16 octubre, 2012

Notas sobre los orígenes de la esclavitud racial en EE.UU.


Los primeros africanos en llegar a las Colonias de América del Norte durante la primera mitad del siglo XVII llegaron en calidad de trabajadores no abonados, indentured servants. Los ligaba a su empleador un contrato de trabajo que los obligaba a trabajar un cierto número de años recibiendo a cambio transporte, alimentación, vivienda y otros bienes.

Si bien a menudo las condiciones de trabajo eran de auténtica explotación, la capacidad jurídica del trabajador no abonado era plena fuera del ámbito de su vínculo contractual con el empleador; así, por ejemplo, podía recurrir a los tribunales contra este último. Esta situación cambió paulatinamente durante la segunda mitad del siglo XVII, cambio simbolizado en la historia de John Punch. Este trabajador no abonado, afroamericano, escapó de la plantación donde trabajaba junto a otros dos trabajadores, estos últimos de ascendencia europea (uno holandés y el otro escocés). Al haber sido capturados, los tres fugitivos fueron condenados a la pena de azotes por haber escapado a su vínculo contractual; pero mientras los dos eurodescendientes fueron condenados a la ampliación de su contrato por cuatro años más, John Punch recibió la pena de ser entregado en esclavitud al dueño de la plantación, convirtiéndose en el primer afroamericano legalmente esclavizado en Estados Unidos.[1]

En 1705, el así llamado Código de Esclavos de Virginia reflejó la dirección que tomaría el tratamiento jurídico de la población afroamericana, disponiendo que “todos los sirvientes importados y traídos a este país, por tierra o por mar, que no sean cristianos en su país… serán reportados y serán esclavos, y como tales aquí serán comprados y vendidos no importando su conversión posterior al cristianismo”. La relación de poder entre sujetos sociales era precisada por la ley en cuestión estableciendo que “ningún negro, mulato, o indio, aunque sean cristianos, o judíos, moros, mahometanos, u otros infieles” podrán, en ningún momento, comprar ningún “siervo cristiano blanco”, y que “si cualquier negro, mulato o indio, esclavo o libres, levante su mano, en oposición contra cualquier cristiano, que no sea negro, mulato o indio, él o la ofensora, recibirá en su espalda desnuda, por cada tal delito, demostrado por el juramento del denunciante, treinta latigazos bien propinados”.[2]

Tras la Independencia, la Constitución de los Estados Unidos abordó la definición jurídica de la esclavitud afroamericana de manera muy discreta: empleando como base para la asignación de Representantes e impuestos la suma del “número total de personas libres, incluyendo a aquellos obligados al servicio por determinado número de años” más “las tres quintas partes de todas las demás”. Como se ve, la población afroamericana esclavizada le reportaba a los Estados donde ella se encontraba una ventaja adicional: si bien no podían votar, le entregaba a los ciudadanos blancos de aquellos Estados un subsidio electoral en la Cámara de Representantes.

Los Estados abordaron también este asunto, empleando los instrumentos propios del modelo constitucional clásico: estableciendo límites o prohibiciones dirigidos al legislador, sin encomendar su revisión a la judicatura. Así, la Constitución de Alabama de 1819 dispuso en su Artículo VI, Título ‘Esclavos’, que la Asamblea General de Alabama “no tendrá poder para aprobar leyes en favor de la emancipación de los esclavos, sin el consentimiento de sus propietarios, o sin pagar a sus propietarios, de manera previa a la emancipación, el precio completo en dinero de los esclavos así emancipados”.




[1] A. Leon Higginbotham, Jr., In the Matter of Color: Race and the American Legal Process. The Colonial Period 28 (1978).
[2] Anne I, Queen of England, An act concerning Servants and Slaves (1705).

11 octubre, 2012

Homofobia en el Congreso


El Diputado Ignacio Urrutia (UDI) declaró en sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que "las Fuerzas Armadas tienen que velar por la soberanía de nuestro país y el día que nos llenemos de homosexuales en las Fuerzas Armadas lo que va a ocurrir es que nos van a invadir cualquier país con una facilidad gigantesca". Estas declaraciones homofóbicas, vertidas ni más ni menos que en una sesión citada para evaluar las políticas antidiscriminación de las FF.AA., son tremendamente preocupantes por dos motivos.

En primer lugar, es preocupante la irracionalidad evidenciada por un Diputado de la República. En efecto, las declaraciones del Diputado Urrutia exhiben un desconocimiento absoluto de las reglas que rigen el razonamiento deductivo, es decir de la lógica. ¿Mediante qué inferencia el Diputado Urrutia concluye que la presencia de homosexuales en las FF.AA. -que por cierto es perfectamente legal- facilitaría la invasión por parte de fuerzas extranjeras? ¿En qué parte del mundo ha ocurrido algo así? ¿Qué vínculo causal existiría según el Diputado Urrutia entre homosexualidad y fallas en la defensa nacional? Sinceramente, sería de esperar que la Unión Demócrata Independiente asuma el compromiso de presentar como candidatos a cargos de elección pública a personas que comprendan los principios básicos que estructuran el pensamiento racional.

En segundo lugar, es preocupante que un parlamentario emplee su tribuna pública para formular declaraciones vejatorias y denigrantes contra un grupo social sistemáticamente desaventajado, contribuyendo a reproducir y perpetuar los estereotipos que sirven de sustento a la privación de derechos en que se encuentra dicho grupo. Es precisamente la construcción de discursos que presentan al homosexual como un sujeto menos capaz e inmoral lo que permite que legisladores y jueces denieguen el acceso al matrimonio y sus beneficios a las parejas del mismo sexo. Históricamente ha ocurrido lo mismo con otros grupos sociales, desde la mujer hasta los trabajadores, pasando por los pueblos originarios y otras minorías étnicas. Precisamente para combatir esa situación de desventaja estructural en la que se encuentran algunos grupos sociales es que se dictó la Ley No. 20.609, de Medidas contra la Discriminación. Resulta vergonzoso que un parlamentario borre con el codo lo escrito por la sociedad civil, diversos Ejecutivos y el Congreso mismo.

Pareciera ser que el Diputado Urrutia ha adoptado como estrategia publicitaria el lanzar declaraciones particularmente irreflexivas, destinadas a arrancar el aplauso de los segmentos de nuestra sociedad menos comprometidos con los valores de la democracia, la igualdad y la dignidad de la persona humana. Es una lamentable consecuencia de nuestro sistema electoral que personas así tengan prácticamente asegurada su permanencia en el Congreso Nacional.