07 noviembre, 2010

Real Academia de la Lengua y tribunales

El anuncio de modificaciones de diverso tipo en la nueva versión del Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia ha sido acompañado de múltiples muestras de incomprensión y descontento por parte de hispanoparlantes. Chile no ha sido la excepción. Dichos hablantes han puesto en cuestión la conveniencia de los cambios, y en algunos casos la legitimidad misma de la Real Academia para determinar las características del castellano que, mal que mal, es algo más que una gramática: es una práctica social. Esta situación despierta un alto interés pues se dan interesantes diferencias y similitudes con el caso de otra práctica social en la cual también existe un órgano dotado de autoridad que entendemos está llamado a darle estabilidad y certeza a dicha práctica: el derecho.
La existencia de tribunales se justifica usualmente en su condición de órganos profesionales formados en el razonamiento legal, lo cual les permitiría resolver disputas de carácter jurídico y así otorgar concreción y certeza a las normas que integran el ordenamiento jurídico. Esta concepción de los tribunales gira en torno a la idea de la autonomía del derecho, y se traduce en la reivindicación para los tribunales de la posibilidad de distanciarse de las expectativas no jurídicas y por lo tanto no profesionales que los destinatarios de las normas pudieran tener. Algo parecido puede verse en el caso de la Real Academia de la Lengua Española, organismo que apela a su saber para justificar su atribución de producir una versión de la gramática española dotada de autoridad.
La existencia de tribunales, sin embargo, no puede renunciar a fundamentar su autoridad en el consentimiento y satisfacción de los destinatarios de las normas. A diferencia de la Real Academia, los tribunales explícitamente justifican su autoridad en la delegación que los destinatarios de las normas les han dado mediante la dictación de leyes, por sus representantes, que les confieren jurisdicción. Los tribunales, aunque sea de una manera indirecta, gozan de legitimidad democrática o al menos legislativa; y si algo conspira contra la Real Academia es que la heterogeneidad de quienes ocupan el castellano no está unida a mecanismos formales de representación que permitan sincronizar con mayor efectividad la práctica social con el reflejo que de ella propone en el Diccionario. Tal como la Real Academia, los tribunales están enfrentados a la realidad de que el corpus que administran, el saber del cual derivan su legitimidad profesional, está íntimamente ligada con prácticas sociales siempre cambiantes y altamente dependientes de factores externos a su mismo saber. Así, por ejemplo, mientras la lengua se ve afectada por cambios tecnológicos, el derecho lo es por cambios en las premisas culturales a partir de las cuales los ciudadanos interpretan el ordenamiento jurídico. Tal como la Real Academia, los tribunales están enfrentados a la necesidad de articular dichos cambios e integrarlos dentro de su forma de argumentación.
Por estas razones, y dado que la autonomía del derecho –tal como la autonomía lingüística de la Real Academia de la Lengua Española– no da cuenta de este segundo aspecto de la legitimidad del órgano investido de autoridad, dicha idea debiera ser complementada con la noción de la capacidad del derecho –y de la Real Academia– de responder a las expectativas de los destinatarios de las normas: esto es, de la "responsividad" del derecho. Tal noción, por supuesto, tendría un impacto sobre el desempeño de las funciones jurisdiccionales cuya elucidación excede este espacio.

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