28 mayo, 2010

La Transubstanciación de la Concertación

“Todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados” afirmó Carl Schmitt. Para quienes han seguido de cerca la discusión sobre la renovación de la Concertación, esta aserción teórica encuentra su confirmación en varias de las ideas fuerzas del debate que se ha dado a través de los medios de comunicación. El clamor por “nuevos liderazgos” crea una espacio recubierto por un aura mesiánica que aún aguarda por sus ocupantes; y la propia idea de la renovación de la Concertación replica la estructura de la transubstanciación de la hostia, que transforma milagrosamente la substancia de que ella está compuesta.

Los momentos de crisis son momentos particularmente aptos para la formulación de preguntas cargadas de sentido religioso (¿porqué a nosotros? ¿porqué ahora? ¿qué sentido tiene esto?), así como de búsqueda de soluciones que habrán de llegar de lo alto a poner fin a todas las incertidumbres. Eso lo sabemos tanto debido a nuestras propias experiencias traumáticas, como a través de las enseñanzas de la historia. Uno de los fenómenos históricos que encarna esta tendencia, el milenarismo, recibió nuevo impulso en el siglo XIX a través de la influyente traducción al inglés del libro “La Venida del Mesías en Gloria y Majestad” del jesuita chileno Manuel Lacunza, que influyó en la creación de la Iglesia Adventismo y de los Testigos de Jehová. ¿Será que Chile, tierra de catástrofes naturales y humanas, es particularmente propicio para el surgimiento de este tipo de conductas y expectativas místicas?

Así pareciera sugerirlo también el debate sobre la Concertación iniciado tras la derrota electoral de enero. Hoy esperamos que aparezcan milagrosamente –tan milagrosamente como pareciera haber surgido Barack Obama en Estados Unidos– líderes natos, éticamente puros, y dotados de la capacidad de convocar a nuevos fieles. De ellos se espera que nos lleven de vuelta al paraíso perdido, donde la Concertación no sólo era santa sino que también estaba bendita por los frutos del poder. Algunos de quienes han sido sugeridos para ocupar este sitial sagrado del nuevo líder de la Concertación comparten una característica adicional con el Rey de Reyes: son de linaje real, descendientes de gobernantes o dirigentes del pasado cuyas hazañas les dieron carácter místico. Esto ya lo vimos durante la segunda vuelta, donde los descendientes de Reyes (Lagos), Mártires (Tohá) y Profetas (Orrego) prepararon la venida del hijo del Rey Mártir (Frei).

La renovación misma de la Concertación comparte esta estructura religiosa. Se espera que el nuevo líder sea capaz de tomar a la Concertación que existe, con sus operadores políticos corruptos, sus funcionarios públicos cansados, sus juventudes partidarias estériles, y tal como a los publicanos y a las prostitutas los saque del desencanto y los conduzca a la santidad. La Concertación ha de experimentar la transformación mística que atraviesan el pan y el vino durante la misa, en que gracias al poder de la palabra cambian su naturaleza sin que su aspecto externo se modifique: es el espíritu de la Concertación lo que ha de cambiar, no su militancia ni sus estructuras; aspectos materialistas que sólo un ateo podría estar discutiendo en este momento de crisis espiritual.

Max Weber observó que históricamente todo liderazgo legítimo hunde sus raíces en un liderazgo carismático, concepto intrínsicamente religioso que otorga poderes mágicos a quien lo detenta. Sin embargo, como lo prueban dos años de gobierno de Obama, el destino de todo carisma es perder su aura mística; y su desafío es obtener su institucionalización –es decir, como señala Weber, su racionalización y burocratización– antes de perder sus poderes mágicos. La Concertación debiera darse cuenta de que en vez de buscar nuevos liderazgos mesiánicos y una renovación mágica y transubstanciadora, debiera concentrar su atención en fortalecer sus instituciones –los partidos políticos– y procedimientos –entre otros, sus primarias–.

11 mayo, 2010

Libertad de expresión y función pública: en torno a Marcela Sabat

En los últimos cinco años los blogs y otros medios de comunicación virtuales se han convertido en la niña bonita del baile de la opinión pública. Todos, incluso los medios tradicionales, han tratado de insertarse en este mundo. Es más, en este mismo instante el lector está siendo parte de la esfera pública virtual al leer esta columna. El valor social asignado a estos medios, muchos de los cuales permiten integrar en la formación de opinión pública a ciudadanos carentes de “capital simbólico”, ha llevado a que ellos sean si no respetados en el sentido de ser considerados autoridades –eso depende del contenido de las opiniones vertidas– al menos respetados en el sentido de ser dejados tranquilos –lo que es parte constitutiva del ejercicio de la libertad de expresión–. Eso, hasta que Marcela Sabat llegó a instalarse en la Cámara de Diputados.

Hace poco una periodista publicó una columna en el blog Política Rock titulado “Marcela Sabat, la vergüenza trewhelina”. En este posteo, que tuve la oportunidad de leer, la periodista comentaba sobre la asistencia de la Diputada a una reunión de exalumnos de dicho colegio en la cual Sabat aparentemente se subió al escenario para llamar la atención de sus excompañeros, cosa que habría simplemente sido ocasión de mofa y ridículo para la parlamentaria. Nada del otro mundo.
Sin embargo, con fecha 9 de mayo, el equipo editorial de dicho sitio web publicó un comunicado en el cual señalan que uno de sus directores se comunicó mediante mensajes electrónicos con Sabat para “ejercer su derecho a réplica en Política Rock”, ante lo que la parlamentaria “desestimó dicha opción y mencionó que la autora se estaba metiendo en problemas”. Con posterioridad, y tras una conversación telefónica que pareció señalar lo contrario, dicho comunicado expresa que el mismo director “recibió un mensaje en el que la diputada lo dejó en conocimiento explícito de que ya había emprendido acciones legales”. Como resultado, “la autora del artículo decidió darlo de baja”.
Uno podría preguntarse qué hay de malo en esto: una periodista emitió algunos comentarios en ejercicio de su libertad de expresión, la persona en cuestión se sintió ofendida, y estimó que le correspondía iniciar algún tipo de acción legal contra el medio. ¿Qué problema hay, se podría preguntar el lector, en usar las herramientas del derecho para defenderse? Pues bien, claro que los hay si miramos el asunto a la luz del contexto en que se da este problema, y si le damos una segunda mirada al problema en discusión.
El derecho admite muchos usos. Uno de ellos es ser usado simple y derechamente como un arma contra nuestros enemigos. La legalidad suele estar del lado de quien tenga más recursos; esto no es misterio para nadie. Detrás de dichos casos, usualmente lo que hay que una desigualdad de poder. Tal cosa ocurre cuando una Diputada de la Republica, que cuenta con recursos fiscales para contratar servicios profesionales y con la visibilidad e influencia que le otorga su cargo, amenaza con acciones legales a un medio dirigido por tres estudiantes y en el cual una periodista publica como free lance una columna de opinión. Eso es el equivalente jurídico a un adulto ofreciéndole combos a un niño. La Diputada está anunciando una demanda contra un medio ciudadano dirigido y mantenido por jóvenes voluntarios que carecen de la infraestructura y recursos necesarios para manejar tal evento: particularmente, acceso a profesionales jurídicos de calidad y seguros por responsabilidad civil. ¿Significa esto que la alternativa es que los estudiantes chilenos no tengan blogs, y si los tienen, que sólo escriban de cosas irrelevantes?
El segundo problema tiene que ver con la libertad de expresión misma. La libertad de expresión funciona como un paraguas precisamente contra ese tipo de reacciones. La libertad de expresión es tal cuando no existe censura de sus contenidos. Un intento por filtrar su contenido por parte de una autoridad pública –ya sea preventivamente, o bien a través de mecanismos más complejos como este– es censura. La libertad de expresión constituye el sustrato sobre el cual se erige la opinión pública, la cual es una esfera autónoma dentro de la sociedad que funciona con sus propias reglas: una de ellas es que el mecanismo para diferenciar –para discriminar– entre unas opiniones y otras es el uso de los mismos mecanismos: la libertad de expresión. La libertad de prensa, una variante de la libertad de expresión, institucionaliza esta conversación entregando como herramienta para su control el derecho a réplica: un mecanismo inmanente que actúa como contrapeso a ejercicios de la libertad de expresión con los que se discrepe. Según lo expresado en su comunicado por Política Rock, eso es precisamente lo que se le propuso a la Diputada Sabat, y que ella rechazó de un manotazo con el anuncio de una demanda. Al actuar así desconoció las fronteras constitutivas de la libertad de expresión, y la autonomía de la opinión pública como una esfera distinta y específica dentro de la sociedad. La política –no, me corrijo; el poder– arrinconando a empujones a la libertad.
Por sus frutos les conoceréis, dijo alguien. En este caso, si hemos de juzgar por este fruto en particular, pareciera ser que la Diputada Sabat ha seguido el modelo autoritario que el edil de su comuna le ofrece.

09 mayo, 2010

De frecuencias, redes, y otras hierbas

El panorama político post-eleccionario del centro hacia la izquierda ha estado lleno de escaramuzas, intentos de realineamiento y frondas de varios tipos. Todos tienen, sin embargo, un común denominador: el intento por interpretar el significado político de la competencia presidencial y sus resultados, que han leído como una petición por una “renovación de la política” que, en definitiva, es entendida como la aparición de “caras nuevas”. En la Concertación el mejor ejemplo de esto ha sido la comedia de equivocaciones protagonizada por Fulvio Rossi y Carolina Tohá; y entre las huestes que apoyaron a Marco Enríquez, el esfuerzo por darle orgánica y permanencia en el tiempo a la euforia de su campaña presidencial. Un tercer frente de reordenamiento se ha abierto en los esfuerzos por parte de grupos de profesionales jóvenes por crear nuevos espacios de participación ciudadana: me refiero a Frecuencia Pública y Red Liberal.

Dichos grupos, si bien integrados por distintas personas y organizados en torno a visiones de la sociedad aparentemente distintas, se caracterizan por tener un mismo objetivo. Ambos se presentan como organizaciones distintas de los partidos políticos, “ciudadanas”, pero capaces de enfrentar las discusiones de opinión y política pública que según su análisis los propios partidos han dejado de lado. En otras palabras, pareciera ser que su norte es no renunciar a la política, pero sí utilizar un camino alternativo a los partidos políticos para realizar tal labor; política sin partidos.
Desde luego, esta no es una mala idea: el espacio político y cultural para ello existe, y en última instancia toda iniciativa que reivindique el papel de lo público en esta época de individualismo neoliberal ha de ser bienvenida. Sin embargo, precisamente por la importancia de la esfera pública, toda iniciativa en este espacio ha de ser bienvenida de la manera en que la modernidad se ha construido a sí misma: a través de la crítica. Dado que Frecuencia Pública (FP) y Red Liberal (RL) recibirán aplausos en muchos otros espacios, en esta columna aprovecharé de criticarles por lo que me parece el principal riesgo de su modelo de política sin partidos: el elitismo social.
Lo primero que corresponde es definir este concepto. ¿Qué es el elitismo social? Para los efectos de esta columna, entenderé por tal la concentración de la participación política entre quienes tienen poseen un alto capital cultural, social, y simbólico. FP y RL, tal como Independientes en Red o Expansiva antes que ellos, son grupos altamente elitistas en ese sentido. En ellos, al capital cultural y social generado por la asistencia de sus convocantes a los colegios y universidades más exclusivos del país se suma el capital simbólico ganado por los coordinadores más conocidos de estos grupos –Sebastián Bowen y Cristóbal Bellolio– al haber participado en las candidaturas presidenciales de Frei y Enríquez.
Esta referencia biográfica tiene algo que ver con la crítica de mi columna. Entre los organizadores de FP y RL la desconfianza de partidos no es nueva. Ella pareciera haberse cultivado en la Universidad Católica (UC), donde varios de ellos participaron en el movimiento universitario Opción Independiente (OI), que se caracterizaba por su crítica hacia la participación de los partidos políticos en la política universitaria. En esto, la hegemonía cultural del gremialismo en la UC se hacía notar: si bien la OI rechazaba la critica gremialista a la política, y no dudaban en caracterizas la labor de los centros de estudiantes y de la federación como una actividad política, la OI sí aceptaba el rechazo gremialista hacia la presencia de los partidos políticos en dichos ámbitos. Ese es un dato genealógico importante, pues la estrategia misma de FP y RL –política sin partidos– data de ese rechazo universitario hacia los partidos.
¿Cual es el problema de este rechazo o distancia discursiva hacia los partidos? En el mundo del centro y la izquierda, los partidos políticos históricamente han sido una fuente de participación de las clases populares; es decir, de aquellos que no pertenecen a la élite y carecen de su capital social y cultural. Es más; como sostiene Sofía Correa en su libro “Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX”, en Chile fue el ingreso de las clases medias y trabajadoras lo que forzó el alineamiento de los partidos políticos en torno al eje derecha-izquierda que hasta el día de hoy perdura. Los partidos políticos de centro e izquierda rompieron con el monopolio de la participación política que la élite mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX.
Uno podría objetar a mi crítica que la baja en la participación en partidos políticos durante las últimas dos décadas respecto de la participación en décadas anteriores, tanto en términos totales como relativos, invalida el argumento de que los partidos políticos de centro e izquierda son espacios de participación popular; es decir, de participación de quienes no son miembros de la elite. FP y RL, en ese contexto, aparecerían como vehículos de inclusión por su naturaleza “ciudadana”. Sin embargo, me parece que esa objeción no es persuasiva.
En primer lugar, pese a presentarse que FP y RL se presentan como vehículos de “participación ciudadana” –un concepto todavía no definido satisfactoriamente–, no suena convincente que FP, RL, o cualquier otro grupo de esta naturaleza alcance a tener el numero de participantes y la extensión territorial que cualquier partido político tiene. Los partidos políticos siguen siendo el vehículo de participación política más importante en nuestra sociedad, incluso pese a su propia disminución. Sin duda, FP y RL tienen mas cobertura de prensa que varios partidos en términos relativos. Considerando que son grupos que probablemente no alcancen el medio centenar de personas, es sorprendente la cobertura que la prensa les ha dedicado. En ello, la hábil utilización del capital social y simbólico que poseen ha de ser vista como la principal causa.
En segundo lugar, porque los partidos políticos siguen siendo estructuras más abiertas a la participación popular que FP o RL. Esto se debe a que FP y RL están constituidos en torno a funciones que requieren la posesión de capital cultural y simbólico por parte de quienes quieran sumarse: la generación de opinión publica y de políticas publicas. Alguien que carezca de los estudios y destrezas sociales que poseen los convocantes de FP y RL difícilmente podrá jugar ese juego.
Ahora bien, mi critica a FP y RL tiene que ver con un problema de mayor alcance: el carácter de las instituciones políticas en una democracia inclusiva. Ya Max Weber en “La Política como Vocación” destacaba el papel que la repartición de prebendas de diversos tipos ha jugado en la legitimación de los partidos, y a través de ellos del sistema democrático, desde la época del primer partido político moderno, el partido Democrático-Republicano de Andrew Jackson. En la misma línea, Julio Faúndez ha argumentado en “Presidentialism and Democracy in Latin America” que durante la vigencia de la Constitución de 1925 el Congreso garantió arraigo para el sistema político legislando sobre beneficios para particulares, una práctica que la Constitución de 1980 logró bloquear. Todo esto dista de la visión glamorosa de la política que organizaciones como FP y RL transmiten. Aun así, en sociedades de clases como la nuestra donde la distribución del capital cultural es radicalmente inequitativa, la política no sólo ha de intentar eliminar las desigualdades sino también adecuar sus estrategias de representación a quienes menos tienen.
En resumen, me parece positivo que FP e RL existan; la importancia de las labores que pretenden realizar es innegable, y los puntos de vista que en ellas habrán de proponer coinciden en gran medida con mi propia forma de ver la sociedad chilena. Sin embargo, me parece que la bienvenida a estos grupos ha de estar acompañada de una crítica de la estrategia política que ellos encarnan. Fair game, right?
(columna escrita para http://blog.delarepublica.cl)