20 mayo, 2014

La Reforma Tributaria no es inconstitucional (Parte III)

 El domingo (aquí) di inicio a una serie de posteos en torno a los argumentos ofrecidos por detractores de la Reforma Tributaria. Estos posteos no sólo buscan poner en discusión las concepciones invocadas por dichos detractores de lo que la Constitución dice o no dice en un determinado momento. También buscan, desde este humilde rincón, exigir más seriedad en la discusión pública, llamando la atención sobre la calidad de los argumentos ofrecidos por quienes aspiran a convencer a los demás. Malos argumentos, tanto en lo formal como en el contenido de lo sostenido, revelan o bien un desprecio por la audiencia, a la que se considera incapaz de discernir la calidad de los argumentos, o bien simplemente poca reflexión y desconocimiento de lo discutido.

 

Digo esto último debido a que la columna que discutiré hoy (aquí) deja mucho qué desear en cuanto a la calidad de su escritura y su argumentación. Ella llega de la pluma de Luis Larraín, el Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Uno podría pensar, equivocadamente, que una persona que ocupe tal cargo ha de ser alguien de gran cultura y versatilidad argumentativa. La lectura de la columna en cuestión deja en claro que no es así. Encontramos en su texto traducciones incorrectas del castellano al inglés ('percibir', como en 'renta percibida', no se traduce como 'to perceive', que significa discernir o reconocer, sino como 'to accrue'; cuando Larraín crea un slogan contra el mecanismo de renta atribuida, 'no taxation without perception', ¡lo que en realidad está diciendo entonces es que no haya tributos sin que nos demos cuenta!), errores históricos (los Estados Unidos no declararon su independencia para proteger "la representación política de esos hombres y mujeres", sino sólo de "esos hombres"; en dicho país no hubo derecho a voto para la mujer sino hasta 1920), expresiones sin sentido ni elegancia literaria ("No compro la teoría de que…", afirma Larraín; por mi parte, no sabía que las teorías estaban en venta), y errores terminológicos francamente ridículos (Larraín alza la voz enfurecido contra toda "expropiación regulatoria", concepto que en sí mismo es algo tautológico pues toda expropiación contiene una dimensión de regulación o reglamentación; suponemos que quiso referirse a la "regulación expropiatoria").

 

La médula del 'argumento' de Larraín es que el mecanismo de 'renta atribuida', creado por la Reforma Tributaria, "es un atentado al derecho de propiedad, pues al "atribuirse" ciertas utilidades de la empresa a los socios o accionistas por el legislador, aunque dicha renta no haya sido percibida ni devengada, se está limitando el dominio (atributo esencial del derecho de propiedad)". Mañana, cuando discuta el argumento de Arturo Fermandois contra la constitucionalidad de la renta devengada, me explayaré algo más sobre las características de la renta devengada. Lo que importa acá es que difícilmente constituye una limitación al derecho de propiedad que se establezca un tributo sobre cosas incorporales como la participación en una determinada empresa (recordemos que respecto de las cosas incorporales también hay una especie de propiedad, según el artículo 583 del Código Civil). Y, si hay una especie de propiedad sobre la participación en la empresa, ¿por qué habría de estar exenta de tributos?

 

Alguien podría sugerir que eso va contra la idea de que los impuestos graven solamente ingresos ("no taxation without perception", como dice Luis Larraín en su inglés tipo Luis Jara). Al argumentar así estaría olvidando que también tenemos impuestos a la propiedad raíz, las así llamadas contribuciones.

 

Lo que hace la renta atribuida es fijarle un valor anual a la cosa incorporal consistente en la participación en la empresa. Larraín lo dice como si la STASI o la KGB estuviesen a cargo de esta operación. Pero no es así: estará a cargo de supervisar administrativamente esta operación el Servicio de Impuestos Internos (SII), y la legalidad de su actuar estará sometida al escrutinio de los jueces tributarios.

 

No hay nada de inconstitucional en gravar una cosa incorporal como la participación en una empresa, ni nada inconstitucional en que esto se fije a través de un proceso en que participan la empresa, el socio o accionista, el SII, y cuando sea necesario los jueces tributarios.

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