22 julio, 2011

Educación superior: más Estado y menos libertades

(Columna originalmente publicada en El Mostrador)

La educación superior en Chile necesita más Estado y menos libertades. Así de simple. Calificar esta afirmación de “ideologizada” no agrega nada; quienes así reaccionan siguen la actitud del chamán de épocas pasadas que pretendía ahuyentar con encantos y conjuros los males que atacaban a su sociedad. En lugar de invocar fantasmas, quienes se oponen a reformas profundas en la educación superior deben hacerse cargo de defender el modelo de educación superior actual: deficitario en términos de los estándares internacionales de gasto público, y que le da la espalda al bien común privilegiando los intereses de unos pocos.

¿Por qué digo que la educación superior en Chile necesita más Estado? Simple: porque actualmente el grueso del gasto en educación superior proviene de las familias. Como lo indica el informe Education at a Glance 2010 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile es el país con mayor gasto privado en educación superior de entre todos los países que integran dicha organización: un 85.6%, que contrasta con el de países como Italia, Portugal, o México (en torno a un 30%).

Ahora bien, para financiar este incremento en el gasto público tendríamos que aumentar la recaudación fiscal; y dado que nuestro impuesto al valor agregado ya es bastante elevado, las alternativas para aumentar la recaudación fiscal son subir los impuestos directos y subir el royalty minero que en la actualidad tiene un tope de 5%. A cualquiera de estas dos últimas posibilidades se van a oponer la derecha y el empresariado; pero lo que usted y yo tenemos que hacer es ignorarlos.

¿Y para qué necesitamos más gasto público en educación superior? ¿Qué vamos a hacer con estos nuevos recursos? Muy simple: aumentar o expandir la cobertura de cada uno de los mecanismos mediante los cuales el Estado contribuye actualmente al financiamiento de la educación superior. Estos mecanismos son el Aporte Fiscal Directo, el Aporte Fiscal Indirecto, los créditos para la educación superior (Fondo Solidario de Crédito Universitario y Crédito con Garantía del Estado), y los recursos concursables de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. De estas fuentes de financiamiento, quisiera detenerme en discutir qué cambios debiera haber en el Aporte Fiscal Directo y por qué.

El Aporte Fiscal Directo (AFD) es un monto entregado anualmente a cada una de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (las así llamadas “universidades tradicionales”). El aporte que recibe cada institución se calcula de la siguiente manera: un 95% corresponde al aporte que el Estado hacía a la universidad en cuestión hasta 1988 y en un 5% mediante indicadores que reflejan la capacidad docente e investigadora de cada institución.

La estructura del AFD, un mecanismo de financiamiento basal, permite a las universidades contar con un ingreso estable en el tiempo, lo cual disminuye el riesgo de transformar las postulaciones a fondos concursables y los aumentos en el número de alumnos o las alzas de aranceles en mecanismos de financiamiento. El AFD, entonces, es fundamental para asegurar la libertad académica de la universidad, sobre todo para que los académicos puedan diseñar sus agendas investigativas con tranquilidad.

Algunos han planteado que el Aporte Fiscal Directo debiera ir sólo a aquellas universidades que sean propiedad del Estado. Eso sería un grave error, ya que privaría de una valiosísima fuente de ingresos a universidades de excelencia como la Universidad Austral o la Universidad de Concepción. En lugar de ello, creo que el monto total del Aporte Fiscal Directo debiera aumentar sideralmente, y expandirse a todas aquellas universidades que no son actualmente parte del consejo de rectores y que se destaquen en actividades de docencia, investigación, y extensión. Así el Estado potenciaría el rol que universidades como la Universidad Diego Portales, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Alberto Hurtado o la Universidad de los Andes, por nombrar a algunas, ya juegan en la actualidad. Con más universidades directamente financiadas por el Estado, todo Chile se beneficiaría.

Pero alguien me podrá responder, ahora desde la otra vereda: ¿porqué habría el Estado de financiar universidades como las no tradicionales que no están sujetas a ningún mecanismo de control o de rendición de cuentas? Pues bien, es precisamente esa objeción la que me lleva a plantear que la educación superior necesita menos libertades.

¿Por qué digo que la educación superior en Chile necesita más Estado? Simple: porque en la actualidad la Constitución garantiza la libertad de enseñanza en los más amplios términos posibles, y las leyes que la complementan reflejan dicha libertad sin límites. Los asesores de la Junta Militar que redactaron la Constitución escribieron que la libertad de enseñanza “no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”, así como “no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”. Ninguna de esas limitaciones impide que haya universidades de mala calidad.

¿Cómo asegurar la calidad de las universidades? Lo primero es consensuar que nadie tiene una especie de derecho natural a abrir universidades, tal como nadie tiene un derecho natural a conducir vehículos motorizados. Abrir y mantener universidades, tal como manejar un camión, es una actividad que involucra la vida de otras personas. Si yo no cumplo los estándares que la sociedad fija para realizar cualquiera de estas actividades la sociedad tiene todo el derecho de detenerme: de cerrar mi universidad, así como de detenerme mientras manejo. Y una vez que hemos resuelto que la libertad de enseñanza tal como está consagrada en la Constitución ha de ser limitada, la pregunta es cómo limitarla. Mi opinión es que ello ha de ser realizado mediante la acreditación obligatoria de todas las universidades y sus carreras y programas de pregrado y posgrado.

La acreditación, consistentemente con la noción de libertad de enseñanza de la Constitución, es actualmente voluntaria. Esto es tan inaceptable como si sacar licencia de conducir fuera voluntario. Ella debe pasar a ser obligatoria en todas las áreas: no sólo en docencia de pregrado y gestión institucional —que son actualmente obligatorias para quienes se sometan voluntariamente a acreditación— sino también en docencia de posgrado, investigación, vinculación con el medio y, sobre todo, equipamiento e infraestructura. Es precisamente en este último ítem donde algunas universidades obtienen ganancias, ya que los dueños de dichas instituciones organizan inmobiliarias que les subarriendan las instalaciones a la propia universidad. Esto, que es ilegal, es hecho a vista y paciencia de todo Chile. La acreditación debiera llevar a que estas universidades rindan cuenta pública de la administración de sus bienes. Además, debiera imponer estándares a las malas universidades que actualmente existen, tales como contar con suficientes profesores doctorados de planta y generar investigación publicable.

Ciertamente, alguien podría decir que la acreditación mide sólo procesos, no calidad; pero como profesor universitario puedo decir que no es posible hacer más que eso. Qué es investigación y docencia de calidad es algo discutido y discutible, particularmente en las humanidades y las ciencias sociales. Pero contar con una comunidad académica más grande y dotada de estabilidad laboral redundará en una discusión académica más intensa y, por lo tanto, más exigente. Eso también beneficiará a todo Chile.

En definitiva, queda claro que la educación superior necesita más Estado y menos libertades. ¿Necesitará también la educación escolar más Estado y menos libertades? Esa pregunta quedará pendiente para otra oportunidad.

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