Gases lacrimógenos: armas químicas contra la población civil

El 2011 ha estado marcado por un ciclo de movilizaciones y protestas que ha superado todo lo experimentado desde el regreso a la democracia en materia de conflicto social. El regreso del conflicto social no sólo ha significado, como algunos podrían argumentar, el retorno de lo político. También ha implicado el retorno de un elemento que, si bien no del todo ausente durante la Pax Concertacionista, había pasado a un lugar secundario en nuestro imaginario colectivo. Me refiero, por supuesto, a los gases lacrimógenos.

De ser un objeto del recuerdo, una infaltable referencia en las historias de quienes se movilizaron durante los 80’, los gases lacrimógenos han vuelvo a hacer sentir su presencia en las calles de las ciudades chilenas. Es un momento oportuno, por lo tanto, para que reflexionemos sobre este elemento desde la perspectiva de los derechos y las libertades constitucionales y el sometimiento de los órganos del Estado a Derecho. ¿Es conforme a Derecho el uso de gases lacrimógenos por parte del Cuerpo de Carabineros?

Al dar un vistazo a la realidad jurídica, la regulación jurídica del gas lacrimógeno pareciera estar radicada en la actualidad en la Convención sobre Armas Químicas. Dicha regulación está estructurada por la dicotomía guerra/paz que aquel instrumento internacional establece. Así, por un lado, la Convención conceptualiza el gas lacrimógeno como un “agente de represión de disturbios”, y prohíbe su utilización como método de guerra. Por el otro, la propia Convención excluye de su esfera de prohibición el uso de gases lacrimógenos como herramienta de control social. En resumidas cuentas, la Convención prohíbe el uso de gases lacrimógenos contra tropas enemigas en tiempos de guerra, pero permite su uso contra la población civil en tiempos de paz. Sin embargo, el uso de armamento químico contra la población civil vulnera diversos derechos garantizados por nuestro texto constitucional.

Tal como se han dado las cosas, los gases lacrimógenos han sido utilizados por las fuerzas de Carabineros para enfrentar movilizaciones y protestas ciudadanas realizadas con el propósito de criticar diversos aspectos del orden social actual. No se ha tratado, por ejemplo, de saqueos o de enfrentamientos entre facciones beligerantes. En este contexto, la certeza que tiene quien concurre a dichas movilizaciones de que se expone al uso de armamento químico por parte de las fuerzas policiales constituye una perturbación y una amenaza al ejercicio de derechos políticos de quienes se manifiestan, específicamente de su derecho de reunión (Artículo 19 Nº 13, CPR) y de su libertad de expresión (Artículo 19 Nº 12, CPR).

El uso de armas químicas contra la población también afecta el derecho a la integridad física (Artículo 19 Nº 1, CPR). La función de los gases lacrimógenos consiste precisamente en producir dolor en los cuerpos de quienes se ven expuestos a ellos. Por esto, cabría incluso incluirlos dentro de la categoría constitucionalmente prohibida de “apremio ilegítimos”.

La dispersión de este armamento químico en las calles perturba y amenaza además el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación de toda la población (Artículo 19 Nº 8, CPR). Recordemos que los gases lacrimógenos son un contaminante según la definición que nos da de dicho concepto el Artículo 2, d) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente: “todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”.

Peor aún, el Artículo 10 del mismo cuerpo legal dispone que entre las actividades “que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental” se encuentra la “aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas.” El uso de gases lacrimógenos consiste efectivamente en la “aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas”, y sin embargo no ha sido nunca sometido a un estudio de impacto ambiental. Por esto, su utilización por parte de Carabineros de Chile constituye una abierta violación de la ley.

Por último, el uso de gases lacrimógenos constituye también un acto carente de racionalidad; esto es, de idoneidad y proporcionalidad. Carabineros puede y debe intervenir para poner fin actos vandálicos que tengan lugar durante la realización de actividades masivas tales como celebraciones deportivas. Sin embargo, para cumplir dicho fin Carabineros no puede usar medios que no conduzcan a él (es decir, carentes de idoneidad) y cuyas consecuencias gravosas sean sufridas por sectores de la población que no hayan tomado parte en las acciones a las que se busca poner fin (es decir, que carezcan de proporcionalidad). Eso es precisamente lo que pasa cuando Carabineros ocupan gases lacrimógenos: estos gases no necesariamente ponen fin a los actos vandálicos, pero sí necesariamente son sufridos tanto por manifestantes pacíficos como por el resto de la población que habita, trabaja, o circula en las inmediaciones del lugar donde han sido lanzados gases lacrimógenos.

El uso de gases lacrimógenos constituye por lo tanto una actividad inconstitucional, ilegal y arbitraria a la que se le ha de poner fin. Un recurso de protección presentado por mí en la Corte de Apelaciones de Valdivia y un proyecto de ley presentado por diputados del PPD, el PDC, el PS, el PRSD y el PC buscan este fin. Es de esperar, por la plena vigencia de los derechos políticos y las libertades públicas, que dichos esfuerzos prosperen.