25 enero, 2010

Haití y el Leviatán Contemporáneo

En estos mismos momentos, la vida en Haití es “solitaria, pobre, desgraciada, brutal y corta”. Si en su época, Thomas Hobbes encontró en la constatación de ese hecho el mejor argumento para la justificación del Estado Moderno y el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza que le es propio, hoy la misma reflexión debiera llevarnos a cuestionarnos seriamente el modelo de organización global que buscamos para el siglo XXI.
La Resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), con la determinación de “preservar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Haití”. Incluso antes del terremoto, el éxito de la misión era puesto en duda por la incapacidad de los Cascos Azules y la Policía Nacional de Haití de ocupar Cité Soleil, uno de los principales y refugio de cientos de pandillas.
Hoy en día, está cada vez más en duda la capacidad de la MINUSTAH de obtener “el restablecimiento y mantenimiento del Estado de derecho, la seguridad pública y el orden público en Haití”, según reza el mandato conferido por la antes mencionada Resolución 1542. Indudablemente, uno de los problemas para ello es la insuficiencia de recursos humanos y materiales para llevar a cabo dichas tareas. Comúnmente, una fuerza pública efectiva se sitúa dentro de márgenes de uno a cuatro oficiales de policía por cada mil habitantes. Para Chile, estadísticas informales nos permiten estimar dicha relación en 2,5 efectivos cada mil habitantes, tomando en cuenta únicamente el contingente de Carabineros. Para Estados Unidos, en tanto, dicha cifra es aproximadamente de 2,3. Ahora bien, en Haití, para unos 10 millones de habitantes, el número es de 17.500, lo cual incluye 8.500 efectivos de la Policía Nacional de Haití sumados unos 7.000 soldados y 2.000 policías proporcionados por MINUSTAH. Sólo así Haití alcanza un número aproximado de 1,7 efectivos cada 1.000 habitantes, una cifra por debajo de la de Chile y de Estados Unidos. Cabe preguntarse qué efectividad tienen tales fuerzas en una sociedad donde el incumplimiento no sólo del derecho sino de las más básicas normas de moralidad o incluso de reciprocidad es generalizado. A eso hay que agregarle la inefectividad de fuerzas policiales que muchas veces no hablan el lenguaje local. Las ejecuciones sumarias, según organismos de derechos humanos, se han vuelto un procedimiento regular. Si hay un lugar donde el estado de emergencia se ha vuelto la regla, es Haití.
Ahora bien, no solamente es el tamaño de la fuerza pública un problema sino también la posibilidad de su uso. En el caso de las fuerzas de la MINUSTAH esta discusión es central. Los Cascos Azules de la ONU están universalmente concebidos como fuerzas de paz. Nadie, especialmente los países que constituyen las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en las cuales ésta encuentra expresión, les entienden como un ejército regular. ¿Entiende la comunidad internacional que ellas estén autorizadas para usar la fuerza contra fuerzas enemigas o, si ello llegara a ser necesario, contra civiles? La reacción contra los casos ocurridos en Haití con anterioridad al terremoto pareciera revelar que ello no es así. Y esto es porque las Naciones Unidas todavía no han alcanzado el grado de desarrollo experimentado por otras entidades que le precedieran, como el Estado-Nación, los Imperios, los señoríos feudales, o las polis griegas: esto es, la capacidad de usar legítimamente la fuerza contra sus enemigos, y para ello de convocar a individuos bajo su mando dispuestos a matar y a ser muertos. Mientras la Organización de las Naciones Unidas no alcance este nivel de desarrollo seguirá siendo una entidad de papel maché, cuya labor estará limitada a las nobles herramientas de la diplomacia pero será incapaz de proveer de seguridad a los habitantes de territorios gobernados por estados fallidos, por leviatanes abortados.
La responsabilidad de un estado para con sus habitantes no se acaba con la imposición de orden. También incluye la preservación de la salubridad pública, lo cual en circunstancias extremas como las de Haití incluye proveer a la población de alimentación, salud, agua potable, servicios higiénicos, control de enfermedades y plagas, y la capacidad de disponer adecuadamente de los cadáveres. Todas estas tareas hablan de la capacidad de desplegar equipos humanos y materiales adecuados. Pero como contraparte, requiere que el agente en cuestión disponga de un poder impositivo suficiente como para financiar tales despliegues. La buena voluntad de los donantes, como sabemos, no basta ni permite generar instituciones.
Mientras no tomemos la discusión sobre la transformación de las Naciones Unidas en un organismo supranacional dotado del uso legítimo de la fuerza y de la capacidad de recaudar recursos soberanamente, no se equivoque. No importa cuanto dinero se colecte, la situación de Haití después de superada la crisis provocada por el terremoto –si es que se supera– volverá probablemente a ser la misma: el país más pobre y subdesarrollado en el hemisferio occidental. La situación no va a cambiar a menos que haya una muestra de voluntad política significativa que permita crear un nuevo Leviatán: un Estado Supranacional mandatado para poner fin al caos que los estados fallidos no pueden controlar, dotado de los medios materiales para hacerlo y, es de esperarse, de mediante mecanismos democráticos de rendición de cuentas.

17 enero, 2010

Presidencia de Piñera

Las urnas han arrojado su veredicto definitivo: Sebastián Piñera será Presidente durante el próximo cuatrienio. Bien por él, y bien por quienes le apoyaron. Tienen una gran oportunidad para dejar atrás prácticas y políticas del pasado reciente y remoto que históricamente les han acompañado.
Los procesos electorales, como dijera el jurista argentino Carlos Nino, son sucedáneos del discurso moral. Están ahí para tomar decisiones sobre asuntos que no pueden esperar su resolución a manos del debate moral. Por esto, incluso ante resultados electorales inobjetables, el interlocutor ha de seguir alzando su voz para entregar razones y deliberar.
En ese sentido, desde el mundo de las columnas de opinión ya se le han solicitado a Piñera ciertos estándares de gobierno: que no incluyera a funcionarios de la dictadura, que el gabinete no parezca el "club de Cachagua". La verdad es que para quienes hemos pasado a ser oposición tales requisitos son, más bien, superficiales. Más importantes nos parecen los nombramientos que el nuevo Mandatario haga en áreas relacionadas con los derechos de grupos socialmente desaventajados y con la regulación de actividades económicas. De ellos, y de la labor que ejecuten, dependerá el tono político de los próximos cuatro años.
Es por eso que esperamos con interés los nombramientos de Director del Trabajo, de Director del SERNAC, de Superintendente de la SVS. Asimismo los de Ministro de Salud, quien estará a cargo de las políticas reproductivas del nuevo gobierno. Esperamos que el nuevo Presidente ejecute el amplio acuerdo social de otorgarle reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Confiamos, por último, que cumpla su compromiso adquirido hace varios años de que su sector apruebe el voto de los chilenos en el extranjero. Si Piñera demuestra amplitud de miras en su presidencia, logrará consensos amplios para gobernar.

03 enero, 2010

Jueces y Política

José Francisco García recomienda a Carlos Peña tener en consideración la discusión norteamericana de larga data sobre el "judicial restraint" y su opuesto, el activismo judicial, al reflexionar sobre el impacto de la labor de los jueces sobre la política.
No puedo estar más de acuerdo con su acotación. En nuestro medio, debiera ser tenida en cuenta cada vez que mediante recursos de protección y requerimientos ante el Tribunal Constitucional se intenta reconsiderar en sede judicial las decisiones de las autoridades políticas sustentadas en criterios técnicos. El caos que rodeó al fallo de 2008 sobre la píldora del día después nos recuerda el porqué: el descontento político y ciudadano que siguió puso en serio riesgo el prestigio del Tribunal y, quien sabe, quizás su propia existencia a largo plazo.
Sin embargo, en esa misma línea, quisiera destacar que la discusión sobre el carácter contramayoritario de la intervención de los jueces y su necesaria autorestricción tiene lugar en un contexto muy específico: la revisión judicial de las decisiones de los poderes políticos, particularmente del legislativo. Nada tiene que ver con la persecución penal de delitos. En ese contexto, y particularmente en el marco del antiguo sistema inquisitorial que todavía rige para el caso Frei Montalva, tiene plena validez aquel viejo adagio que dice "fiat iustitia et pereat mundus".