23 marzo, 2016

Interrupción del embarazo y ciudadanía de género

Hoy, junto con Cari Álvarez, publicamos una carta sobre interrupción del embarazo y ciudadanía de género en el Diario Austral. Debido a que editaron la carta para hacerla más breve, con el resultado a mi juicio de que no quedó todo conceptualmente claro, copio aquí el texto original.

Con mucho retraso respecto del resto del mundo, la sociedad chilena está finalmente enfrentando la discusión sobre la regulación de la interrupción del embarazo. Como profesionales de la salud y del derecho, respectivamente, y como miembros activos de la región, creemos que el proyecto actualmente en discusión sobre despenalización bajo tres causales avanza en el sentido correcto. Esto, por cuanto la penalización absoluta del aborto no impide efectivamente que se interrumpan embarazos, sino que ella simplemente se traduce en la realización de abortos en condiciones insalubres e inseguras. Asimismo, dicha penalización significa una intromisión indebida del Estado en la intimidad y los planes de vida de las mujeres, haciéndolas, en el plano de la autonomía sexual, menos libres que los hombres.
Sin embargo, y precisamente debido a que comprendemos disciplinariamente sus implicancias, creemos que estas miradas profesionales no agotan la discusión. Es necesario, más bien, evidenciar las implicancias que tanto la prohibición de la interrupción del embarazo como su autorización restrictiva (que eso es lo que implica autorizar el aborto sólo bajo las circunstancias previstas por el proyecto de ley) tienen sobre la ciudadanía de género. Por ciudadanía de género entendemos el hecho de que hombres y mujeres participan de manera diferenciada, precisamente debido a su género, de la discusión y de la toma de decisiones sobre sus propias condiciones materiales de vida. Pero esta diferencia no se construye de manera paritaria, sino que desigual; desigualdad cuyo origen se encuentra en la tradicional división sexual del trabajo y en los mandatos patriarcales/capitalistas que se han construido históricamente en torno a ella. 
Si pensamos en la ciudadanía de género, surgen dos preguntas. ¿Qué participación están teniendo las propias afectadas, las mujeres, en esta discusión y en la toma de la decisión respectiva, esto es, en la votación? La baja presencia de mujeres en el Congreso Nacional, para graficarlo de manera simple, sugiere una respuesta pesimista; pesimismo que se ve confirmado por las condiciones materiales que determinan cómo puede la generalidad de las mujeres participar de la vida pública en Chile. Segundo, ¿cómo incide la regulación de la interrupción del embarazo en la posibilidad de ejercer efectivamente la ciudadanía? En un mundo donde el embarazo se expresa, biológicamente, en la forma de una carga que recae únicamente en la mujer, cualquier regulación del embarazo que restrinja las posibilidades de la mujer de ponerle fin de manera legal, protegida, con autonomía y sin penalización, será una regulación que ponga a la mujer en una posición de subalternidad y subordinación respecto de las ciudadanías masculinas y/o patriarcales. 
Por ello, el actual proyecto de ley de despenalización por tres causales no cumple con reconocer autonomía a la mujer en la toma de decisiones sobre su cuerpo y su futuro. Por ello, su aprobación no cierra un capítulo en la historia de Chile; más bien, abre un debate que no es nada más, ni nada menos, que un debate sobre el derecho a tener derechos.


Cari Álvarez
Terapeuta Ocupacional, Presidenta Fundación (PO)DER
Fernando Muñoz

Doctor en Derecho, Profesor UACh, Colaborador de Fundación (PO)DER

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