06 junio, 2009

Congreso e Imaginario Social

A raíz del reportaje de Informe Especial sobre la Cámara de Diputados, la opinión pública ha reaccionado con alarma. No sólo contra las prácticas presupuestarias de algunos diputados, sino más generalmente contra aspectos generalizados en la práctica parlamentaria como la inasistencia a las sesiones en sala (producidas según los diputados por las sesiones en comisión y el trabajo en terreno) y la falta de debate. Este malestar con el funcionamiento parlamentario no es nuevo. Ya en 1923, el constitucionalista alemán Carl Schmitt escribía en su libro "La Crisis de la Democracia Parlamentaria" que "en las circunstancias actuales del negocio parlamenario, la apertura y la discusión han devenido en una formalidad vacía y trivial".
Ahora bien, el propósito de Schmitt en ese escrito no era proponer reformas, ni mucho menos sugerir la abolición de esta institución. Schmitt pretendía investigar "el núcleo último de la institución del parlamento moderno". "Sólo cuando comprendan la situación intelectualmente, las propuestas de reforma podrán ganar perspectiva" sostenía Schmitt; "sólo entonces podrá haber un giro desde preguntas tácticas y técnicas a principios intelectuales, y un punto de partida que no conduzca una vez más a un callejón sin salida.
La calidad de la política y de las instituciones no es sólo un asunto de reforma institucional. También es un asunto de percepciones; de imaginación, si se quiere. La verdad es que, como lo sostiene el cientista político Benedict Anderson, una nación es una "comunidad imaginada" debido a que "los miembros de incluso la más pequeña nación jamás conoceran a la mayoría de sus compatriotas, ni escucharán de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión". En ese sentido, el imaginario social de una comunidad es una entidad que tiene existencia en sí misma, y que debe ser cuidado. En nuestro país, durante todo el período del Régimen Militar se instaló una crítica incesante a la política y a las instituciones democráticas a las cuales se acusaba de ineficientes y entitativamente corruptas. Ante esa circunstancia, toda crítica institucional que apunte a mejorar –y no a socavar– el Congreso debe hacerse cargo de ese contexto y de cuidar la percepción que el imaginario social chileno tiene del Congreso; cualquier otra cosa es sensacionalismo irresponsable. Es lamentable que TVN, particularmente en cuanto canal público, haya escogido ignorar ese contexto.

01 junio, 2009

El contractualismo constitucional

El contractualismo constitucional sueña a la constitución como un lugar de neutralidad, como una constitución que regula la política pero que ella misma es pre-política.

El contractualismo constitucional es un modelo que usa la imagen o metáfora de “las reglas del juego” para describir la naturaleza de una constitución. Para los pensadores de esta corriente la constitución –su objeto preferido de reflexión en materia gubernativa– no es una actividad, ni una forma ética de vida; sino que un set de reglas que adoptamos para regular formas de vida concebidas como anteriores al reino de lo político (ya sea cronológica u ontológicamente). Los individuos que viven en este mundo anterior son agentes racionales que adoptan estas reglas para satisfacer la necesidad de estabilidad de sus arreglos institucionales. Algunas veces estas reglas están concebidas como un mal menor, y en otras oportunidades como un bien que mejora el mundo pre-político. Vale la pena mencionar, sin embargo, que si éstas son aceptadas es porque para los individuos que hacen la decisión racional de regirse por ellas –quienes viven rodeados por conflictos de intereses y divididos por desacuerdos morales– estas reglas del juego encarnan el los mínimos acuerdos substantivos y procedimentales –el consenso superpuesto, se podría decir– que están dispuestos a establecer como pre-compromisos. Las reglas del juego se presentan como un lugar de neutralidad, una constitución que regula la política pero que ella misma es pre-política.

Al llamar contractualista a esta corriente, intento llamar la atención al hecho de que al modelar y soñar la constitución ella recurre a un artefacto familiar del mundo pre-político, el contrato, encomendándole a la constitución el tipo de expectativas que las partes contrayentes de un contrato tendrían respecto a este (como vemos, el paradigma mismo que le da su forma e identidad particular al contractualismo constitucional es de carácter económico). La consecuencia más relevante de esta presuposición sobre la naturaleza de las constituciones dice relación con las propiedades adscritas a la noción de constitución, las cuales a su vez ponen expectativas sobre las constituciones existentes. Entre estas propiedades quisiera enfatizar, a efecto de este trabajo, el requerimiento de claridad, estabilidad, y certeza en las reglas y roles anidados en la constitución. El contractualismo constitucional asume que, ya que la constitución contiene las reglas del juego –ya sea éste el juego de los mercados privados o de la democracia deliberativa–, estas reglas deben ser claras, estables, y dotadas de certeza jurídica. Aun más, el contractualismo constitucional exige que los roles de los actores constitucionales, incluyendo pero no limitado a la definición de las funciones de los poderes del Estado y los derechos que los individuos pueden invocar, estén o se espere que estén claramente definidos y no estén sujetos a las inclemencias de la política.

Son estas suposiciones sobre la constitución, y algunas ideas usualmente asociadas a ellas sobre la condición humana y sus arreglos sociales, los que quiero cuestionar –no necesariamente descartar– en este trabajo y como parte de mi proyecto de largo plazo. Esta crítica es ciertamente política en cuanto a su carácter; pero esto no significa que reconocer esta condición implique una renuncia a la capacidad descriptiva a la que toda teoría aspira. Creo que el contractualismo constitucional es una forma inadecuada de entender la intersección entre derecho y política, y que esta incomprensión surge de falsas suposiciones sobre la condición humana y la experiencia de lo político. El contractualismo constitucional ignora, entre otros fenómenos, el poderoso –y legítimo– rol que las emociones y el cuerpo juegan en lo político; la profunda relación entre instituciones y contextos políticos e históricos que dan viabilidad a su operabilidad; la plasticidad y textura abierta de los lenguajes que definen dichas instituciones; y el hecho de que el desacuerdo en el reino de lo constitucional no solamente surge de disensos substantivos –esto es, morales–  sino también de alineamientos posicionales –esto es, políticos– cuyas convulsiones cuestionan la definición misma de la constitución. La “ilusión de una calma no perturbada” que sirve como un horizonte definitorio para el contractualismo constitucional necesita ser reemplazada por ese realismo fenomenológico que puede “asustar a hombres necesitados de seguridad”.