14 mayo, 2015

Alessandri, Pinochet… ¿y Tohá?

Desde luego, Carolina Tohá no es homofóbica, y tampoco lo es su gestión a cargo de la Municipalidad de Santiago. Afirmar eso sería, a mi juicio, un exceso retórico. Pero los argumentos que se han ofrecido públicamente para no realizar una Marcha por la Igualdad convocada por organizaciones de la diversidad sexual en el Paseo Bulnes, demuestran que Tohá tampoco dirige una administración municipal comprometida con el derecho de reunión y la movilización social.

A través de su cuenta de Twitter, la Municipalidad de Santiago expresó que dicha Marcha no se podría realizar en el Paseo Bulnes debido a que "vecinos reunidos en comité de Defensa del Paseo Bulnes acordaron con municipio no autorizar ningún tipo de actividad masiva en el sector" pues "se decidió no autorizar más el uso del Paseo Bulnes, debido a los millonario [sic] daños que dejaban estos eventos". No voy a poner en duda la afirmación de la misma Municipalidad según la cual se ofrecieron "alternativas cercanas al sector como Plaza Argentina y Alameda con Echaurren las cuales no fueron aceptadas". Mi punto aquí no es qué pasó entre la Municipalidad y las organizaciones, sino el tipo de argumentos y consideraciones que se ofrecen para condicionar la realización de movilizaciones masivas en la ciudad. Cuando un actor político ofrece en público un determinado argumento, está comprometiéndose con el mismo, con el resultado de que implícitamente está respaldando otros usos pasados y futuros de ese mismo argumento. Y no debiéramos olvidar que el argumento que ofreció la Municipalidad que dirige Tohá es precisamente el argumentos que ofreció en algunas ocasiones la Intendencia durante el gobierno de Piñera para evitar la realización de marchas estudiantiles en la Alameda.

Voy a hacer aquí un poco de historia. La Constitución de 1980 retrocedió en el nivel de protección constitucional del derecho de reunión, el que gracias a una reforma en 1971 había pasado a ser materia de regulación legal. Antes de 1971, era un asunto que podía ser regulado tan sólo mediante la voluntad presidencial, esto es, a través de decretos y reglamentos. ¿Por qué volvió la Constitución de 1980 a entregar la regulación del derecho de reunión a la potestad reglamentaria del Presidente? El registro histórico de la redacción de la Constitución de 1980 indica que en la Sesión 65 del Consejo de Estado, órgano asesor de la Junta Militar, el ex Presidente Jorge Alessandri afirmó que "con esta enmienda se dejó desarmado al Presidente de la República para mantener el orden en las calles".

La reglamentación todavía vigente hoy en día, por cierto, corresponde a aquella que la Junta Militar dictó en septiembre de 1983, precisamente en medio de las protestas más intensas contra la dictadura. Ella corresponde al Decreto Nº 1086, el cual proclama como límite al derecho de reunión "la conservación de las plazas, calles, paseos y bienes públicos y que se respeten en el uso a que están destinados" y establece restrictivas reglamentaciones para el ejercicio de dicho derecho.

Tohá, al poner la prevención de los "millonario" daños por sobre el derecho de reunión de las organizaciones de la diversidad sexual, se está alineando con Alessandri y su preocupación por "mantener el orden en las calles", así como con Pinochet y su "conservación de las plazas, calles, paseos y bienes públicos". Que esto ocurra justo el día en que dos estudiantes movilizados murieron a manos de una persona que defendía precisamente su propiedad privada vuelve mucho más aciaga la justificación ofrecida por la Municipalidad de Santiago.

Esto último nos permite entender que no cambian las cosas debido a que se diga que esta ha sido una decisión con los vecinos, lo que pareciera darle un halo de participación democrática a la decisión (en contraste con una decisión jerárquica, tomada solamente por la autoridad municipal). La voluntad de los vecinos (la que la propia Municipalidad cita; no sabemos qué ocurrió realmente, pues no se ofrecen actas de ninguna sesión que realmente registren cuál es esa voluntad) y la voluntad expresada por la propia Municipalidad coinciden en poner el orden y la propiedad por sobre el derecho de reunión. La crítica de que se hace merecedora la Municipalidad también recae sobre la voluntad de esos vecinos. ¿A alguien le cabe duda, por ejemplo, de que los vecinos de Vitacura se opondrían si se les consultara si las trabajadoras de casa particular pueden hacer una protesta frente a alguna plaza importante? Si hay gente que está dispuesta a disparar a otros para evitar que le rayen su pared, no me cabe duda de que hay otros que están dispuestos a participar para evitar que otros se reúnan frente a sus casas. Y volvemos aquí a la crítica política contra la Municipalidad: si lo que los vecinos quieren es disminuir el desorden y el daño a su propiedad, la solución no es que la Municipalidad impida la reunión en cuestión, la solución es que ella tome el resguardo para evitar los daños (que en este caso, parece tratarse meramente de basura y suciedad, no de destrucción de bienes materiales, lo que hace más insostenible el argumento de la Municipalidad en sus propios términos) y así los manifestantes puedan realizar la actividad que desean llevar a cabo.

Tohá, se dice, es una de las alternativas que la Concertación/Nueva Mayoría baraja como candidata presidencial. Poner al orden y la propiedad por sobre el derecho a la movilización pareciera estar en sintonía con una coalición política que, apelando a la iconografía y los eslóganes del movimiento social y popular, les cierra los espacios de participación y de decisión a los sectores subalternos.

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