25 marzo, 2015

Ley de Género: crítica al proyecto de ley en tramitación

Estoy terminando un estudio sobre el uso del procedimiento judicial de cambio de nombre como mecanismo de reconocimiento de la resignación de sexo. Mi estudio concluye que, de los 86 casos detectados, en un 19,8% hubo un rechazo parcial o total a la solicitud presentada por personas transexuales de cambio de nombre y cambio de sexo.
Ahora bien, quienes recurrieron al procedimiento aquí estudiado mayoritariamente correspondían o bien a profesionales (es decir, personas con ingresos) o bien a personas de escasos recursos asistidos gratuitamente por la corporación de asistencia judicial e instituciones similares. A mi juicio, esto sugiere que existe una 'cifra negra' de personas que no acuden al procedimiento judicial debido a que la tramitación ante un tribunal es un procedimiento costoso en términos de tiempo y recursos. 
Por ello, si bien mi estudio respalda la necesidad de legislar en esta materia, dado que desde la perspectiva del bienestar y dignidad de las personas transexuales no basta con el procedimiento judicial de cambio de nombre, también encuentro razones para criticar el proyecto de ley actualmente en tramitación, contenido en el Boletín Nº 8924-07. Dicho proyecto propone entregar la resolución de las solicitudes de cambio de sexo a los juzgados de familia. Me parece más adecuado entregar dicha función a los oficiales del Registro Civil, en la forma de un trámite administrativo, disponible como un formulario en todas las oficinas de dicho servicio existentes en todo el país. Un procedimiento administrativo es siempre más rápido y simple que un procedimiento judicial.
Por añadidura, dicho proyecto de ley contempla la posibilidad de que un tercero se oponga a la solicitud de cambio de sexo presentada por una persona transexual cuando exista un "perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante" y cuando exista una "causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante". Estas causales no contribuyen a cautelar el bienestar ni la dignidad de la persona transexual, ni tampoco tienen el peso argumentativo suficiente como para que se justifique que limiten dicho bienestar y dignidad. Por ello, la ley no debiera contemplarlas como razones para que terceros se opongan al cambio de sexo.