16 octubre, 2012

Notas sobre los orígenes de la esclavitud racial en EE.UU.


Los primeros africanos en llegar a las Colonias de América del Norte durante la primera mitad del siglo XVII llegaron en calidad de trabajadores no abonados, indentured servants. Los ligaba a su empleador un contrato de trabajo que los obligaba a trabajar un cierto número de años recibiendo a cambio transporte, alimentación, vivienda y otros bienes.

Si bien a menudo las condiciones de trabajo eran de auténtica explotación, la capacidad jurídica del trabajador no abonado era plena fuera del ámbito de su vínculo contractual con el empleador; así, por ejemplo, podía recurrir a los tribunales contra este último. Esta situación cambió paulatinamente durante la segunda mitad del siglo XVII, cambio simbolizado en la historia de John Punch. Este trabajador no abonado, afroamericano, escapó de la plantación donde trabajaba junto a otros dos trabajadores, estos últimos de ascendencia europea (uno holandés y el otro escocés). Al haber sido capturados, los tres fugitivos fueron condenados a la pena de azotes por haber escapado a su vínculo contractual; pero mientras los dos eurodescendientes fueron condenados a la ampliación de su contrato por cuatro años más, John Punch recibió la pena de ser entregado en esclavitud al dueño de la plantación, convirtiéndose en el primer afroamericano legalmente esclavizado en Estados Unidos.[1]

En 1705, el así llamado Código de Esclavos de Virginia reflejó la dirección que tomaría el tratamiento jurídico de la población afroamericana, disponiendo que “todos los sirvientes importados y traídos a este país, por tierra o por mar, que no sean cristianos en su país… serán reportados y serán esclavos, y como tales aquí serán comprados y vendidos no importando su conversión posterior al cristianismo”. La relación de poder entre sujetos sociales era precisada por la ley en cuestión estableciendo que “ningún negro, mulato, o indio, aunque sean cristianos, o judíos, moros, mahometanos, u otros infieles” podrán, en ningún momento, comprar ningún “siervo cristiano blanco”, y que “si cualquier negro, mulato o indio, esclavo o libres, levante su mano, en oposición contra cualquier cristiano, que no sea negro, mulato o indio, él o la ofensora, recibirá en su espalda desnuda, por cada tal delito, demostrado por el juramento del denunciante, treinta latigazos bien propinados”.[2]

Tras la Independencia, la Constitución de los Estados Unidos abordó la definición jurídica de la esclavitud afroamericana de manera muy discreta: empleando como base para la asignación de Representantes e impuestos la suma del “número total de personas libres, incluyendo a aquellos obligados al servicio por determinado número de años” más “las tres quintas partes de todas las demás”. Como se ve, la población afroamericana esclavizada le reportaba a los Estados donde ella se encontraba una ventaja adicional: si bien no podían votar, le entregaba a los ciudadanos blancos de aquellos Estados un subsidio electoral en la Cámara de Representantes.

Los Estados abordaron también este asunto, empleando los instrumentos propios del modelo constitucional clásico: estableciendo límites o prohibiciones dirigidos al legislador, sin encomendar su revisión a la judicatura. Así, la Constitución de Alabama de 1819 dispuso en su Artículo VI, Título ‘Esclavos’, que la Asamblea General de Alabama “no tendrá poder para aprobar leyes en favor de la emancipación de los esclavos, sin el consentimiento de sus propietarios, o sin pagar a sus propietarios, de manera previa a la emancipación, el precio completo en dinero de los esclavos así emancipados”.




[1] A. Leon Higginbotham, Jr., In the Matter of Color: Race and the American Legal Process. The Colonial Period 28 (1978).
[2] Anne I, Queen of England, An act concerning Servants and Slaves (1705).

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