18 julio, 2010

La Nación y el Estado

¿Ha de existir un periódico de propiedad estatal financiado con los recursos emanados del Diario Oficial? ¿Qué posición debieran tener los progresistas, y particularmente los concertacionistas, al respecto? Ambas preguntas son válidas pues suscitan diversas respuestas que merecen ser cuestionadas, y que ponen en discusión la hegemonía indiscutida que en el presente mantiene “la derecha” en los medios de comunicación; particularmente en la prensa escrita.

El punto de partida de esta discusión, al menos en la forma en que está planteada en este momento, es la decisión de las autoridades de Gobierno de modificar el modelo de negocios del Diario Oficial, incluyendo una disminución en sus cobros y su transformación en una plataforma web. La Nación, como es sabido, tiene pérdidas millonarias cada año pero se mantiene viva mediante la recaudación que obtiene el Diario Oficial por la publicación legalmente exigida de diversos documentos, la cual va a parar íntegramente a las arcas de La Nación. La Nación, como diversos medios han informado, es una sociedad anónima donde el Estado tiene participación mayoritaria pero tres accionistas privados, pertenecientes cada uno al PDC, el PS, y la UDI, tienen acciones preferentes.

La forma en que la discusión pública se ha dado pareciera estar estructurada por la situación política de las últimas dos décadas, en que la Concertación estaba en el Gobierno y La Nación tenía una línea editorial progresista y crítica de los medios de prensa alineados en torno a El Mercurio y La Tercera, mientras que la derecha se quejaba de las agresiones que recibía de un medio financiado con los dineros públicos. Sin embargo, tanto aquí como en otros asuntos, estamos viviendo todavía en la inercia de las dos décadas precedentes. Así la derecha, ahora desde el gobierno, intenta sofocar a La Nación cortándole los recursos que obtiene del Diario Oficial; y unas pocas voces concertacionistas defienden la permanencia de este diario, particularmente por la necesidad de mantener algún espacio de diversidad o pluralismo en el contexto de la prensa chilena. Es necesario, creo, cambiar los términos de la discusión. Hay que aclarar varias cosas.

Lo primero que hay que reconocer es que no es deber del Estado generar prensa progresista. Quienes suscribimos una visión cultural y políticamente progresista no hemos de esperar que este vacío en la prensa nacional sea llenado por un medio estatal. Incluso más: dada la estructura del directorio de La Nación, en que cuatro directores son nombrados por el gobierno de turno, nada garantiza que La Nación satisfaga esa necesidad; de seguir todo como en la actualidad, poco a poco La Nación comenzará a cambiar su línea editorial a medida que la actual situación de cosas se asiente. En un par de años los editores y periodistas actuales habrán partido, y La Nación volverá a ser lo que era en los 80’ cuando Jaime Guzmán escribía ahí. Por esto, lo más conveniente para el progresismo es que surja un diario progresista, de gran circulación, y de propiedad privada. Que esto no haya ocurrido hasta el momento habla sencillamente de la desidia de los sectores que podrían haber emprendido esta labor. Sin ir más lejos, en torno a The Clinic podría surgir como proyecto paralelo la publicación de un diario.

Ahora bien, lo que sí es responsabilidad del Estado es fomentar la producción cultural e intelectual nacional. Esta afirmación, sin embargo, no pareciera ser compartida por el Gobierno actual, por lo cual es importante que las voces progresistas planteen esto con insistencia. Desde esta perspectiva, lo más conveniente para la nación toda -esto es, para nuestra comunidad política en lugar del periódico- es que los ingresos del Diario Oficial, como ya ha sido sugerido por otras personas, sirvan para repotenciar la Editorial Universitaria y revivir la Revista Mapocho. Lo óptimo sería seguir el modelo del Fondo de Cultura Económico, que es un organismo descentralizado financiado por el Estado Mexicano. Gracias a esta institución pública, todo el mundo hispano parlante cuenta con publicaciones del más alto nivel académico e intelectual. En lugar de seguir repitiendo la cantinela de la eliminación del impuesto al libro, una de las propuestas de política pública más débiles, el Estado debe fomentar directamente la producción académica y cultural chilena mediante un gran subsidio estatal.

Hay que reconocer adicionalmente que entre tener un Diario Oficial impreso o en internet, lo segundo ofrece mayor acceso.

En último lugar, hay que señalar que el conflicto entre los directores que representan al Estado y a los inversionistas particulares es un conflicto particular, que ni a los partidos de la Concertación ni a la opinión pública le atañen –salvo en la medida en que repercuten en los puntos anteriormente abordados–. Todo eventual conflicto entre los trabajadores de La Nación y sus empleadores sería también un conflicto particular; el que si bien esperamos que se de en un marco de respeto por los derechos de los trabajadores, no puede inclinar la balanza hacia la permanencia de dicho medio a toda costa. El progresismo no ha de verse secuestrado por la protección de las rentas de ningún grupo; sea éste un grupo de accionistas donde dos de ellos militan en partidos de la Concertación, o un grupo de trabajadores que pretenden preservar su actual fuente laboral.

13 julio, 2010

Indultos y valores públicos

¿Ha de extenderse un indulto a militares condenados por violaciones a derechos humanos? La opinión pública ha visto surgir esta discusión a propósito de una propuesta que la Iglesia Católica ha lanzado con ocasión del Bicentenario de nuestra Independencia. Diversas opiniones han sido expresadas. Por un lado, el senador y ex Presidente Frei ha calificado esa posibilidad como una burla, dado que quienes cometieron estos delitos en su mayoría han logrado evitar la condena penal mediante varios mecanismos –tanto jurídicos como extra-jurídicos– por un largo tiempo. Por su parte, el diputado José A. Kast ha manifestado que en virtud del principio de igualdad ante la ley, sería injusto conceder este beneficio a unas personas y no a otras por ser estas últimas militares.

¿Es este un problema de igualdad ante la ley? El diputado Kast parece creer que lo es. Sin embargo, hemos de tener presente que la igualdad ante la ley es una igualdad formal cuya definición está entregada al soberano. Entre nosotros, como república democrática, tal definición está por lo tanto entregada a la ciudadanía y sus representantes. En ese contexto, nadie puede dar por resuelta la discusión sobre indultos apelando a la igualdad ante la ley como si la ley ya lo hubiera resuelto.

¿Es este un problema de caridad cristiana? La caridad cristiana pareciera prometer dar una solución ya que, a diferencia de la igualdad ante la ley, se trata de un valor substantivo, no uno formal. Ahora bien, hay aquí dos discusiones. La primera es que la caridad cristiana nos pide acompañar al que sufre: al enfermo, al desvalido, al que está en la cárcel. No necesariamente indultarlo, pero sí acompañarlo. Ahora bien, al margen de eso, la caridad cristiana apunta fundamentalmente a reconocer a Cristo en el que sufre; y cabe preguntarse, ¿sufren los militares condenados por violaciones a derechos humanos? Considerando como parámetro la población carcelaria chilena, la respuesta es no. No padecen del hacinamiento, de la confinación a reducidos espacios físicos, del régimen de enclaustramiento, que sufre la población carcelaria chilena. Los presos en cárceles públicas sufren; los presos en Punta Peuco, no. Esta discusión, sin embargo, no es necesaria dado que la caridad cristiana no es un valor público. Nadie puede esperar que una apelación a valores cristianos, en una sociedad laica, sea un criterio de decisión pública. La caridad cristiana, por lo tanto, está descartada como argumento público.

En definitiva, este es un problema de valores públicos. Precisamente por ello debemos dejar en claro que ni la igualdad ante la ley ni la caridad cristiana resuelven este tema. El valor público que ha de primar es la justicia política; para la cual es aceptable perdonar ciertos crímenes, pero no aquellos que, tal como la violencia desencadenada contra los opositores al Régimen Militar, constituyen un atentado contra la igualdad política y el régimen republicano.