26 septiembre, 2005

La denominación de la Constitución

Señor Director:
En relación con la columna del profesor Brunet del 22 de septiembre, quisiera señalar que personalmente me encuentro entre quienes creen que debiéramos hablar de la Constitución de 1989. No de 1980, pues no sólo la legitimidad sino también la calidad auténtica de constitución de ese texto debe ser puesta en duda.
En efecto, como dice un adagio jurídico, en Derecho las cosas son lo que son, y no lo que su nombre indica: el moderno constitucionalismo reserva la denominación de Constitución para aquellas leyes fundamentales que protegen los derechos de las personas y limitan el poder. ¿Y alguien sigue creyendo, después de los informes Rettig y Valech, que la Constitución realmente protegió los derechos entre 1980 y 1990? ¿Alguien sigue creyendo, después del caso Riggs, que la Constitución realmente fue capaz de limitar el poder?
En cuanto a la denominación de Constitución de 2005, me parece que bien podría haber argumentos para sostener esta posición toda vez que, así como hay importantes elementos de continuidad y lo ha destacado correctamente el profesor Brunet, también hay importantes cambios sustanciales, como es de público conocimiento. La relación Ejecutivo- Parlamento; el sistema de control de constitucionalidad; la subordinación del poder militar al poder civil, constituyen virajes tan sustantivos que, para quienes centren su estudio del ordenamiento iusfundamental en la dimensión política, bastan para aducir que estamos frente a una nueva Constitución.
(El Mercurio, 26 de septiembre)

10 agosto, 2005

¿Porqué la derecha se hace pedazos?

Chile, se ha dicho, es un país de tradición bipartidista en el sector de la derecha. La prueba más irrefutable es la coexistencia más que centenaria de dos partidos de ese sector, el conservador y el liberal, hasta que la Democracia Cristiana arrasó con ella el año 64' y se vieron obligados a reunirse en un nuevo partido, el Nacional.
Sin embargo, ante una nueva arremetida por estos días de la autofagocitación de la derecha, parafraseando a Allamand en su "Travesía del Desierto", bien vale la pena preguntarse por la realidad de esta afirmación, de esta imputación de la tradicionalidad del bipartidismo de derecha como motivo del persistente conflicto en este lado del arco político.
Esta afirmación es, a todas luces, falsa. La derecha tradicional jamás vivió procesos de autodestrucción como los que hemos visto desde que Guzmán y Longueira lideraran la escisión de Renovación Nacional a fines de los 80'. Los únicos traumas serios en los partidos conservador y liberal, fueron los relacionados con la salida de los jóvenes falangistas del Partido Conservador y la ruptura posterior del mismo en un Partido Conservador Social Cristiano y un Partido Conservador Tradicionalista, posteriormente conocido como Partido Conservador Unido.
¿Qué conclusión cabe deducir? Que la autodestrucción jamás fue una constante en la derecha históricamente, hasta el grito de guerra de Jaime Guzmán y sus seguidores. No fue sino hasta la aparición del gremialismo, movimiento surgido como un piquete de guerra contra la reforma universitaria y posteriormente alimentada y formada al alero de la dictadura más autoritaria y políticamente sucia de nuestra historia, que la derecha tuvo que acostumbrarse a vivir en un permanente estado de guerra. Sin la aparición de la UDI y su estrategia de destrucción y postergación de sus aliados, la evolución de nuestra democracia habría sido mucho más tranquila y habría avanzado con mayor rapidez.
Baste pensar que no fue sino hasta que surgió un liderazgo conciliador y comprometido con las reformas constitucionales en la UDI, el de Hernán Larraín, que se aprobaron las reformas constitucionales. Todo el resto del país estaba listo desde hace varios años, quizás desde el 97' o antes. Todos, salvo la UDI.
Las miradas hacia el centro dirigidas por los liberales de RN sólo se comprenden teniendo presente su cansancio de estar en alianza con una derecha dura, desleal e intransigente en su táctica y estrategia. La DC, por su parte, no hace mayor eco de estas miradas pues pese a la situación internacional, en nuestro país la sensibilidad demócrata cristiana siempre ha coincidido con la centroizquierda en su proyecto social. Esperemos, pues, por el bien de RN que algún día la UDI deje de inspirarse en su ángel malo y haga caso de un auténtico nuevo estilo: la política limpia.

Lengua Mapuche y Microsoft

Uno de los post anteriores, Tecnología e Identidad Cultural, fue publicado por El Mercurio el día Lunes 8. Ayer martes fue publicada un comentario a mi opinión enviado por Luis Thielemann, y hoy miércoles apareció publicada mi respuesta.
Lo destacable es que la primera carta fue publicada antes en este blog. ¡Infórmese primero!

08 agosto, 2005

Congreso de Teoría Constitucional

La semana pasada se llevó a cabo el I Congreso de Derecho Social en la PUCV. Esta semana se realizará la segunda versión del Congreso Estudiantil de Teoría Constitucional, destacada iniciativa de un grupo de estudiantes de la UCh que se ha demostrado como un adecuado espacio para la discusión de ideas y el encuentro de quienes se apasionan con el estudio de las instituciones políticas y de los derechos fundamentales.
Participaré de este evento con mi ponencia Fracaso del Constituyente de 1980 en materia de Seguridad Nacional, postura crítica que también se recoge en un mensaje que está más abajo. Mi exposición será el jueves 11 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, en la Sala 2 de la Universidad de Chile (Pío Nono Nº 1).

05 agosto, 2005

Tecnología e Identidad Cultural

La prensa nos informa que Aucán Huilcamán ha "rechazado" o manifestado su oposición a la iniciativa de Windows de crear un sistema operativo en lengua mapuche. Esta oposición se cruza con las acusaciones de Huilcamán contra el gobierno y la empresa de estandarizar un determinado alfabeto con "intereses políticos".

Esta noticia nos debe hacer reflexionar sobre la forma concreta en que la globalización y las nuevas tecnologías inciden en la estructuración de una identidad cultural. Es evidente que un conservadurismo de izquierda como el exhibido por Huilcamán poco puede beneficiar a los mapuches en una época en que las redes de comunicación globales potencian las comunidades locales. Recuerdo haber estado por los Trabajos Voluntarios UC en el Lago Lanalhue, lugar donde el ecoturismo -en gran medida dependiente de internet- fortaleció las redes sociales y permitió que los habitantes del pueblo realicen una actividad económica sin alejarse de su lugar natal.

La ceguera de Huilcamán se transforma en arrogancia cuando, arrogándose la representación del pueblo mapuche en pleno, sostiene que este proyecto "daña la soberanía indígena sobre este recurso intangible por atropellar sus derechos colectivos y de autodeterminación"; y en ignorancia, cuando afirma que Windows "se arriesga a enfrentar un recurso legal en su contra de parte de machis y loncos, representantes del Consejo de Todas las Tierras".

Sin perjucio de las convenciones sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos, por un lado, y de los tratados sobre propiedad intelectual, por el otro, es inconsistente interpretar acomodaticiamente estas fuentes normativas para sostener la necesidad de contar con una especie de "autorización" de un pueblo para realizar investigaciones y desarrollar tecnologías que empleen su lengua. El Derecho tiene fines sociales, pues es una herramienta que la sociedad emplea para servir al Bien Común; y jamás podría ejercerse abusivamente para impedir el desarrollo cultural o tecnológico, que no es otro el propósito de Huilcamán en esta discusión.

25 julio, 2005

Seguridad Nacional y nueva institucionalidad

Una de las mayores innovaciones del constituyente de 1980 fue incorporar la seguridad nacional como un valor protagónico dentro del plexo normativo contenido en las Bases de nuestra Institucionalidad. Ya en el artículo 1º, inciso 5º de nuestra Ley Fundamental se proclama como deber del Estado el "resguardar la seguridad nacional", labor que el constituyente sin duda estima necesaria para dar cumplimiento a su finalidad de promover el bien común. Tal aseveración se ve coronada en su artículo 9º con una proclama de indiscutible actualidad: el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

Entre quienes nos situamos de manera crítica frente al diseño político original de la Constitución de 1980, es usual sentir un fuerte reproche hacia la fascinación con la cual el constituyente aborda la seguridad nacional como valor constitucionalmente protegido. Sin embargo la distancia que nos separa del debate constitucional de los 80’, y la consolidación de nuevos desafíos para las democracias occidentales en la forma de un terrorismo cada vez más impredecible, nos exigen reflexionar seriamente sobre la respuesta de nuestro sistema político ante el problema de la seguridad nacional y el combate al terrorismo.

Sorprendentemente, desde esta perspectiva es posible formular nuevos reparos al diseño original de la Constitución de 1980. Aquel contempla la seguridad nacional como un valor que debe ser defendido del "enemigo interno". El artículo 8° y el Consejo de Seguridad Nacional son las dos columnas sobre las cuales se construye entonces la seguridad nacional. El resguardo de la seguridad nacional en la Constitución de 1980, entonces, pasa a ser una labor mucho más política que técnica: protegernos de las ideas y de la misma democracia.

Sin embargo no hay en esa formulación originaria una preocupación técnica por el problema de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. La institucionalidad llamada a protegernos de las amenazas terroristas no dispone de la flexibilidad para afrontar esos desafíos; en vez de eso, el COSENA recibe la misión de nombrar senadores, ministros del TC, calificar el llamado a retiro de autoridades militares, transformando al poder de seguridad en un protector y moderador de la democracia. Ciertamente, el poder de seguridad no está llamado a desempeñar ese papel para el cual hay otros mecanismos de pesos y contrapesos. Por lo demás, al orientarse exclusivamente a esta labor política, abandona su misión natural.

Las reformas constitucionales promovidas por la Concertación avanzan en materia de seguridad interna en el sentido correcto al reestructurar la dependencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Sin embargo, debemos observar atentamente el nuevo Consejo de Seguridad Nacional para comprobar si se transforma en la instancia técnica de articulación y coordinación que la amenaza terrorista global reclama. Pensemos en el Comité Civil de Contingencias británico conocido como COBRA, integrado por diversas autoridades civiles y militares y que ha encabezado la respuesta no sólo a los atentados terroristas sino también a otro tipo de emergencias nacionales como huelgas masivas, brotes de fiebre aftosa, e incrementos de la delincuencia. Claramente, un vetusto y cada vez más decorativo COSENA no estaba en condiciones de afrontar de manera flexible ese tipo de problemas.

La reciente aprobación del paquete de reformas a la Constitución de 1980 nos ha planteado una oportunidad, un momento constitucional para solucionar esta omisión. Confiamos en que a partir de este instante los órganos del Estado afrontarán los desafíos a la seguridad nacional que el siglo XXI nos presenta de manera ágil, flexible, y multidisciplinaria.