22 mayo, 2014

La Reforma Tributaria no es inconstitucional (Parte V)

Hoy comentaré el argumento contra la constitucionalidad de la renta atribuida entregado por Arturo Fermandois en El Mercurio (aquí). El argumento de Fermandois consiste en sostener que la renta atribuida es inconstitucional porque ella "entra en severo conflicto con la esencia misma" del "derecho de asociación".

¿Cómo ocurre según Fermandois este metafísico choque entre la renta atribuida y la "esencia misma" de aquel derecho? Ocurre cuando "la ley viene aquí a desconocer y a sustituir a los órganos de decisión de las sociedades" atribuyéndole "una renta a las personas naturales que integran la agrupación, sea que la perciban o no la perciban, sea que la sociedad haya decidido distribuirla o bien invertirla, capitalizarla o prestarla".

Concedámosle a Fermandois que, efectivamente, hay un desconocimiento de la voluntad de la sociedad. ¿Significa que con ello se ha afectado "la esencia" de la libertad de asociación? Difícilmente. Más bien, no. El problema con la argumentación de Fermandois es que ella incurre en la falacia de confundir la parte con el todo. Un aspecto de la libertad de asociación, la posibilidad de tomar decisiones sobre la distribución de utilidades, no es igual a la libertad de asociación como un todo. A tal falacia, el lenguaje cotidiano le llama exageración.

Por cierto, la terminología medieval de "la esencia" del derecho no contribuye a clarificar el rol que Fermandois le atribuye a la distribución de utilidades respecto de la libertad de asociación. Que la Constitución lo emplee no es un argumento en su favor, pues, como sabe cualquier jurista , una cosa es el discurso de las normas y otra cosa es el discurso sobre las normas.

Pero dejemos la discusión sobre epistemología jurídica para después. Lo importante es tratar de entender por qué Fermandois afirma que "la renta atribuida remueve la piedra angular sobre la que se construye la libertad de asociarse". En su argumentación, Fermandois afirma que "el pago de impuesto a la renta" es "el más importante de los efectos tributarios". Estamos de acuerdo en ello. El problema es que es ese el contexto que Fermandois escoge para invocar el libre albedrío de la sociedad, la cual según él debiera ser soberana en la determinación de los efectos impositivos de su ejercicio comercial. Y ahí comete un error gravísimo. La determinación de las consecuencias tributarias de la actividad comercial es, y no puede sino ser, una potestad del legislador. No hay libertad, esto es, libre albedrío en materia de impuestos: lo que hay es principio de legalidad, entendido como el sometimiento a los contenidos generales y abstractos determinados por el legislador para todos los ciudadanos por igual. Claro, el principio de legalidad ha sido burlado todos estos años a través de mecanismos que permiten que quien cuente con una asesoría tributaria pague menos impuestos de lo que el legislador ha querido. Que eso, que es elusión, sea ahora transformado en un atributo esencial de la libertad contractual, es un esfuerzo ideológico por distorsionar los principios del derecho público.

El legislador no vulnera la libertad o derecho de asociación al atribuirle a la actividad económica de la sociedad las consecuencias que el legislador ha determinado. Las sociedades comerciales nunca han tenido el derecho de determinar por sí mismas las consecuencias impositivas de su actividad económica. Al terminar con el FUT, el Proyecto de Reforma Tributaria propone que a partir de ahora se tribute anualmente por todas las utilidades obtenidas por la empresa en su actividad comercial. Eso no vulnera ningún derecho.

Ahora, hasta aquí hemos discutido concediéndole a Fermandois que el mecanismo de la renta atribuida se entromete con las decisiones de la empresa (lo que, según he dicho, es perfectamente constitucional pues la empresa no tiene un derecho constitucional a atribuirle consecuencias tributarias a su actividad comercial). Hay, eso sí, un problema con su descripción del hecho en discusión, que sugiere una lectura apresurada del texto del Proyecto de Ley. Como expliqué ayer (aquí), la renta presunta le autoriza al SII a desconocer la distribución de utilidades determinada por la propia empresa. ¡Resulta que lo que afirma Fermandois es equivocado! ¡Los "órganos de decisión de las sociedades" sí pueden tomar decisiones relevantes "para efectos tributarios"! Lo que ocurre es que, como expliqué ayer, dichas decisiones podrán ser desconocidas por el SII sobre la base de criterios establecidos en la ley, a través de procedimientos que garantizan el debido proceso. Pero el default aquí es que la decisión la toma la sociedad. En su defecto, cuando el SII estima que dicha decisión permitió eludir impuestos, el SII hará la atribución (ahí recién aparece la famosa renta atribuida). Y, a su vez, el juez se involucrará cuando la sociedad reclame de dicha atribución.

Fermandois afirma que, como resultado de la renta atribuida, "[e]n la práctica no habrá diferencia" entre "las personas jurídicas" y "las personas naturales que la forman". ¿Cómo se articula esa afirmación con la existencia de un sistema de impuesto a la renta integrado? Según el SII (aquí), "la carga tributaria total de las rentas se determina a nivel de propietario final, constituyendo dicho impuesto un adelanto o anticipo de los impuestos finales". En la actualidad, debido a la existencia de un sistema integrado, según el cual en la práctica no hay diferencia entre las personas jurídicas y las personas naturales que la forman, lo que tanto alarma a Fermandois. O, más bien, hay una diferencia, pero que parece no preocuparle: la diferencia es que las empresas no tributan, mientras que las personas naturales, sí.

Podríamos dedicarle más tiempo a otras excentricidades de la columna, como su cita de datos descontextualizados (cuál fue la primera Constitución en contener el derecho de asociación, qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos sobre las sociedades). Sería bueno, en todo caso, saber qué quiso decir el autor al asociar la fecha 1814 con el nombre Von Savigny y la idea de que "la persona jurídica es un ente distinto de las personas que la conforman". Una posibilidad es que Fermandois piense que Savigny nació en 1814; el problema es que el Savigny que nació en 1814 fue Karl Friedrich von Savigny, diplomático prusiano, quien no es recordado por su producción jurídica. Otra posibilidad, la más obvia, es que Fermandois piense que el jurista alemán Friedrich Carl von Savigny, padre del anterior, escribió en 1814 algo relacionado con las personas jurídicas. Pero ahí también hay un error. El texto escrito por Savigny en 1814 es "De la vocación de nuestro tiempo por la legislación y la jurisprudencia". Y lo que Savigny escribió sobre personas jurídicas, y a lo que Fermandois podría estar refiriéndose, está contenido en su "Sistema del Derecho Romano Moderno", Volumen Segundo, Libro Segundo, acápites 85 a 102, publicado en 1840 (aquí). Hay que poner más cuidado con las referencias históricas...

21 mayo, 2014

La Reforma Tributaria no es inconstitucional (Parte IV)

Ayer comenté una columna (aquí), crítica de la constitucionalidad de la reforma tributaria, que debido a la mala calidad de su escritura y a la pobreza de su argumentación jurídica daba a entender que se trataba de una persona de escasa figuración pública, no preparada para la discusión en serio de problemáticas de alta envergadura. Y, paradojalmente (o quizás no tanto) se trataba del Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo.


Hoy comentaré una columna escrita por el abogado y profesor de derecho tributario Ricardo Walker (aquí). Si bien cuando anuncié esta serie de posteos no sabía de la existencia de esta columna, me fue dada a conocer a través de "las redes sociales" por un colega abogado, y he considerado que vale la pena discutir sus argumentos debido a que presenta un ángulo de crítica distinto al contenido en las otras. Y, si bien a mi juicio no logra probar satisfactoriamente que la Reforma sea inconstitucional en aquello que discute, hay que reconocer que, a diferencia de la columna de Luis Larraín, su escritura y contenido está a la altura de lo que uno debiera esperar de un profesional.


El argumento del profesor Walker gira, nuevamente, en torno a la figura de la renta atribuida. Ella me permitirá ahondar en lo dicho ayer sobre esta creación conceptual contenida en la Reforma. Parte importante de la discusión sobre la Reforma ha girado en torno a la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el cual permite a las empresas no pagar impuestos por ciertas utilidades obtenidas en un año fiscal que no eran distribuidas a sus socios. El objetivo declarado de dicho Fondo era incentivar la inversión en un contexto económico muy específico (como dice el Mensaje Presidencial que acompaña al Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, en su página 7, al momento de la creación del FUT en 1984 el financiamiento de la inversión era imposible tanto en el interior, ya que los bancos estaban congelados por la crisis que los había afectado, como en el exterior, debido al no pago de la deuda externa). El problema no sólo es que dicho contexto cambió (se fortaleció la banca y el mercado de capitales interno, cesó la mora en el pago de la deuda externa, y Chile se integró al mercado internacional de capitales en condiciones muy favorables debido a su bajo riesgo-país), sino además que el FUT se transformó, como se ha observado, en un mecanismo de elusión y evasión tributaria.


La Reforma Tributaria suprime la lógica subyacente al FUT. Según dice el Mensaje Presidencial, "a partir de la operación renta 2018, los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran. El sistema operará en base devengada". "Renta devengada" es, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), "aquella renta sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad y de que constituya un crédito para su titular". Entonces, en resumen, el impuesto que le corresponderá a cada socio en razón de las utilidades producidas por la empresa durante el año fiscal se calculará sobre la base de la parte de las utilidades que le correspondan, con independencia de que dichas utilidades le hayan sido efectivamente entregadas o no. Eso significa eliminar el FUT.


Ahora bien, eliminar el FUT supone ver qué hacer, para efectos de la tributación, con las utilidades de la empresa. El nuevo artículo 14 contenido en el Proyecto de Ley resuelve esta interrogante. Simplificando un poco la explicación ofrecida por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad de Chile (aquí), a partir del 2018 los socios, accionistas y empresarios deberán tributar por aquellas rentas de la empresa que, "según el proceso de determinación de la renta líquida imponible", correspondan a utilidades. Si no hay utilidades, no hay tributación.


Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿cómo se determina cómo devengarán dichas utilidades, es decir, como se atribuirán o imputarán a cada contribuyente? De acuerdo al artículo 14, Nº 3, b) del Proyecto, el SII podrá "impugnar fundadamente" la atribución acordada por los socios, "atribuyendo la renta de acuerdo a la forma en que ésta se habría distribuido o asignado en condiciones normales de mercado, es decir, en la forma que hayan o habrían acordado u obtenido partes independientes en condiciones y circunstancias comparables, considerando por ejemplo, las funciones o actividades efectivamente asumidas o llevadas a cabo por los socios en el desarrollo del giro de la sociedad u otros elementos de juicio". También podrá impugnar fundadamente cuando se haya incorporado directa o indirectamente en la sociedad respectiva a alguna persona relacionada con alguno de los socios (por ejemplo, su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes, y sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, entre otros), "y el Servicio establezca que dicha incorporación se ha llevado a cabo con el fin de disminuir la renta atribuida que hubiera correspondido al o los socios, comuneros o accionistas de que se trate, de no mediar tales incorporaciones".


Hay que decir que lo que hace el SII, de acuerdo a la terminología propia del derecho público en general, no es impugnar la atribución hecha por los propios socios, sino anularla y recalificar jurídicamente. Dicha recalificación jurídica, por supuesto, involucra una evaluación jurídica de diversos hechos, tales como "las funciones o actividades efectivamente asumidas o llevadas a cabo por los socios en el desarrollo del giro de la sociedad". Esto no es algo muy distinto de lo que hace, por ejemplo, un Inspector del Trabajo cuando verifica la existencia de una relación de subordinación y dependencia, y en consecuencia de un vínculo laboral, a partir de determinados hechos, tales como el cumplimiento de un horario de trabajo o el cumplimiento regular de órdenes e instrucciones.


Pero esto es lo que molesta a Walker. Para él, los mecanismos de renta atribuida intentan "anular la libertad contractual" de dos maneras. Primero, "obligando a los contribuyentes a organizar y llevar a cabo sus negocios de la forma que tributariamente sea más beneficiosa para el Estado". Sobre esto no cabe sino decir que ello es efectivo respecto de todo sistema tributario para el que la evasión y la elusión sean negativas. Segundo, obligando a los contribuyentes a "adecuar sus conductas a la voluntad de las autoridades fiscalizadoras de los tributos". Aquí está la médula de su argumentación. Según ella, los contribuyentes tienen un derecho "a organizar sus actividades en condiciones jurídicamente previsibles, esto es, con los efectos que el ordenamiento jurídico, y no la autoridad administrativa establezca". Y tal previsibilidad se alcanzará "cuando el contenido de la propia norma impida la existencia de un margen de apreciación por la administración que acentúe la incertidumbre". Si el problema era la elusión o cualquier otra forma de simulación, a juicio de Walker, lo que corresponde es emplear las "normas que permiten impugnar contratos y negocios cuando ellos sean artificiosos, como asimismo, para recalificarlos cuando los elementos que los distinguen sean los propios de otro contrato o negocio", y cuya aplicación "la hace un juez en una sentencia -no un funcionario del Servicio en un proceso administrativo" empleando "elementos objetivos, y no otros íntimos, subjetivos o relativos".


Ahora bien, esta argumentación sobre la supuesta inconstitucionalidad de la Reforma Tributaria parece sacada del siglo XIX, por su enemistad ciega contra Estado Administrador. Ella es ciega porque su contraste entre las potestades administrativas de calificación y la certeza jurídica es insensible al contexto epocal, histórico, en que vivimos hoy en día, caracterizado por la gran complejidad de los fenómenos regulados. En la sociedad del riesgo, la primera línea de implementación de los valores del Estado constitucional, social y democrático de Derecho le corresponde al Estado Administrador. Pero dicha primera línea está complementada por el rol supletorio que le corresponde a la revisión judicial. Serían aceptables los reclamos de Walker sobre los peligros que corren "la legalidad del tributo", "la seguridad jurídica", y la "observancia del derecho" si la primera línea, el Estado Administración, no tuviese controles profesionales, independientes e imparciales. El problema, lo que hace falaz a su queja, es que dichos controles sí existen.


No sólo existe el derecho genérico a la acción, contemplado como garantía constitucional en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución y operativizado mediante la reglamentación del juicio ordinario contenida en el Código de Procedimiento Civil y otros cuerpos legislativos. Y no sólo existe la acción constitucional de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución. Más específicamente, el Código Tributario le concede al imponente (aquí) una acción especial de tutela de derechos constitucionales económicos (libertad económica, no discriminación arbitraria, y propiedad) de la cual conocen y resuelven los tribunales tributarios y aduaneros. Por otro lado, y respecto del mecanismo de atribución de renta, hay que señalar que el artículo ya identificado del Proyecto de Reforma Tributaria establece que el contribuyente cuya atribución el SII hubiese impugnado "podrá reclamar de la liquidación, giro o resolución en que el Servicio haya atribuido rentas" de acuerdo al procedimiento general establecido en el Libro III del Código Tributario. No está de más decir que la creación de dichos tribunales, que entraron en vigencia el 2010, fue una de las más grandes reformas en materia de jurisdicción contencioso administrativa de las últimas décadas.


¿Involucra la dinámica entre la primera línea administrativa y la revisión judicial la posibilidad de error, de mala aplicación de la ley, de discrecionalidad? Por supuesto. Lo que ocurre es que en esto, tal como en muchas otras cosas, el derecho hace una elección de cara a la incertidumbre y opta como default por aquello que se releva como más beneficioso para el bienestar colectivo. Es lo mismo que ocurre con el derecho penal liberal, donde el principio de presunción de inocencia lleva a que sea más probable dejar suelto a un culpable que preso a un culpable (al menos, esa es la lógica del sistema). El default más beneficioso es que primero intervenga la Administración, más rápida en su gestión, y después la judicatura, y sólo en aquellos casos en que alguien estime agraviados sus derechos. Además, habría que agregar que, tal como la única forma de prevenir los accidentes (de auto, por ejemplo) es reduciendo a cero la actividad riesgosa (transitar en auto), la única forma de prevenir toda mala actuación de la Administración es suprimir la Administración (la fantasía ideológica de muchos juristas de derecha).


Ahora, ¿por qué Walker afirma que la calificación no se realizará mediante "elementos objetivos" sino mediante "otros íntimos, subjetivos o relativos"? ¿Porque la recalificación del SII buscará determinar las "condiciones normales de mercado", es decir, la forma en que "habrían acordado u obtenido partes independientes en condiciones y circunstancias comparables"? El problema de la objeción de Walker (asumiendo que su crítica se refiere a este aspecto de la Reforma, cosa que él mismo no aclara… su crítica es "al voleo") es que, si le hacemos caso, entonces el derecho debiera prescindir de todo concepto jurídico abierto, desde "buen padre de familia" hasta "orden público". Los conceptos jurídicos abiertos, debido a su flexibilidad, permiten una adaptación más sencilla a los sutiles y grandes cambios en el fenómeno regulado. Como contrapartida, todo concepto jurídico abierto representa, a través de la abstracción conceptual y normativa que involucra, un abandono de la certidumbre que ofrecen las definiciones ostensivas. Esto ya lo observó Carl Schmitt en 1934 (aquí), regocijándose de las consecuencias negativas que la proliferación de conceptos jurídicos abiertos representaba para las aspiraciones del pensamiento jurídico positivista. "Pero la seguridad, la certeza, la fijeza, la cientificidad rigurosa, la previsibilidad de funcionamiento y todas las demás cualidades y excelencias 'positivas' no eran en realidad excelencias propias de la 'norma' legal y del precepto humano, sino sólo de la situación normal, relativamente estable en el siglo XIX, de un Estado que tenia su centro de gravedad en la legislación, es decir, de un sistema de legalidad de un Estado legislativo", concluía Schmitt.


Ahora, seguramente a Walker le preocupa más la seguridad jurídica en el presente que las consideraciones históricas de Schmitt. Así y todo habría que responderle, junto con aquel, que la predictibilidad no pasa por abolir el uso de cláusulas jurídicas abiertos, pues "[n]i la legislación ni la jurisdicción podrían hoy prescindir de ellas". Ni siquiera el derecho civil lo hizo en su época. Mucho menos el derecho económico, lleno de ellos. Es más, lo que se está autorizando al SII a hacer, a determinar condiciones de mercado ideales en la contratación, es un ejercicio en el cual hay sobrada experticia en nuestro propio país. Es lo que hacen habitualmente los procesos de fijación de precios en mercados concentrados, así como lo que hacen habitualmente quienes persiguen los atentados a la libre competencia.


En este caso, el contenido de las reglas de mercado "de referencia", y la estabilidad en los criterios empleados para su determinación, habrán de ser construidas mediante un diálogo entre los contribuyentes, el SII y los tribunales tributarios. Suena complejo, y conlleva costos; pero es la realidad de un Estado apropiado para cumplir con sus responsabilidades en la era de la sociedad del riesgo.

20 mayo, 2014

La Reforma Tributaria no es inconstitucional (Parte III)

 El domingo (aquí) di inicio a una serie de posteos en torno a los argumentos ofrecidos por detractores de la Reforma Tributaria. Estos posteos no sólo buscan poner en discusión las concepciones invocadas por dichos detractores de lo que la Constitución dice o no dice en un determinado momento. También buscan, desde este humilde rincón, exigir más seriedad en la discusión pública, llamando la atención sobre la calidad de los argumentos ofrecidos por quienes aspiran a convencer a los demás. Malos argumentos, tanto en lo formal como en el contenido de lo sostenido, revelan o bien un desprecio por la audiencia, a la que se considera incapaz de discernir la calidad de los argumentos, o bien simplemente poca reflexión y desconocimiento de lo discutido.

 

Digo esto último debido a que la columna que discutiré hoy (aquí) deja mucho qué desear en cuanto a la calidad de su escritura y su argumentación. Ella llega de la pluma de Luis Larraín, el Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Uno podría pensar, equivocadamente, que una persona que ocupe tal cargo ha de ser alguien de gran cultura y versatilidad argumentativa. La lectura de la columna en cuestión deja en claro que no es así. Encontramos en su texto traducciones incorrectas del castellano al inglés ('percibir', como en 'renta percibida', no se traduce como 'to perceive', que significa discernir o reconocer, sino como 'to accrue'; cuando Larraín crea un slogan contra el mecanismo de renta atribuida, 'no taxation without perception', ¡lo que en realidad está diciendo entonces es que no haya tributos sin que nos demos cuenta!), errores históricos (los Estados Unidos no declararon su independencia para proteger "la representación política de esos hombres y mujeres", sino sólo de "esos hombres"; en dicho país no hubo derecho a voto para la mujer sino hasta 1920), expresiones sin sentido ni elegancia literaria ("No compro la teoría de que…", afirma Larraín; por mi parte, no sabía que las teorías estaban en venta), y errores terminológicos francamente ridículos (Larraín alza la voz enfurecido contra toda "expropiación regulatoria", concepto que en sí mismo es algo tautológico pues toda expropiación contiene una dimensión de regulación o reglamentación; suponemos que quiso referirse a la "regulación expropiatoria").

 

La médula del 'argumento' de Larraín es que el mecanismo de 'renta atribuida', creado por la Reforma Tributaria, "es un atentado al derecho de propiedad, pues al "atribuirse" ciertas utilidades de la empresa a los socios o accionistas por el legislador, aunque dicha renta no haya sido percibida ni devengada, se está limitando el dominio (atributo esencial del derecho de propiedad)". Mañana, cuando discuta el argumento de Arturo Fermandois contra la constitucionalidad de la renta devengada, me explayaré algo más sobre las características de la renta devengada. Lo que importa acá es que difícilmente constituye una limitación al derecho de propiedad que se establezca un tributo sobre cosas incorporales como la participación en una determinada empresa (recordemos que respecto de las cosas incorporales también hay una especie de propiedad, según el artículo 583 del Código Civil). Y, si hay una especie de propiedad sobre la participación en la empresa, ¿por qué habría de estar exenta de tributos?

 

Alguien podría sugerir que eso va contra la idea de que los impuestos graven solamente ingresos ("no taxation without perception", como dice Luis Larraín en su inglés tipo Luis Jara). Al argumentar así estaría olvidando que también tenemos impuestos a la propiedad raíz, las así llamadas contribuciones.

 

Lo que hace la renta atribuida es fijarle un valor anual a la cosa incorporal consistente en la participación en la empresa. Larraín lo dice como si la STASI o la KGB estuviesen a cargo de esta operación. Pero no es así: estará a cargo de supervisar administrativamente esta operación el Servicio de Impuestos Internos (SII), y la legalidad de su actuar estará sometida al escrutinio de los jueces tributarios.

 

No hay nada de inconstitucional en gravar una cosa incorporal como la participación en una empresa, ni nada inconstitucional en que esto se fije a través de un proceso en que participan la empresa, el socio o accionista, el SII, y cuando sea necesario los jueces tributarios.

19 mayo, 2014

La Reforma Tributaria no es inconstitucional (Parte II)

Ayer anuncié tres posteos sobre argumentos enarbolados por críticos de la Reforma Tributaria respecto a su supuesta inconstitucionalidad. Hoy me concentraré en el primero de los argumentos: el de Embotelladoras Andinas (aquí), que sostiene que la reforma es inconstitucional porque el impuesto específico a las bebidas con azúcar es discriminatorio hacia dicha industria.


¿En qué concepto constitucional se sustenta Embotelladoras Andinas para hacer esta afirmación? En la prohibición de discriminación arbitraria "en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica", contenida en el artículo 19 Nº 22.


¿Cuál es la lógica de dicho artículo? ¿Respalda la pretensión de Embotelladoras Andinas? Se me ocurren dos posibles lecturas de este artículo, y ninguna de ellas lo hace.


La primera es una lectura histórico-contextual. La historia de la proposición de este artículo por parte de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución evidencia que a través de ella se quería limitar substantivamente el contenido del accionar de un eventual gobierno que quisiera requisar empresas mediante decreto. Recordemos que, como he dicho en ocasiones anteriores, los autores de la Constitución de 1980 la diseñaron como una especie de "nunca más": específicamente, un "nunca más" a la redistribución de la riqueza, a la Unidad Popular.

Pero dicho "nunca más" ha de ser interpretado. Y aquí, una interpretación histórico-contextual amarra este artículo a la idea de que la discrecionalidad o arbitrariedad que se quiere evitar es la de un Ejecutivo que actúe por sí sólo, sin respaldo legal.


Esta lectura histórico-contextual se ve respaldada por la segunda posible lectura, una lectura gramatical o textualista. El inciso segundo del artículo afirma que "[s]ólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras".


Ahora bien, esto mantiene abierta la pregunta sobre el posible carácter discriminatorio de la ley. En consecuencia, hay que preguntarse específicamente sobre el impuesto. ¿Es discriminatoria la existencia misma de impuestos específicos? Nuestra práctica institucional, donde existen diversos impuestos específicos a distintos productos y servicios, nos dice que no.


Entonces, ¿será que por su monto, el impuesto propuesto es considerado discriminatorio? Según reporta La Tercera (aquí), "las bebidas azucaradas pasarán de pagar un impuesto del 13% a 18%. La cerveza de 15% a un 20,5%, el vino de un 15% a un 24%, el pisco de un 27% a un 35,5% y el whisky de un 27% a un 38%".


Estos montos no son discriminatorios, pues no son particularmente elevados tratándose de impuestos específicos, máxime cuando se trata de impuestos pigovianos, que buscan corregir externalidades negativas asociadas a un determinado producto (aquí). Veamos el caso del tabaco. Según información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos (aquí), la tasa de impuesto al tabaco es diferenciada según el tipo de producto: "a los puros se les aplica una tasa del 52,6%, al tabaco elaborado una tasa del 59,7%", y además "cada paquete, caja o envoltorio de cigarrillos paga un impuesto de 60,5%".


En resumen, no es discriminatorio que existan impuestos específicos, y los montos propuestos por la reforma no son particularmente altos. Difícilmente se puede sostener que por esto, la Reforma Tributaria sea inconstitucional.

18 mayo, 2014

La Reforma Tributaria no es inconstitucional (Parte I)

En este mismo blog escribí, hace ya varios años, que la derecha emplea la Constitución como su arma arrojadiza, lanzando acusaciones de inconstitucionalidad contra todo proyecto de reforma que intente modificar la obra política de la dictadura y los privilegios que ella le garantiza a los poderosos de siempre.


En ese sentido, la semana pasada discutí brevemente algunas acusaciones de inconstitucionalidad lanzadas contra la reforma educacional. Esta semana me interesa discutir las acusaciones de inconstitucionalidad formuladas contra la reforma tributaria. Y, ¿cuáles son las acusaciones formuladas en concreto?


Como siempre, resulta un tanto difícil determinar esto, debido al desinterés de los portavoces de la derecha por discutir en serio la dimensión constitucional de las cosas. Les basta con decir que tienen "reparos sobre la constitucionalidad" de algo, "dudas", y todo tipo de afirmaciones vagas que siembren la idea de que el proyecto en cuestión está mal. Basta con ver las declaraciones de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras en El Mercurio, que llevan por título "La reforma tributaria tiene aspectos legales que hacen que sea inconstitucional" (hacer click aquí) pero que no dicen ¡nada! sobre dicha inconstitucionalidad. Miente, miente, que algo queda, como dice el dicho.


En todo caso, tarde o temprano alguien termina diciendo algo. A veces, no lo dicen en público, sino que encargan informes en derecho, es de imaginarse que muy bien pagados, a abogados de alto perfil público, como nos enteramos que ocurrió con la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes y Patricio Zapata (ver noticia aquí). De vez en cuando, de todas formas, las críticas se hacen públicas, y entonces se les puede responder. A eso dedicaré algunos posteos durante la semana.


Sobre la supuesta inconstitucionalidad de este proyecto, existen actualmente tres objeciones dando vueltas. La primera, la de Embotelladoras Andinas (aquí), que sostiene que la reforma es inconstitucional porque el impuesto específico a las bebidas con azúcar es discriminatorio hacia dicha industria. La segunda, la de Luis Larraín (aquí) y Arturo Fermandois (aquí) que sostiene que la figura de la "renta atribuida" es inconstitucional porque vulnera el derecho de propiedad (Larraín) o el derecho de asociación (Fermandois). La tercera, también de Arturo Fermandois (aquí), consiste en sostener que la nueva atribución del Servicio de Impuestos Internos de acceder a la información de transacciones pagadas o cobradas mediante medios electrónicos es inconstitucional por vulnerar el debido proceso y la intimidad.


Cada día dedicaré un posteo a discutir uno de estos tres argumentos.

16 mayo, 2014

¿Cómo tratamos a las minorías? La UDI & los pueblos originarios

Desde Montesquieu hasta Dworkin, pasando por Madison y Hamilton, la teoría constitucional ha siempre sostenido que aquello que justifica la estructura del Estado Constitucional (la separación de poderes, los checks and balances, la revisión judicial de las leyes, la idea misma de derechos) es la protección de la minoría contra la tiranía de la mayoría.

Uno podría entonces preguntarse cómo trata nuestro sistema constitucional a las minorías. Pongamos dos ejemplos. ¿Cómo trata a la UDI y a los pueblos originarios?

Los pueblos originarios tienen en la actualidad un derecho a ser consultados sobre proyectos que les afecten, resultante del Convenio 169 de la OIT, parte de los instrumentos internacionales que de acuerdo al artículo 5o de la Constitución consagran derechos que limitan el ejercicio de la soberanía.  Este derecho, que es un derecho general, hasta el momento ha sido entendido, además, restrictivamente, y ha cobrado alguna relevancia únicamente en la evaluación de proyectos de alto impacto medioambiental, particularmente energéticos.

¿Qué carácter tiene dicho derecho a la consulta? Aquel es meramente deliberativo: supone una obligación de buscar, de buena fe, el asentimiento de las comunidades indígenas afectadas por un determinado proyecto. Pero si las comunidades no consienten, la autoridad puede ignorar su oposición.

La UDI, en cambio, que también es una minoría, ha contado bajo el imperio de la actual Constitución, en virtud del sistema electoral y de los quórums legislativos, con un veto contra determinados proyectos de ley. Esta posición jurídica tiene un carácter impositivo: si la UDI cuenta con un determinado mínimo de votos, no hay ley que se pueda aprobar.

¿Qué ocurriría si un buen día revirtiéramos el tratamiento, y en lugar de darle un derecho a consulta a los pueblos indígenas les diéramos un poder de veto? ¿Y si a la UDI le reemplazáramos su presencia parlamentaria con un derecho a participar en conversaciones de buena fe?

15 mayo, 2014

Sin Reforma Universitaria, la gratuidad es puro teatro (neoliberal)

Primer acto: vouchers. Segundo acto: convenios de desempeño. Tercer acto: nada. ¿Cómo se llama la obra? Neoliberalismo en la educación superior.

Permítaseme ser un poco más explícito. Si la discusión sobre educación superior es simplemente una discusión sobre cómo financiar la matrícula de los estudiantes y la investigación de los académicos, y nada más, entonces el modelo neoliberal en la educación superior no desaparecerá sino que se consolidará.

Algo de eso ya había dicho en relación al subsidio a la demanda o voucher. En una anterior columna, sostuve que financiar la gratuidad mediante vouchers desplaza decisiones que interesan a la sociedad toda, tales como qué proyectos académicos son socialmente relevantes, a un grupo determinado de personas, los postulantes a las universidades, privatizando una decisión esencialmente pública.

Y lo que está en riesgo –me permito corregir a algunos dirigentes estudiantiles– no es que se mantenga el lucro en la educación. Solucionar eso es simple, basta con fiscalizar adecuadamente las operaciones financieras de la universidad (conceptualmente simple; sabido es que no se hizo durante años). El problema de que esta sea una discusión sólo sobre financiamiento de docencia y de investigación es que se está dejando fuera de la mesa otros aspectos que son imprescindibles para que la institución así financiada sea una universidad pública: es decir, una universidad de todos.

Y para que una universidad sea pública, es decir, de todos, no basta con que ella sea de propiedad estatal. Una universidad de propiedad estatal que entrega títulos a estudiantes que han pagado por ello, que realiza investigaciones que benefician únicamente a sus investigadores, que cobra para asistir a sus conciertos y exhibiciones artísticas, que tiene sólo académicos a honorarios carentes de independencia y desempoderados, que discrimina por razones de género u orientación sexual a sus estudiantes y a sus académicos, cuyas autoridades son nombradas por el Ministro de Educación, y cuyos gastos son revisados por la Contraloría pero no rinde cuentas a la comunidad en la que está inserta, no sería una universidad pública.

Obviamente, mucho menos pública sería una universidad privada que lucra, que no tiene profesores de planta, y cuyas autoridades las nombra un directorio integrado por accionistas o derechamente su dueño; pero como he dicho en otra columna, esa universidad no es universidad, es una estafa, y debiera ser cerrada.

Lo que me preocupa de las declaraciones del Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre hasta ahora es que en ellas no hay claridad sobre el sentido del quehacer universitario ni sobre la institucionalidad académica y gubernativa que las universidades deben tener para ser públicas, es decir, de todos. En lugar de ello, y ya teniendo satisfecho no a los dirigentes estudiantiles pero sí al estudiantado con la propuesta de vouchers, el Ministro opta por tirarle un candy al otro stakeholder relevante en la discusión, los académicos, ofreciéndoles financiamiento meramente en función de su capacidad de investigación.

El financiamiento mediante convenios de desempeño, en efecto, permite al Estado dialogar directamente con los académicos (lo que supone que haya académicos; lo que en este páramo que son las universidades chilenas, ya es una implicancia esperanzadora). Pero, ¿qué hay de público en que el Estado financie directamente a investigadores? ¿Qué participación de los intereses sociales y territoriales hay ahí? ¿Cómo se le pregunta a la sociedad qué cree que debe hacer el investigador? Intuyo que en un diálogo directo entre el académico y el Estado estas preguntas sobre la 'rentabilidad social' de la investigación serán marginales, ni siquiera un ticket por cumplir en los formularios de postulación a proyectos.

Aquí hay que comprender algo fundamental de las implicancias del neoliberalismo en la educación, y lo que le contrapone con la idea de lo público. El principio central del neoliberalismo en esta materia, el que organiza y da coherencia a este modelo, es que la educación beneficia –enriquece– a individuos determinados. Por ello el neoliberalismo exige que los estudiantes paguen por su educación. Ahora, la "trampa" neoliberal –si se me permite esa expresión– es que soluciones como los vouchers y los convenios de desempeño rechazan el enriquecimiento individual como principio regulador de la educación (en lugar de él ponen el principio de que la educación es un derecho social), pero sin deshacerse totalmente de dicho principio neoliberal. Los vouchers y los convenios de desempeño transforman en metodología lo que antes era principio. La satisfacción del derecho social se realiza mediante mecanismos de mercado que enriquecen a los individuos que participan del intercambio (estudiantes y académicos), y a nadie más.

Ahora, yo no creo que esta objeción se supere diciendo cosas, como por ejemplo, apelando de manera retórica a un impersonal e imparcial "público", como hacen algunos diciendo que la universidad que investiga produce "bienes públicos" y por ello automáticamente se merece financiamiento público. Eso es falso, no porque no sea cierto sino porque es insuficiente. Una universidad que investiga pero que no rinde cuentas, cuyas autoridades son designadas a dedo, que puede discriminar, no es una universidad de todos; es decir, no es pública.

La solución se encuentra dejando empleando mecanismos propios de lo público para satisfacer las necesidades de lo público. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Nuestro derecho público contiene muchos. De partida, ofrece un principio clarificador: la servicialidad, es decir, la idea de que una determinada organización (en la Constitución, el Estado; aquí, la universidad) es un instrumento al servicio de necesidades sociales. También ofrece un mecanismo de membresía institucional: la carrera (en la Constitución, de los funcionarios públicos; en mi propuesta, la carrera académica). A continuación, ofrece un mecanismo de toma de decisiones: la democracia. Por último, ofrece un mecanismo de rendición de cuenta: la transparencia activa y pasiva, y, en el plano del derecho público comparado, los presupuestos participativos.

Sólo una universidad servicial, profesional, democrática, y transparente, es una universidad pública. Y sin una universidad servicial, profesional, democrática, y transparente, estamos sencillamente ante una universidad privada, sea ella de propiedad estatal o de particulares. Si la propuesta del Ministro únicamente tiene que ver con cómo financiar a los estudiantes y a los académicos, y no con la creación de un estatuto de responsabilidades sociales de la universidad pública, entonces no estamos frente a una propuesta de universidad pública. Sin Reforma Universitaria, la gratuidad es puro teatro.

14 mayo, 2014

Roxana Miranda: protesta, transparencia y jueces

Roxana Miranda escogió un lugar altamente simbólico para protestar: un seminario sobre transparencia, organizado por el Poder Judicial.

Fue simbólico por tres razones. La primera, porque irrumpió a través de los mecanismos disruptivos de la protesta, que siempre es violenta, un ejercicio de reflexión, la cual requiere de un contexto de orden y tranquilidad. Esta antinomia o contradicción no es en sí misma negativa. Emitir tal juicio requiere sopesar la inmediatez o urgencia de la demanda. Es importante tener en cuenta esto, pues el derecho a la protesta adquiere relevancia en la medida en que conlleva una interrupción ritual de nuestra cotidianeidad. Nadie nunca ha protestado a través del silencio y la inacción.

La segunda, porque hizo más público, y en un cierto sentido más transparente, una actividad que, debido a su carácter reflexivo, estaba llamada a pasar desapercibida por la opinión pública. ¿Logrará la protesta de Miranda modificar las prácticas de organismos como el Poder Judicial, y hacer más difícil el conocer la agenda del Poder Judicial, saber sobre sus actividades, acceder a las mismas? ¿Irá esta protesta a inducir menos transparencia en este y otros organismos públicos? La transparencia tiene costos negativos desde la perspectiva del sujeto cuya actividad se vuelve de conocimiento público. Eso no es novedad. Por lo tanto, que de vez en cuando alguien deba pagar esos costos (incluso si el día de mañana ese alguien sea uno mismo) no puede ser argumento contra la transparencia.

La tercera, porque los destinatarios directos e inmediatos de su protesta fueron jueces, un grupo que, de acuerdo a los mitos de nuestra cultura jurídica, son esencialmente pasivos, meros aplicadores de las decisiones de otros. Al protestar frente a jueces, Roxana Miranda performativamente les pide a ellos que intervengan (nadie nunca ha protestado tampoco frente a estatuas, muertos, u otros seres que no puedan actuar como respuesta a la protesta). Esta elección de los jueces como auditorio de una protesta es interesante en momentos en que el Presidente de la Corte Suprema pareciera estar haciendo un esfuerzo deliberado por acabar con el mito de la pasividad judicial. Ejemplo de ello fue su discurso de Inauguración del Año Judicial, donde dijo que el Poder Judicial se debe involucrar en "impedir que, por la falta de asistencia letrada a las personas en condición de vulnerabilidad, se instaure una justicia de clases".

Por último, ¿qué logra políticamente Roxana Miranda con esta interrupción? Desde luego, mantener visible la demanda de la organización de la cual es parte, Andha Chile: el reconocimiento del acceso a la vivienda digna como un derecho social. A poco tiempo de que un tribunal le diera la exigua suma de cinco millones de pesos a cada una de las familias cuyas casas estaban construidas sobre un basural, tema al que me referí en una anterior columna, no parece del todo equivocado llevar a cabo esta protesta en una reunión de jueces.

13 mayo, 2014

Proyecto de Administrador Provisional no es inconstitucional

En este blog llevamos varios años lamentándonos del mal consistente en calificar como inconstitucional cualquier iniciativa a la que uno se oponga. Podríamos agregar esta argumentación a las cuatro estrategias retóricas de la reacción vistas hace dos días. Cuando la derecha se opone a algo y no quiere decirlo abiertamente, o dice que ese algo es perverso, inútil, o riesgoso (las estrategias clásicas de la reacción según Hirschman) o amenaza sutilmente con violencia (la estrategia Barros-Silva) o dice que ese algo es inconstitucional.

Algo similar está ocurriendo con el proyecto de ley de interventor. Varios parlamentarios de derecha "condicionaron su aprobación a la idea de legislar del proyecto de ley que crea el Administrador Provisional en las Instituciones de Educación Superior" a la espera que el Ejecutivo "resuelva los diversos problemas de constitucionalidad de la iniciativa, referidos a la autonomía de las instituciones y las facultades expropiatorias que se le entregan al administrador provisional".

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que este anuncio de los parlamentarios de derecha es irrelevante, pues estos parlamentarios carecen, por sí mismo, de un veto que les permita decidir qué proyectos se tramitan y cuáles no. En esta materia, la Presidente decide si se presenta o no el proyecto (la creación de servicios públicos es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo), y la mayoría de los diputados presentes en la sala determinan si se acoge la idea de legislar. Los diputados en cuestión, ni son el Presidente, ni constituyen la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados.

El cuestionamiento de que el proyecto es inconstitucional, sin embargo, puede atraer el interés de la opinión pública, o incluso de una mayoría de alguna de las dos cámaras. Por eso es importante refutarlo. Y dado que la derecha no ha elaborado ningún argumento sobre la inconstitucionalidad del proyecto, lo único que hay hasta el momento es la Carta publicada por Carlos Peña en El Mercurio hace dos días. Allí, Peña sostiene tres cosas de carácter constitucional: que el proyecto requiere de quórum de ley orgánica constitucional pues modifica el régimen de autonomía de las instituciones de educación superior; que vulnera la libertad contractual, particularmente el contenido de contratos vigentes anteriores a la futura entrada en vigencia de la ley; y que contiene regulaciones expropiatorias.

En primer lugar, es erróneo sostener que el proyecto en cuestión sea de quórum orgánico constitucional. El artículo 19 Nº 11, tras entregarle a la ley orgánica constitucional la regulación de diversas materias relativas a la educación escolar, concluye señalando que ella también "establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel". Ahora bien, el proyecto de ley no establece requisitos para el reconocimiento oficial de establecimientos de educación superior, sino un procedimiento de fiscalización con posibles consecuencias sancionatorias. Y jurídicamente, un requisito y la sanción de una infracción son dos cosas distintas. A tal punto se trata de cosas distintas, que la sanción prevista no castiga incumplimientos de requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos, requisitos que son de carácter jurídico-administrativo, sino que castiga situaciones que impidan o afecten gravemente el desempeño de las labores educacionales de la institución. Son, insisto, conceptos jurídicos distintos.

En segundo lugar, Peña afirma que "las reglas del proyecto que alteran contratos en curso carecerán de efecto respecto de todos los contratos celebrados con anterioridad a su vigencia". Esto se debe a que Peña está empleando los criterios de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, de 1861, que efectivamente impide cambiar "las reglas del juego" de los contratos. El problema con la argumentación de Peña es que cuando dicha ley entró en vigencia, la Constitución garantizaba "la inviolabilidad de todas las propiedades". En cambio, la actual Constitución determina que la ley puede establecer el modo de usar, gozar y disponer de la propiedad, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Estas amplias facultades provienen del derecho francés de fines del siglo XIX, y fueron incorporadas a nuestro orden constitucional en 1925 y reforzadas a través de la reforma constitucional de 1967, la que posibilitó la reforma agraria. Otra cosa es que hayan estado dormidas durante las últimas tres décadas. En consecuencia, la Constitución no reconoce la intangibilidad de los derechos emanados del contrato, sino que posibilita en todo momento la modificación de los contenidos de los contratos por parte del legislador.

En tercer lugar, se comprenderá que difícilmente podrá, ante dicha concepción constitucional de la propiedad, sostenerse que se trata de una expropiación regulatoria. ¿Y qué es una expropiación regulatoriaComo he dicho anteriormente, es un invento de Libertad y Desarrollo. O, mejor dicho, una importación conceptual de Estados Unidos, donde se habla de "regulatory takings". En Estados Unidos, los académicos hablan de los "regulatory takings" (de regulaciones que, de tan intensas que son, llegan a transformarse en expropiaciones), pero las cortes casi no aceptan ese argumento. En Chile, fruto del trabajo de los abogados vinculados a Libertad y Desarrollo, algunas cortes han llegado a aceptar esta tesis. Es, insisto, una tesis de algunos abogados, pero no una conclusión evidente a la luz del texto vigente en materia de propiedad. Más bien, el texto del artículo 19 Nº 24 de la Constitución no da espacio para sostener que haya regulaciones que sean expropiatorias. La ley establece el modo de usar, gozar y disponer de la propiedad, y a los modos existentes de disponer de la propiedad la ley agregará uno: mediante la gestión del Administrador Provisional y el Administrador de Cierre.

En resumen, el proyecto de ley de Administrador Provisional no es inconstitucional. No, al menos, a la luz de un análisis jurídico. Por supuesto, esto no significa que el proyecto no pueda ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En temas de esta trascendencia e interés político, el Tribunal Constitucional ha demostrado actúar como una genuina tercera cámara política (no como un tribunal), de mayoría opositora. No sería raro que los parlamentarios de derecha intentaran resolver esta discrepancia allí donde sí cuentan con una mayoría.

12 mayo, 2014

Cambio en los quórums. Una consecuencia del desafuero de Rosauro Martínez

La Corte de Apelaciones de Valdivia ha resuelto desaforar al diputado de Renovación Nacional Rosauro Martínez por su participación en la muerte de militantes del MIR en 1981. ¿Qué consecuencias constitucionales tiene esta decisión?

Lo primero que hay que señalar es que dicha decisión todavía no es definitiva. La defensa de Rosauro Martínez tiene un plazo de cinco días para apelar de dicha resolución ante la Corte Suprema. Existe también una discusión en la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a si es admisible el recurso de casación contra esta resolución.

Ahora bien, una vez que la resolución quede ejecutoriada, el número de diputados en ejercicio habrá bajado de 120 a 119. Esto tiene consecuencias sobre diversos quórums de aprobación de leyes. El quórum para aprobar o modificar leyes de quórum calificado baja de 61 a 60 diputados. El quórum para aprobar o modificar leyes orgánicas constitucionales baja de 69 a 68 diputados. El quórum para derogar el artículo 15º, inciso 2º de la Constitución ("Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución") baja de 72 a 71 diputados.

Cabe recordar que la Nueva Mayoría tiene 67 diputados (63 militantes de partido y 3 independientes). Si a esos diputados se suman el diputado del Partido Liberal y los tres independientes elegidos fuera de pacto (Boric, Jackson y Sepúlveda), ya están los diputados necesarios para aprobar en la Cámara la reforma constitucional que se ha planteado como alternativa para llevar a cabo un plebiscito constituyente (esto es, la derogación del artículo 15).

Seguramente, cuando Rosauro Martínez asesinó a estos militantes de izquierda, no se imaginó que su conducta traería como consecuencia facilitar la desmantelación final de la Constitución de Pinochet.

11 mayo, 2014

La retórica de la reacción, hoy

Albert Hirschman escribió, en su merecidamente famoso libro "The Rhetoric of Reaction", que quienes se oponen a alguna propuesta pero no quieren reconocerlo debido a la popularidad de la misma, acuden comúnmente a tres patrones argumentativos para rechazarla de manera indirecta. 

Hirschman bautizó a estos patrones argumentativos como las tesis de la perversidad, (de acuerdo a la cual, un intento deliberado de mejorar algunas características del orden político, social o económico sólo logrará empeorar las condiciones que se desea remediar), de la inutilidad (según la cual un intento de transformación social será inútil, no logrará alcanzar su objetivo) y la tesis del riesgo (según la cual, un determinado cambio o reforma pone en peligro algún valioso resultado anterior).

Pareciera ser que en Chile hay que agregar más patrones argumentativos. La retórica de la reacción entre nosotros florece como la mala hierba. Uno de ellos fue empleado, por enésima vez, ni más ni menos que por el Presidente de La Polar (!), César Barros. Su patrón argumentativo fue la amenaza indirecta. Según Barros,"El lenguaje que se está usando tiene olor a UP… no hay que lamentarse si después salen reformulaciones de Patria y Libertad". Esta amenaza indirecta cobra su sentido cuando uno se entera de que Barros fue, efectivamente, integrante de Patria y Libertad. Quizás la amenaza no es tan indirecta…

Otra amenaza indirecta viene del nuevo Presidente de la UDI, Ernesto Silva. Tras asumir su cargo, Silva no sólo expresó su orgullo con "muchos aspectos del gobierno militar" (difícil que no sienta agradecimiento; su padre prosperó económicamente gracias a la privatización de la Línea Aérea del Cobre, LADECO, y a la creación de una universidad muy lucrativa, la Universidad del Desarrollo). Silva también afirmó que "no quiero que nunca más haya un quiebre institucional". ¿Y cómo pretende contribuir a que no haya más golpes de estado en Chile? Simple, "vamos a hacer lo que estamos haciendo en este gobierno, que es ser oposición para decir qué cosas creemos que dañan al país". O sea, bloqueando la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma electoral, Silva evitará un nuevo golpe de estado. Lo que implica que si Silva fracasa y hay reforma tributaria, reforma electoral, y reforma tributaria… habrá golpe de Estado.

En definitiva, en Chile el discurso reaccionario tiene hoy una forma especial de expresarse: la amenaza indirecta de que volverá el terrorismo de ultraderecha (Barros) y la intervención militar en política (Silva).