23 julio, 2011

Ministerio de Educación e imperio de la ley


El nuevo Ministro de Educación, Felipe Bulnes, suma a su condición de destacado docente universitario una reconocida gestión como Ministro de Justicia. Todo ello lo hace ser la persona idónea para dar inicio a su gestión de la mejor manera: haciendo cumplir la ley.

Como es sabido, el artículo 53 del texto que refunde la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y la Ley General de Educación establece que las universidades serán siempre corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Sin embargo, es también sabido por la opinión pública que varias universidades han permitido a sus dueños lucrar con la provisión de infraestructura y servicios. Esto ha creado una crisis de credibilidad de la institucionalidad educacional, y consecuentemente de la institucionalidad toda.

Lo bueno es que el mismo cuerpo legislativo nos indica la salida de esta crisis. En su artículo 64, la ley establece que el Ministerio de Educación deberá cancelar la personalidad jurídica y revocará el reconocimiento oficial de aquella universidad que, entre otras causales, haya realizado actividades contrarias al orden público. El concepto jurídico de orden público, como bien sabe el Ministro Bulnes, incluye el respeto estricto a las leyes de la República. Y como bien sabe también el Ministro, dejar sin ejecución las leyes es una causal de acusación constitucional.

Es de esperar, en consecuencia, que el Ministro restablezca la confianza en el sistema de educación superior utilizando las potestades sancionatorias que la ley le encomienda. De otra forma, su gestión podría terminar más temprano y abruptamente de lo que todos deseamos.

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