15 mayo, 2014

Sin Reforma Universitaria, la gratuidad es puro teatro (neoliberal)

Primer acto: vouchers. Segundo acto: convenios de desempeño. Tercer acto: nada. ¿Cómo se llama la obra? Neoliberalismo en la educación superior.

Permítaseme ser un poco más explícito. Si la discusión sobre educación superior es simplemente una discusión sobre cómo financiar la matrícula de los estudiantes y la investigación de los académicos, y nada más, entonces el modelo neoliberal en la educación superior no desaparecerá sino que se consolidará.

Algo de eso ya había dicho en relación al subsidio a la demanda o voucher. En una anterior columna, sostuve que financiar la gratuidad mediante vouchers desplaza decisiones que interesan a la sociedad toda, tales como qué proyectos académicos son socialmente relevantes, a un grupo determinado de personas, los postulantes a las universidades, privatizando una decisión esencialmente pública.

Y lo que está en riesgo –me permito corregir a algunos dirigentes estudiantiles– no es que se mantenga el lucro en la educación. Solucionar eso es simple, basta con fiscalizar adecuadamente las operaciones financieras de la universidad (conceptualmente simple; sabido es que no se hizo durante años). El problema de que esta sea una discusión sólo sobre financiamiento de docencia y de investigación es que se está dejando fuera de la mesa otros aspectos que son imprescindibles para que la institución así financiada sea una universidad pública: es decir, una universidad de todos.

Y para que una universidad sea pública, es decir, de todos, no basta con que ella sea de propiedad estatal. Una universidad de propiedad estatal que entrega títulos a estudiantes que han pagado por ello, que realiza investigaciones que benefician únicamente a sus investigadores, que cobra para asistir a sus conciertos y exhibiciones artísticas, que tiene sólo académicos a honorarios carentes de independencia y desempoderados, que discrimina por razones de género u orientación sexual a sus estudiantes y a sus académicos, cuyas autoridades son nombradas por el Ministro de Educación, y cuyos gastos son revisados por la Contraloría pero no rinde cuentas a la comunidad en la que está inserta, no sería una universidad pública.

Obviamente, mucho menos pública sería una universidad privada que lucra, que no tiene profesores de planta, y cuyas autoridades las nombra un directorio integrado por accionistas o derechamente su dueño; pero como he dicho en otra columna, esa universidad no es universidad, es una estafa, y debiera ser cerrada.

Lo que me preocupa de las declaraciones del Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre hasta ahora es que en ellas no hay claridad sobre el sentido del quehacer universitario ni sobre la institucionalidad académica y gubernativa que las universidades deben tener para ser públicas, es decir, de todos. En lugar de ello, y ya teniendo satisfecho no a los dirigentes estudiantiles pero sí al estudiantado con la propuesta de vouchers, el Ministro opta por tirarle un candy al otro stakeholder relevante en la discusión, los académicos, ofreciéndoles financiamiento meramente en función de su capacidad de investigación.

El financiamiento mediante convenios de desempeño, en efecto, permite al Estado dialogar directamente con los académicos (lo que supone que haya académicos; lo que en este páramo que son las universidades chilenas, ya es una implicancia esperanzadora). Pero, ¿qué hay de público en que el Estado financie directamente a investigadores? ¿Qué participación de los intereses sociales y territoriales hay ahí? ¿Cómo se le pregunta a la sociedad qué cree que debe hacer el investigador? Intuyo que en un diálogo directo entre el académico y el Estado estas preguntas sobre la 'rentabilidad social' de la investigación serán marginales, ni siquiera un ticket por cumplir en los formularios de postulación a proyectos.

Aquí hay que comprender algo fundamental de las implicancias del neoliberalismo en la educación, y lo que le contrapone con la idea de lo público. El principio central del neoliberalismo en esta materia, el que organiza y da coherencia a este modelo, es que la educación beneficia –enriquece– a individuos determinados. Por ello el neoliberalismo exige que los estudiantes paguen por su educación. Ahora, la "trampa" neoliberal –si se me permite esa expresión– es que soluciones como los vouchers y los convenios de desempeño rechazan el enriquecimiento individual como principio regulador de la educación (en lugar de él ponen el principio de que la educación es un derecho social), pero sin deshacerse totalmente de dicho principio neoliberal. Los vouchers y los convenios de desempeño transforman en metodología lo que antes era principio. La satisfacción del derecho social se realiza mediante mecanismos de mercado que enriquecen a los individuos que participan del intercambio (estudiantes y académicos), y a nadie más.

Ahora, yo no creo que esta objeción se supere diciendo cosas, como por ejemplo, apelando de manera retórica a un impersonal e imparcial "público", como hacen algunos diciendo que la universidad que investiga produce "bienes públicos" y por ello automáticamente se merece financiamiento público. Eso es falso, no porque no sea cierto sino porque es insuficiente. Una universidad que investiga pero que no rinde cuentas, cuyas autoridades son designadas a dedo, que puede discriminar, no es una universidad de todos; es decir, no es pública.

La solución se encuentra dejando empleando mecanismos propios de lo público para satisfacer las necesidades de lo público. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Nuestro derecho público contiene muchos. De partida, ofrece un principio clarificador: la servicialidad, es decir, la idea de que una determinada organización (en la Constitución, el Estado; aquí, la universidad) es un instrumento al servicio de necesidades sociales. También ofrece un mecanismo de membresía institucional: la carrera (en la Constitución, de los funcionarios públicos; en mi propuesta, la carrera académica). A continuación, ofrece un mecanismo de toma de decisiones: la democracia. Por último, ofrece un mecanismo de rendición de cuenta: la transparencia activa y pasiva, y, en el plano del derecho público comparado, los presupuestos participativos.

Sólo una universidad servicial, profesional, democrática, y transparente, es una universidad pública. Y sin una universidad servicial, profesional, democrática, y transparente, estamos sencillamente ante una universidad privada, sea ella de propiedad estatal o de particulares. Si la propuesta del Ministro únicamente tiene que ver con cómo financiar a los estudiantes y a los académicos, y no con la creación de un estatuto de responsabilidades sociales de la universidad pública, entonces no estamos frente a una propuesta de universidad pública. Sin Reforma Universitaria, la gratuidad es puro teatro.

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