Conflicto de Interés y Derecho

El gobierno de Sebastián Piñera ha sido objeto de múltiples llamados de atención provenientes de la prensa, la oposición, y de sectores movilizados de la ciudadanía por lo que éstos perciben como conflictos de interés enquistados en la conformación de los equipos de gobierno y en el propio Presidente. Ante esto, ¿qué puede decir el ordenamiento jurídico?

Existen numerosas disposiciones sectoriales, así como potestades de fiscalización jurídica y política que pueden entrar en acción. Sin embargo, hasta el momento los dos principios rectores en la materia han sido pasados por alto en la discusión pública. Me refiero a los artículos 56 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 12 de la Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.

La primera disposición establece que son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan. La segunda, en tanto, establece lo que la misma ley denomina el “principio de abstención”, y según el cual las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas por la disposición “se abstendrán de intervenir en el procedimiento” cuando ocurra alguna de las circunstancias allí señaladas. Una de ellas consiste en que la autoridad correspondiente tenga “relación de servicio” con cualquier persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto bajo su consideración, o le haya prestado “servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar” dentro de los últimos dos años.

Como ya sabe la opinión pública, esta situación se repite en numerosos casos. Jorge Atton, Subsecretario de Telecomunicaciones, se desempeñó como gerente general de Telefónica del Sur hasta poco antes de asumir. Loreto Silva, Subsecretaria de Obras Publicas, fue anteriormente abogada de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Asociación de Concesionarios de Obras Públicas. Mauricio Gatica, ex gerente general de la empresa concesionaria de la Ruta 68 y vicepresidente de la Asociación de Concesionarios de Obras Públicas, es el actual coordinador de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. En todos estos casos, los principios ya señalados –y particularmente el artículo 12 de la Ley Nº 19.880– cobran plena vigencia.

Ahora bien, el Gobierno –y particularmente su cabeza, Sebastián Piñera– han de entender que las reglas jurídicas permiten encauzar y dar forma a las susceptibilidades, pero en última instancia no pueden substituir la crisis de confianza social subyacente. La política es una forma de representación, y por lo tanto depende de la credibilidad de aquel que clama para sí la condición de representante. Si Sebastián Piñera y su equipo de gobierno no son capaces de persuadir a la ciudadanía, cualquier solución resultará irrisoria.

Los aspiracionales y la oferta programática de la Concertación

El resultado de la reciente elección presidencial se explica, en buena manera, por la capacidad de la derecha de agregar electores en el margen versus la incapacidad de la Concertación de detener el torrente de antiguos votantes que pasaban a engrosar el número de los nulos, blancos, y abstenciones. Esta situación tiene repercusiones político-estratégicas que conviene distinguir con precisión.

Por un lado está el desempeño del nuevo gobierno y la factibilidad de que su electorado se consolide o se decepcione. En este sentido, no cabe sino ser realistas, sobre todo cuando la presidencia de Piñera aún no empieza siquiera. Lo más probable es que Piñera sea capaz de satisfacer las exigencias y expectativas de quienes votaron por él. Con que disminuya aunque sea levemente el nivel de victimización –porque la delincuencia, pese a lo que se ha dedicado a pregonar la derecha durante las últimas dos décadas, es considerablemente baja–, aumente levemente el crecimiento económico, e imponga un “nuevo estilo de gobernar” –que parece significar ejecutivo, en terreno, y comunicacional–, el electorado histórico de la derecha y el electorado “aspiracional” que en esta ocasión acompañó a la derecha se darán por satisfecho. Quienes en la oposición ya se entusiasman con la idea de denunciar que el gobierno de Piñera no logre crear un millón de empleos sino tan sólo setecientos mil, no demuestran sino una mentalidad de fracasados –parafraseando a Escalona–. A nadie le importa si Piñera cumple o no su meta de nuevos empleos; la gente que votó por Piñera lo hizo no porque crea que el nuevo gobierno va a darle trabajo o subirle el sueldo (!), sino porque Piñera logró conquistarlos en el plano de los valores, los sueños, las metas.

En ese sentido, la Concertación debe ser capaz de discutir y reflexionar sobre la oferta programática de la que dispondrá en los próximos años. Debe tener claro si consolida la vocación de mayoría que está detrás de una alianza entre el centro y la izquierda, o si prefiere quedarse aislada en la consecuencia, el idealismo, y el fracaso electoral. Para aquellos que, como los conductores de la campaña de Frei durante la segunda vuelta, crean que la solución está en mirar a la izquierda, el mejor ejemplo debiera estar precisamente en esa dirección. El Partido Comunista durante las dos últimas décadas estuvo sumido en la irrelevancia política, carente como estaba de representación parlamentaria. Satisfechos con un par de prebendas tiradas casi con compasión desde el Ministerio de Bienes Nacionales –léase la sede entregada en medio del desalojo que sufrieran de su sede en San Pablo–, carecieron de la capacidad de negociación e influencia en el devenir político cotidiano que da el contar con parlamentarios. Una vez que el pragmatismo propio de la dirigencia comunista, y una actitud similar en la dirigencia socialista y demócrata cristiana, permitieron llegar a un acuerdo electoral con la Concertación, el PC volvió al Congreso y ya tendremos oportunidad de juzgar los resultados de esta decisión.

En este sentido, la discusión sobre el contenido programático y sus acentos discursivos debe ser madura y responsable. No se trata de abandonar la identidad programática de la Concertación. Pero, cabe preguntarse, ¿cuál es ésta? En lo personal me parece que gira en torno a la consolidación de un Estado Social de Derecho; en otros términos, en la profundización de la participación democrática y el reconocimiento de derechos socio-económicos y las correlativas prestaciones estatales. ¿Es esta identidad programática incompatible con el crecimiento, con las oportunidades, con la movilidad social? En cierto sentido es profundamente compatible, dado que tales prestaciones básicas son la condición necesaria para el desarrollo igualitario de la población.

Por supuesto, hay una estética y una ética del arribismo, como es visto el mundo aspiracional desde la cultura política concertacionista, que son tremendamente incompatibles con todo esto. La pregunta aquí es, ¿es suficiente generar una oferta electoral que genere movilidad social –punto de encuentro entre el mundo aspiracional y el concertacionismo– sin tener que recurrir a la “propuesta” cultural del mundo aspiracional, llena de Kikes Morandés y otras representaciones simbólicas aspiracionales? Para muchos en la Concertación, esto pareciera ser el límite que no se está dispuesto a traspasar. Quizás el eje de la contienda electoral no sea programático como muchos hemos planteado, ni valórico como Carlos Peña ha sostenido en sus columnas, sino estético y cultural. Si esto es así, y vale la pena darle vueltas a la idea, quizás estemos atrapados en un verdadero dilema en el cual las categorías de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción han adquirido un nuevo contenido. Si el problema con el aspiracional fuera que quiere doscientos mil empleos más y una rebaja de un 1,5% del IVA, quizás el problema no sería tan grave. Pero si lo que desea es que Chile se transforme en el Miami del sur, quizás la cosa sea más difícil. La campaña de Frei en segunda vuelta incluyó un poco de todo; desde Frei probándose pelucas en el Hormiguero hasta una propuesta visual anclada en la Brigada Chacón. ¿Podremos discutir seria y calmadamente el aspecto simbólico de la propuesta concertacionista, tal como se espera que discutamos su aspecto programático? Sólo el tiempo lo dirá.

(post publicado antes en redseca.cl)

La otra cara de Chile

Isabel Aninat escribe para recordarnos de la otra cara de Chile; aquella imagen del chileno austero, esforzado y humilde, que intenta salir con sus propios medios de las dificultades. Muchos otros intentan poner de relieve otra cara más, esta vez alegre y solidaria, que se realiza y regocija en la ayuda al más débil. También estos se presentan a sí mismos como los portadores del auténtico ser chileno. Y cabe preguntarse, ¿qué otra cara, que otra imagen tratan tan esforzadamente de derrotar con tanta vehemencia?

Otros han decidido no dar vuelta el rostro, sino mirar a ese otro Chile a la cara y juzgarlo. Saqueadores, malos chilenos. La palabra "flayte", con toda la carga social e incluso racial que tiene, aflora repetidamente. Como es sabido, la imaginación engendra monstruos. Éstos juegan un papel fundamental en nuestra autoimagen: tales monstruos nos confirman en nuestra forma de vivir. Tanto la estrategia discursiva de "la cara alegre" como la estigmatización del otro cumplen en última instancia la misma función: nos permiten confirmar y reforzar nuestra autoimagen de seres bondadosos, respetuosos de la moral y el derecho, y permitirnos seguir con nuestro día a día sin perturbarlo con preguntas inoportunas e impertinentes.

Sin embargo, y desde otra perspectiva, quizás la metáfora adecuada aquí no sea otra sino la de esconder la cabeza en la arena. Desde esa perspectiva, la responsabilidad ética pasa a ser preguntarse seriamente ¿porqué hubo saqueos? El concepto de anomia, como disolución excepcional de las fronteras de la moralidad y la legalidad en momentos de crisis, parece ser pertinente. Pero también pareciera haber características más contingentes, propiamente chilenas, que se expresaron en la agresividad social que afloró en medio de la anomia. ¿Tiene el nivel de desigualdad de nuestra sociedad algo que ver con esto? ¿Es esto fruto de los valores individualistas y consumistas que gobiernan nuestra sociedad? ¿Es una nueva expresión del Chile "aspiracional" al que muchos imputan el resultado de las recientes elecciones presidenciales? Todas estas son preguntas que, de adoptar una estrategia discursiva edulcorante -el verdadero chileno es esforzado, humilde y respetuoso- o una estigmatizante -el saqueador es un mal chileno, del cual nada bueno puede venir, por lo que no vale la pena considerar o reflexionar seriamente sobre su comportamiento-, quedarán sin formular y desde luego sin ningún tipo de respuesta, en un sentido u otro.