09 mayo, 2011

Legislación y Lenguaje

¿Quien controla el significado de las palabras? ¿Y qué efectos tiene dicho control sobre nuestra legislación, "declaración de la voluntad soberana" de nuestra nación?
El profesor de castellano Jaime González afirma en El Mercurio que "el legislador o quien aplica las leyes" debe darle a las palabras de la legislación el sentido que les asigna el Diccionario de la Real Academia Española, "no admitiéndose otra interpretación o variación". Al hablar así, el profesor González expone un punto de vista sumamente extendido en la comunidad jurídica misma. Los abogados suelen citar en sus escritos, y los jueces en sus sentencias, las definiciones contenidas en dicho texto, asumiendo que ellas expresan el "sentido natural y obvio" de las palabras que según el artículo 20 del Código Civil debe asignárseles.
Sin duda, la existencia de un Diccionario ampliamente conocido y cuya elaboración está encargada a "expertos", mágica palabra que reúne al poder con el saber, simplifica y agiliza la determinación de cuál es el sentido natural y obvio de las palabras del castellano. Y de abogados y jueces, cuyo tiempo está consumido por los sinsabores del ejercicio profesional, no podemos esperar una mayor dedicación a preguntas socio-lingüísticas tan complejas como determinar de qué manera se emplea efectivamente el lenguaje. Sin embargo, pretender transformar dicha eficiente práctica en una exigencia normativa, afirmando que no es aceptable ninguna interpretación distinta a la del Diccionario de la Real Academia Española, es un profundo error.
La razón más importante para sostener ello proviene de la teoría democrática. Chile es una república democrática, donde la soberanía reside en la nación y su ejercicio recae en el pueblo y sus autoridades. Si tenemos presente que definir el contenido de las palabras entrega un poder formidable a quien detenta dicha atribución, entonces en una república democrática no cabe sino reconocerle dicha potestad al pueblo, a través de su habla cotidiana, y a sus autoridades, particularmente al legislador. La sociedad y el legislador, no el Diccionario de la Real Academia, son entonces quienes controlan el significado de las palabras en una democracia. Hay quienes, como Savigny, que irían más allá y afirmarían que en toda época histórica –no sólo en la democrática– el derecho es una emanación de las costumbres sociales, tal como el lenguaje, y que ambos evolucionan de acuerdo al devenir incesante del carácter del pueblo.
Si estos argumentos de carácter constitucional no convencieran a personas de pensamiento concreto, entonces cabría agregar como corolario de lo ya dicho que ni el Código Civil ni ningún otro texto jurídico da carácter vinculante a las definiciones de diccionario alguno. Por el contrario, el ya citado artículo 20 respalda los argumentos ya presentados: el "sentido natural y obvio" ha de encontrarse en "el uso general de las mismas palabras" y en las definiciones que el legislador les haya dado "expresamente para ciertas materias".

1 comentario:

Paula dijo...

En defensa del DRAE.
El objetivo de la lexicografía moderna es describir el léxico dando cuenta y dejando constancia del uso de un idioma. No es una esfera aislada de la lingüística que considere a la lengua como un objeto de estudio estático y descontextualizado, no, todo lo contrario, el uso y el contexto manda en la definición de cada artículo, de cada entrada de un diccionario y, en particular, del Diccionario de la lengua española. La versión on line del DRAE está cada día siendo enmendada para ir perfeccionándolo y adecuando sus definiciones, sus marcas de uso, esto es, marcas diatópicas, distráticas y diafásicas. Nuestro diccionario de la lengua española es el gran compendio del léxico de la lengua española en uso; se verifica día a día que todo lo que esté allí se esté utilizando en prensa o literatura, y lo que no, pasa directamente al Diccionario histórico de la lengua, cuya función claramente es otra muy distinta: perpetuar el léxico de una forma diacrónica.
Así también, existen obras lexicográficas académicas que puede ayudar en esta descripción de uso, en el caso de que el DRAE no especifique en profundidad rasgos de uso particulares del español de Chile. La más importante de ellas es el Diccionario de americanismos, que define el léxico exclusivamente de América con marcas sociolingüísticas.