08 septiembre, 2014

Pensiones de gracia para las víctimas del bombazo (y seguridad social para todos)

La noticia del ataque bomba en la estación Escuela Militar es lamentable. No sólo por las eventuales implicancias políticas del asunto, sino también por la dimensión humanitaria del asunto. La prensa informa que las víctimas incluyen trabajadores y trabajadores. Hombres y mujeres humildes que, en algunos casos, se han visto en la necesidad de trabajar incluso tras haberse pensionado. Personas que dependen de su sudor cotidiano para llevar pan a sus mesas.

La situación de estas víctimas no es, en consecuencia, únicamente funesta desde un punto de vista de su estado de salud. Asumamos que sobrevivirán. Asumamos que la atención médica que han recibido será gratuita. ¿Qué será de estas víctimas cuando se recuperen? En al menos un caso, una trabajadora ha perdido varios dedos de una mano. En todos los casos, es esperable que las víctimas sufran de estrés postraumático, lo que a su vez produce consecuencias invalidantes. Es altamente plausible que estas trabajadoras y trabajadores no puedan seguir trabajando duramente, como lo hacían antes, para mantener a sus familias.

No hay forma, lamentablemente, de volver atrás. La pregunta es si hay forma de reparar el daño causado. Entre las varias posibles, en este blog resulta de particular interés una. La Presidenta de la República tiene la atribución constitucional de conceder "pensiones de gracia, con arreglo a las leyes" (artículo 32 Nº 11, Constitución Política de la República). La Ley Nº 18.056, de 1981, reglamenta el ejercicio de esta potestad, estableciendo que podrán ser beneficiarios de este beneficio "[l]as personas afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión". La Presidenta podría ejercer esta atribución gubernativa suya en beneficio de las víctimas del bombazo, concediéndoles una pensión de gracia por la circunstancia extraordinaria de haber sido víctimas de un ataque terrorista. No me cabe duda de que prácticamente la totalidad de los chilenos estará de acuerdo en la conveniencia de concederle una pensión de gracia a estas víctimas a fin de contribuir a reparar esta triste contingencia.

Ahora bien, llegados a este punto, es conveniente que hagamos una pausa. El triste suceso que ha afectado a las víctimas del bombazo, desde cierto punto de vista, se asemeja a otras circunstancias de ocurrencia bastante más habitual en las vidas de los chilenos. Numerosas enfermedades y accidentes suelen resultar en la invalidez total o parcial de sus víctimas. Las contingencias en la vida son muchas, y son más frecuentes de lo que quisiéramos creer.

La Presidenta tiene, en esta materia, otra importante atribución. Ella es la única, en virtud del artículo 65 Nº 6 de la Constitución, que puede presentar proyectos de ley en materia de seguridad social. De acuerdo al artículo 19 Nº 18, por su parte, estos proyectos de ley requieren para ser aprobados del voto favorable de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio (en otras palabras, se trata de leyes de quórum calificado). La Presidenta, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, podría no sólo conceder una pensión de gracia para las víctimas. Usando el sufrimiento de ellas como espejo del sufrimiento de millones de trabajadoras y trabajadores que se esfuerzan toda su vida para terminar ganando pensiones miserables –como era precisamente el caso de algunas de las víctimas–, y convocando tanto a los parlamentarios de su coalición como a independientes y algunos opositores, la Presidenta podría formular un proyecto de ley que reforme y dignifique nuestro sistema de pensiones, logrando su aprobación. Incluso podría insertar ese proyecto en el contexto de la Reforma Tributaria. Los cálculos presupuestarios para lograrlo están; la atribución constitucional está; las mayorías parlamentarias están. Sólo hace falta la voluntad política para hacerlo.

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