23 julio, 2011

Ministerio de Educación e imperio de la ley


El nuevo Ministro de Educación, Felipe Bulnes, suma a su condición de destacado docente universitario una reconocida gestión como Ministro de Justicia. Todo ello lo hace ser la persona idónea para dar inicio a su gestión de la mejor manera: haciendo cumplir la ley.

Como es sabido, el artículo 53 del texto que refunde la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y la Ley General de Educación establece que las universidades serán siempre corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Sin embargo, es también sabido por la opinión pública que varias universidades han permitido a sus dueños lucrar con la provisión de infraestructura y servicios. Esto ha creado una crisis de credibilidad de la institucionalidad educacional, y consecuentemente de la institucionalidad toda.

Lo bueno es que el mismo cuerpo legislativo nos indica la salida de esta crisis. En su artículo 64, la ley establece que el Ministerio de Educación deberá cancelar la personalidad jurídica y revocará el reconocimiento oficial de aquella universidad que, entre otras causales, haya realizado actividades contrarias al orden público. El concepto jurídico de orden público, como bien sabe el Ministro Bulnes, incluye el respeto estricto a las leyes de la República. Y como bien sabe también el Ministro, dejar sin ejecución las leyes es una causal de acusación constitucional.

Es de esperar, en consecuencia, que el Ministro restablezca la confianza en el sistema de educación superior utilizando las potestades sancionatorias que la ley le encomienda. De otra forma, su gestión podría terminar más temprano y abruptamente de lo que todos deseamos.

22 julio, 2011

Chile: la paradoja de la desigualdad

(Columna originalmente publicada en La Tercera)

¿Qué tienen en común el accidente de los 33 mineros, la mala calidad de la educación a la que acceden los sectores de menos recursos, y el escándalo financiero de La Polar? Que todos estos hechos, que ofenden nuestro sentido de lo correcto, son el resultado de profundas desigualdades entre los chilenos. Sin embargo, y paradojalmente, los chilenos han demostrado de diversas formas ser insensibles a las desigualdades.

La desigualdad de los chilenos

Los dramas de millones de chilenas y chilenos giran en torno a situaciones concretas de desigualdad. Estos dramas son los temas que invariablemente copan la opinión pública: desde la pobreza a la delincuencia, pasando por la calidad de la educación y el acceso a la salud y la vivienda. Todos ellos están relacionados con la desigualdad fundamental de nuestra sociedad: la desigualdad socio-económica.

Chile es, en efecto, una sociedad socio-económicamente desigual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, asociación internacional que agrupa a 34 países altamente desarrollos y que el 2010 aceptara a Chile en su seno, ha calificado a nuestro país como el país más desigual de entre todos sus integrantes, por sobre México y Turquía. Un economista ha graficado la desigualdad de los chilenos sosteniendo que mientras el 10% de los chilenos de mayores ingresos tiene ingresos promedio que superan los de Noruega, el 10% de menores ingresos vive con ingresos promedio peores que Angola.

Consecuentemente, los problemas que acaparan nuestra agenda pública tienen su fuente en la desigualdad social. En algunos casos, esto es tremendamente claro: la pobreza es un resultado directo de la desigualdad, y tanto la pobreza como la desigualdad se ven expresadas en la existencia de sistemas educativos segregados para ricos y pobres. Ahora bien, la desigualdad también ocasiona males sociales cuya relación pareciera ser menos obvia.

Piénsese, por ejemplo, en la delincuencia. En su libro “Inequality, crime, and public policy” (Routledge, 1979), el criminólogo australiano John Braithwaite ha establecido que existe una relación directa entre desigualdad y criminalidad; no sólo en el caso de los crímenes contra la propiedad y la seguridad de las personas cometidos por personas de bajos ingresos, sino también en el caso de la criminalidad de cuello y corbata, la cual se beneficia de la concentración de mucho poder en pocas manos. Esto nos da incluso algunas pistas sobre el caso de La Polar.

Lo mismo ocurre con los problemas de salud pública. En su libro “Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality” (Routledge, 1996), el especialista en salud pública Richard Wilkinson ha mostrado que las desigualdades socio-económicas son una fuente específica de morbilidad o propensión a la enfermedad, independientemente del nivel absoluto de ingresos que tengan las personas; es decir, de su condición de pobreza. La desigualdad socio-económica, junto a temores tales como a perder el trabajo o a sufrir accidentes laborales, constituyen una fuente sicosocial de stress que aumenta las posibilidades de enfermarse. La disolución de los lazos sociales en una sociedad individualista y desigual, adicionalmente, disminuye las redes espontáneas de apoyo y protección con que podrían contar los individuos al enfrentar enfermedades. La afirmación central de Wilkinson es que la expectativa de vida mejora dramáticamente cuando las diferencias en ingreso se reducen y las sociedades están más cohesionadas.

La indolencia ante la desigualdad

Aun cuando la desigualdad es la fuente de tantos malos sociales, ella ha sido poco cuestionada entre nosotros. En algunos casos porque ella yace en el fondo de los problemas que nos aquejan, invisible como un virus que sin embargo deja sentir su presencia. En otros casos, pese a ser evidente, el acostumbramiento a ella nos permite ignorarla. Lo más problemático, en todo caso, es que incluso cuando la desigualdad ha sido identificada la mayoría de los chilenos expresa aceptación ante ella.

Una evidencia de la aceptación de los chilenos ante la desigualdad es la Encuesta del Centro de Estudios Públicos de Noviembre-Diciembre de 2010. Esta consulta incluye la siguiente pregunta: “A su juicio, ¿los ingresos deberían hacerse más iguales o debería incentivarse el esfuerzo individual?”. Las respuestas están ordenadas de 1 a 10 según si la persona prefiere la afirmación “Los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual” o “Debería premiarse el esfuerzo individual aunque se produzcan importantes desigualdades”. El igualitarismo máximo está dado por la opción 1, mientras que el desigualitarismo máximo está dado por la opción 10.

El resultado es que un 42.1% opta por respuestas ubicadas entre el 1 al 5, es decir por respuestas más igualitarias, mientras que un 54.3 % opta por respuestas ubicadas entre el 6 y el 10, esto es más contraigualitarias. Dicho en términos simples, la mayoría de los chilenos prefiere la desigualdad a la igualdad. Pero eso no es todo: de entre quienes optan por la igualdad, el mayor número de ellos (un 22.9%) opta por un igualitarismo moderado, al escoger el punto 5. En cambio, de entre quienes optan por la desigualdad, el mayor número de ellos (un 18.8%) opta por un desigualitarismo radical, al escoger el punto 10. De acuerdo a esta encuesta, debiéramos concluir que Chile es un país que se siente cómodo con su desigualdad.

Detrás de esta aceptación de la desigualdad hay profundos cambios culturales y políticos, los cuales se expresan en el discurso público. Mónica Vargas ha propuesto una interesante forma de comprobar dichos cambios en su trabajo El Cambio de Doxa en Chile: de la Solidaridad al Individualismo Indiferente. Una Lectura desde los Discursos Presidenciales pre y post Dictadura (Emancipação, Vol. 8, 2008). Allí confronta los discursos presidenciales del 21 de mayo de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende con los de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. Los primeros utilizan conceptos tales como “público, expropiar, cooperativa, popular, pueblo, y bienestar de la nación”, todos los cuales hacen alusión a lo colectivo. En cambio, los segundos emplean términos antónimos de los anteriores, esto es “privado, privatizar, subsidio individual, individuo, gente, e intereses de mercado”. Si imaginamos el discurso público como una cancha con la capacidad de desplazarse, entonces no cabe duda que la nuestra se desplazó durante las últimas décadas, figurativamente, hacia la derecha: hacia la aceptación de la desigualdad.

¿Psicoanalálisis de la sociedad contemporánea?

El psicoanálisis ha transformado al síntoma en el eje de una teoría interpretativa del sujeto: el síntoma, una manifestación corpórea anómala y aparentemente irracional, puede ser objeto de interpretación a fin de acceder a aquel pasado traumático que explica y estructura la reacción sintomática. Un psicoanálisis de nuestra sociedad contemporánea nos permitiría ver nuestra aceptación de la desigualdad como un síntoma que lleva inscritos los traumas que la sociedad chilena vivió durante la época en que más intensamente se luchó por la igualdad en nuestro país: la década y media que antecede al Golpe de Estado de 1973. Quizás reformular nuestra paradojal relación con la desigualdad exija confrontarnos con dicho período. Esa tarea, por lo menos para este columnista, quedará para una próxima oportunidad.

Educación superior: más Estado y menos libertades

(Columna originalmente publicada en El Mostrador)

La educación superior en Chile necesita más Estado y menos libertades. Así de simple. Calificar esta afirmación de “ideologizada” no agrega nada; quienes así reaccionan siguen la actitud del chamán de épocas pasadas que pretendía ahuyentar con encantos y conjuros los males que atacaban a su sociedad. En lugar de invocar fantasmas, quienes se oponen a reformas profundas en la educación superior deben hacerse cargo de defender el modelo de educación superior actual: deficitario en términos de los estándares internacionales de gasto público, y que le da la espalda al bien común privilegiando los intereses de unos pocos.

¿Por qué digo que la educación superior en Chile necesita más Estado? Simple: porque actualmente el grueso del gasto en educación superior proviene de las familias. Como lo indica el informe Education at a Glance 2010 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile es el país con mayor gasto privado en educación superior de entre todos los países que integran dicha organización: un 85.6%, que contrasta con el de países como Italia, Portugal, o México (en torno a un 30%).

Ahora bien, para financiar este incremento en el gasto público tendríamos que aumentar la recaudación fiscal; y dado que nuestro impuesto al valor agregado ya es bastante elevado, las alternativas para aumentar la recaudación fiscal son subir los impuestos directos y subir el royalty minero que en la actualidad tiene un tope de 5%. A cualquiera de estas dos últimas posibilidades se van a oponer la derecha y el empresariado; pero lo que usted y yo tenemos que hacer es ignorarlos.

¿Y para qué necesitamos más gasto público en educación superior? ¿Qué vamos a hacer con estos nuevos recursos? Muy simple: aumentar o expandir la cobertura de cada uno de los mecanismos mediante los cuales el Estado contribuye actualmente al financiamiento de la educación superior. Estos mecanismos son el Aporte Fiscal Directo, el Aporte Fiscal Indirecto, los créditos para la educación superior (Fondo Solidario de Crédito Universitario y Crédito con Garantía del Estado), y los recursos concursables de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. De estas fuentes de financiamiento, quisiera detenerme en discutir qué cambios debiera haber en el Aporte Fiscal Directo y por qué.

El Aporte Fiscal Directo (AFD) es un monto entregado anualmente a cada una de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (las así llamadas “universidades tradicionales”). El aporte que recibe cada institución se calcula de la siguiente manera: un 95% corresponde al aporte que el Estado hacía a la universidad en cuestión hasta 1988 y en un 5% mediante indicadores que reflejan la capacidad docente e investigadora de cada institución.

La estructura del AFD, un mecanismo de financiamiento basal, permite a las universidades contar con un ingreso estable en el tiempo, lo cual disminuye el riesgo de transformar las postulaciones a fondos concursables y los aumentos en el número de alumnos o las alzas de aranceles en mecanismos de financiamiento. El AFD, entonces, es fundamental para asegurar la libertad académica de la universidad, sobre todo para que los académicos puedan diseñar sus agendas investigativas con tranquilidad.

Algunos han planteado que el Aporte Fiscal Directo debiera ir sólo a aquellas universidades que sean propiedad del Estado. Eso sería un grave error, ya que privaría de una valiosísima fuente de ingresos a universidades de excelencia como la Universidad Austral o la Universidad de Concepción. En lugar de ello, creo que el monto total del Aporte Fiscal Directo debiera aumentar sideralmente, y expandirse a todas aquellas universidades que no son actualmente parte del consejo de rectores y que se destaquen en actividades de docencia, investigación, y extensión. Así el Estado potenciaría el rol que universidades como la Universidad Diego Portales, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Alberto Hurtado o la Universidad de los Andes, por nombrar a algunas, ya juegan en la actualidad. Con más universidades directamente financiadas por el Estado, todo Chile se beneficiaría.

Pero alguien me podrá responder, ahora desde la otra vereda: ¿porqué habría el Estado de financiar universidades como las no tradicionales que no están sujetas a ningún mecanismo de control o de rendición de cuentas? Pues bien, es precisamente esa objeción la que me lleva a plantear que la educación superior necesita menos libertades.

¿Por qué digo que la educación superior en Chile necesita más Estado? Simple: porque en la actualidad la Constitución garantiza la libertad de enseñanza en los más amplios términos posibles, y las leyes que la complementan reflejan dicha libertad sin límites. Los asesores de la Junta Militar que redactaron la Constitución escribieron que la libertad de enseñanza “no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”, así como “no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”. Ninguna de esas limitaciones impide que haya universidades de mala calidad.

¿Cómo asegurar la calidad de las universidades? Lo primero es consensuar que nadie tiene una especie de derecho natural a abrir universidades, tal como nadie tiene un derecho natural a conducir vehículos motorizados. Abrir y mantener universidades, tal como manejar un camión, es una actividad que involucra la vida de otras personas. Si yo no cumplo los estándares que la sociedad fija para realizar cualquiera de estas actividades la sociedad tiene todo el derecho de detenerme: de cerrar mi universidad, así como de detenerme mientras manejo. Y una vez que hemos resuelto que la libertad de enseñanza tal como está consagrada en la Constitución ha de ser limitada, la pregunta es cómo limitarla. Mi opinión es que ello ha de ser realizado mediante la acreditación obligatoria de todas las universidades y sus carreras y programas de pregrado y posgrado.

La acreditación, consistentemente con la noción de libertad de enseñanza de la Constitución, es actualmente voluntaria. Esto es tan inaceptable como si sacar licencia de conducir fuera voluntario. Ella debe pasar a ser obligatoria en todas las áreas: no sólo en docencia de pregrado y gestión institucional —que son actualmente obligatorias para quienes se sometan voluntariamente a acreditación— sino también en docencia de posgrado, investigación, vinculación con el medio y, sobre todo, equipamiento e infraestructura. Es precisamente en este último ítem donde algunas universidades obtienen ganancias, ya que los dueños de dichas instituciones organizan inmobiliarias que les subarriendan las instalaciones a la propia universidad. Esto, que es ilegal, es hecho a vista y paciencia de todo Chile. La acreditación debiera llevar a que estas universidades rindan cuenta pública de la administración de sus bienes. Además, debiera imponer estándares a las malas universidades que actualmente existen, tales como contar con suficientes profesores doctorados de planta y generar investigación publicable.

Ciertamente, alguien podría decir que la acreditación mide sólo procesos, no calidad; pero como profesor universitario puedo decir que no es posible hacer más que eso. Qué es investigación y docencia de calidad es algo discutido y discutible, particularmente en las humanidades y las ciencias sociales. Pero contar con una comunidad académica más grande y dotada de estabilidad laboral redundará en una discusión académica más intensa y, por lo tanto, más exigente. Eso también beneficiará a todo Chile.

En definitiva, queda claro que la educación superior necesita más Estado y menos libertades. ¿Necesitará también la educación escolar más Estado y menos libertades? Esa pregunta quedará pendiente para otra oportunidad.

El “monitoreo” y el lamentable estado de la discusión pública

(Columna originalmente publicada en El Mostrador)

Recientemente, el gobierno realizó una licitación para contratar un servicio de monitoreo de las redes sociales. El objetivo de este monitoreo es rastrear la manera en que los usuarios de estas plataformas utilizan conceptos tales como Piñera, Presidente, u otros similares y así obtener un canal de información permanente sobre el estado de la opinión pública. Desde luego, los gobiernos tienden a intentar obtener tal preciada información, ya sea mediante redes de informantes o bien a través de encuestas de opinión. De estos métodos, el primero está un tanto desprestigiado (si a estas alturas algún lector puede aguantar más de 140 caracteres de corrido, le recomiendo leer Fouché, de Stefan Zweig, novela histórica donde podemos apreciar el enorme poder que entrega disponer de tales redes), mientras que el segundo goza de tanta salud que se ha llegado a hablar del gobierno mediante encuestas para describir el ‘estado del arte’ gubernativo en las democracias occidentales.

En cuanto esta información llegó a oidos de los monitoreados, los usuarios de twitter (y en menor medida, me imagino, de facebook, dado que la gente se ha acostumbrado a tener mayores niveles de privacidad en este otro sitio) han montado en cólera y han hecho del monotoreo precisamente un trend topic, facilitando así el trabajo de los monitoreadores. Da lo mismo que el propósito mismo de estas redes sociales sea opinar y hacer al usuario parte de la esfera pública: ahora resulta que todos están preocupados de su privacidad.

Que no se me malentienda. Sin duda, existe la posibilidad de que un gobierno en general, e incluso que éste en particular, emplee dicha información de manera abusiva y persecutoria. En la dictadura que todos los integrantes de este gobierno mayores de 40 años apoyaron en el plebiscito de 1988 (con la supuesta excepción del Presidente), información como la que proveerá este monitoreo (quien opina qué, donde está ubicado) sirvió para secuestrar, torturar, asesinar, y hacer desaparecer a una amplia variedad de opositores políticos. Sin embargo, la dictadura se acabó y volvimos en 1990 a tener un Estado de Derecho respetuoso de algunas libertades públicas. Créanme: a nadie lo van a ir a arrestar en su casa por twittear contra Piñera (¡qué más le gustaría a algunos! ¡ser héroes de la libertad de expresión! ¡twitteros luchando contra la opresión, como en Irán o Libia!).

Aún así, un funcionario público o algún ciudadano que esté postulando a algún beneficio social podría temer que sus opiniones críticas de este gobierno le perjudiquen en su estabilidad laboral o en la posibilidad de obtener las prestaciones sociales deseadas. Ciertamente, si una autoridad empleara las opiniones de un ciudadano en su perjuicio (sea como resultado del monitoreo o por mera casualidad), estaríamos frente a una violación de la libertad de expresión. Ahora bien, dada la desigual distribución de la tecnología en nuestra sociedad dudo bastante que haya personas postulando a prestaciones sociales que tengan cuenta en twitter. Asimismo, dudo que haya alguien en el Gobierno que quiera darle uso a una lista con las direcciones de los millones de opositores. ¿Qué creen, que van a ir a pegarle a la casa a los twitteros? ¿O a convencerlos de que éste es el gobierno de los mejores?

A todos quienes tengan algo así en la cabeza, les recomiendo que dejen de mirar los problemas desde la óptica de los derechos individuales y empiecen a pensar en la lógica del poder. ¿De qué sirve tener una lista geográfica de donde se concentran los opositores y los partidarios del gobierno? A un gobierno en campaña le sirve de mucho. La dictadura entendía eso perfectamente. Por eso, cuando diseñó en 1988 los distritos electorales existentes hasta hoy, sobrerrepresentó a aquellos sectores geográficos donde Pinochet había obtenido mejores resultados en el plebiscito. En una escala más modesta, este gobierno podría utilizar datos consolidados del apoyo o rechazo que despierta para intentar cambiar esos datos mediante inversiones públicas o visitas de autoridades. También podría distribuir esa información entre sus candidatos al Congreso. Por supuesto, esta práctica ya existe: los partidos compran las bases de datos de las elecciones y las utilizan para focalizar sus esfuerzos electorales. Así son las reglas del juego.

Así y todo, alguien podría seguir preocupado por los casos de personas cuya estabilidad laboral o cuyos beneficios sociales sean afectados en un caso concreto. En estos casos, lo que procede es emplear las herramientas que el derecho ofrece para proteger a la ciudadanía: por ejemplo, un juicio laboral o un recurso de protección. Alguien me podrá decir que esas cosas toman tiempo y que no hay abogados que lleven esos juicios gratis. A ello responderé que sí, que todo lo importante en la vida toma tiempo, y que un juicio que proteja derechos es importante pues beneficia a todos los que se encuentren en una situación parecida; que así y todo, los juicios en general demoran bastante y eso debe cambiar (ojo que un recurso de protección dura a lo más meses, no años como un juicio civil); y por último, que la mínima cantidad de organizaciones de abogados que patrocinen juicios de interés público (notables excepciones: Libertades Públicas, A.G., y la clínica de interés público de la UDP) nos dice que en nuestro país los abogados forman una cofradía de piratas interesados en el lucro en lugar de colaboradores de la administración de justicia, algo que también ha de cambiar.

El problema detrás de todo esto es el lamentable estado de la opinión pública, y el hecho de que los partidos de la Concertación se han mostrado incapaces de darle conducción a ésta. Las famosas redes sociales ciertamente juegan un rol en una sociedad democrática, al visibilizar de manera inmediata el estado de la opinión pública. Sin embargo, la opinión pública es sólo una parte de la esfera pública. La otra parte es el rol que le cabe a la dirigencia política: sistematizar las diversas demandas sociales, coordinarlas entre ellas, compatibilizarlas con ciertas prioridades de largo plazo, y así sucesivamente.

En el caso del monitoreo, los dirigentes de la oposición una vez más han decidido dejar que su rol lo cumpla sin intermediación la opinión pública, dejándoles la conducción a twitteros que —digamos las cosas como son— no le han ganado a nadie. El resultado de ello es que la opinión pública se enfoca en discutir sobre bolitas de dulce, en lugar de estar cuestionando las condiciones sociales que han permitido diversos problemas recientes tales el rescate de los mineros (las condiciones en que trabajan cientos de miles de chilenos), Hidroaisén (nuestra carencia de políticas de planificación energética y económica en general), o la huelga mapuche (la falta de reconocimiento constitucional a las etnias originarias). En línea con el sensacionalismo de los noticieros, twitter está lleno de explosiones emotivas pero tiene una notoria carencia de análisis meditados sobre las relaciones de poder en nuestra sociedad. Con twitter, como dijera el memorable Antonio Cortés en otras circunstancias, gana el “carrete”: la inmediatez hedonista, transformada en este caso en parámetro de la discusión pública.

Lo curioso es que el monitoreo refleja precisamente eso: que la discusión pública se está transformando en una acumulación de frases de 140 caracteres, cuya coherencia es estadística pero no argumental.

El matrimonio homosexual es bueno para los niños

(Columna publicada originalmente en El Mostrador)

Tere Marinovic ha empleado su columna semanal en El Mostrador para responder mi crítica de la semana pasada. Marinovic aborda fascinantes puntos sobre filosofía, sobre los cuales me encantaría detenerme; sin embargo, como ella misma me lo recuerda vía twitter, la discusión relevante en este momento es sobre el matrimonio homosexual, y sobre qué posibilidades o amenazas representa. Me atendré a este asunto, en consecuencia.

Deduzco de mi conversación con Marinovic que hay dos puntos que le preocupan particularmente y en los cuales tenemos un claro desacuerdo: Marinovic cree que la homosexualidad es anormal (un asunto cognitivo-valorativo) y cree que la crianza de hijos por parte de parejas del mismo sexo afecta el desarrollo de dichos niños (un asunto de hecho). Me referiré al primer problema sólo brevemente, para adentrarme en la argumentación más ‘fáctica’.

¿Es la homosexualidad ‘normal’ o ‘anormal’? Creo que para responder a esa pregunta hay que reflexionar seriamente sobre los términos que se nos pide utilizar. La oposición entre lo ‘normal’ y lo ‘anormal’ parece ser una categoría empleada universalmente; pero su contenido, nos enseñan ciencias humanas tales como la antropología, varía considerablemente en diversas sociedades.

¿Y en tal caso, porqué hablamos de cosas normales y anormales? La cosa va así. Cada sociedad encuentra formas específicas de satisfacer necesidades humanas básicas tales como el apareamiento, la alimentación, el cuidado de los niños, o la entrega de protección a la población. Cuando cierta forma de satisfacción funciona ella es institucionalizada, y la sociedad en cuestión desarrolla sistemas de creencias que robustecen dichas instituciones. Además del mito, la religión, o los valores, dichos sistemas de creencias utilizan las categorías de lo ‘normal’ y lo ‘anormal’ para naturalizar sus instituciones: para hacernos creer que o bien son funcionalmente inevitables (es decir, que son las únicas que funcionan) o bien son correctas (es decir, que son las únicas que armonizan con el orden natural de las cosas). Esta es también una necesidad humana, cabe agregar; los seres humanos necesitamos sentir que nuestro lugar en el universo es el adecuado.

Esto último es particularmente relevante para responder a mi segundo desacuerdo con Marinovic. No es cierto que haya una única institución que funcione para el cuidado de los niños. Las parejas heterosexuales, pese a lo que Marinovic cree, no pueden reclamar ese honor.

Recordemos que la pregunta sobre la funcionalidad y, en consecuencia, la correción de la paternidad homosexual es tremendamente relevante para nuestro país. Recordemos que el año 2004 la Corte Suprema privó de la tuición de sus hijas a Karen Atala, jueza lesbiana emparejada con una historiadora, argumentando que “aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, la eventual confusón de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas.” En este fallo, la Corte Suprema expresa la misma creencia que Marinovic: que para los niños, no tener un padre hombre y, peor aún, ver suplido dicho padre hombre por otra madre mujer adicional, es una situación dañina para su desarrollo personal. A raíz de esta sentencia, Atala, representada por abogados de Libertades Públicas A.G. y de la Clínica de Interés Público de la Universidad Diego Portales, presentó una denuncia contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta denuncia fue declarada admisible por la Comisión, debido a la cual la Comisión presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado. Este juicio todavía está en tramitación.

Ahora bien, ¿están en lo correcto Marinovic y la Corte Suprema? ¿Perjudican los padres homosexuales a sus hijos? Responder a esta respuesta, ciertamente, requiere algo más que los malabares retóricos de la Corte: exige la consideración de estudios metodológicamente aceptables por la comunidad académica relevante.

La evidencia necesaria para reflexionar sobre estas preguntas existe. Por ejemplo, Timothy Biblarz y Judith Stacey, profesores de sociología de la Universidad de California del Sur y de la Universidad de Nueva York respectivamente, plantean en su estudio (How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter? (publicado en el prestigioso American Sociological Review, órgano principal de la American Sociological Association) que la revisión de los estudios sicológicos sobre paternidad “reportan que no hay diferencias notorias entre niños criados por parejas heterosexuales y aquellos criados por parejas gay o lesbianas, y que los padres homosexuales son tan competentes y efectivos como los padres heterosexuales” (p. 160).

Según Biblarz y Stacey, la orientación sexual de los padres tiene algunos efectos; por ejemplo, “en algunos indicadores, como agresividad o preferencias lúdicas, los hijos de madres lesbianas se comportan de maneras menos tradicionalmente masculinas que aquellos criados por madres solteras heterosexuales” (p. 168). ¿Menos agresividad en los hombres? ¿Menos fútbol? Ojalá mis compañeros de colegio hubieran sido criados por la jueza Atala y su pareja.

No obstante, respecto de los temores de la Corte Suprema, hay que decir que ellos son infundados. Los niños criados por padres homosexuales ni son más tontos o inadaptados, ni tienen mayor tendencia a definirse como homosexuales en la adultez. Biblarz y Stacey explican que “ninguna relación ha sido encontrada entre la orientación sexual de los padres y los indicadores de las habilidades cognitivas de los niños” (p. 172). Los hijos de parejas del mismo sexo están más abiertos a considerar la posibilidad de tener relaciones eróticas con personas de su mismo sexo (p. 170); pero así y todo, “la mayoría de todos los niños se identifican a sí mismos como heterosexuales” (p. 178), hayan sido criados por parejas del mismo sexo o de distinto sexo. Los hijos de padres homosexuales, así las cosas, tienen claro que la orientación sexual de sus padres es una posibilidad, pero estadísticamente no son más propensos a ser homosexuales que sus pares criados por padres heterosexuales. Pueden ser más heterocuriosos, pero no más homosexuales.

Estos puntos son reforzados por Gregory Herek, profesor de psicología de la Universidad de Californa en Davis, en su estudio Legal Recognition of Same-Sex Relations in the United States: A Social Science Perspective publicado en el American Psychologist (el órgano oficial de la American Psychological Association, la asociación de psicólogos más grande del mundo). Herek se hace la siguiente pregunta en su artículo: “¿Perjudica a los niños el tener padres gay, lesbianas, o bisexuales, en comparación a los hijos de padres heterosexuales, de tal forma que el negarle a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio sea beneficioso para los niños?”. Su conclusión es que “los estudios empíricos que comparan a los niños criados por padres pertenecientes a minorías sexuales con aquellos criados por padres heterosexuales comparables en todo otro respecto no han encontrado disparidades confiables en su salud mental o su ajuste social” (p. 613). La Sociedad Canadiense de Psicología coincide, afirmando que “la revisión de la investigación psicológica sobre el bienestar de los niños criados por parejas del mismo sexo y por parejas heterosexuales indica que no hay diferencias significativas en su salud mental o su adecuación social y que las madres lesbianas y los padres gay no son menos capaces como padres que sus contrapartes heterosexuales”.

¿Pero no es acaso necesario tener un padre y una madre —es decir, un padre de cada género— para tener una crianza completa e integral? Biblarz y Stacey, nuevamente, abordan este asunto en su estudio How Does the Gender of Parents Matter, publicado en el Journal of Marriage and Family. En éste, parten citando la afirmación de un anterior estudio que sostuviera que “la paternidad exitosa no es específica de ningún género, y que los niños no necesitan padres, ni madres, si es por esto. Más bien, cualquier configuración de adultos en términos de género puede criar adecuadamente” (p. 3). Tras analizar la investigación disponible, Blibarz y Stacey concluyen que “dos padres compatibles proveen ventajas para los niños frente a padres solteros”, lo cual “parece ser cierto sin importar el género de los padres, su estado marital, su identidad sexual, o su estatus biogenético” (p. 17). Punto a favor para el matrimonio homosexual, ¿no?

Pareciera ser que toda la diferencia la hace la calidad de las relaciones dentro de la familia, antes que la orientación de quienes la integran. El profesor de psiquiatría infantil de la Universidad de Yale Kyle Pruett afirma en su libro FatherNeed: Why Father Care Is as Essential as Mother Care for Your Child que en sus 25 años de trabajo clínico con familias y niños ha observado, “con creciente sorpresa, una variedad infinita de estilos, acuerdos, y estructuras de crianza utilizadas por las familias para criar a sus niños” y ha llegado a la conclusión de que “la mayoría de las habilidades parentales duraderas, al final, probablemente no dependen del género”. La Sociedad Australiana de Sicología coincide con Pruett, sosteniendo que “son los procesos familiares (tales como la calidad del cuidado y las relaciones dentro de la familia) lo que contribuye a determinar el bienestar y los ‘resultados’ de los niños, más que las estructuras familiares en sí mismas, tales como el número, género, sexualidad, y estatus cohabitacional de los padres” (p. 4).

Si le interesa seguir profundizando en este tema, la Unión Americana por las Libertades Civiles, en su libro Too High a Price: The Case Against Restricting Gay Parenting, coincide con la afirmación que hice en mi columna anterior: el bien común no sólo no se opone al matrimonio homosexual, sino más bien pareciera demandarlo.

¿En definitiva, qué nos dice la revisión de la literatura científica? Nos dice que la dupla padre/madre no tiene ventajas funcionales respecto de la dupla padre/padre o madre/madre. No hay ninguna evidencia que señale que ser criado por padres homosexuales perjudique de alguna forma al menor. Me permitiría añadir que conozco bastante gente criada por padres heterosexuales cuyas vidas son miserables precisamente a consecuencia de su crianza.

En resumen: el matrimonio homosexual es bueno para los niños. Que no le vengan con cuentos.

03 julio, 2011

Educación y Constitución

Los parlamentarios Andrés Chadwick y Marcela Cubillos afirman en El Mercurio de hoy que la demanda por cambios constitucionales planteada por algunos sectores estudiantiles "nada dice relación con la calidad de la educación". Se equivocan.
La demanda estudiantil del presente tiene mucho que ver con la estructura constitucional vigente en nuestro país desde 1980. El movimiento social articulado por los estudiantes está solicitando una reconfiguración de las relaciones entre Estado y sociedad civil y una reformulación de ciertos derechos ciudadanos, todo lo cual a su vez requiere ser procesado por un proceso legislativo lleno de obstáculos para la expresión de la voluntad ciudadana. El rol subsidiario del Estado, la inexistencia de derechos sociales, los quórums supermayoritarios exigidos para la aprobación de leyes orgánicas constitucionales como la de Educación, la distancia entre sociedad civil y clase política generado por el sistema binominal, son todos innovaciones de la Constitución de 1980 de las cuales la ciudadanía desea deshacerse.
Que estudiantes secundarios y universitarios tengan la claridad conceptual de la cual un par de antiguos profesores de derecho constitucional carecen, pareciera robustecer la necesidad de mejorar la educación.