14 mayo, 2015

Alessandri, Pinochet… ¿y Tohá?

Desde luego, Carolina Tohá no es homofóbica, y tampoco lo es su gestión a cargo de la Municipalidad de Santiago. Afirmar eso sería, a mi juicio, un exceso retórico. Pero los argumentos que se han ofrecido públicamente para no realizar una Marcha por la Igualdad convocada por organizaciones de la diversidad sexual en el Paseo Bulnes, demuestran que Tohá tampoco dirige una administración municipal comprometida con el derecho de reunión y la movilización social.

A través de su cuenta de Twitter, la Municipalidad de Santiago expresó que dicha Marcha no se podría realizar en el Paseo Bulnes debido a que "vecinos reunidos en comité de Defensa del Paseo Bulnes acordaron con municipio no autorizar ningún tipo de actividad masiva en el sector" pues "se decidió no autorizar más el uso del Paseo Bulnes, debido a los millonario [sic] daños que dejaban estos eventos". No voy a poner en duda la afirmación de la misma Municipalidad según la cual se ofrecieron "alternativas cercanas al sector como Plaza Argentina y Alameda con Echaurren las cuales no fueron aceptadas". Mi punto aquí no es qué pasó entre la Municipalidad y las organizaciones, sino el tipo de argumentos y consideraciones que se ofrecen para condicionar la realización de movilizaciones masivas en la ciudad. Cuando un actor político ofrece en público un determinado argumento, está comprometiéndose con el mismo, con el resultado de que implícitamente está respaldando otros usos pasados y futuros de ese mismo argumento. Y no debiéramos olvidar que el argumento que ofreció la Municipalidad que dirige Tohá es precisamente el argumentos que ofreció en algunas ocasiones la Intendencia durante el gobierno de Piñera para evitar la realización de marchas estudiantiles en la Alameda.

Voy a hacer aquí un poco de historia. La Constitución de 1980 retrocedió en el nivel de protección constitucional del derecho de reunión, el que gracias a una reforma en 1971 había pasado a ser materia de regulación legal. Antes de 1971, era un asunto que podía ser regulado tan sólo mediante la voluntad presidencial, esto es, a través de decretos y reglamentos. ¿Por qué volvió la Constitución de 1980 a entregar la regulación del derecho de reunión a la potestad reglamentaria del Presidente? El registro histórico de la redacción de la Constitución de 1980 indica que en la Sesión 65 del Consejo de Estado, órgano asesor de la Junta Militar, el ex Presidente Jorge Alessandri afirmó que "con esta enmienda se dejó desarmado al Presidente de la República para mantener el orden en las calles".

La reglamentación todavía vigente hoy en día, por cierto, corresponde a aquella que la Junta Militar dictó en septiembre de 1983, precisamente en medio de las protestas más intensas contra la dictadura. Ella corresponde al Decreto Nº 1086, el cual proclama como límite al derecho de reunión "la conservación de las plazas, calles, paseos y bienes públicos y que se respeten en el uso a que están destinados" y establece restrictivas reglamentaciones para el ejercicio de dicho derecho.

Tohá, al poner la prevención de los "millonario" daños por sobre el derecho de reunión de las organizaciones de la diversidad sexual, se está alineando con Alessandri y su preocupación por "mantener el orden en las calles", así como con Pinochet y su "conservación de las plazas, calles, paseos y bienes públicos". Que esto ocurra justo el día en que dos estudiantes movilizados murieron a manos de una persona que defendía precisamente su propiedad privada vuelve mucho más aciaga la justificación ofrecida por la Municipalidad de Santiago.

Esto último nos permite entender que no cambian las cosas debido a que se diga que esta ha sido una decisión con los vecinos, lo que pareciera darle un halo de participación democrática a la decisión (en contraste con una decisión jerárquica, tomada solamente por la autoridad municipal). La voluntad de los vecinos (la que la propia Municipalidad cita; no sabemos qué ocurrió realmente, pues no se ofrecen actas de ninguna sesión que realmente registren cuál es esa voluntad) y la voluntad expresada por la propia Municipalidad coinciden en poner el orden y la propiedad por sobre el derecho de reunión. La crítica de que se hace merecedora la Municipalidad también recae sobre la voluntad de esos vecinos. ¿A alguien le cabe duda, por ejemplo, de que los vecinos de Vitacura se opondrían si se les consultara si las trabajadoras de casa particular pueden hacer una protesta frente a alguna plaza importante? Si hay gente que está dispuesta a disparar a otros para evitar que le rayen su pared, no me cabe duda de que hay otros que están dispuestos a participar para evitar que otros se reúnan frente a sus casas. Y volvemos aquí a la crítica política contra la Municipalidad: si lo que los vecinos quieren es disminuir el desorden y el daño a su propiedad, la solución no es que la Municipalidad impida la reunión en cuestión, la solución es que ella tome el resguardo para evitar los daños (que en este caso, parece tratarse meramente de basura y suciedad, no de destrucción de bienes materiales, lo que hace más insostenible el argumento de la Municipalidad en sus propios términos) y así los manifestantes puedan realizar la actividad que desean llevar a cabo.

Tohá, se dice, es una de las alternativas que la Concertación/Nueva Mayoría baraja como candidata presidencial. Poner al orden y la propiedad por sobre el derecho a la movilización pareciera estar en sintonía con una coalición política que, apelando a la iconografía y los eslóganes del movimiento social y popular, les cierra los espacios de participación y de decisión a los sectores subalternos.

02 abril, 2015

Por qué no importa la decisión del Tribunal Constitucional sobre educación y Ley Zamudio

El Tribunal Constitucional resolvió el requerimiento presentado por parlamentarios de derecha contra la reforma educacional. La única causal que dicho órgano acogió fue aquella que consideraba como inconstitucional la disposición legislativa que establecía que los colegios no podrían invocar su libertad de enseñanza como una justificación para discriminar a sus alumnos, afirmación que se entendía que constituía una modificación al artículo 2 de la Ley Zamudio, que, según se dice, hoy en día permite poner la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la no discriminación. A mi juicio, sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional no es relevante, y ello por dos razones de distinto orden. Explicarlo me exige decir algunas cosas sobre la aplicación de la Ley Zamudio hasta la fecha.

En el volumen de este año del Anuario de Derecho Público de la UDP aparecerá un estudio que he hecho sobre las sentencias de primera instancia que resuelven demandas por discriminación tramitadas de acuerdo al Título II de la Ley Zamudio. Mi estudio constata que hasta el momento han existido tan sólo 33 sentencias, de las cuales sólo 9 han acogido la demanda respectiva, y entre las cuales tres, a mi juicio, no tienen nada que ver con la discriminación en cuanto fenómeno social (dos son sobre despidos por razones políticas, otra se trata sobre una persona que fue expulsada de la Federación de Rodeo de Chile por haber tenido una pelea con los dirigentes de la misma).

Un pequeño paréntesis. Mi estudio me lleva a afirmar que hay dos problemas con la Ley Zamudio que son de difícil resolución a través de modificaciones legislativas: la primera, hay poco litigio; la segunda, no hay una comprensión de la Ley Zamudio "pro discriminado", a diferencia, por ejemplo, del derecho laboral, donde sí existe una comprensión "pro trabajador" del Código del Trabajo. Estos problemas no son insolubles, pero dado que ellos se sitúan en el ámbito de la cultura jurídica interna, esto es, la cultura de jueces, litigantes y académicos nacionales, pareciera ser que la solución debiera venir desde dentro de estos grupos. Ayudarían, desde luego, ciertas modificaciones, que explicitaran los estándares de prueba en los juicios sobre Ley Zamudio y la posibilidad de dar reparación patrimonial a los demandantes de discriminación; pero si existiese una comprensión "pro discriminado" de la Ley Zamudio, eso no sería necesario.

Volvamos a la discusión educacional. Hay pocas sentencias sobre Ley Zamudio, como he dicho; y de las 33 que han habido hasta el momento, tan sólo tres han recaído sobre colegios. Esa es la primera razón por la cual lo decidido por el Tribunal, en un sentido práctico, cuantitativo, da lo mismo: el litigio sobre antidiscriminación en el ámbito educacional es prácticamente inexistente.

Ahora, demos un vistazo a dichas sentencias. En una, Torres con Colegio Santísima Trinidad, el 1er Juzgado Civil de Concepción ordenó a un colegio católico la reincorporación de una alumna cuya madre, soltera, se emparejó nuevamente. En otra, Silva con Colegio Chañares, el 2o Juzgado Civil de Antofagasta no acogió la demanda de una pareja de padres mormones cuyas hijas fueron rechazadas en un colegio católico por que consideró que los padres no habían demostrado que el rechazo consistía en una conducta discriminatoria. En la tercera, Castillo con Escuela Manuel Anabalón Sáez, el Juzgado de Panguipulli consideró que no se había discriminado a un alumno al expulsarlo por usar el pelo largo debido a que los padres habían aceptado las reglas del colegio al matricular a su hijo.

Desde luego: en la última sentencia, el tribunal aceptó que la libertad educacional primara por sobre el derecho a la no discriminación. Pareciera ser que el proyecto de ley declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional habría evitado ese resultado. Pero no habría logrado evitar el segundo resultado, en el que el tribunal desechó la demanda por considerar que los demandantes no habían satisfecho los estándares probatorios y argumentativos necesarios para condenar.

El segundo caso es más complejo que el tercero, pues puesto junto a las demás 23 sentencias sobre demandas antidiscriminación que rechazan, evidencian que la mayoría de los tribunales que han fallado causas de Ley Zamudio carecen de una comprensión de la misma que esté encaminada a darle efectividad al propósito legislativo de poner fin a la discriminación. Falta algo equivalente, como he dicho, a lo que sí existe en el derecho laboral: una construcción teórica que articule conceptos, principios y reglas de forma tal de estructurar un derecho protector de la parte más débil.

Finalmente, he ahí la segunda razón de por qué da lo mismo la decisión del Tribunal Constitucional. Cuando exista tal concepción "pro discriminado" del derecho antidiscriminación, en ese entonces el objetivo buscado por el proyecto de ley declarado hoy inconstitucional, se logrará a través de una interpretación del artículo 2 de la Ley Zamudio que entienda la libertad de enseñanza de manera estricta y el derecho a la no discriminación de manera amplia, extensiva. En ese sentido, el proyecto de ley era innecesario jurídicamente, pues ordenaba hacer algo que cualquier intérprete puede hacer, como lo demostró la sentencia del juzgado de Concepción.

En resumen, el proyecto de ley hoy declarado inconstitucional era innecesario jurídicamente, pues basta con una comprensión "pro discriminado" del derecho antidiscriminación para lograr su objetivo. La falta de dicha comprensión, de todas maneras, hace que hoy el litigio antidiscriminación sea casi inexistente y muy poco efectivo, por lo que el proyecto hoy declarado inconstitucional no habría tenido mucho campo de aplicación. El proyecto de ley podría haber jugado algún rol simbólico en este proceso de transición desde una cultura jurídica aséptica sobre la discriminación a una "pro discriminado", desde luego. Pero cuando falla un transistor, simplemente hay que buscar otro que funcione.

25 marzo, 2015

Ley de Género: crítica al proyecto de ley en tramitación

Estoy terminando un estudio sobre el uso del procedimiento judicial de cambio de nombre como mecanismo de reconocimiento de la resignación de sexo. Mi estudio concluye que, de los 86 casos detectados, en un 19,8% hubo un rechazo parcial o total a la solicitud presentada por personas transexuales de cambio de nombre y cambio de sexo.
Ahora bien, quienes recurrieron al procedimiento aquí estudiado mayoritariamente correspondían o bien a profesionales (es decir, personas con ingresos) o bien a personas de escasos recursos asistidos gratuitamente por la corporación de asistencia judicial e instituciones similares. A mi juicio, esto sugiere que existe una 'cifra negra' de personas que no acuden al procedimiento judicial debido a que la tramitación ante un tribunal es un procedimiento costoso en términos de tiempo y recursos. 
Por ello, si bien mi estudio respalda la necesidad de legislar en esta materia, dado que desde la perspectiva del bienestar y dignidad de las personas transexuales no basta con el procedimiento judicial de cambio de nombre, también encuentro razones para criticar el proyecto de ley actualmente en tramitación, contenido en el Boletín Nº 8924-07. Dicho proyecto propone entregar la resolución de las solicitudes de cambio de sexo a los juzgados de familia. Me parece más adecuado entregar dicha función a los oficiales del Registro Civil, en la forma de un trámite administrativo, disponible como un formulario en todas las oficinas de dicho servicio existentes en todo el país. Un procedimiento administrativo es siempre más rápido y simple que un procedimiento judicial.
Por añadidura, dicho proyecto de ley contempla la posibilidad de que un tercero se oponga a la solicitud de cambio de sexo presentada por una persona transexual cuando exista un "perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante" y cuando exista una "causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante". Estas causales no contribuyen a cautelar el bienestar ni la dignidad de la persona transexual, ni tampoco tienen el peso argumentativo suficiente como para que se justifique que limiten dicho bienestar y dignidad. Por ello, la ley no debiera contemplarlas como razones para que terceros se opongan al cambio de sexo.

03 diciembre, 2014

El problema con los rankings de "prestigio"

Una de las características culturales de la sociedad capitalista tardía, inmersa en procesos de comodificación del conocimiento, es la construcción de indicadores que permiten cuantificar variables 'blandas' tales como el prestigio.

Quisiera sugerir que esto representa la fase más reciente en el proceso a través del cual el capitalismo revoluciona "incesantemente los instrumentos de la producción, es decir el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social". A través de la cuantificación del prestigio, el capitalismo tardío no hace sino dar vuelta sobre su cabeza la relación que la economía clásica sostenía que existía entre conocimiento y dinero. Recordemos que para Mises y Hayek, el sistema de precios consistía en un mecanismo de transmisión de conocimiento; específicamente, de conocimiento sobre el costo de producción de cada producto intercambiado en el mercado. Ahora, la información se transforma en un bien valorado económicamente.

Esto se comprende mejor recordando las categorías elaboradas por Pierre Bourdieu de capital cultural (el conocimiento que se detenta), capital social (los contactos que se tienen, es decir, las personas situadas en posiciones de poder que le conocen y respetan a uno), y capital financiero (el capital financiero con que se cuenta). En principio, cada una de estas formas de capital puede transformarse en cada una de las otras; así, por ejemplo, si tengo conocimiento, podré desarrollar contactos, y así acumular dinero. Lo que hacen los índices de medición de prestigio es apoyarse precisamente en un momento de ese proceso de transformación: en el momento en que se encuentran capital cultural y capital social. Eso es, precisamente, el prestigio; el reconocimiento del conocimiento propio a manos de los situados en posiciones de poder.

Lo que hace la cuantificación del prestigio en la era del capitalismo tardío es, entonces, aceitar la máquina de transformación de capital cultural y capital social en capital financiero. A través de las herramientas de construcción de opinión pública –la opinión pública nunca 'está ahí', siempre es construida y configurada por quien se declara portavoz de ella–, los encargados de la cuantificación del prestigio colocan marcadores en la cabeza de los prestigiosos que a su vez les permiten incrementar el valor de los servicios que transan en el mercado. El capitalismo tardío, a través de la medición del prestigio, facilita ahora la transformación de conocimientos en dinero.
Los abogados han estado siempre insertos en la compleja intersección entre poder y conocimiento. En la Roma clásica, el prestigio recibía el nombre de autoritas y constituía el fundamento del ejercicio de la jurisdicción por parte de juristas privados (a diferencia del ejercicio de la jurisdicción por parte de funcionarios públicos que surge en el derecho romano postclásico y que caracteriza también a las sociedades modernas). Por eso, no es extraño que en el mundo En el caso de los abogados, la cuantificación del prestigio ocurre paradigmáticamente de dos maneras: a través de la elaboración de rankings de los lugares donde se entrenan los abogados, y a través de la elaboración de rankings de los abogados mismos. En ambos casos, Estados Unidos, el país situado a la vanguardia de los procesos de transformación del capitalismo tardío, ha ofrecido los patrones para el desarrollo de estas herramientas de cuantificación del prestigio. En el primer caso, se trata del ranking de escuelas de derecho elaborado por la revista U.S. News; en el segundo caso, del ranking de abogados elaborado por Chambers & Partners.

Es evidente, para cualquiera que se detenga a pensar cuidadosamente, que dichos rankings no cuantifican ni la calidad de la experiencia educacional ni, por ejemplo, la capacidad del abogado de solucionar problemas complejos en circunstancias adversas. Esos criterios, si es que son tomados en cuenta, son sopesados a la luz de otros criterios; específicamente, quién te conoce. Por eso los rankings en cuestión son más bien el equivalente de un infomercial o de un aviso publicitario que de un estudio científico sobre el asunto. Pero eso no es una patología de la medición del prestigio: es precisamente el objetivo buscado.

Lo dicho hasta aquí es meramente descriptivo; fenomenológico, si se quiere. Pero se me ocurren al menos dos problemas normativos de las mediciones del prestigio para quienes estén interesados específicamente en el mundo de los abogados y suscriban la tesis política de que una sociedad en que existan asimetrías significativas de poder es una sociedad injusta.

El primero, respecto a las escuelas de derecho, es que los rankings colaboran en la construcción de un modelo educacional basado en la competencia entre instituciones (el modelo angloamericano), no en la colaboración entre instituciones (el modelo europeo continental). Y eso tiende a favorecer , a su vez, la construcción de jerarquías rígidas entre egresados de unas instituciones y de otras.

El segundo, respecto a los rankings de abogados, es que ellos no solamente sirven de plataformas económicas para los favorecidos por ellas. También les confieren poder político, al trasformarles en 'expertos' en las áreas en las cuales han sido favorecidos. Y lo más probable, en sociedades como la nuestra donde la élite se encierra en ghettos educacionales y urbanos que le aíslan del resto de la sociedad, es que los favorecidos por los rankings sean personas cuya que defiendan las asimetrías significativas de poder. Por supuesto, las defenderán con argumentos inteligentes; por algo son premiados con el reconocimiento de sus pares sociales, que les proclamarán a ellos, sus 'intelectuales orgánicos', como los 'expertos' en sus respectivas áreas. Pero ya hemos visto adonde nos conduce aquello.

En definitiva, la construcción de rankings de prestigio tiene consecuencias sociales y políticas que una persona de convicciones igualitarias debe exponer y criticar.

11 noviembre, 2014

Por qué los ricos no suelen ir a la cárcel (y los pobres sí)

Sería un error aseverar que la noticia del día es que John O'Reilly no irá a la cárcel. El error provendría de que, tal como el perro que muerde a un hombre, no hay noticia en que un rico no vaya a la cárcel. La noticia sería justamente la inversa; que un hombre muerda a un perro, que un rico vaya a la cárcel, o que un pobre no vaya a la cárcel. Cosas así.

Ahora bien, lo que sí podría ser novedoso –aunque, quizás, no tan cautivante como para ser noticia– sería sugerir que esto no se debe a fallas del sistema, es decir a las 'redes de poder' que protegen a los ricos, sino a que el sistema funciona de manera perfecta. Es decir, que el sistema está 'diseñado' de tal manera que lo más probable es que envíe a los pobres a la cárcel y no envíe a los ricos a la cárcel. Y no porque, como diría alguien desde la desnuda denuncia, el derecho sea nada más que un instrumento de opresión de clase a manos de la burguesía. El problema es más complejo, y deriva de las ambigüedades del liberalismo; específicamente, en este caso, como teoría del merecimiento y de la contención del poder estatal. El liberalismo y sus sucesivos desarrollos históricos permea profundamente nuestras instituciones; este no será el lugar para hacer un recuento de dicha influencia, tan sólo para analizar brevemente la sugerencia de que el liberalismo hace probable que los pobres vayan a la cárcel y los ricos, no.

En primer lugar, el liberalismo es una teoría del merecimiento; es decir, una teoría sobre los bienes y males que corresponden a cada quien, que cada quien merece. El liberalismo sostiene que, además de la presencia de ciertos derechos naturales o esenciales, el ámbito de lo debido a cada quien está determinado por lo que cada quien hace o deja de hacer. De hecho, muchos de esos derechos naturales del liberalismo corresponden al derecho a ser tratado como un individuo cuya suerte depende de aquello que el mismo individuo haga; así ocurre, por ejemplo, con el derecho natural a la propiedad.

El resultado de esta concepción del merecimiento impacta en la concepción liberal de la responsabilidad penal. El liberalismo es, en ese sentido, fundamentalmente una teoría sobre el castigo penal como respuesta moralmente necesaria a la acción indebida del individuo. Las teorías clásicamente liberales, desde esta perspectiva, son aquellas que enfatizan que el individuo tiene un derecho, figurativamente hablando, a ser castigado, porque es la única forma de tratarlo como un individuo autónomo. El contraste aquí es, por cierto, con una concepción del derecho penal que, de una forma u otra, no dependa de la acción presuntamente libre del individuo. El liberalismo en materia penal se encuentra en su mejor momento criticando aquellas concepciones del derecho penal que giran, por ejemplo, en torno a la peligrosidad de los sujetos en lugar de su conducta autónoma.

Como consecuencia de ello, el liberalismo castiga al culpable, y castiga doblemente al reincidente, pues su acción es más culpable todavía. Esto tiene una consecuencia práctica respecto del delincuente pobre, cuyos delitos –'libres', sin duda, tan 'libres' como cualquier otra acción humana, lo que para perspectivas deterministas significa muy poco, desde luego– suelen derivar de una situación absoluta de carencia o relativa de pobreza.

En segundo lugar, el liberalismo es una teoría de la contención del poder estatal. El liberalismo busca evitar todo lo posible el uso del poder punitivo del Estado. Esto significa, particularmente, que el liberalismo incorpora como elemento central de su teoría penal la existencia de numerosos mecanismos que buscan evitar la cárcel. Entre ellos, la posibilidad para personas que delinquen por primera vez de ser graciosamente dispensados de la cárcel. Como los ricos tienden a cometer delitos circunstanciales, tales como atropellar en una ocasión a alguien en estado de ebriedad, u otros continuos pero que suelen cesar la primera vez que son descubiertos, como abusar sexualmente de otros o estafarles, los ricos suelen no ser reincidentes. En consecuencia, suelen salir libres incluso cuando son condenados.

El punto aquí no es, por cierto, tratar de lograr una garantía de que el rico vaya la cárcel. El punto es que es necesario cuestionar una teoría como el liberalismo que suponga el castigo penal como elemento necesario. Si el problema es evitar la delincuencia, comentábamos hoy con algunos colegas, sería más eficiente y más humano pagar para evitar la delincuencia. Gran parte de los delitos cometidos por quienes terminan efectivamente llegando a la cárcel –porque, como hemos visto, delinquen reiteradamente debido a la pobreza o la desigualdad– se solucionarían con el pago de un ingreso mínimo familiar, obtenido a través del ahorro logrado por cerrar las cárceles (el gasto por individuo encarcelado es altísimo, incluso en un país con pésimos servicios carcelarios como Chile). Ese tipo de propuestas, sin embargo, suponen superar el paradigma liberal de la responsabilidad individual.

08 septiembre, 2014

Pensiones de gracia para las víctimas del bombazo (y seguridad social para todos)

La noticia del ataque bomba en la estación Escuela Militar es lamentable. No sólo por las eventuales implicancias políticas del asunto, sino también por la dimensión humanitaria del asunto. La prensa informa que las víctimas incluyen trabajadores y trabajadores. Hombres y mujeres humildes que, en algunos casos, se han visto en la necesidad de trabajar incluso tras haberse pensionado. Personas que dependen de su sudor cotidiano para llevar pan a sus mesas.

La situación de estas víctimas no es, en consecuencia, únicamente funesta desde un punto de vista de su estado de salud. Asumamos que sobrevivirán. Asumamos que la atención médica que han recibido será gratuita. ¿Qué será de estas víctimas cuando se recuperen? En al menos un caso, una trabajadora ha perdido varios dedos de una mano. En todos los casos, es esperable que las víctimas sufran de estrés postraumático, lo que a su vez produce consecuencias invalidantes. Es altamente plausible que estas trabajadoras y trabajadores no puedan seguir trabajando duramente, como lo hacían antes, para mantener a sus familias.

No hay forma, lamentablemente, de volver atrás. La pregunta es si hay forma de reparar el daño causado. Entre las varias posibles, en este blog resulta de particular interés una. La Presidenta de la República tiene la atribución constitucional de conceder "pensiones de gracia, con arreglo a las leyes" (artículo 32 Nº 11, Constitución Política de la República). La Ley Nº 18.056, de 1981, reglamenta el ejercicio de esta potestad, estableciendo que podrán ser beneficiarios de este beneficio "[l]as personas afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión". La Presidenta podría ejercer esta atribución gubernativa suya en beneficio de las víctimas del bombazo, concediéndoles una pensión de gracia por la circunstancia extraordinaria de haber sido víctimas de un ataque terrorista. No me cabe duda de que prácticamente la totalidad de los chilenos estará de acuerdo en la conveniencia de concederle una pensión de gracia a estas víctimas a fin de contribuir a reparar esta triste contingencia.

Ahora bien, llegados a este punto, es conveniente que hagamos una pausa. El triste suceso que ha afectado a las víctimas del bombazo, desde cierto punto de vista, se asemeja a otras circunstancias de ocurrencia bastante más habitual en las vidas de los chilenos. Numerosas enfermedades y accidentes suelen resultar en la invalidez total o parcial de sus víctimas. Las contingencias en la vida son muchas, y son más frecuentes de lo que quisiéramos creer.

La Presidenta tiene, en esta materia, otra importante atribución. Ella es la única, en virtud del artículo 65 Nº 6 de la Constitución, que puede presentar proyectos de ley en materia de seguridad social. De acuerdo al artículo 19 Nº 18, por su parte, estos proyectos de ley requieren para ser aprobados del voto favorable de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio (en otras palabras, se trata de leyes de quórum calificado). La Presidenta, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, podría no sólo conceder una pensión de gracia para las víctimas. Usando el sufrimiento de ellas como espejo del sufrimiento de millones de trabajadoras y trabajadores que se esfuerzan toda su vida para terminar ganando pensiones miserables –como era precisamente el caso de algunas de las víctimas–, y convocando tanto a los parlamentarios de su coalición como a independientes y algunos opositores, la Presidenta podría formular un proyecto de ley que reforme y dignifique nuestro sistema de pensiones, logrando su aprobación. Incluso podría insertar ese proyecto en el contexto de la Reforma Tributaria. Los cálculos presupuestarios para lograrlo están; la atribución constitucional está; las mayorías parlamentarias están. Sólo hace falta la voluntad política para hacerlo.