28 septiembre, 2015

Ostracismo constitucional (o, la clase política incumbente no debiera participar de la asamblea constituyente)

No abordaré aquí la discusión sobre si debiera haber una asamblea constituyente o si la habrá. Algo he dicho anteriormente al respecto. Quisiera aquí hacer una propuesta, que, haciendo un guiño conceptual hacia la antigua democracia ateniense, llamaré ostracismo constitucional.

El ostracismo constitucional que propongo consiste en la supresión extraordinaria y transitoria de la participación política de individuos que han detentado o detentan poder institucional; específicamente, en la prohibición dirigida contra quienes han desempeñado funciones presidenciales, ministeriales o parlamentarias bajo la Constitución de 1980, de participar en la asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.

La idea del ostracismo no es tan radical, pues existen numerosas funciones que, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución, generan este efecto de supresión extraordinaria y transitoria de la participación de individuos que han detentado o detentan poder institucional. El sistema constitucional la entiende como una medida 'republicana' que busca evitar la concentración de poder, así como que quien adquiere legitimidad en una determinada función se 'apropie' de dicha legitimidad y la use para su beneficio personal, para solidificar su carrera política. La pregunta, entonces, es por qué debiera adoptarse una medida similar para expulsar a toda la clase política incumbente de la asamblea constituyente.

Esta propuesta busca hacerse cargo de que la clase política incumbente debe su identidad a la Constitución de 1980 misma, corregir las consecuencias de este hecho, que determina su composición ideológica y, también, su composición racial, de clase, de género, entre otros aspectos. La Constitución de 1980 determinó esta composición a través de sus dichos y sus silencios; en lo ideológico, a través de sus reglas electorales binominales; en lo referente a los atributos adscriptivos de sus integrantes, a través de la inexistencia de medidas de acción afirmativa que incrementaran la presencia de mujeres, integrantes de etnias, o integrantes de la población LGBTI.

Una medida de ostracismo ya forma parte del repertorio de la discusión pública: que los integrantes de la asamblea constituyente no puedan postular a cargos de elección popular, particularmente en el Congreso Nacional, durante uno o dos períodos electorales. Que esta medida de ostracismo ya ha sido considerada se debe a que le conviene a la élite política incumbente, pues le quita del camino a posibles futuros competidores.

Pero más importante que aquella es una medida de ostracismo que no favorece los intereses de la élite política incumbente: que en la asamblea constituyente no puedan participar quienes hayan desempeñado funciones parlamentarias o ministeriales bajo la Constitución de 1980. Quienes han servido bajo la Constitución de las élites debieran mantenerse al margen de la redacción de una Constitución que ya no sea de las élites; no pese a su experiencia (puedo imaginar cómo se deshacerán en sollozos autocomplacientes los propios afectados y sus intelectuales orgánicos) sino precisamente debido a esa experiencia, que se constituye en una marca epistémica que les asocia inevitablemente con aquella Constitución. Sus saberes prácticos surgen al alero de ella; como conjunto, no son una clase política adecuada para redactar algo distinto. Y su exclusión es particularmente urgente, pues en un escenario de competencia electoral con sujetos no perteneciente a la clase política incumbente para acceder a la asamblea constituyente, lo más probable es que ellos prevalezcan, debido a los contactos que les provean de recursos y debido al reconocimiento público de que gozan por mencionar su cargo.

Los sujetos afectados no debieran preocuparse tanto, no sólo porque esta propuesta no les impide volver a poblar los pasillos del Congreso y de La Moneda, sino también porque asumo que confían en que sus conciudadanos tendrán la capacidad de redactar un nuevo texto constitucional. ¿O no?