11 mayo, 2010

Libertad de expresión y función pública: en torno a Marcela Sabat

En los últimos cinco años los blogs y otros medios de comunicación virtuales se han convertido en la niña bonita del baile de la opinión pública. Todos, incluso los medios tradicionales, han tratado de insertarse en este mundo. Es más, en este mismo instante el lector está siendo parte de la esfera pública virtual al leer esta columna. El valor social asignado a estos medios, muchos de los cuales permiten integrar en la formación de opinión pública a ciudadanos carentes de “capital simbólico”, ha llevado a que ellos sean si no respetados en el sentido de ser considerados autoridades –eso depende del contenido de las opiniones vertidas– al menos respetados en el sentido de ser dejados tranquilos –lo que es parte constitutiva del ejercicio de la libertad de expresión–. Eso, hasta que Marcela Sabat llegó a instalarse en la Cámara de Diputados.

Hace poco una periodista publicó una columna en el blog Política Rock titulado “Marcela Sabat, la vergüenza trewhelina”. En este posteo, que tuve la oportunidad de leer, la periodista comentaba sobre la asistencia de la Diputada a una reunión de exalumnos de dicho colegio en la cual Sabat aparentemente se subió al escenario para llamar la atención de sus excompañeros, cosa que habría simplemente sido ocasión de mofa y ridículo para la parlamentaria. Nada del otro mundo.
Sin embargo, con fecha 9 de mayo, el equipo editorial de dicho sitio web publicó un comunicado en el cual señalan que uno de sus directores se comunicó mediante mensajes electrónicos con Sabat para “ejercer su derecho a réplica en Política Rock”, ante lo que la parlamentaria “desestimó dicha opción y mencionó que la autora se estaba metiendo en problemas”. Con posterioridad, y tras una conversación telefónica que pareció señalar lo contrario, dicho comunicado expresa que el mismo director “recibió un mensaje en el que la diputada lo dejó en conocimiento explícito de que ya había emprendido acciones legales”. Como resultado, “la autora del artículo decidió darlo de baja”.
Uno podría preguntarse qué hay de malo en esto: una periodista emitió algunos comentarios en ejercicio de su libertad de expresión, la persona en cuestión se sintió ofendida, y estimó que le correspondía iniciar algún tipo de acción legal contra el medio. ¿Qué problema hay, se podría preguntar el lector, en usar las herramientas del derecho para defenderse? Pues bien, claro que los hay si miramos el asunto a la luz del contexto en que se da este problema, y si le damos una segunda mirada al problema en discusión.
El derecho admite muchos usos. Uno de ellos es ser usado simple y derechamente como un arma contra nuestros enemigos. La legalidad suele estar del lado de quien tenga más recursos; esto no es misterio para nadie. Detrás de dichos casos, usualmente lo que hay que una desigualdad de poder. Tal cosa ocurre cuando una Diputada de la Republica, que cuenta con recursos fiscales para contratar servicios profesionales y con la visibilidad e influencia que le otorga su cargo, amenaza con acciones legales a un medio dirigido por tres estudiantes y en el cual una periodista publica como free lance una columna de opinión. Eso es el equivalente jurídico a un adulto ofreciéndole combos a un niño. La Diputada está anunciando una demanda contra un medio ciudadano dirigido y mantenido por jóvenes voluntarios que carecen de la infraestructura y recursos necesarios para manejar tal evento: particularmente, acceso a profesionales jurídicos de calidad y seguros por responsabilidad civil. ¿Significa esto que la alternativa es que los estudiantes chilenos no tengan blogs, y si los tienen, que sólo escriban de cosas irrelevantes?
El segundo problema tiene que ver con la libertad de expresión misma. La libertad de expresión funciona como un paraguas precisamente contra ese tipo de reacciones. La libertad de expresión es tal cuando no existe censura de sus contenidos. Un intento por filtrar su contenido por parte de una autoridad pública –ya sea preventivamente, o bien a través de mecanismos más complejos como este– es censura. La libertad de expresión constituye el sustrato sobre el cual se erige la opinión pública, la cual es una esfera autónoma dentro de la sociedad que funciona con sus propias reglas: una de ellas es que el mecanismo para diferenciar –para discriminar– entre unas opiniones y otras es el uso de los mismos mecanismos: la libertad de expresión. La libertad de prensa, una variante de la libertad de expresión, institucionaliza esta conversación entregando como herramienta para su control el derecho a réplica: un mecanismo inmanente que actúa como contrapeso a ejercicios de la libertad de expresión con los que se discrepe. Según lo expresado en su comunicado por Política Rock, eso es precisamente lo que se le propuso a la Diputada Sabat, y que ella rechazó de un manotazo con el anuncio de una demanda. Al actuar así desconoció las fronteras constitutivas de la libertad de expresión, y la autonomía de la opinión pública como una esfera distinta y específica dentro de la sociedad. La política –no, me corrijo; el poder– arrinconando a empujones a la libertad.
Por sus frutos les conoceréis, dijo alguien. En este caso, si hemos de juzgar por este fruto en particular, pareciera ser que la Diputada Sabat ha seguido el modelo autoritario que el edil de su comuna le ofrece.

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