06 junio, 2014

Todos los integrantes de cualquier Casa Real son enemigos de la humanidad

A raíz del reciente anuncio de Juan Carlos Borbón de renunciar a su posición de monarca en España, ha resurgido el reclamo de muchos españoles de restablecer la República destruida en 1936 por la insurrección fascista armada de Francisco Franco, insurrección que condujo al establecimiento de una larga dictadura y de la cual el reinado de Juan Carlos Borbón representa un resultado inmediato y directo.


Ahora bien, esta coyuntura constituye el contexto perfecto para decir algo sobre las Casas Reales de Europa, y que a menudo pareciera pasar desapercibido. Las Casas Reales, y todos quienes perteneciendo a una de aquellas familias suscriba la pretensión monárquica implícita en ellas, son enemigos de la humanidad. Al menos, de aquella fracción de la humanidad que cree que los individuos de la especie humana son moral y jurídicamente iguales.


El plano en que se articula dicha enemistad o contradicción es el de los valores que articulan y fundamental el orden político internacional. La comunidad internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, declaró como pilar fundamental de la comunidad global de las naciones civilizadas el reconocimiento de "la dignidad intrínseca" y "los derechos iguales e inalienables" de "todos los miembros de la familia humana". Las monarquías hereditarias, sin embargo, reconocen un principio distinto, que estructurara el orden jurídico público europeo durante la Edad Media y la temprana Modernidad, consistente en el derecho exclusivo de un grupo específico a desempeñar una función política central en el orden político concreto. Ambos principios son abiertamente incompatibles. Por lo tanto, comunidades políticas que suscriban uno u otro están en una relación de abierta contradicción.


La enemistad entre las Casas Reales y la humanidad que cree en la esencial igualdad de todos los individuos de la especie humana es abierta, total, e irreconciliable en el plano de los valores que dan fundamento al orden político. Ella no se resuelve aseverando que los reyes hoy no jueguen ningún rol político (cosa que no es cierta) ni que le hacen un bien a las comunidades políticas en las que existen (eso no cancela la oposición normativa existente). Sólo se resolvería si la posición de monarca estuviese abierta a todos los integrantes de la comunidad en cuestión, ya fuese a través de elecciones, sistemas de turnos, o sorteos. En la medida en que el acceso a la monarquía sea familiar y hereditario, entonces será una afrenta sin matices contra la conciencia igualitaria de la humanidad civilizada.


Incluso las dictaduras militares no contienen una pretensión normativa tan incompatible con los valores de la comunidad internacional. A menudo las dictaduras, en el plano de los valores, contiene no una negación abierta del principio de igualdad humana, sino tan sólo una pretensión de excepcionalidad ("en este caso, por ahora, la igualdad humana debe ceder a otros bienes, como el orden público") o, derechamente, representan un desconocimiento de la norma que no niega a aquella ("en este caso, gobierno sólo porque tengo el poder de las armas, aunque no declaro que tenga un derecho moral y jurídico exclusivo a gobernar"). Como consecuencia, el dictador y el tirano no son enemigos de la humanidad, sino tan sólo de su propio pueblo; en cambio, el rey hereditario es enemigo de toda la humanidad.


En consecuencia, la existencia de monarquías en Europa involucra a todos los individuos de la especie humana. No es un asunto de interés de la comunidad política particular que tiene una monarquía; no se puede zanjar la contradicción diciendo que se trata de un legítimo ejercicio del derecho al autogobierno de los pueblos. El autogobierno de los pueblos permite a los países que decidan organizarse de manera unitaria o federal, presidencialista o parlamentaria, multicultural o no tanto, incluso democrática o no democráticamente. Pero coronar a un rey y reconocerle un derecho a reinar únicamente a quienes pertenezcan a su familia constituye una afrenta contra la comunidad internacional en el plano de los valores fundamentales. Lo único normativamente aceptable sería que la comunidad internacional declare a dichos países como tierra de nadie, tal como hicieron los propios países monárquicos con el resto del mundo durante la Era de la Conquista (y como, en los hechos, hicieron los Aliados con la Alemania nazi). Y, claro, desde su perspectiva, estaban en lo cierto: quienes sustentan valores abiertamente incompatibles con los propios, al punto que exista una cierta incomunicabilidad con ellos, sólo puede aparecer a nuestros ojos como objeto, no como sujeto, de derechos.


La relación entre esta enemistad abierta entre los reyes hereditarios y la humanidad y el derecho esencial e inalienable al regicidio, teorizado por tantos pensadores a lo largo de la historia, constituye un asunto del máximo interés para la historia de las ideas y la justificación de los hechos que dieron lugar a las actuales repúblicas. Por el momento, baste con decir que el restablecimiento de la República destruida por el franquismo es un imperativo moral.

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