17 noviembre, 2009

Recurso de Protección e Isapres

Andrés Tagle inicia su columna del 16 de noviembre con la siguiente expresión de alerta: “No se sorprenda si su causa judicial lleva años de espera en la Corte de Apelaciones de Santiago, ellos deben resolver primeramente los recursos de protección contra las Isapres”. Tal señal de alerta, sin embargo, llama la atención considerando la carga de las Cortes y el rol del recurso de protección. A la luz de estos elementos, ¿se justifica el alarmismo de su tono?
Partamos por revisar una foto reciente de la carga de trabajo de la Corte de Apelaciones. Una manera de sopesar el peso relativo de los recursos de protección dentro de la carga de trabajo de las Cortes es estudiar las causas en movimiento en un determinado período y determinar qué porcentaje de dichas causas corresponde a recursos de protección contra Isapres. Para tal efecto disponemos de los estados diarios publicados en el sitio web del Poder Judicial; y para efectos de simplificar el punto nos concentraremos en la Corte de Apelaciones de Santiago. Dichas cifras, para la semana pasada, son las siguientes: el Lunes 9 de Noviembre, de un total de 686 causas en tabla, un 14,7% equivalente a 101 causas corresponden a recursos de protección contra Isapres; para el Martes 10, de 882 causas, la cifra es de 115 recursos equivalente a un 13,04%; para el Miércoles 11, de un total de 763 causas, la cifra es de 81 causas correspondiente a un 10,6%; para el Jueves 12, de 655 causas, 97 correspondiendo a un 14,81%; y para el día Viernes 13, de 669, un 9,42% correspondiente a 63 causas.
A la luz de estas cifras resulta difícil justificar tal alarmismo. No pareciera ser que las Cortes de Apelaciones dedican diariamente una atención a recursos de protección contra Isapres más allá de lo razonable. Ahora bien, al argumento cuantitativo debe sumarse una consideración de sistema. El recurso de protección tiene múltiples deficiencias, particularmente en cuanto a su capacidad (o más bien, incapacidad) de dar forma y sentido a la jurisprudencia en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, a falta de alguna reforma estructural en este ámbito, sigue siendo la principal herramienta para insertar demandas sociales en el proceso jurídico-constitucional. Atendido eso, si existe un problema de dimensión social en cuanto a las alzas de planes de salud ofrecidos por las Isapres, se justifica plenamente que mientras el legislador no provea de una solución de alcance general los ciudadanos recurran de manera individual a las Cortes y que éstas le dediquen al asunto la atención que merece.
Finalmente, sería conveniente también que al hacer su crítica del crecimiento de recursos de protección contra Isapres, Tagle aclarara la perspectiva profesional e institucional desde la cual escribe. La discusión de políticas públicas requiere transparencia en cuanto al espacio desde el cual se habla y las proposiciones que se pretende avanzar. Eso es lo que distingue la defensa de proposiciones académicas o profesionales de un informercial.

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