03 diciembre, 2014

El problema con los rankings de "prestigio"

Una de las características culturales de la sociedad capitalista tardía, inmersa en procesos de comodificación del conocimiento, es la construcción de indicadores que permiten cuantificar variables 'blandas' tales como el prestigio.

Quisiera sugerir que esto representa la fase más reciente en el proceso a través del cual el capitalismo revoluciona "incesantemente los instrumentos de la producción, es decir el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social". A través de la cuantificación del prestigio, el capitalismo tardío no hace sino dar vuelta sobre su cabeza la relación que la economía clásica sostenía que existía entre conocimiento y dinero. Recordemos que para Mises y Hayek, el sistema de precios consistía en un mecanismo de transmisión de conocimiento; específicamente, de conocimiento sobre el costo de producción de cada producto intercambiado en el mercado. Ahora, la información se transforma en un bien valorado económicamente.

Esto se comprende mejor recordando las categorías elaboradas por Pierre Bourdieu de capital cultural (el conocimiento que se detenta), capital social (los contactos que se tienen, es decir, las personas situadas en posiciones de poder que le conocen y respetan a uno), y capital financiero (el capital financiero con que se cuenta). En principio, cada una de estas formas de capital puede transformarse en cada una de las otras; así, por ejemplo, si tengo conocimiento, podré desarrollar contactos, y así acumular dinero. Lo que hacen los índices de medición de prestigio es apoyarse precisamente en un momento de ese proceso de transformación: en el momento en que se encuentran capital cultural y capital social. Eso es, precisamente, el prestigio; el reconocimiento del conocimiento propio a manos de los situados en posiciones de poder.

Lo que hace la cuantificación del prestigio en la era del capitalismo tardío es, entonces, aceitar la máquina de transformación de capital cultural y capital social en capital financiero. A través de las herramientas de construcción de opinión pública –la opinión pública nunca 'está ahí', siempre es construida y configurada por quien se declara portavoz de ella–, los encargados de la cuantificación del prestigio colocan marcadores en la cabeza de los prestigiosos que a su vez les permiten incrementar el valor de los servicios que transan en el mercado. El capitalismo tardío, a través de la medición del prestigio, facilita ahora la transformación de conocimientos en dinero.
Los abogados han estado siempre insertos en la compleja intersección entre poder y conocimiento. En la Roma clásica, el prestigio recibía el nombre de autoritas y constituía el fundamento del ejercicio de la jurisdicción por parte de juristas privados (a diferencia del ejercicio de la jurisdicción por parte de funcionarios públicos que surge en el derecho romano postclásico y que caracteriza también a las sociedades modernas). Por eso, no es extraño que en el mundo En el caso de los abogados, la cuantificación del prestigio ocurre paradigmáticamente de dos maneras: a través de la elaboración de rankings de los lugares donde se entrenan los abogados, y a través de la elaboración de rankings de los abogados mismos. En ambos casos, Estados Unidos, el país situado a la vanguardia de los procesos de transformación del capitalismo tardío, ha ofrecido los patrones para el desarrollo de estas herramientas de cuantificación del prestigio. En el primer caso, se trata del ranking de escuelas de derecho elaborado por la revista U.S. News; en el segundo caso, del ranking de abogados elaborado por Chambers & Partners.

Es evidente, para cualquiera que se detenga a pensar cuidadosamente, que dichos rankings no cuantifican ni la calidad de la experiencia educacional ni, por ejemplo, la capacidad del abogado de solucionar problemas complejos en circunstancias adversas. Esos criterios, si es que son tomados en cuenta, son sopesados a la luz de otros criterios; específicamente, quién te conoce. Por eso los rankings en cuestión son más bien el equivalente de un infomercial o de un aviso publicitario que de un estudio científico sobre el asunto. Pero eso no es una patología de la medición del prestigio: es precisamente el objetivo buscado.

Lo dicho hasta aquí es meramente descriptivo; fenomenológico, si se quiere. Pero se me ocurren al menos dos problemas normativos de las mediciones del prestigio para quienes estén interesados específicamente en el mundo de los abogados y suscriban la tesis política de que una sociedad en que existan asimetrías significativas de poder es una sociedad injusta.

El primero, respecto a las escuelas de derecho, es que los rankings colaboran en la construcción de un modelo educacional basado en la competencia entre instituciones (el modelo angloamericano), no en la colaboración entre instituciones (el modelo europeo continental). Y eso tiende a favorecer , a su vez, la construcción de jerarquías rígidas entre egresados de unas instituciones y de otras.

El segundo, respecto a los rankings de abogados, es que ellos no solamente sirven de plataformas económicas para los favorecidos por ellas. También les confieren poder político, al trasformarles en 'expertos' en las áreas en las cuales han sido favorecidos. Y lo más probable, en sociedades como la nuestra donde la élite se encierra en ghettos educacionales y urbanos que le aíslan del resto de la sociedad, es que los favorecidos por los rankings sean personas cuya que defiendan las asimetrías significativas de poder. Por supuesto, las defenderán con argumentos inteligentes; por algo son premiados con el reconocimiento de sus pares sociales, que les proclamarán a ellos, sus 'intelectuales orgánicos', como los 'expertos' en sus respectivas áreas. Pero ya hemos visto adonde nos conduce aquello.

En definitiva, la construcción de rankings de prestigio tiene consecuencias sociales y políticas que una persona de convicciones igualitarias debe exponer y criticar.

11 noviembre, 2014

Por qué los ricos no suelen ir a la cárcel (y los pobres sí)

Sería un error aseverar que la noticia del día es que John O'Reilly no irá a la cárcel. El error provendría de que, tal como el perro que muerde a un hombre, no hay noticia en que un rico no vaya a la cárcel. La noticia sería justamente la inversa; que un hombre muerda a un perro, que un rico vaya a la cárcel, o que un pobre no vaya a la cárcel. Cosas así.

Ahora bien, lo que sí podría ser novedoso –aunque, quizás, no tan cautivante como para ser noticia– sería sugerir que esto no se debe a fallas del sistema, es decir a las 'redes de poder' que protegen a los ricos, sino a que el sistema funciona de manera perfecta. Es decir, que el sistema está 'diseñado' de tal manera que lo más probable es que envíe a los pobres a la cárcel y no envíe a los ricos a la cárcel. Y no porque, como diría alguien desde la desnuda denuncia, el derecho sea nada más que un instrumento de opresión de clase a manos de la burguesía. El problema es más complejo, y deriva de las ambigüedades del liberalismo; específicamente, en este caso, como teoría del merecimiento y de la contención del poder estatal. El liberalismo y sus sucesivos desarrollos históricos permea profundamente nuestras instituciones; este no será el lugar para hacer un recuento de dicha influencia, tan sólo para analizar brevemente la sugerencia de que el liberalismo hace probable que los pobres vayan a la cárcel y los ricos, no.

En primer lugar, el liberalismo es una teoría del merecimiento; es decir, una teoría sobre los bienes y males que corresponden a cada quien, que cada quien merece. El liberalismo sostiene que, además de la presencia de ciertos derechos naturales o esenciales, el ámbito de lo debido a cada quien está determinado por lo que cada quien hace o deja de hacer. De hecho, muchos de esos derechos naturales del liberalismo corresponden al derecho a ser tratado como un individuo cuya suerte depende de aquello que el mismo individuo haga; así ocurre, por ejemplo, con el derecho natural a la propiedad.

El resultado de esta concepción del merecimiento impacta en la concepción liberal de la responsabilidad penal. El liberalismo es, en ese sentido, fundamentalmente una teoría sobre el castigo penal como respuesta moralmente necesaria a la acción indebida del individuo. Las teorías clásicamente liberales, desde esta perspectiva, son aquellas que enfatizan que el individuo tiene un derecho, figurativamente hablando, a ser castigado, porque es la única forma de tratarlo como un individuo autónomo. El contraste aquí es, por cierto, con una concepción del derecho penal que, de una forma u otra, no dependa de la acción presuntamente libre del individuo. El liberalismo en materia penal se encuentra en su mejor momento criticando aquellas concepciones del derecho penal que giran, por ejemplo, en torno a la peligrosidad de los sujetos en lugar de su conducta autónoma.

Como consecuencia de ello, el liberalismo castiga al culpable, y castiga doblemente al reincidente, pues su acción es más culpable todavía. Esto tiene una consecuencia práctica respecto del delincuente pobre, cuyos delitos –'libres', sin duda, tan 'libres' como cualquier otra acción humana, lo que para perspectivas deterministas significa muy poco, desde luego– suelen derivar de una situación absoluta de carencia o relativa de pobreza.

En segundo lugar, el liberalismo es una teoría de la contención del poder estatal. El liberalismo busca evitar todo lo posible el uso del poder punitivo del Estado. Esto significa, particularmente, que el liberalismo incorpora como elemento central de su teoría penal la existencia de numerosos mecanismos que buscan evitar la cárcel. Entre ellos, la posibilidad para personas que delinquen por primera vez de ser graciosamente dispensados de la cárcel. Como los ricos tienden a cometer delitos circunstanciales, tales como atropellar en una ocasión a alguien en estado de ebriedad, u otros continuos pero que suelen cesar la primera vez que son descubiertos, como abusar sexualmente de otros o estafarles, los ricos suelen no ser reincidentes. En consecuencia, suelen salir libres incluso cuando son condenados.

El punto aquí no es, por cierto, tratar de lograr una garantía de que el rico vaya la cárcel. El punto es que es necesario cuestionar una teoría como el liberalismo que suponga el castigo penal como elemento necesario. Si el problema es evitar la delincuencia, comentábamos hoy con algunos colegas, sería más eficiente y más humano pagar para evitar la delincuencia. Gran parte de los delitos cometidos por quienes terminan efectivamente llegando a la cárcel –porque, como hemos visto, delinquen reiteradamente debido a la pobreza o la desigualdad– se solucionarían con el pago de un ingreso mínimo familiar, obtenido a través del ahorro logrado por cerrar las cárceles (el gasto por individuo encarcelado es altísimo, incluso en un país con pésimos servicios carcelarios como Chile). Ese tipo de propuestas, sin embargo, suponen superar el paradigma liberal de la responsabilidad individual.

08 setiembre, 2014

Pensiones de gracia para las víctimas del bombazo (y seguridad social para todos)

La noticia del ataque bomba en la estación Escuela Militar es lamentable. No sólo por las eventuales implicancias políticas del asunto, sino también por la dimensión humanitaria del asunto. La prensa informa que las víctimas incluyen trabajadores y trabajadores. Hombres y mujeres humildes que, en algunos casos, se han visto en la necesidad de trabajar incluso tras haberse pensionado. Personas que dependen de su sudor cotidiano para llevar pan a sus mesas.

La situación de estas víctimas no es, en consecuencia, únicamente funesta desde un punto de vista de su estado de salud. Asumamos que sobrevivirán. Asumamos que la atención médica que han recibido será gratuita. ¿Qué será de estas víctimas cuando se recuperen? En al menos un caso, una trabajadora ha perdido varios dedos de una mano. En todos los casos, es esperable que las víctimas sufran de estrés postraumático, lo que a su vez produce consecuencias invalidantes. Es altamente plausible que estas trabajadoras y trabajadores no puedan seguir trabajando duramente, como lo hacían antes, para mantener a sus familias.

No hay forma, lamentablemente, de volver atrás. La pregunta es si hay forma de reparar el daño causado. Entre las varias posibles, en este blog resulta de particular interés una. La Presidenta de la República tiene la atribución constitucional de conceder "pensiones de gracia, con arreglo a las leyes" (artículo 32 Nº 11, Constitución Política de la República). La Ley Nº 18.056, de 1981, reglamenta el ejercicio de esta potestad, estableciendo que podrán ser beneficiarios de este beneficio "[l]as personas afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión". La Presidenta podría ejercer esta atribución gubernativa suya en beneficio de las víctimas del bombazo, concediéndoles una pensión de gracia por la circunstancia extraordinaria de haber sido víctimas de un ataque terrorista. No me cabe duda de que prácticamente la totalidad de los chilenos estará de acuerdo en la conveniencia de concederle una pensión de gracia a estas víctimas a fin de contribuir a reparar esta triste contingencia.

Ahora bien, llegados a este punto, es conveniente que hagamos una pausa. El triste suceso que ha afectado a las víctimas del bombazo, desde cierto punto de vista, se asemeja a otras circunstancias de ocurrencia bastante más habitual en las vidas de los chilenos. Numerosas enfermedades y accidentes suelen resultar en la invalidez total o parcial de sus víctimas. Las contingencias en la vida son muchas, y son más frecuentes de lo que quisiéramos creer.

La Presidenta tiene, en esta materia, otra importante atribución. Ella es la única, en virtud del artículo 65 Nº 6 de la Constitución, que puede presentar proyectos de ley en materia de seguridad social. De acuerdo al artículo 19 Nº 18, por su parte, estos proyectos de ley requieren para ser aprobados del voto favorable de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio (en otras palabras, se trata de leyes de quórum calificado). La Presidenta, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, podría no sólo conceder una pensión de gracia para las víctimas. Usando el sufrimiento de ellas como espejo del sufrimiento de millones de trabajadoras y trabajadores que se esfuerzan toda su vida para terminar ganando pensiones miserables –como era precisamente el caso de algunas de las víctimas–, y convocando tanto a los parlamentarios de su coalición como a independientes y algunos opositores, la Presidenta podría formular un proyecto de ley que reforme y dignifique nuestro sistema de pensiones, logrando su aprobación. Incluso podría insertar ese proyecto en el contexto de la Reforma Tributaria. Los cálculos presupuestarios para lograrlo están; la atribución constitucional está; las mayorías parlamentarias están. Sólo hace falta la voluntad política para hacerlo.

06 setiembre, 2014

¿Ex prisioneros de Guantánamo en Chile?

La prensa informa que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha solicitado a nuestra Cancillería que Chile reciba a prisioneros capturados por dicho país durante sus incursiones militares y retenidos durante más de una década en Guantánamo. Esto, con el propósito de cerrar dicho recinto carcelario.
No debemos permitir que las apariencias determinen nuestra respuesta ante esta noticia. Como han señalado numerosas organizaciones de derechos humanos, incluyendo algunas establecidas en Estados Unidos mismo, todo indica que la mayor parte de los prisioneros en Guantánamo, particularmente aquellos que vendrían a Chile, han recibido un trato absolutamente injusto: no se trata de "terroristas de Al Qaeda", sino que de personas inocentes capturadas por una potencia militar invasora.
Esto se explica por patrones institicionales bastante extendidos en el caso de Estados Unidos. Dicha nación, como nos lo recuerdan las tristes noticias sobre muertes de jóvenes afroamericanos a manos de vigilantes y policías, sigue siendo un país cuyas instituciones reflejan prejuicios racial y étnicamente cargados. La condición de haber sido prisionero de guerra de un país de esas características no sugieren que las acusaciones formuladas por el mismo sean plausibles. Incluso más, que tras diez años el Departamento de Estado norteamericano no haya logrado reunir los antecedentes probatorios para condenar a los prisioneros de Guantánamo, sugiere más bien que se trata de personas inocentes, sin vínculos creíbles con Al Qaeda.
Ahora bien, incluso si se tratara de personas que tuvieron algún vínculo con dicha organización (lo que para el Departamento de Estado significa cualquier cosa, incluyendo haber provisto de alimentos y refugio a miembros de Al Qaeda), diez años de cárcel y tortura son suficiente castigo. Ya liberados, y dado que Estados Unidos no tiene intenciones de autorizarles a regresar a su patria, estos ex prisioneros tienen derecho a ser recibidos en algún país que los acoja. Un país que les enseñe que el discurso del Estado de Derecho y los derechos fundamentales sí pueden ser una realidad. Quisiera creer que Chile es ese país.
La institución del asilo político, hoy parte central del derecho internacional humanitario, se origina en la práctica sudamericana durante el siglo XIX de dar un refugio a extranjeros perseguidos por "razones de Estado". Chile, que si bien vivía sus propios procesos internos de aplastamiento violento de la disidencia, supo entregarle a otros el asilo contra la opresión tan deseado. ¿Estaremos hoy a la altura de nuestros antecesores? Inshallah.

03 setiembre, 2014

¿El que paga, manda? Gasto electoral y poder político

Por fin pareciera ser que está empezando la discusión política de verdad en Chile. Esto, no como fruto del azar ni de la inevitabilidad, sino de la propia política. Los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic han propuesto una indicación al proyecto de ley sobre reforma electoral que busca establecer la publicidad de las donaciones. Por su parte, el diputado Gabriel Boric ha llamado la atención sobre el hecho de que empresarios como Julio Ponce Lerou han canalizado sus contribuciones financieras mediante el mecanismo de aportes reservados, cuestionando al mismo tiempo el financiamiento que los grandes empresarios entregan a la política.

A ellos les ha respondido Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos, (institución, por cierto, que refleja ella misma la vinculación entre empresariado y política), argumentando que “las empresas tradicionalmente han aportado a la política”, hecho que estaría justificado en virtud de “principios asociados a la libertad de expresión y al derecho de asociación”. Con ello, Sierra plantea la discusión en términos de derechos constitucionales.

En esta columna responderé al argumento que subyace a la afirmación de Sierra. Pero, antes de abordar la discusión sobre derechos constitucionales, me interesa decir algo sobre otro asunto íntimamente relacionado; específicamente, sobre la forma de gobierno involucrada en esta discusión. Mi afirmación es la siguiente: en sociedades económicamente desiguales, permitir el gasto privado en elecciones corroe el carácter democrático de la forma de gobierno.

Esta afirmación presupone entender a la democracia como la institucionalización de la igualdad política; esto es, de la igual participación de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad política en la toma de decisiones respecto a la propia comunidad. Ahora bien, allí donde los recursos económicos están distribuidos de manera desigual, el gasto privado en política transforma a los gobiernos en algo que habría que denominar plutocracia; esto es, un sistema donde la participación e incidencia de cada quien en las decisiones colectivas depende del dinero que cada quien tenga.

Muchos factores explican que, en una sociedad económicamente desigual, el gasto privado en política transforme a la democracia en plutocracia. Por un lado, quien gasta más que sus competidores tiene más probabilidades de resultar electo. Por otro lado, otros estudios aseveran que, en el ejercicio de su función legislativa, los parlamentarios asignan más importancia a la opinión de sus votantes más ricos, mientras la opinión de sus votantes más pobres les resulta irrelevante (Bartels 2008, p. 253 ss).

En una sociedad económicamente desigual, permitir el gasto privado en política genera desigualdad política (así como permitir el gasto privado en educación genera desigualdad educacional). En tales circunstancias, los que tengan más tendrán más poder de decisión, con lo cual el principio que estructurará el modo y forma de la unidad estatal no será la igualdad política sino el adagio según el cual “el que paga, manda”. El que tiene más, no sólo habla sino que grita más fuerte, acallando la voz de los demás.

Ahora bien, las terribles conclusiones del párrafo anterior son ciertas incluso si sólo se permite el gasto individual en política. Permitir el gasto de las empresas en política, por su parte, multiplica varias veces el efecto desigualador del dinero. Las empresas suelen disponer de sumas para gastar cientos, miles, o millones de veces más elevadas que aquellas con las que cuentan los individuos. En términos del impacto sobre la forma de gobierno, permitir el gasto electoral de las empresas empeora un problema que ya existía. Pero, como veremos a continuación, logran este resultado con peores argumentos de los que tienen los individuos desde el punto de vista de los derechos constitucionales.

Pasemos, en consecuencia, a la discusión sobre derechos. La afirmación según la cual el gasto privado, incluido el gasto de las empresas, debe estar permitido, se origina en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual lo construyó en dos pasos. El primer paso consistió en afirmar de que el gasto electoral de los individuos constituye una forma de expresión que debe gozar de reconocimiento y protección. La Corte sostuvo esta tesis en su sentencia Buckey v. Valeo (1973), donde en virtud de esta argumentación declaró inconstitucional diversas medidas adoptadas por el Congreso, incluyendo el límite al gasto electoral de los candidatos en sus propias campañas, el límite al gasto electoral total que cada candidato podía realizar en su campaña (incluyendo su propio gasto y los aportes de terceros). La Corte dio el segundo paso en su sentencia Citizens United v. Federal Election Commission (2010), donde declaró que las empresas gozaban de libertad de expresión, por lo cual no se les podía prohibir financiar campañas de advocacy durante el período electoral (el aporte directo de empresas a campañas electorales, cabe observar, sigue estando prohibido en Estados Unidos).

A través de estas sentencias, la Corte Suprema de Estados Unidos le hizo un grave daño a la democracia de su propio país. El resultado es que el factor más determinante de cada elección es con cuánto dinero cuenta cada candidato. A su vez, esto se traduce en una distorsión del trabajo político mismo. ¿Sabía usted que los parlamentarios norteamericanos le dedican cuatro horas del día a realizar llamadas telefónicas a potenciales donantes? Pero también cometió graves errores de razonamiento en materia de derechos constitucionales.

La aseveración fáctica de Buckley (el gasto es una forma de expresión) es, por supuesto, cierta. Gastar dinero posibilita expresarse políticamente, y a través de ello, posibilita influir políticamente. Pero así como eso es cierto, también es cierto que gastar más posibilita influir más. De otra manera, la desigualdad económica carecería de relevancia política. Lo que ocurre es que los jueces que escribieron Buckley actuaron impulsados por la idea de que el derecho constitucional norteamericano en materia de libertad de expresión impide limitar la expresión de algunos para facilitar la expresión de otros. Esa afirmación normativa es discutible; Owen Fiss ha argumentado justamente lo contrario. Ahora, incluso si ella fuera cierta respecto de Estados Unidos, no lo es respecto de Chile. En nuestro derecho constitucional es más razonable concluir que el derecho de cada quien está intrínsecamente limitado por la vigencia efectiva de los derechos de otros, una idea que el texto de la Constitución Política de la República consagra en su Artículo 1º proclamando el “derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

Por su parte, el argumento de Citizens United (las empresas gozan de libertad de expresión política) es patentemente falso. Los individuos tienen derecho a asociarse, y en virtud de su derecho de asociación pueden congregarse en diversas formas organizativas. Lo que ocurre es que cada forma organizativa tiene, como diría nuestro texto constitucional también en su Artículo 1º, “sus propios fines específicos”. En Chile como en Estados Unidos, el fin específico de una empresa es la explotación de su giro comercial, mientras que el fin de una asociación política es promover los puntos de vista de sus asociados. Así como los partidos políticos tienen ciertas prohibiciones (por ejemplo, en nuestra Constitución no pueden ser sostenedoras de establecimientos educacionales), así también las empresas pueden legítimamente verse impedidas de entrar en ciertos ámbitos, tales como la comunicación política. Lo que importa es que dicha prohibición a la comunicación política empresarial (que, desde el punto de vista del derecho de asociación mismo, es sencillamente una limitación) sea idónea para alcanzar un fin constitucionalmente relevante. En este caso, el fin constitucionalmente relevante consiste en la limitación de las consecuencias plutocráticas del gasto electoral privado.

Esta última observación nos recuerda cuál es la raíz del problema. Permitir el gasto electoral privado privatiza esta dimensión de la vida pública. Lo único compatible con una democracia es la prohibición del gasto privado, y el financiamiento de la política a través del gasto público. Los argumentos de rigor de los enemigos de lo público son, por supuesto, previsibles. Lo que importa es recordar siempre qué los nutre: su convicción de que quien paga, debe tener derecho a mandar.

02 setiembre, 2014

(Constitucionalistas Que) Quieren Dinero

"Es mentira, eso del amor al arte; no es tan cierto, eso de la vocación". Así cantaban Los Prisioneros en una ácida composición que retrataba la verdadera motivación que, a su juicio, inspira a muchos. "Quieren dinero", aseveraban.

La noticia de la semana pareciera ser que el dichoso dinero genera movimientos también entre quienes se dedican al derecho constitucional. Por un lado, la prensa informa que el cambio de mando en la Presidencia del Tribunal Constitucional entre Carlos Carmona y Marisol Peña se ha visto empañado debido al intento de aquella de conseguir una indemnización de 15 millones de pesos para su jefa de gabinete, cargo que, como en toda institución, es de confianza exclusiva y por lo tanto el cese en funciones no supone indemnización (a ningún Ministro, por ejemplo, se le indemniza cuando deja su cargo por orden del Presidente de la República).

El otro caso ya lleva varios días en la prensa. La bancada de diputados de la UDI ha denunciado que cuatro destacados profesores de derecho constitucional han recibido honorarios, a cambio de asesorías por la reforma tributaria, que mensualmente excedían el sueldo del Subsecretario respectivo, lo cual contraría un instructivo precisamente del Ministerio de Hacienda en relación al máximo que cualquier asesor puede cobrar en una repartición pública. Hacienda respondió que dicho instructivo no era aplicable a asesorías puntuales, como ocurrió en este caso, sino a los sueldos de asesores contratados permanentemente. El argumento no es muy convincente, pues una persona que se desempeñe en funciones permanentes no debiera estar a honorarios, pero bueno.

Ahora bien, al momento de analizar esta noticia, hay que tomar en consideración el contexto. Cobrar ocho millones de pesos por una asesoría no es algo descomunal en el mercado de los servicios jurídicos profesionales. Eso, y más, es lo que cobran los abogados por informes en derecho. Desde luego, en muchos casos pareciera ser que más que la sustancia argumentativa, las empresas pagan por la adhesión pública de "juristas destacados"; recordemos el vergonzoso caso de los multimillonarios informes en derecho pagados por Anglo American, empresa que publicitó la contratación de dichos informes a través de insertos aparecidos en la prensa. Pero en principio, que un abogado cobre sumas elevadas por sus servicios profesionales es parte de la realidad (realidad que, por supuesto, debe discutida y cuestionada prospectivamente por quienes tengan una concepción igualitarista, como afirmó Gerald Cohen en este interesante libro).

Entonces, lo realmente problemático, a mi juicio, son cosas que tienen que ver con la incompatibilidad de ciertos roles. Lo primero es una incompatibilidad de carácter profesional; llamémosle de lealtad al cliente. En al menos dos de estos casos, los abogados en cuestión, además de haber colaborado (remuneradamente) en la Reforma Tributaria, han servido como abogados de empresas que han cuestionado la constitucionalidad de reformas importantes del gobierno. En un caso, el constitucionalista en cuestión atacó la constitucionalidad de las reformas en materia de atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor contratado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. En otro caso, el constitucionalista en cuestión atacó la constitucionalidad de la propia Reforma Tributaria en cuya elaboración participó remuneradamente, contratado en esta ocasión por la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes.

Lo segundo, es una incompatibilidad política. En estos dos casos, se trata de militantes de partidos de la Nueva Mayoría: uno, del Partido Demócrata Cristiano, el otro, del Partido Socialista. Ahora, yo no veo problemas en cobrarle al gobierno al cual uno apoya por las funciones laborales o profesionales que uno desempeñe. Desde el Presidente hacia abajo, todos cobran; si no fuera así, sólo los ricos podrían trabajar en el Estado o en política. Pero lo que sí es reprochable es cobrar para atacar al gobierno que uno supuestamente apoya. Uno debiera esperar de militantes de partidos que no se ganen el pan trabajando remuneradamente para quienes se oponen a los proyectos emblemáticos del gobierno respaldado por el partido en el cual militan; máxime, cuando la figuración pública de uno (un factor que seguramente lleva a que a uno lo contraten) depende en gran medida de la cercanía política que uno tiene con el gobierno. Esto linda en el lobbismo.

Por último, esto también supone una discusión sobre los roles que desempeñan los académicos. ¿Qué intereses representan, a través de su producción intelectual, los académicos? Nada que digan, como he señalado en algunos trabajos, es neutral en términos de las relaciones de poder socialmente existentes. Todo lo que digan les sitúa de un lado u otro de la vereda del conflicto social. Una medida para alcanzar, ya que no una imposible neutralidad, al menos una cierta independencia de juicio en la selección de cuáles intereses articularán, consiste en el separar aguas entre su labor académica y su defensa de intereses. Como regla general, al menos, los académicos no debieran ofertar de manera pública y permanente su trabajo como abogados, como profesionales al servicio del mejor postor. Esa es una circunstancia exigida por la profesionalización de la academia, tema al cual he dedicado otro trabajo que acaba de ser publicado.

En resumen, ni los académicos en general, ni los constitucionalistas en particular, son entes etéreos que viven del aire y que carecen de posiciones políticas. Pero, en ese contexto, lo mínimo que les podemos solicitar es consistencia funcional (que escojan a cuál señor servirán, si a la academia políticamente comprometida, o al dinero) y, asimismo, un poco de decoro y sentido de la estética.