que cumpla con los estándares culturales del grupo humano en cuestión. En cambio, en una sociedad donde existen intereses sociales divergentes y, en ciertos casos, contradictorios, la representación formal, para ser descriptivamente adecuada, tendrá que ser distinta. Una primera representación de dicho caso será así:

(S 1 * S2 * S3 …. Sn N

Aquí, * representa los mecanismos de interacción social a través de los cuales los agentes sociales buscan hacer que sus intereses sean satisfechos, mecanismos que el marxismo ha habitualmente teorizado mediante el concepto de lucha de clases.
Por supuesto, ya hemos visto que N es igual al conjunto de instituciones que la componen. Por esto, podemos intercambiar los términos de la ecuación, de la siguiente manera:

(S 1 * S2 * S3 …. Sn) I1, I2, I3,… In

Sin embargo, la existencia de una sociedad diferenciada evidencia un problema adicional, que requiere ser atendido: específicamente, el hecho de que los actores sociales jamás plantean de manera desnuda sus intereses. Tal formulación, de hecho, es humanamente imposible, pues los intereses de los actores están mediados culturalmente; es decir, el hecho mismo de que los agentes sociales sean conscientes de sus intereses depende de que dispongan de entramados cognitivos y conceptuales que les permitan representarse mentalmente tales intereses. Por ello, los actores sociales deben expresar discursivamente sus intereses, expresión que está culturalmente constreñida por los estándares culturales del grupo. Así,

 (P[S1] * P[S2]) N

Donde P[S] es la formulación discursiva del interés de un determinado actor social, individual o colectivo o, dicho en otros términos, su demanda política. Ahora bien, el darnos cuenta de la necesidad de expresar discursivamente los intereses de una manera sensible al contexto intersubjetivo nos permitiría formular de una manera distinta el ciclo:

N

Aquí, la idea, un tanto metafísica, es que los intereses sociales se traducen a demandas políticas, y que a su vez estas demandas políticas se traducen en la normatividad socialmente existente. El signo expresa distintos tipos de causalidad dependiendo de la letra que le anteceda. S es, empleando el antiguo –aunque no obsoleto– lenguaje aristotélico, la causa material de P; mientras que P es, además de causa material, también causa eficiente de N. Es decir, P está hecho a partir de los materiales provistos por S; mientras que N no solamente está hecho a partir de los materiales provistos por P, sino que además el establecimiento, promulgación o adopción de sus unidades atómicas, es decir, de las múltiples In que le integran, se lleva a cabo para dar respuesta a las P. Esta última formulación nos sugiere que los intereses sociales se expresan en demandas políticas que, a su vez, dan contenido a la normatividad social.

Ahora bien, la virtud de esta última formulación es que ella es tan evidentemente imperfecta debido a su carácter estático que reclama, de parte del observador, su complementación. Esto, por cuanto resulta evidentemente que ningún N constituye, ni ha constituido históricamente, un punto final, sino que constituye, él mismo, el punto de partida para el surgimiento de nuevos intereses sociales: los favorecidos por N buscan preservar sus beneficios; los perjudicados por N buscan cambiar N para lograr mejores condiciones. Por ello,

S P N S’ P’ N’ S’’ P’’ N’’ S’’’…

Esto es, los intereses sociales existentes, por así decirlo, en la Hora Cero, dan lugar a demandas políticas que llenan de contenido a la normatividad, y que fijan posiciones sociales que sirven de punto de partida para la emergencia de nuevos intereses, traducidos en nuevas demandas, que serán traducidas en nuevas instituciones, y así sucesivamente hasta el fin de la historia del grupo humano en cuestión.

A su vez, el deseo de representar este ciclo de una manera que visibilice la divergencia dentro de los intereses sociales y la interacción entre los agentes que lleva a que algunas demandas sean satisfechas y otras no, de una manera dinámicamente consciente, podría ser representado de la siguiente manera:

(P[S1] * P[S2] * P[S3]… * P[Sn]) (I1, I3… In) (P[S1´] * P[S2’] * P[S3’]… * P[Sn’])...

Aquí, S2 ha sido seleccionado, heurísticamente, para representar a un actor social que ha fracasado en su objetivo de lograr la satisfacción institucional de su demanda. En consecuencia, no está representado en el segundo paréntesis, que contiene el conjunto de instituciones producido como resultado de la lucha entre las distintas demandas políticas que expresan los intereses sociales existentes. El contenido de la demanda P[S2’], en esta hipótesis, reflejará el hecho de que la demanda P[S2] no fue satisfecha.

La ecuación, en estricto rigor, debiera también evidenciar que los estándares culturalmente compartidos por el grupo también son sensibles a las demandas presentadas por los actores sociales. Por ello, su presentación debiera ser la siguiente:

(P[S1] * P[S2] * P[S3]… * P[Sn]) (I1, I3… In) (P’[S1´] * P’[S2’] * P’[S3’]… * P’[Sn’])...

El desafío empírico de la investigación marxista del derecho, en consecuencia, será (a) comprender el paso de S a P y de P a I; (b) y comprender la manera en que anteriores ciclos de producción de N influyen tanto en * como en las versiones modificadas de S y P, esto es, en S’ y P’.

No está de más reconocer, para bien o para mal, la inspiración laclauliana de esta formulación.

11 diciembre, 2015

Argumentos del Partido Comunista en 1969 contra la creación del Tribunal Constitucional

Extractos de la Historia de la Ley Nº 17.284, promulgada el 21 de enero de 1970, que crea el Tribunal Constitucional

Cámara de Diputados, Sesión de 09 de abril de 1969

El señor [Diputado Orlando] MILLAS.— (...) Es indudable que este proyecto es el producto del espejismo de los grandes intereses creados, de lo que es en Chile "el peso de la noche", el espejismo de las fuerzas conservadoras de la sociedad, que creen que con incisos y artículos de la Constitución pueden detener las transformaciones que Chile necesita. Porque éste es un proyecto extraordinariamente inmovilista, es un proyecto redactado con una preocupación que casi pudiera llamarse morbosa, para evitar que se salga del statu quo, que haya un cambio, que se aborden determinados problemas...
Nosotros, comunistas, hemos propuesto que haya una sola Cámara. Hemos tratado en las reformas del Reglamento de esta Corporación, que en la mayoría de los casos pueda no haber primero y segundo informes, sino un sólo informe en la tramitación de la ley.
Nos parece que es mucho que cada ley tenga diez trámites hoy día: primer informe en la Cámara de origen, segundo informe en la Cámara de origen; primer informe en la Cámara revisora, segundo informe en la Cámara revisora; .tercer trámite constitucional, cuarto trámite constitucional, quinto trámite constitucional; a veces, hasta con informe de Comisión en la Cámara revisora, según el Reglamento del Senado, tan sólo incluso en esos trámites que ya versan sobre un proyecto suficientemente conocido. Y, después, viene el veto del Presidente de la República, otro trámite: la consideración por parte del Presidente de la República del proyecto; en seguida, una nueva consideración en la Cámara de origen y, por último, en la Cámara revisora, de las observaciones del Presidente. Esto significa actuar en una forma que no corresponde a las necesidades de nuestra época. Esto impide el cumplimiento del deber que a los parlamentarios nos ha señalado la representación popular...
Pero, ahora, ¿qué propone el proyecto del Ejecutivo? Como si en Chile no hubiera suficientes trabas burocráticas y formalismos inútiles, se impide que se manifieste directa, clara, responsablemente, la voluntad de los parlamentarios y la voluntad, en general, de los órganos colegisladores. En efecto, este proyecto propone que, en vez de llegarse a una sola Cámara o reducir la tramitación de las leyes, haya un engorro más. Ahora se crea, como un nuevo Poder del Estado, en los hechos, un "tribunal constitucional". Este organismo va a tener la posibilidad de demorar, como una instancia más, cualquiera de los trámites de la ley. Diez días después de aprobado un proyecto en la Cámara de origen, queda sujeto a que se le puedan formular reparos de inconstitucionalidad, de forma o de fondo, por la manera cómo se tramitó o se aprobó en la Cámara de origen o en relación a su contenido, en cuyo caso el tribunal tiene quince días para pronunciarse, plazo que se prorroga por quince días más; o sea, son cuarenta días. Esto mismo puede ocurrir en cualquiera de los trámites. Puede retirarse, porque respecto de un proyecto de ley que se quiere demorar, se puede ir planteando uno u otro aspecto de él. Lo mismo ocurre cuando el Presidente de la República lo tiene para su promulgación... ¿qué hay sobre esto? Que el proyecto objetado por nosotros respecto de este nuevo engorro, sólo servirá en la práctica para que los intereses creados dispongan de una nueva instancia para oponerse a algo que pueda afectar sus privilegios...
Nosotros, comunistas, no nos limitamos a criticar todo esto. Nosotros planteamos soluciones. Nosotros decimos, por ejemplo, en esta materia de posibilidad de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento ¿por qué no se recurre a un procedimiento moderno, expedito, y, al mismo tiempo, de consulta directa al pueblo? ¿Por qué, concretamente, no se establece que al producirse un diferendo entre el Presidente y el Parlamento sobre materia de reforma constitucional entre a funcionar, como atribución del Presidente el poder llamar a la elección de una Asamblea Constituyente que resuelva derechamente la elaboración de las nuevas normas constitucionales? Este sería un procedimiento serio... el proyecto actual es la base jurídica del entendimiento con la Derecha chilena; es el proyecto de reforma constitucional de las fuerzas conservadoras de la sociedad, de los que temen los cambios, de los que quieren más engorro en la tramitación de las leyes, de los que estiman que lo que debe evitarse a toda costa es la dictación de cualquier ley como aquella que pueda, de alguna manera —según lo establece la redacción misma de este proyecto—, conceder algún beneficio en los sueldos, en las gratificaciones y en las demás remuneraciones; o que pueda otorgar la solución de un problema previsional a algún trabajador de este país.
Esto en el presente proyecto: una. iniciativa para mantener y prolongar el pasado. Creemos que esto no tiene eco en un país que está reclamando que se aborde, efectivamente, la realización de aquellos cambios, la solución de aquellos problemas que son fundamentales, en estos instantes, para la inmensa mayoría de los chilenos.

Cámara de Diputados, Sesión de 16 de abril, 1969

El señor [diputado Luis Enrique] TEJEDA.— (...) ahora, vamos a quedar amarrados, enmarcados dentro de las disposiciones constitucionales. Y esto lo va a resolver el Tribunal Constitucional sin beneficio para, nadie, sino únicamente para los tratadistas de Derecho Procesal o de Derecho Público, para que digan más adelante: Señor, esta ley está redactada muy bien; todas las ideas que contiene están de acuerdo con la idea fundamental. Con eso el país no gana nada; los trabajadores no ganan nada; y nosotros los parlamentarios nos privamos de una facultad.

Cámara de Diputados, Sesión de 29 de octubre de 1969

El señor [diputado Orlando] MILLAS.—Señor Presidente, una tendencia que se ha manifestado constantemente en el Derecho Constitucional después de la segunda guerra mundial es la del establecimiento de tribunales de garantías constitucionales, que ya habían surgido en algunas Cartas Fundamentales. Los comunistas hemos planteado, insistentemente, la necesidad de un tal tipo de tribunal, que garantice los derechos, las libertades, las garantías concedidas por la Constitución a los ciudadanos.
Aquí, en cambio, nos encontramos con un Tribunal absolutamente opuesto a esa tendencia de Derecho Constitucional. Aquí se trata de establecer, por sobre la representación popular, por sobre los organismos a los cuales se les ha delegado por el pueblo la facultad de legislar, por sobre, en este caso, la Cámara de Diputados, un Tribunal de una formación eminentemente administrativa en los hechos, el cual estará en condiciones de coartar el desempeño del Parlamento y de coartar la legislación que tienda a realizar cambios y a solucionar problemas. Sabernos que en la Constitución actual, el establecimiento del recurso de inaplicabilidad nunca ha permitido defender un derecho y una libertad del pueblo, y, en cambio, ha dado lugar para que se declaren inaplicables por la Corte Suprema, de acuerdo con el criterio de los Magistrados, por ejemplo, leyes absolutamente constitucionales, como son las que postergan el lanzamiento de familias que sean víctimas de determinados abusos por los arrendadores. Los contratos-leyes han sido declarados al margen de la Constitución y del sistema jurídico chileno. No obstante, han sido amparados, a través de recursos de inaplicabilidad por la Corte Suprema. Hubo una legislación absolutamente inconstitucional, como fue la Ley de Defensa de la Democracia. Sin embargo, la Corte Suprema la consideró aplicable. Pues bien, existe un criterio muy claro y muy definido en los Magistrados: el criterio que se manifiesta en los "supremazos" en contra de aquellas sentencias que benefician a los trabajadores en los juicios del trabajo. Es ese mismo criterio, que es un criterio jurídico conformado de clase, el que ahora se pretende pueda limitar el ejercicio de los derechos del Parlamento.
Y hay una cosa muy interesante y muy reveladora del criterio de clase con que se han estado ideando estas disposiciones. Se decía hasta hace poco por parlamentarios y representantes de la Democracia Cristiana que, en verdad, más directa, más genuina, más inmediatamente se manifestaba la voluntad popular en la generación de la Cámara de Diputados, debido al sistema anacrónico que aún permanece en la Constitución, que en la del Senado, que es, por parcialidades, que hace que algunos Senadores tengan un mandato demasiado antiguo. Pues bien, ahora, como se trata de adscribir posiciones a las del Partido Nacional, como se trata de seguir las aguas de las proposiciones de reforma constitucional que fueron ideas fundamentales de don Jorge Alessandri, el Partido Demócrata Cristiano vota disciplinadamente, porque en la conformación de este Tribunal Constitucional no tenga nada que ver la Cámara de Diputados, no tenga representantes ni siquiera posibilidades de opinar en relación con la generación del Tribunal. El será integrado, según esta proposición, por cinco Ministros, dos designados por la Corte Suprema y tres, por el Presidente de la República, los cuales podrán desempeñar esos cargos simultáneamente con los de Ministros o Fiscales de la Corte Suprema. Serán personas que, por lo demás, según los requisitos que se les exige, tendrán en lo posible —todo ha sido estudiado así— el criterio que se sabe ha predominado en el más alto Tribunal de Justicia del país.... lo que queremos es constituir un Gobierno que no necesite hacer uso de estas trampas, un Gobierno verdaderamente democrático, un Gobierno de verdadera participación popular en relación a las medidas que va a adoptar, un Gobierno que no va a requerir de Tribunales Constitucionales de esta especie para impedir que se hagan reformas, porque precisamente va a promover reformas. Por eso, con absoluta seguridad de representar una voluntad nueva, que se está cohesionando a través del entendimiento de los partidos de la Izquierda, con plena conciencia, nos oponemos a estos intentos absurdos y trasnochados, que, como lo he dicho denantes, tienden, con incisos, con artículos de la Constitución a detener el progreso en nuestro país. Votaremos que no.

Sesión del Congreso Pleno de Ratificación de Reforma Constitucional, 29 de diciembre de 1969

El señor [senador Volodia] TEITELBOIM.—El artículo 78 a) propone la creación de un Tribunal Constitucional —así llamado— que deberá resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley, de los decretos con fuerza de ley y acerca de la convocatoria a plebiscito. He aquí un organismo al cual el Ejecutivo ha pretendido revestir con toda la dignidad de un cuerpo insospechable, de imparcialidad total, de neutralidad perfecta para dirimir conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento nacional. Para eso propone un árbitro sin compromisos: este tribunal compuesto por cinco Ministros que durarán cuatro años en sus funciones. Tres de ellos serán designados por el Presidente de la República, de acuerdo con el Senado, que repetirá la misma votación de hoy día; o sea, entre demócrata cristianos y nacionales aprobarán la proposición presidencial, a gusto de la Derecha. Los otros dos Ministros serán designados por la Corte Suprema, también nombrados por el Primer Mandatario.
Por lo tanto, se trata de la fabricación de un nuevo mito, porque no puede tener imparcialidad ninguna un tribunal propuesto por el Jefe del Estado y por la misma mayoría que aquí está imponiendo reformas constitucionales rechazadas por la clase obrera y por los sectores populares. Se trata de la consagración de una mentira, de la coronación de una farsa, en lo cual esta reunión ha sido realmente pródiga. Porque aquí se han presentado partidos hablando contra los partidos. Y se han presentado políticos de toda la vida, que han sido candidatos a la Presidencia de la República de la Derecha, que han contribuido al triunfo del señor Frei y que se preparan para apoyar al señor Alessandri, como hombre ubicados más allá del bien y del mal, como personalidades integérrimas que desdeñan el bullicio de las consignas y que sólo se movilizan por el sacrosanto interés de la democracia y de la patria.
Esta Sala ya ha escuchado en demasía juramentos en falso y palabras que no traducen la realidad. Los comunistas rechazamos por entero la fabricación de un organismo represivo que será una verdadera tumba para los derechos del pueblo, como es el Tribunal Constitucional...
Basta mirar la composición de este Congreso Pleno, donde campea una holgada mayoría del Partido Nacional y del Demócrata Cristiano, para asegurar el triunfo de la voluntad presidencial, para mayor gloria y beneficio de la Derecha. ¿Por qué la Derecha vota a favor? Porque le conviene. Se trata de un Parlamento de clase, con todas sus lacras, donde una mayoría reaccionaria sacrifica sistemáticamente a los trabajadores y al pueblo, coludidos sus enemigos en un abrazo de intereses...
Por eso, el Partido Comunista se pronuncia en contra de la autoridad definitoria y universal entregada a un solo hombre que tiende a autoinstituirse en inviolable, a pesar de que comete diarios errores. La crisis política es una crisis del sistema, es una crisis del capitalismo, de la falta de soluciones de fondo; pero también de las irresponsabilidades consagradas de un monarca elegido por un sexenio.
Por tales razones, somos adversos a un monarca sin corona, sea del Partido Nacional o del Demócrata Cristiano. Estamos también contra los monarcas de izquierda. Lo que queremos es que realmente haya democracia. O sea, que el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo tenga posibilidad de manifestarse, como lo ha planteado el programa dado a conocer en los últimos días por los partidos populares.
Los Comunistas votaremos rechazando esta proposición, por estimar que así defendemos los derechos reales del pueblo, de los trabajadores, del país y de la verdadera democracia chilena, y a hacer la auténtica revolución tan esperada.

24 noviembre, 2015

Curso: "Lo Sagrado: Teología Política y Política Teológica"

Entre marzo y abril enseñaré un curso optativo en el Máster en Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. Comparto aquí las lecturas que servirán de base al curso.

Sesión 1: Lo político y lo sagrado en el derecho romano y en el orden político europeo medieval.
Lecturas: Giorgio Agamben, “Parte Dos: Homo Sacer”, en Homo Sacer; Marc Bloch, “Capítulos I, II, VII y VIII”, en Los reyes taumaturgos.

Sesión 2: Estado moderno y religión.
Lecturas: Thomas Hobbes, “Tercera Parte: De un Estado Cristiano”, en Leviatán; John Locke, Carta sobre la Tolerancia.

Sesión 3: La modernidad como negación de lo sagrado; la teología política como negación de la modernidad.
Lecturas: Karl Marx, “Parte I: Feuerbach”, en La Ideología Alemana; Carl Schmitt, Teología Política.

Sesión 4: El resurgir de la religión como fundamento de reclamos políticos.
Lecturas: Robert Cover, “Nomos y narración”; Corte Suprema de Estados Unidos, Burwell v. Hobby Lobby (2014).

04 noviembre, 2015

Karl Marx sobre las penumbras de los procesos constituyentes

"La nueva Constitución no era, en el fondo, más que una reedición republicanizada de la Carta Constitucional, de 1830… La antigua organización administrativa, municipal, judicial, militar, etc., se mantuvo intacta, y allí donde la Constitución la modificó, estas modificaciones afectaban al índice y no al contenido; al nombre, no a la cosa.
El inevitable Estado Mayor de las libertades de 1848, la libertad personal, de prensa, de palabra, de asociación, de reunión, de enseñanza, de culto, etc., recibió un uniforme constitucional, que hacía a éstas invulnerables. En efecto, cada una de estas libertades era proclamada como el derecho absoluto del ciudadano francés, pero con un comentario adicional de que estas libertades son ilimitadas en tanto en cuanto no son limitadas por los “derechos iguales de otros y por la seguridad pública”, o bien por “leyes” llamadas a armonizar estas libertades individuales entre sí y con la seguridad pública… Por tanto, la Constitución se remite constantemente a futuras leyes orgánicas, que han de precisar y poner en práctica aquellas reservas y regular el disfrute de estas libertades ilimitadas, de modo que no choquen entre sí, ni con la seguridad pública. Y esta leyes orgánicas fueron promulgadas más tarde por los amigos del orden, y todas esas libertades reguladas de modo que la burguesía no chocase en su disfrute con los derechos iguales de las otras clases. Allí donde veda completamente “a los otros” estas libertades, o consiente su disfrute bajo condiciones que son otras tantas celadas policíacas, lo hace siempre, pura y exclusivamente, en interés de la “seguridad pública”, es decir, de la seguridad de la burguesía, tal y como lo ordena la Constitución. En lo sucesivo, ambas partes invocan, por tanto, con pleno derecho, la Constitución: los amigos del orden al anular todas esas libertades, y los demócratas, al reivindicarlas todas. Cada artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y efectiva –por la vía legal, se entiende–, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente".

Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852)

28 septiembre, 2015

Ostracismo constitucional (o, la clase política incumbente no debiera participar de la asamblea constituyente)

No abordaré aquí la discusión sobre si debiera haber una asamblea constituyente o si la habrá. Algo he dicho anteriormente al respecto. Quisiera aquí hacer una propuesta, que, haciendo un guiño conceptual hacia la antigua democracia ateniense, llamaré ostracismo constitucional.

El ostracismo constitucional que propongo consiste en la supresión extraordinaria y transitoria de la participación política de individuos que han detentado o detentan poder institucional; específicamente, en la prohibición dirigida contra quienes han desempeñado funciones presidenciales, ministeriales o parlamentarias bajo la Constitución de 1980, de participar en la asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.

La idea del ostracismo no es tan radical, pues existen numerosas funciones que, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución, generan este efecto de supresión extraordinaria y transitoria de la participación de individuos que han detentado o detentan poder institucional. El sistema constitucional la entiende como una medida 'republicana' que busca evitar la concentración de poder, así como que quien adquiere legitimidad en una determinada función se 'apropie' de dicha legitimidad y la use para su beneficio personal, para solidificar su carrera política. La pregunta, entonces, es por qué debiera adoptarse una medida similar para expulsar a toda la clase política incumbente de la asamblea constituyente.

Esta propuesta busca hacerse cargo de que la clase política incumbente debe su identidad a la Constitución de 1980 misma, corregir las consecuencias de este hecho, que determina su composición ideológica y, también, su composición racial, de clase, de género, entre otros aspectos. La Constitución de 1980 determinó esta composición a través de sus dichos y sus silencios; en lo ideológico, a través de sus reglas electorales binominales; en lo referente a los atributos adscriptivos de sus integrantes, a través de la inexistencia de medidas de acción afirmativa que incrementaran la presencia de mujeres, integrantes de etnias, o integrantes de la población LGBTI.

Una medida de ostracismo ya forma parte del repertorio de la discusión pública: que los integrantes de la asamblea constituyente no puedan postular a cargos de elección popular, particularmente en el Congreso Nacional, durante uno o dos períodos electorales. Que esta medida de ostracismo ya ha sido considerada se debe a que le conviene a la élite política incumbente, pues le quita del camino a posibles futuros competidores.

Pero más importante que aquella es una medida de ostracismo que no favorece los intereses de la élite política incumbente: que en la asamblea constituyente no puedan participar quienes hayan desempeñado funciones parlamentarias o ministeriales bajo la Constitución de 1980. Quienes han servido bajo la Constitución de las élites debieran mantenerse al margen de la redacción de una Constitución que ya no sea de las élites; no pese a su experiencia (puedo imaginar cómo se deshacerán en sollozos autocomplacientes los propios afectados y sus intelectuales orgánicos) sino precisamente debido a esa experiencia, que se constituye en una marca epistémica que les asocia inevitablemente con aquella Constitución. Sus saberes prácticos surgen al alero de ella; como conjunto, no son una clase política adecuada para redactar algo distinto. Y su exclusión es particularmente urgente, pues en un escenario de competencia electoral con sujetos no perteneciente a la clase política incumbente para acceder a la asamblea constituyente, lo más probable es que ellos prevalezcan, debido a los contactos que les provean de recursos y debido al reconocimiento público de que gozan por mencionar su cargo.

Los sujetos afectados no debieran preocuparse tanto, no sólo porque esta propuesta no les impide volver a poblar los pasillos del Congreso y de La Moneda, sino también porque asumo que confían en que sus conciudadanos tendrán la capacidad de redactar un nuevo texto constitucional. ¿O no?