Gases lacrimógenos: armas químicas contra la población civil

El 2011 ha estado marcado por un ciclo de movilizaciones y protestas que ha superado todo lo experimentado desde el regreso a la democracia en materia de conflicto social. El regreso del conflicto social no sólo ha significado, como algunos podrían argumentar, el retorno de lo político. También ha implicado el retorno de un elemento que, si bien no del todo ausente durante la Pax Concertacionista, había pasado a un lugar secundario en nuestro imaginario colectivo. Me refiero, por supuesto, a los gases lacrimógenos.

De ser un objeto del recuerdo, una infaltable referencia en las historias de quienes se movilizaron durante los 80’, los gases lacrimógenos han vuelvo a hacer sentir su presencia en las calles de las ciudades chilenas. Es un momento oportuno, por lo tanto, para que reflexionemos sobre este elemento desde la perspectiva de los derechos y las libertades constitucionales y el sometimiento de los órganos del Estado a Derecho. ¿Es conforme a Derecho el uso de gases lacrimógenos por parte del Cuerpo de Carabineros?

Al dar un vistazo a la realidad jurídica, la regulación jurídica del gas lacrimógeno pareciera estar radicada en la actualidad en la Convención sobre Armas Químicas. Dicha regulación está estructurada por la dicotomía guerra/paz que aquel instrumento internacional establece. Así, por un lado, la Convención conceptualiza el gas lacrimógeno como un “agente de represión de disturbios”, y prohíbe su utilización como método de guerra. Por el otro, la propia Convención excluye de su esfera de prohibición el uso de gases lacrimógenos como herramienta de control social. En resumidas cuentas, la Convención prohíbe el uso de gases lacrimógenos contra tropas enemigas en tiempos de guerra, pero permite su uso contra la población civil en tiempos de paz. Sin embargo, el uso de armamento químico contra la población civil vulnera diversos derechos garantizados por nuestro texto constitucional.

Tal como se han dado las cosas, los gases lacrimógenos han sido utilizados por las fuerzas de Carabineros para enfrentar movilizaciones y protestas ciudadanas realizadas con el propósito de criticar diversos aspectos del orden social actual. No se ha tratado, por ejemplo, de saqueos o de enfrentamientos entre facciones beligerantes. En este contexto, la certeza que tiene quien concurre a dichas movilizaciones de que se expone al uso de armamento químico por parte de las fuerzas policiales constituye una perturbación y una amenaza al ejercicio de derechos políticos de quienes se manifiestan, específicamente de su derecho de reunión (Artículo 19 Nº 13, CPR) y de su libertad de expresión (Artículo 19 Nº 12, CPR).

El uso de armas químicas contra la población también afecta el derecho a la integridad física (Artículo 19 Nº 1, CPR). La función de los gases lacrimógenos consiste precisamente en producir dolor en los cuerpos de quienes se ven expuestos a ellos. Por esto, cabría incluso incluirlos dentro de la categoría constitucionalmente prohibida de “apremio ilegítimos”.

La dispersión de este armamento químico en las calles perturba y amenaza además el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación de toda la población (Artículo 19 Nº 8, CPR). Recordemos que los gases lacrimógenos son un contaminante según la definición que nos da de dicho concepto el Artículo 2, d) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente: “todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”.

Peor aún, el Artículo 10 del mismo cuerpo legal dispone que entre las actividades “que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental” se encuentra la “aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas.” El uso de gases lacrimógenos consiste efectivamente en la “aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas”, y sin embargo no ha sido nunca sometido a un estudio de impacto ambiental. Por esto, su utilización por parte de Carabineros de Chile constituye una abierta violación de la ley.

Por último, el uso de gases lacrimógenos constituye también un acto carente de racionalidad; esto es, de idoneidad y proporcionalidad. Carabineros puede y debe intervenir para poner fin actos vandálicos que tengan lugar durante la realización de actividades masivas tales como celebraciones deportivas. Sin embargo, para cumplir dicho fin Carabineros no puede usar medios que no conduzcan a él (es decir, carentes de idoneidad) y cuyas consecuencias gravosas sean sufridas por sectores de la población que no hayan tomado parte en las acciones a las que se busca poner fin (es decir, que carezcan de proporcionalidad). Eso es precisamente lo que pasa cuando Carabineros ocupan gases lacrimógenos: estos gases no necesariamente ponen fin a los actos vandálicos, pero sí necesariamente son sufridos tanto por manifestantes pacíficos como por el resto de la población que habita, trabaja, o circula en las inmediaciones del lugar donde han sido lanzados gases lacrimógenos.

El uso de gases lacrimógenos constituye por lo tanto una actividad inconstitucional, ilegal y arbitraria a la que se le ha de poner fin. Un recurso de protección presentado por mí en la Corte de Apelaciones de Valdivia y un proyecto de ley presentado por diputados del PPD, el PDC, el PS, el PRSD y el PC buscan este fin. Es de esperar, por la plena vigencia de los derechos políticos y las libertades públicas, que dichos esfuerzos prosperen.

¿Derecho a nacer?

¿Tienen los individuos de la especie humana un derecho a nacer? La respuesta afirmativa a esta pregunta (tradicionalmente no formulada) ha fundamentado la postura de los opositores al aborto en la discusión contemporánea. Su formulación y el estudio crítico de sus fundamentos tiene, pues, una alta importancia práctica.

En dicha discusión contemporánea, el empuje social y la fuerza intelectual de la oposición al aborto (y, consiguientemente, de la afirmación del derecho a nacer) ha surgido de la religión cristiana y particularmente del catolicismo. Las confesiones evangélicas ha proporcionado un respaldo enorme a dicha causa en términos de su capacidad de movilización, pero ello ha ido de la mano de fundamentaciones abiertamente teológicas al combate contra el aborto que le resultan incomunicables y por lo tanto inoponibles a quienes estén situados fuera de la experiencia religiosa. El catolicismo, en cambio, ha elaborado una formulación de su lucha contra el aborto que se nutre del discurso sobre derechos característico de la cultura occidental moderna, ejemplificado paradigmáticamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En ello el proyecto católico se muestra heredero de la escolástica, que desde Tomás de Aquino a Francisco Suárez emplea las herramientas conceptuales de la filosofía para defender el dogma en un contexto histórico crecientemente plural; en otras palabras, para reconciliar razón y revelación. Ejemplos de ello son tanto la Encíclica Humanae Vitae, de Paulo VI y la Instrucción Donum Vitae dictada por Joseph Ratzinger desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, como el trabajo intelectual de los filósofos jurídicos John Finnis y Robert George.

El resultado de la reconciliación entre razón y revelación es que el proyecto católico posee justificaciones racionales para asuntos que, dentro de su consistencia interna, tiene una fundamentación última en la fe. Tales justificaciones son aceptables para quienes no suscriban las verdades reveladas en las que el católico cree. Pero que sean aceptables para quien no cree no significa que a éste último le resulten necesarias, como sí ocurre para el católico.

Para el catolicismo, en cuanto sistema de ideas o estructura de creencias, la afirmación del derecho a la vida tiene el carácter de a priori, en el sentido filosófico de esta expresión. Esto, por cuanto desde una cosmovisión católica –que afirma la existencia de Dios, su autoría del universo o Creación, y la condición de la humanidad de especie creada a su imagen y semejanza– la dignidad de la persona y su derecho a la vida son conclusiones necesarias de la tesis o afirmación central de dicha cosmovisión. La existencia de Dios es lo primero; pero de ello se deduce como consecuencia necesaria el derecho a la vida, el cual es por lo tanto racionalmente incontrovertible, y tan sólo explicable. Como consecuencia de esta autoría divina, dichos individuos tienen dignidad, de lo cual se sigue que una vez que cada individuo ha sido configurado (una vez que la carga genética del cigoto está completa) nadie que no sea Dios tiene el derecho moral a ponerle fin (ni siquiera el propio individuo). Por esto tanto el aborto como la eutanasia son moralmente incorrectos; por esto, la pregunta sobre si existe un derecho a nacer no llega a ser formulada.

Quienes eluden la pregunta por la divinidad y su relación con el hombre pueden hacer caso omiso de la afirmación de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, pueden optar por distintas respuestas a la pregunta que el catolicismo responde con esa afirmación: ¿qué hay de valioso en los individuos de la especie humana?

Han existido muchas respuestas a dicha pregunta; quizás la más extendida históricamente es la pertenencia a una comunidad específica, sea esta étnica, religiosa, o política. Dichas respuestas nos son insatisfactorias para los modernos, que podemos percibir la fragilidad de dichas fundamentaciones comunitaristas de la dignidad humana. Aun así, la afirmación de la autoría divina de la humanidad no es la única respuesta que excede los márgenes de una comunidad determinada. También podemos fundamentar aquellos que hay de valioso en los individuos de la especie humana apuntando hacia su capacidad para la autorreflexividad; aquello que Hegel llamaba la conciencia de sí, y que Maturana estudia como autopoiesis. Dicha capacidad es el fundamento de la capacidad humana de someter su entorno a sus propios fines, o techne; y se alimenta de la interconexión y complejidad que a cada individuo le entrega la experiencia colectiva intersubjetiva acumulada en la cultura de las comunidades humanas, en la forma de episteme.

La afirmación de la autorreflexividad humana no reconoce a los individuos de la especie humana un derecho moral a nacer. Les reconoce un interés por nacer, desde luego, pero un interés que debe ser equilibrado con otros intereses tales como la autonomía de la mujer o las políticas de planificación de la natalidad. A su vez, da una fundamentación más intensa a la expectativa del individuo a recibir los estímulos intelectuales y los cuidados corporales que le permitan desarrollar plenamente sus capacidades cognitivas. Dicho en términos más simples pero filosóficamente menos matizados, la autorreflexividad no fundamenta el derecho moral a nacer pero sí fundamenta el derecho moral a recibir educación y salud.

Ministerio de Educación e imperio de la ley

El nuevo Ministro de Educación, Felipe Bulnes, suma a su condición de destacado docente universitario una reconocida gestión como Ministro de Justicia. Todo ello lo hace ser la persona idónea para dar inicio a su gestión de la mejor manera: haciendo cumplir la ley.

Como es sabido, el artículo 53 del texto que refunde la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y la Ley General de Educación establece que las universidades serán siempre corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Sin embargo, es también sabido por la opinión pública que varias universidades han permitido a sus dueños lucrar con la provisión de infraestructura y servicios. Esto ha creado una crisis de credibilidad de la institucionalidad educacional, y consecuentemente de la institucionalidad toda.

Lo bueno es que el mismo cuerpo legislativo nos indica la salida de esta crisis. En su artículo 64, la ley establece que el Ministerio de Educación deberá cancelar la personalidad jurídica y revocará el reconocimiento oficial de aquella universidad que, entre otras causales, haya realizado actividades contrarias al orden público. El concepto jurídico de orden público, como bien sabe el Ministro Bulnes, incluye el respeto estricto a las leyes de la República. Y como bien sabe también el Ministro, dejar sin ejecución las leyes es una causal de acusación constitucional.

Es de esperar, en consecuencia, que el Ministro restablezca la confianza en el sistema de educación superior utilizando las potestades sancionatorias que la ley le encomienda. De otra forma, su gestión podría terminar más temprano y abruptamente de lo que todos deseamos.

Chile: la paradoja de la desigualdad

(Columna originalmente publicada en La Tercera)

¿Qué tienen en común el accidente de los 33 mineros, la mala calidad de la educación a la que acceden los sectores de menos recursos, y el escándalo financiero de La Polar? Que todos estos hechos, que ofenden nuestro sentido de lo correcto, son el resultado de profundas desigualdades entre los chilenos. Sin embargo, y paradojalmente, los chilenos han demostrado de diversas formas ser insensibles a las desigualdades.

La desigualdad de los chilenos

Los dramas de millones de chilenas y chilenos giran en torno a situaciones concretas de desigualdad. Estos dramas son los temas que invariablemente copan la opinión pública: desde la pobreza a la delincuencia, pasando por la calidad de la educación y el acceso a la salud y la vivienda. Todos ellos están relacionados con la desigualdad fundamental de nuestra sociedad: la desigualdad socio-económica.

Chile es, en efecto, una sociedad socio-económicamente desigual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, asociación internacional que agrupa a 34 países altamente desarrollos y que el 2010 aceptara a Chile en su seno, ha calificado a nuestro país como el país más desigual de entre todos sus integrantes, por sobre México y Turquía. Un economista ha graficado la desigualdad de los chilenos sosteniendo que mientras el 10% de los chilenos de mayores ingresos tiene ingresos promedio que superan los de Noruega, el 10% de menores ingresos vive con ingresos promedio peores que Angola.

Consecuentemente, los problemas que acaparan nuestra agenda pública tienen su fuente en la desigualdad social. En algunos casos, esto es tremendamente claro: la pobreza es un resultado directo de la desigualdad, y tanto la pobreza como la desigualdad se ven expresadas en la existencia de sistemas educativos segregados para ricos y pobres. Ahora bien, la desigualdad también ocasiona males sociales cuya relación pareciera ser menos obvia.

Piénsese, por ejemplo, en la delincuencia. En su libro “Inequality, crime, and public policy” (Routledge, 1979), el criminólogo australiano John Braithwaite ha establecido que existe una relación directa entre desigualdad y criminalidad; no sólo en el caso de los crímenes contra la propiedad y la seguridad de las personas cometidos por personas de bajos ingresos, sino también en el caso de la criminalidad de cuello y corbata, la cual se beneficia de la concentración de mucho poder en pocas manos. Esto nos da incluso algunas pistas sobre el caso de La Polar.

Lo mismo ocurre con los problemas de salud pública. En su libro “Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality” (Routledge, 1996), el especialista en salud pública Richard Wilkinson ha mostrado que las desigualdades socio-económicas son una fuente específica de morbilidad o propensión a la enfermedad, independientemente del nivel absoluto de ingresos que tengan las personas; es decir, de su condición de pobreza. La desigualdad socio-económica, junto a temores tales como a perder el trabajo o a sufrir accidentes laborales, constituyen una fuente sicosocial de stress que aumenta las posibilidades de enfermarse. La disolución de los lazos sociales en una sociedad individualista y desigual, adicionalmente, disminuye las redes espontáneas de apoyo y protección con que podrían contar los individuos al enfrentar enfermedades. La afirmación central de Wilkinson es que la expectativa de vida mejora dramáticamente cuando las diferencias en ingreso se reducen y las sociedades están más cohesionadas.

La indolencia ante la desigualdad

Aun cuando la desigualdad es la fuente de tantos malos sociales, ella ha sido poco cuestionada entre nosotros. En algunos casos porque ella yace en el fondo de los problemas que nos aquejan, invisible como un virus que sin embargo deja sentir su presencia. En otros casos, pese a ser evidente, el acostumbramiento a ella nos permite ignorarla. Lo más problemático, en todo caso, es que incluso cuando la desigualdad ha sido identificada la mayoría de los chilenos expresa aceptación ante ella.

Una evidencia de la aceptación de los chilenos ante la desigualdad es la Encuesta del Centro de Estudios Públicos de Noviembre-Diciembre de 2010. Esta consulta incluye la siguiente pregunta: “A su juicio, ¿los ingresos deberían hacerse más iguales o debería incentivarse el esfuerzo individual?”. Las respuestas están ordenadas de 1 a 10 según si la persona prefiere la afirmación “Los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual” o “Debería premiarse el esfuerzo individual aunque se produzcan importantes desigualdades”. El igualitarismo máximo está dado por la opción 1, mientras que el desigualitarismo máximo está dado por la opción 10.

El resultado es que un 42.1% opta por respuestas ubicadas entre el 1 al 5, es decir por respuestas más igualitarias, mientras que un 54.3 % opta por respuestas ubicadas entre el 6 y el 10, esto es más contraigualitarias. Dicho en términos simples, la mayoría de los chilenos prefiere la desigualdad a la igualdad. Pero eso no es todo: de entre quienes optan por la igualdad, el mayor número de ellos (un 22.9%) opta por un igualitarismo moderado, al escoger el punto 5. En cambio, de entre quienes optan por la desigualdad, el mayor número de ellos (un 18.8%) opta por un desigualitarismo radical, al escoger el punto 10. De acuerdo a esta encuesta, debiéramos concluir que Chile es un país que se siente cómodo con su desigualdad.

Detrás de esta aceptación de la desigualdad hay profundos cambios culturales y políticos, los cuales se expresan en el discurso público. Mónica Vargas ha propuesto una interesante forma de comprobar dichos cambios en su trabajo El Cambio de Doxa en Chile: de la Solidaridad al Individualismo Indiferente. Una Lectura desde los Discursos Presidenciales pre y post Dictadura (Emancipação, Vol. 8, 2008). Allí confronta los discursos presidenciales del 21 de mayo de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende con los de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. Los primeros utilizan conceptos tales como “público, expropiar, cooperativa, popular, pueblo, y bienestar de la nación”, todos los cuales hacen alusión a lo colectivo. En cambio, los segundos emplean términos antónimos de los anteriores, esto es “privado, privatizar, subsidio individual, individuo, gente, e intereses de mercado”. Si imaginamos el discurso público como una cancha con la capacidad de desplazarse, entonces no cabe duda que la nuestra se desplazó durante las últimas décadas, figurativamente, hacia la derecha: hacia la aceptación de la desigualdad.

¿Psicoanalálisis de la sociedad contemporánea?

El psicoanálisis ha transformado al síntoma en el eje de una teoría interpretativa del sujeto: el síntoma, una manifestación corpórea anómala y aparentemente irracional, puede ser objeto de interpretación a fin de acceder a aquel pasado traumático que explica y estructura la reacción sintomática. Un psicoanálisis de nuestra sociedad contemporánea nos permitiría ver nuestra aceptación de la desigualdad como un síntoma que lleva inscritos los traumas que la sociedad chilena vivió durante la época en que más intensamente se luchó por la igualdad en nuestro país: la década y media que antecede al Golpe de Estado de 1973. Quizás reformular nuestra paradojal relación con la desigualdad exija confrontarnos con dicho período. Esa tarea, por lo menos para este columnista, quedará para una próxima oportunidad.

Educación superior: más Estado y menos libertades

(Columna originalmente publicada en El Mostrador)

La educación superior en Chile necesita más Estado y menos libertades. Así de simple. Calificar esta afirmación de “ideologizada” no agrega nada; quienes así reaccionan siguen la actitud del chamán de épocas pasadas que pretendía ahuyentar con encantos y conjuros los males que atacaban a su sociedad. En lugar de invocar fantasmas, quienes se oponen a reformas profundas en la educación superior deben hacerse cargo de defender el modelo de educación superior actual: deficitario en términos de los estándares internacionales de gasto público, y que le da la espalda al bien común privilegiando los intereses de unos pocos.

¿Por qué digo que la educación superior en Chile necesita más Estado? Simple: porque actualmente el grueso del gasto en educación superior proviene de las familias. Como lo indica el informe Education at a Glance 2010 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile es el país con mayor gasto privado en educación superior de entre todos los países que integran dicha organización: un 85.6%, que contrasta con el de países como Italia, Portugal, o México (en torno a un 30%).

Ahora bien, para financiar este incremento en el gasto público tendríamos que aumentar la recaudación fiscal; y dado que nuestro impuesto al valor agregado ya es bastante elevado, las alternativas para aumentar la recaudación fiscal son subir los impuestos directos y subir el royalty minero que en la actualidad tiene un tope de 5%. A cualquiera de estas dos últimas posibilidades se van a oponer la derecha y el empresariado; pero lo que usted y yo tenemos que hacer es ignorarlos.

¿Y para qué necesitamos más gasto público en educación superior? ¿Qué vamos a hacer con estos nuevos recursos? Muy simple: aumentar o expandir la cobertura de cada uno de los mecanismos mediante los cuales el Estado contribuye actualmente al financiamiento de la educación superior. Estos mecanismos son el Aporte Fiscal Directo, el Aporte Fiscal Indirecto, los créditos para la educación superior (Fondo Solidario de Crédito Universitario y Crédito con Garantía del Estado), y los recursos concursables de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. De estas fuentes de financiamiento, quisiera detenerme en discutir qué cambios debiera haber en el Aporte Fiscal Directo y por qué.

El Aporte Fiscal Directo (AFD) es un monto entregado anualmente a cada una de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (las así llamadas “universidades tradicionales”). El aporte que recibe cada institución se calcula de la siguiente manera: un 95% corresponde al aporte que el Estado hacía a la universidad en cuestión hasta 1988 y en un 5% mediante indicadores que reflejan la capacidad docente e investigadora de cada institución.

La estructura del AFD, un mecanismo de financiamiento basal, permite a las universidades contar con un ingreso estable en el tiempo, lo cual disminuye el riesgo de transformar las postulaciones a fondos concursables y los aumentos en el número de alumnos o las alzas de aranceles en mecanismos de financiamiento. El AFD, entonces, es fundamental para asegurar la libertad académica de la universidad, sobre todo para que los académicos puedan diseñar sus agendas investigativas con tranquilidad.

Algunos han planteado que el Aporte Fiscal Directo debiera ir sólo a aquellas universidades que sean propiedad del Estado. Eso sería un grave error, ya que privaría de una valiosísima fuente de ingresos a universidades de excelencia como la Universidad Austral o la Universidad de Concepción. En lugar de ello, creo que el monto total del Aporte Fiscal Directo debiera aumentar sideralmente, y expandirse a todas aquellas universidades que no son actualmente parte del consejo de rectores y que se destaquen en actividades de docencia, investigación, y extensión. Así el Estado potenciaría el rol que universidades como la Universidad Diego Portales, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Alberto Hurtado o la Universidad de los Andes, por nombrar a algunas, ya juegan en la actualidad. Con más universidades directamente financiadas por el Estado, todo Chile se beneficiaría.

Pero alguien me podrá responder, ahora desde la otra vereda: ¿porqué habría el Estado de financiar universidades como las no tradicionales que no están sujetas a ningún mecanismo de control o de rendición de cuentas? Pues bien, es precisamente esa objeción la que me lleva a plantear que la educación superior necesita menos libertades.

¿Por qué digo que la educación superior en Chile necesita más Estado? Simple: porque en la actualidad la Constitución garantiza la libertad de enseñanza en los más amplios términos posibles, y las leyes que la complementan reflejan dicha libertad sin límites. Los asesores de la Junta Militar que redactaron la Constitución escribieron que la libertad de enseñanza “no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”, así como “no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”. Ninguna de esas limitaciones impide que haya universidades de mala calidad.

¿Cómo asegurar la calidad de las universidades? Lo primero es consensuar que nadie tiene una especie de derecho natural a abrir universidades, tal como nadie tiene un derecho natural a conducir vehículos motorizados. Abrir y mantener universidades, tal como manejar un camión, es una actividad que involucra la vida de otras personas. Si yo no cumplo los estándares que la sociedad fija para realizar cualquiera de estas actividades la sociedad tiene todo el derecho de detenerme: de cerrar mi universidad, así como de detenerme mientras manejo. Y una vez que hemos resuelto que la libertad de enseñanza tal como está consagrada en la Constitución ha de ser limitada, la pregunta es cómo limitarla. Mi opinión es que ello ha de ser realizado mediante la acreditación obligatoria de todas las universidades y sus carreras y programas de pregrado y posgrado.

La acreditación, consistentemente con la noción de libertad de enseñanza de la Constitución, es actualmente voluntaria. Esto es tan inaceptable como si sacar licencia de conducir fuera voluntario. Ella debe pasar a ser obligatoria en todas las áreas: no sólo en docencia de pregrado y gestión institucional —que son actualmente obligatorias para quienes se sometan voluntariamente a acreditación— sino también en docencia de posgrado, investigación, vinculación con el medio y, sobre todo, equipamiento e infraestructura. Es precisamente en este último ítem donde algunas universidades obtienen ganancias, ya que los dueños de dichas instituciones organizan inmobiliarias que les subarriendan las instalaciones a la propia universidad. Esto, que es ilegal, es hecho a vista y paciencia de todo Chile. La acreditación debiera llevar a que estas universidades rindan cuenta pública de la administración de sus bienes. Además, debiera imponer estándares a las malas universidades que actualmente existen, tales como contar con suficientes profesores doctorados de planta y generar investigación publicable.

Ciertamente, alguien podría decir que la acreditación mide sólo procesos, no calidad; pero como profesor universitario puedo decir que no es posible hacer más que eso. Qué es investigación y docencia de calidad es algo discutido y discutible, particularmente en las humanidades y las ciencias sociales. Pero contar con una comunidad académica más grande y dotada de estabilidad laboral redundará en una discusión académica más intensa y, por lo tanto, más exigente. Eso también beneficiará a todo Chile.

En definitiva, queda claro que la educación superior necesita más Estado y menos libertades. ¿Necesitará también la educación escolar más Estado y menos libertades? Esa pregunta quedará pendiente para otra oportunidad.

El “monitoreo” y el lamentable estado de la discusión pública

(Columna originalmente publicada en El Mostrador)

Recientemente, el gobierno realizó una licitación para contratar un servicio de monitoreo de las redes sociales. El objetivo de este monitoreo es rastrear la manera en que los usuarios de estas plataformas utilizan conceptos tales como Piñera, Presidente, u otros similares y así obtener un canal de información permanente sobre el estado de la opinión pública. Desde luego, los gobiernos tienden a intentar obtener tal preciada información, ya sea mediante redes de informantes o bien a través de encuestas de opinión. De estos métodos, el primero está un tanto desprestigiado (si a estas alturas algún lector puede aguantar más de 140 caracteres de corrido, le recomiendo leer Fouché, de Stefan Zweig, novela histórica donde podemos apreciar el enorme poder que entrega disponer de tales redes), mientras que el segundo goza de tanta salud que se ha llegado a hablar del gobierno mediante encuestas para describir el ‘estado del arte’ gubernativo en las democracias occidentales.

En cuanto esta información llegó a oidos de los monitoreados, los usuarios de twitter (y en menor medida, me imagino, de facebook, dado que la gente se ha acostumbrado a tener mayores niveles de privacidad en este otro sitio) han montado en cólera y han hecho del monotoreo precisamente un trend topic, facilitando así el trabajo de los monitoreadores. Da lo mismo que el propósito mismo de estas redes sociales sea opinar y hacer al usuario parte de la esfera pública: ahora resulta que todos están preocupados de su privacidad.

Que no se me malentienda. Sin duda, existe la posibilidad de que un gobierno en general, e incluso que éste en particular, emplee dicha información de manera abusiva y persecutoria. En la dictadura que todos los integrantes de este gobierno mayores de 40 años apoyaron en el plebiscito de 1988 (con la supuesta excepción del Presidente), información como la que proveerá este monitoreo (quien opina qué, donde está ubicado) sirvió para secuestrar, torturar, asesinar, y hacer desaparecer a una amplia variedad de opositores políticos. Sin embargo, la dictadura se acabó y volvimos en 1990 a tener un Estado de Derecho respetuoso de algunas libertades públicas. Créanme: a nadie lo van a ir a arrestar en su casa por twittear contra Piñera (¡qué más le gustaría a algunos! ¡ser héroes de la libertad de expresión! ¡twitteros luchando contra la opresión, como en Irán o Libia!).

Aún así, un funcionario público o algún ciudadano que esté postulando a algún beneficio social podría temer que sus opiniones críticas de este gobierno le perjudiquen en su estabilidad laboral o en la posibilidad de obtener las prestaciones sociales deseadas. Ciertamente, si una autoridad empleara las opiniones de un ciudadano en su perjuicio (sea como resultado del monitoreo o por mera casualidad), estaríamos frente a una violación de la libertad de expresión. Ahora bien, dada la desigual distribución de la tecnología en nuestra sociedad dudo bastante que haya personas postulando a prestaciones sociales que tengan cuenta en twitter. Asimismo, dudo que haya alguien en el Gobierno que quiera darle uso a una lista con las direcciones de los millones de opositores. ¿Qué creen, que van a ir a pegarle a la casa a los twitteros? ¿O a convencerlos de que éste es el gobierno de los mejores?

A todos quienes tengan algo así en la cabeza, les recomiendo que dejen de mirar los problemas desde la óptica de los derechos individuales y empiecen a pensar en la lógica del poder. ¿De qué sirve tener una lista geográfica de donde se concentran los opositores y los partidarios del gobierno? A un gobierno en campaña le sirve de mucho. La dictadura entendía eso perfectamente. Por eso, cuando diseñó en 1988 los distritos electorales existentes hasta hoy, sobrerrepresentó a aquellos sectores geográficos donde Pinochet había obtenido mejores resultados en el plebiscito. En una escala más modesta, este gobierno podría utilizar datos consolidados del apoyo o rechazo que despierta para intentar cambiar esos datos mediante inversiones públicas o visitas de autoridades. También podría distribuir esa información entre sus candidatos al Congreso. Por supuesto, esta práctica ya existe: los partidos compran las bases de datos de las elecciones y las utilizan para focalizar sus esfuerzos electorales. Así son las reglas del juego.

Así y todo, alguien podría seguir preocupado por los casos de personas cuya estabilidad laboral o cuyos beneficios sociales sean afectados en un caso concreto. En estos casos, lo que procede es emplear las herramientas que el derecho ofrece para proteger a la ciudadanía: por ejemplo, un juicio laboral o un recurso de protección. Alguien me podrá decir que esas cosas toman tiempo y que no hay abogados que lleven esos juicios gratis. A ello responderé que sí, que todo lo importante en la vida toma tiempo, y que un juicio que proteja derechos es importante pues beneficia a todos los que se encuentren en una situación parecida; que así y todo, los juicios en general demoran bastante y eso debe cambiar (ojo que un recurso de protección dura a lo más meses, no años como un juicio civil); y por último, que la mínima cantidad de organizaciones de abogados que patrocinen juicios de interés público (notables excepciones: Libertades Públicas, A.G., y la clínica de interés público de la UDP) nos dice que en nuestro país los abogados forman una cofradía de piratas interesados en el lucro en lugar de colaboradores de la administración de justicia, algo que también ha de cambiar.

El problema detrás de todo esto es el lamentable estado de la opinión pública, y el hecho de que los partidos de la Concertación se han mostrado incapaces de darle conducción a ésta. Las famosas redes sociales ciertamente juegan un rol en una sociedad democrática, al visibilizar de manera inmediata el estado de la opinión pública. Sin embargo, la opinión pública es sólo una parte de la esfera pública. La otra parte es el rol que le cabe a la dirigencia política: sistematizar las diversas demandas sociales, coordinarlas entre ellas, compatibilizarlas con ciertas prioridades de largo plazo, y así sucesivamente.

En el caso del monitoreo, los dirigentes de la oposición una vez más han decidido dejar que su rol lo cumpla sin intermediación la opinión pública, dejándoles la conducción a twitteros que —digamos las cosas como son— no le han ganado a nadie. El resultado de ello es que la opinión pública se enfoca en discutir sobre bolitas de dulce, en lugar de estar cuestionando las condiciones sociales que han permitido diversos problemas recientes tales el rescate de los mineros (las condiciones en que trabajan cientos de miles de chilenos), Hidroaisén (nuestra carencia de políticas de planificación energética y económica en general), o la huelga mapuche (la falta de reconocimiento constitucional a las etnias originarias). En línea con el sensacionalismo de los noticieros, twitter está lleno de explosiones emotivas pero tiene una notoria carencia de análisis meditados sobre las relaciones de poder en nuestra sociedad. Con twitter, como dijera el memorable Antonio Cortés en otras circunstancias, gana el “carrete”: la inmediatez hedonista, transformada en este caso en parámetro de la discusión pública.

Lo curioso es que el monitoreo refleja precisamente eso: que la discusión pública se está transformando en una acumulación de frases de 140 caracteres, cuya coherencia es estadística pero no argumental.