14 agosto, 2009

Constitucion y Consensos

Carlos Larraín intenta defender al electo Presidente del Tribunal Constitucional Marcelo Venegas afirmando que "cualquier persona que es designada integrante del Tribunal Constitucional puede presidirlo sin excepciones". Con ello no argumenta los motivos por los cuales Venegas sería un buen presidente del TC; por el contrario, pone una vara muy baja -de hecho inexistente- en términos de calificaciones académicas y cualidades profesionales para desempeñar tal investidura. Sin embargo, en su apurada defensa hace una afirmación al pasar que merece ser destacada. Expresa "que la Constitución expresa un amplio consenso cultural y social", comentario que refleja una visión del debate constitucional totalmente descontextualizada.
Al afirmar que un documento como la Constitución actual expresa "un amplio consenso cultural y social", Larraín arraiga la legitimidad social de los textos constitucionales al contenido de aquellas. Ignora Larraín que la elaboración de los contenidos de nuestra actual constitución no fue el producto de un "amplio consenso" sino de la imposición por la fuerza en un primer momento, y por la fuerza de las circunstancias posteriormente. Aún más, el nivel de detalle que el texto constitucional exhibe más bien parece estar orientado a dificultar la elaboración de amplios consensos culturales o sociales.
Por otro lado, ese texto constitucional ha sido interpretado por los sectores profesionales y políticos a los que Larraín pertenece de una manera sorprendente: usando como principal fuente interpretativa las discusiones contenidas en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Se pretende que ellas expresan la "voluntad del constituyente", craso error tanto en términos conceptuales (dicha Comisión era meramente consultiva) como interpretativa (incluso si fuera posible identificarla, la intención del redactor de un documento constitucional no puede controlar la evolución de la comprensión de sus disposiciones).
El punto es que una Constitución efectivamente debe aspirar a expresar amplios consensos culturales y sociales; pero para ello, debe atenerse a su papel regulador de procesos y no tratar de transformarse en una Ley Constitucional acorazada por Leyes Orgánicas Constitucionales. Debe ser un instrumento de canalización de los conflictos políticos, sociales y morales; no pretender resolverlos de antemano. Y además debe ser entendida como tal por los sectores políticos, administrativos, legislativos, judiciales, y profesionales encargados de su interpretación cotidiana.

01 agosto, 2009

Los Traumas del Constitucionalismo y de la Política de Mayorías en Chile: De los Resquicios Legales al New Deal

Habiendo nacido en 1981, un año después de que Pinochet pusiera en vigencia una constitución hecha a su medida mediante un plebiscito fraudulento, mis preocupaciones jurídicas y políticas han sido moldeadas por las posiciones tomadas y conceptos desarrollados durante las batallas por la transición a la democracia y su consolidación...
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Progresismo

Viernes 24 de Julio de 2009

Señor Director:
En los últimos días, diversas cartas han intentado dar una definición (alarmada, desde luego) al fenómeno conocido como progresismo. En este intento, han mirado más allá de nuestras fronteras, específicamente hacia Venezuela y sus adláteres, para identificar el progresismo con la extensión de períodos presidenciales y el populismo "bolivariano". Con ello, sin embargo, confunden a la opinión pública y pasan por alto las analogías de la retórica chavista con el discurso autoritario chileno.
Detrás de estas misivas no hay sino una estrategia discursiva que intenta apropiarse de la definición de un fenómeno (en este caso, el progresismo chileno), sin darle derecho a réplica. Las definiciones, los conceptos, son la manera más poderosa de establecer los términos de la discusión y privar exitosamente a la contraparte de su condición de sujeto.
En este caso, dicha estrategia además es engañosa, pues trata de confundir al progresismo tal como existe entre nosotros con ese populismo bolivariano que ha pasado a convertirse en el nuevo cuento del lobo. Por el contrario, el progresismo chileno difiere radicalmente del autoritarismo bolivariano. El modelo venezolano gira en torno a la concentración de poder en el caudillo, y la disolución de todas las causas en la defensa retórica de aquél. El progresismo chileno, en tanto, se caracteriza por ser un discurso sobre la reforma de las instituciones y la expansión de las libertades públicas.
Si hubiera que encontrar un fenómeno estructuralmente semejante al modelo bolivariano en nuestra historia reciente, éste habría de hallarse en la movilización pinochetista de los 80 y su proyecto político de una "democracia protegida". El liderazgo caudillista y la división retórica entre "nosotros" y "ellos", tan propia de los proyectos autoritarios, hermanan a la distancia física y cronológica a Chávez y a Pinochet. Nada de eso tiene que ver con el progresismo chileno, enfocado en someter a discusión las prioridades valóricas y poner en escrutinio las instituciones públicas y privadas.

JAVIER CASTILLO J.
FERNANDO MUÑOZ L.
MAURICIO SALGADO O.

La familia de la Constitución

Sábado 18 de Julio de 2009

Señor Director:
Jorge Peña, académico de la Universidad de los Andes, escribe alarmado. Según lo que consigna la prensa, el programa presidencial de uno de los candidatos sugiere eliminar, entre otras cosas, la mención que hace el texto constitucional a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Sin embargo, al argumentar en favor de su preservación, Peña da por sentadas demasiadas cosas que sería bueno aclararle a la ciudadanía.
La primera de ellas es que asume que la Constitución alude a un modelo de ésta orientada a la reproducción. Es precisamente esto lo que motiva el deseo de eliminar tal referencia. Hoy en día, uno de los temas en debate es el modelo de familia que cada quien desea para sí; y tan sólo parece tramposo que algunos crean que ese asunto está ya resuelto a nivel constitucional, siendo que es una discusión abierta.
La segunda es que parece creer que todo aquello que algún sector (o al menos su sector) considere suficientemente importante, debe estar plasmado en la Constitución. La Constitución es un texto político, y precisamente por ello, la decisión sobre qué contiene y qué no (sobre todo cuando se trata de referencias simbólicas como ésta, en lugar de procedimientos o estructuras) es un asunto netamente contextual. En este caso, el contexto de un discurso conservador que da por zanjada la discusión valórica sugiere deshacerse de plano de tal referencia.
Uno de los problemas del constitucionalismo chileno es que el discurso conservador ha capturado la interpretación de la presente Constitución. La dictación de un nuevo texto constitucional no garantiza, empero, que los profesionales jurídicos realicen su labor interpretativa en diálogo con la ciudadanía. Por esto, junto con el esfuerzo político hacia la dictación de un nuevo texto, la discusión interpretativa ha de tomar una relevancia de la cual hasta el momento ha carecido.

Cámara de Diputados

Miércoles 10 de Junio de 2009

Señor Director:
David Morales sostiene, algo apresuradamente, que mi argumentación sobre la relación entre Parlamento e imaginario social, surgida a propósito del programa de Informe Especial, "es el fundamento de la censura, la prohibición de informar y la carencia de expresarse con libertad".
Al respecto, quisiera señalar que dicho razonamiento -consistente en llevar hasta el extremo un razonamiento, más allá de lo indicado por su autor- es conocido como falacia ad absurdum, y constituye una forma desleal y poco sofisticada de debate. Morales dice ser alumno de una escuela de periodismo; en ese caso, debieran haberle enseñado esto como parte de la ética comunicativa.Mi argumentación apunta a la responsabilidad de los periodistas mismos y sus editores; es decir, a la conciencia profesional de los autores del reportaje y a su criterio editorial, aspectos en los que también debieran haber instruido a Morales.
Por último, parece poco sensato comparar este reportaje con la investigación que destapó Watergate. Si los periodistas chilenos, actuales -los autores de Informe Especial- y futuros, creen que están al mismo nivel, entonces nos queda poco que esperar del periodismo nacional.

Parlamento e imaginario social

Domingo 07 de Junio de 2009

Señor Director:
A raíz del reportaje de Informe Especial sobre la Cámara de Diputados, la opinión pública ha reaccionado con alarma. No sólo contra las prácticas presupuestarias de algunos diputados, sino que más generalmente contra aspectos generalizados en la práctica parlamentaria, como la inasistencia a las sesiones en sala (producidas según los diputados por las sesiones en comisión y el trabajo en terreno) y la falta de debate.
Este malestar con el funcionamiento parlamentario no es nuevo. Ya en 1923 el constitucionalista alemán Carl Schmitt escribía, en su libro "La crisis de la democracia parlamentaria": "En las circunstancias actuales del negocio parlamentario, la apertura y la discusión han devenido en una formalidad vacía y trivial".
Ahora bien, el propósito de Schmitt en ese escrito no era proponer reformas, ni mucho menos sugerir la abolición de esta institución. Schmitt pretendía investigar "el núcleo último de la institución del parlamento moderno". "Sólo cuando comprendan la situación intelectualmente, las propuestas de reforma podrán ganar perspectiva", sostenía Schmitt; sólo entonces podrá haber un giro desde preguntas tácticas y técnicas a principios intelectuales, y un punto de partida que no conduzca una vez más a un callejón sin salida.
La calidad de la política y de las instituciones no es sólo un asunto de reforma institucional. También es un asunto de percepciones; de imaginación, si se quiere. La verdad es que, como lo sostiene el cientista político Benedict Anderson, una nación es una "comunidad imaginada" debido a que "los miembros de incluso la más pequeña nación jamás conocerán a la mayoría de sus compatriotas, ni escucharán de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión". En ese sentido, el imaginario social de una comunidad es una entidad que tiene existencia en sí misma, y que debe ser cuidada. En nuestro país, durante todo el período del régimen militar se instaló una crítica incesante a la política y a las instituciones democráticas, a las cuales se acusaba de ineficientes y entitativamente corruptas. Ante esa circunstancia, toda crítica institucional que apunte a mejorar -y no a socavar- el Congreso debe hacerse cargo de ese contexto y de cuidar la percepción que el imaginario social chileno tiene del Parlamento; cualquier otra cosa es sensacionalismo irresponsable.
Es lamentable que TVN, particularmente en cuanto canal público, haya escogido ignorar ese contexto.

Iglesia y empresarios

Domingo 24 de Mayo de 2009

Señor Director:
Sorprenden los términos en los cuales Andrés Benítez critica en su columna la actitud de las autoridades eclesiásticas frente a la crisis económica y el papel del empresariado. En primer lugar, parece increíble que caracterice como una inconsecuencia el hecho de que la jerarquía eclesiástica, por "una parte, los acoge y los considera; pero por otra, no comparte la esencia de su papel". Benítez pareciera estar sacándoles en cara a los sacerdotes que la Iglesia utiliza el dinero de los empresarios, pero no es suficientemente agradecida con éstos. Por lo demás, el mensaje de Jesucristo jamás exige condonar las actividades de aquellos a quienes acoge.
En segundo lugar, Benítez enarbola el argumento falaz de que los empresarios tienen un especial tipo de conocimiento del que otros carecen. Este autoritarismo epistémico arroja como conclusión no sólo que los sacerdotes no pueden opinar y, por tanto, criticar el accionar de los empresarios, sino también que el resto de la población no empresarial está vetada para ejercer esta crítica. De ser así, esto nos llevaría al absurdo de que sólo los empresarios pueden determinar cómo regular su comportamiento. Si bien esto pareciera ser lo que algunos empresarios y economistas pretenden, es evidente que la democracia moderna articula un claro y rotundo no a esta pretensión veneciana de que el mercado, no el foro público, determine la conducción de los asuntos de la ciudad.