08 julio, 2014

Los millonarios insertos de Bernardo Fontaine; o los que tienen más, gritan más fuerte

El año pasado, un grupo de profesores de derecho decidimos llamar a marcar AC (esto es, "Asamblea Constituyente") en la papeleta de las elecciones, a fin de reivindicar la legalidad y la conveniencia de dicha forma de acción política. Esto supuso varios desafíos. Primero, ponernos de acuerdo sobre qué decir; a través de un proceso de discusión, llegamos a concordar en un texto que satisfacía a todos. Segundo, ponernos de acuerdo sobre dónde decirlo; surgió un consenso de que esto merecía, más que una carta o columna en algún medio, un inserto en un diario de circulación nacional. Tercero, dado que habíamos tomado esa decisión, debimos enfrentarnos a la recaudación de dinero; hicimos una colecta entre todos, logramos que alguien negociara en nuestro nombre una rebaja en el precio del inserto (gracias Javiera). Por último, debido a la conjunción de todos estos objetivos, llegamos a la conclusión de que debíamos alcanzar un número de firmantes (y de financistas) inusitadamente alto: a través de nuestras redes personales llegamos a convocar a más de cien profesores de prácticamente todas las facultades de derecho del país (salvo, curiosamente, de la Universidad Católica).

El resultado fue que logramos publicar nuestro inserto, en un proceso de persuasión y organización colectiva que encarnó el mensaje mismo que queríamos transmitir (gracias McLuhan). Esto tiene un valor cuando se trata de asuntos específicamente políticos. Como observa Hannah Arendt, la política es una dimensión de la vida humana que existe en el plano de la acción colectiva coordinada y reflexiva. Desde esta perspectiva, no todo es política. La violencia, que ella define como la multiplicación de la potencia individual a través de instrumentos y otras tecnologías, no es política en un sentido arendtiano. Lo que la violencia puede hacer es motivar acciones propiamente políticas. El golpe militar es un acto de violencia, que desencadena acciones arendtianamente políticas en la élite civil, que se organiza para empujar adelante un proyecto de refundación neoliberal. Pero el golpe mismo, en un sentido arendtiano, no es política: es pura violencia, es multiplicación instrumental, a través de las armas, de la fuerza de unos pocos individuos que, tal como Adolf Eichmann, no deliberan.

Bernardo Fontaine Talavera, director de varias empresas cuyo perfil profesional figura en el sitio web de Forbes, ha publicado tres insertos contra la Reforma Tributaria que constituyen un fascinante contraste con la iniciativa que los profesores de derecho llevamos a cabo, y, en consecuencia, con el concepto arendtiano de política. Allí donde nosotros debimos reflexionar sobre un texto que nos satisficiese a todos y convencer a nuevas personas de sumarse a un texto ya existente, Fontaine decidió recortar frases de economistas y publicarlas sin haberles consultado su opinión. Y allí donde nosotros debimos coordinarnos para alcanzar una suma de dinero que excedía poco más de un millón de pesos, Fontaine pareciera haber desembolsado sin problemas 44 millones de pesos. Si lo que nosotros hicimos fue un acto arendtianamente político de deliberación y coordinación colectiva, lo que Fontaine hizo fue un acto aredntianamente violento de multiplicación, a través del dinero, de la voluntad y la voz de un sólo individuo.

Por ello resulta tan paradojal que Fontaine afirme que quiere ser "la voz de los que no tienen voz". Los que no tienen voz no están preocupados por la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias, ni tampoco por la renta atribuible; tales sujetos tienen muchos voceros, incluyendo la UDI, El Mercurio, diversas organizaciones gremiales y centros de estudios, y varios dentro de la propia Nueva Mayoría. Los que no tienen voz son aquellos que deben recurrir a la protesta para luchar por su derecho a recibir una educación que les permita desarrollar sus capacidades; son aquellos que deben ocupar carreteras para exigir atención por parte de las autoridades; son aquellos que están dispuestos a quemarse vivos por las malas condiciones de trabajo y la indefensión en que se encuentran. No creo que Fontaine, el director de empresas, esté hablando en nombre de aquellos. Más bien creo que está hablando en nombre de su cartera de clientes empresariales, y sobre todo, en nombre propio.

Si la metáfora con la que visualizamos la política es la de una conversación, lo que los millonarios hacen es tomar parte en ella con un megáfono. Y el efecto del megáfono es precisamente el contrario al señalado por Fontaine: es acallar las voces de los demás. En esta materia, el signo de los tiempos neoliberales en los que vivimos es que parece razonable que quien paga más pueda hablar más fuerte. Fontaine pudo pagar tres insertos multimillonarios, entonces tiene derecho a hablar, aunque lo que diga distorsione la opinión de otros y les haga decir cosas que no necesariamente han querido decir. Esto significa que, en una distribución neoliberal de los turnos de hablar, no todos tienen derecho a igual consideración y respeto: tal derecho se compra, y se obtiene tan sólo aquello por lo cual hemos pagado. El neoliberalismo genera mucho dinero para algunos, pero su bancarrota moral es innegable.

05 julio, 2014

Antiontologismo

Hay algunas cualidades de los individuos que se prestan para afirmaciones estables. Alguien pesa una cierta cantidad de kilos a determinada altura por sobre el nivel del mar, y ello será así mientras tal situación no cambien. Alguien tendrá un determinado color de piel o de cabellos, fruto de que el reflejo de la luz contra tal superficie produce una determinada variación en el espectro luminoso. Todas estas cosas serán ciertas ceteris paribus, mientras las condiciones circundantes y las propias características no cambien. Pero, mientras ceteris siga siendo paribus, ellas serán así.

Pero, ¿qué decir de otras cosas como el carácter, o las creencias de los individuos? ¿Es posible describirlas como cualidades estables? ¿O son más bien tendencias a repetir un mismo comportamiento? ¿Permitirá la neurociencia reformular afirmaciones tales como "es un vegetariano" (¿lo es mientras duerme? ¿Es una propiedad emergente, que se activa ante las circunstancias apropiadas?) a través de un lenguaje que describa propiedades estables de nuestra configuración neuronal?

Caricaturas étnicas en la discusión del conflicto chileno-mapuche

Cuesta comprender qué contribución a la discusión del conflicto chileno-mapuche realiza la columna de opinión del abogado Gerardo Varela, socio de uno de los "grandes" estudios de abogados de la capital ("grandes" no porque concentren una gran cantidad de saber jurídico, sino porque representan grandes intereses económicos). Al imputar a quienes simpatizan con la causa mapuche una inexistente adscripción al arquetipo del "buen salvaje", su argumento distorsiona el contenido proposicional del discurso de sus adversarios. Al apelar de manera tan superficial al ideal de unas mismas leyes para todos ("Ellos tienen derecho al mismo Código Civil y están sujetos al mismo Código Penal que el resto de nosotros") revela una comprensión obsoleta, por insustancial, del concepto de igualdad. Al caracterizar al pueblo mapuche precolombino como un conjunto de "pequeñas tribus que estaban en estado de guerra permanente" demuestra no conocer los estudios realizados al respecto por historiadores como José Bengoa y arqueólogos como Tom Dillehay. Al tratar de justificar históricamente la situación actual ("Fueron derrotados en guerras e integrados a la comunidad chilena") intenta falazmente hacer pasar violencia por legitimidad, y opresión por justicia.

Sin embargo, quizás lo más grave de su columna sea la caricatura étnica con la cual titula su columna: "Si camino hablar, ser el intendente que venir".La referencia implícita aquí alude a aquel spot publicitario de los años 80' en que Luis Alarcón, disfrazado de acuerdo al estereotipo de cómo se ve un indígena norteamericano transmitidos en las películas de Westerns, realizaba una afirmación similar. La columna jamás llega a explicar qué quiere decir con este título. Lo único que se puede razonablemente concluir es que el columnista, al usar este estereotipo caricaturesco, busca denigrar al Intendente Francisco Huenchumilla.

25 junio, 2014

Nuevas publicaciones sobre derecho y exclusión

En la última semana me han llegado las versiones impresas de tres artículos que he escrito, desde diversas perspectivas, sobre temáticas que podría ser conceptualizadas de manera general como derecho y exclusión.

El primero de ellos se titula "¿Por qué no se rebelan los oprimidos? Tecnologías de la opresión", y fue publicado junto a las demás ponencias del Seminario de Teoría Constitucional en Latinoamérica (SELA) organizado por Yale y realizado el 2013 en Cartagena de Indias, Colombia. (descarga aquí). Se trata de un ensayo de filosofía política donde planteo que "durante los últimos dos siglos las transformaciones tecnológicas, específicamente el surgimiento de armas cada vez más precisas pero también más costosas, han alejado la posibilidad real de la rebelión de las manos del pueblo, particularmente de aquellos sectores que por sus carencias podríamos caracterizar como plebeyos", posibilidad de rebelión que, sin embargo, queda intacta para los sectores privilegiados, como lo sugiere el golpe de Estado de 1973.

El segundo se titula "¿Se hará justicia? Una crítica a la suspensión condicional del caso colusión de farmacias" (descarga aquí). En este caso, a partir de un comentario crítico a la resolución judicial (posteriormente revocada) que suspendió el procedimiento contra los ejecutivos de farmacias coludidas en virtud de "la realización de cursos de ética empresarial" y del "pago a título personal de $ 235 millones de pesos a diversas instituciones de caridad", planteo que los órganos jurisdiccionales deben emplear sus "poderes institucionales indeterminados" de forma compatible con una visión del juez como estadista, como poder público. Este caso me permite plantear que, por ejemplo, la judicatura al asignar el destino de grandes sumas de dinero debe privilegiar la creación de instituciones que velen por la justicia vinculadas al interés público en lugar de contribuir a obras de caridad. Esta crítica es cercana a la que hice del Fallo La Cañamera (aquí); la resolución del caso Celco en Valdivia, a su vez, donde la empresa fue condenada a pagar un monto para acciones de reparación cuyo destino habrá de ser concordado con la sociedad civil, ofrece un interesante contraste.

El tercero se titula "Morning-After Decisions: Legal Mobilization against Emergency Contraception in Chile" (descarga aquí). Allí analizo la década de litigio conservador contra la píldora del día después. Aquí está su resumen en inglés:

"In Chile, the Criminal Code bans all forms of abortion. Furthermore, the Constitution—drafted and enacted by the Military Junta led by General Augusto Pinochet—was inspired by a conservative version of Catholic natural law championed by prominent Chilean constitutional law scholars. This Article traces the emergence, development, and ultimately the defeat of a persistent legal mobilization driven by natural law-inspired litigants, politicians, and scholars against levonorgestrel-based emergency contraception, also known as the morning-after pill. In their decade-long efforts at legal mobilization, these natural law litigants used every tool of the Chilean legal system to challenge the legality and the constitutionality of the morning-after pill. This case of legal mobilization shows both the strengths and the weaknesses of conservative political and religious networks in Latin America, and it demonstrates both the potential and limitations of litigation-led policymaking in civil law countries."

10 junio, 2014

Consideraciones jurídicas sobre el presunto Carabinero infiltrado en marcha

En las redes sociales se ha difundido un video de un sujeto que, en el marco de la marcha convocada por la CONFECH el 10 de junio de 2014, desenfundó un arma al ser cuestionado por personas que lo acusaban de ser un funcionario de Carabineros de Chile infiltrado.


Por supuesto, no puedo decir si se trata de un Carabinero o no, pero sí puedo observar las consecuencias jurídicas de su acción. Básicamente, lo que hemos visto es ilegal en cualquier caso.


Si se trata de un Carabinero, y a juzgar por el video que ha circulado, donde el sujeto en cuestión saca el arma tras haber recibido un chorro de agua, entonces estamos ante un caso de delito de amenazas de atentado contra las personas. Dicho delito está tipificado en el artículo 296 del Código Penal (aquí), donde se penaliza la conducta de quien "amenazare seriamente a otro con causar… en su persona…  un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho". En este caso, el mal que constituye delito consiste en ser herido con un arma de fuego. Ser apuntado con un arma de fuego, como sabe cualquiera, configura una seria y verosímil amenaza de ser herido.


A ello se suma el delito de abusos contra particulares, contenido en el artículo 255 del Código Penal, que penaliza la conducta de aquel "empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del servicio respectivo". En este caso, no se vislumbra qué justificación legítima podría haber tenido el presunto funcionario de Carabineros para cometer la vejación en cuestión (si usted cree que ser apuntado con un arma no es una vejación, le sugiero leer reportes sicológicos de víctimas de secuestro y de asalto a mano armada).


Si no se trata de un funcionario de Carabineros, y asumiendo que la persona en cuestión tiene inscrita dicha arma, ella además del delito de amenazas infringió el artículo 5º de la Ley de Control de Armas (aquí), pues la inscripción de armamento de fuego que dicha Ley ofrece a los particulares les autoriza tan sólo para mantener el arma en su residencia u algún otro lugar que se pretenda proteger. Sólo el personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de Investigaciones pueden llevar consigo armas de fuego.


Todo esto es particularmente grave debido a que el contexto de este hecho fue el del ejercicio de legítimos derechos constitucionales por parte de miles de ciudadanos. ¿Está Carabineros de Chile destinado, como dice la Constiución, a "dar protección a la población" y "dar eficacia al derecho" o más bien a amenazar a la ciudadanía y violar la ley?

06 junio, 2014

Todos los integrantes de cualquier Casa Real son enemigos de la humanidad

A raíz del reciente anuncio de Juan Carlos Borbón de renunciar a su posición de monarca en España, ha resurgido el reclamo de muchos españoles de restablecer la República destruida en 1936 por la insurrección fascista armada de Francisco Franco, insurrección que condujo al establecimiento de una larga dictadura y de la cual el reinado de Juan Carlos Borbón representa un resultado inmediato y directo.


Ahora bien, esta coyuntura constituye el contexto perfecto para decir algo sobre las Casas Reales de Europa, y que a menudo pareciera pasar desapercibido. Las Casas Reales, y todos quienes perteneciendo a una de aquellas familias suscriba la pretensión monárquica implícita en ellas, son enemigos de la humanidad. Al menos, de aquella fracción de la humanidad que cree que los individuos de la especie humana son moral y jurídicamente iguales.


El plano en que se articula dicha enemistad o contradicción es el de los valores que articulan y fundamental el orden político internacional. La comunidad internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, declaró como pilar fundamental de la comunidad global de las naciones civilizadas el reconocimiento de "la dignidad intrínseca" y "los derechos iguales e inalienables" de "todos los miembros de la familia humana". Las monarquías hereditarias, sin embargo, reconocen un principio distinto, que estructurara el orden jurídico público europeo durante la Edad Media y la temprana Modernidad, consistente en el derecho exclusivo de un grupo específico a desempeñar una función política central en el orden político concreto. Ambos principios son abiertamente incompatibles. Por lo tanto, comunidades políticas que suscriban uno u otro están en una relación de abierta contradicción.


La enemistad entre las Casas Reales y la humanidad que cree en la esencial igualdad de todos los individuos de la especie humana es abierta, total, e irreconciliable en el plano de los valores que dan fundamento al orden político. Ella no se resuelve aseverando que los reyes hoy no jueguen ningún rol político (cosa que no es cierta) ni que le hacen un bien a las comunidades políticas en las que existen (eso no cancela la oposición normativa existente). Sólo se resolvería si la posición de monarca estuviese abierta a todos los integrantes de la comunidad en cuestión, ya fuese a través de elecciones, sistemas de turnos, o sorteos. En la medida en que el acceso a la monarquía sea familiar y hereditario, entonces será una afrenta sin matices contra la conciencia igualitaria de la humanidad civilizada.


Incluso las dictaduras militares no contienen una pretensión normativa tan incompatible con los valores de la comunidad internacional. A menudo las dictaduras, en el plano de los valores, contiene no una negación abierta del principio de igualdad humana, sino tan sólo una pretensión de excepcionalidad ("en este caso, por ahora, la igualdad humana debe ceder a otros bienes, como el orden público") o, derechamente, representan un desconocimiento de la norma que no niega a aquella ("en este caso, gobierno sólo porque tengo el poder de las armas, aunque no declaro que tenga un derecho moral y jurídico exclusivo a gobernar"). Como consecuencia, el dictador y el tirano no son enemigos de la humanidad, sino tan sólo de su propio pueblo; en cambio, el rey hereditario es enemigo de toda la humanidad.


En consecuencia, la existencia de monarquías en Europa involucra a todos los individuos de la especie humana. No es un asunto de interés de la comunidad política particular que tiene una monarquía; no se puede zanjar la contradicción diciendo que se trata de un legítimo ejercicio del derecho al autogobierno de los pueblos. El autogobierno de los pueblos permite a los países que decidan organizarse de manera unitaria o federal, presidencialista o parlamentaria, multicultural o no tanto, incluso democrática o no democráticamente. Pero coronar a un rey y reconocerle un derecho a reinar únicamente a quienes pertenezcan a su familia constituye una afrenta contra la comunidad internacional en el plano de los valores fundamentales. Lo único normativamente aceptable sería que la comunidad internacional declare a dichos países como tierra de nadie, tal como hicieron los propios países monárquicos con el resto del mundo durante la Era de la Conquista (y como, en los hechos, hicieron los Aliados con la Alemania nazi). Y, claro, desde su perspectiva, estaban en lo cierto: quienes sustentan valores abiertamente incompatibles con los propios, al punto que exista una cierta incomunicabilidad con ellos, sólo puede aparecer a nuestros ojos como objeto, no como sujeto, de derechos.


La relación entre esta enemistad abierta entre los reyes hereditarios y la humanidad y el derecho esencial e inalienable al regicidio, teorizado por tantos pensadores a lo largo de la historia, constituye un asunto del máximo interés para la historia de las ideas y la justificación de los hechos que dieron lugar a las actuales repúblicas. Por el momento, baste con decir que el restablecimiento de la República destruida por el franquismo es un imperativo moral.