14 agosto, 2009

Constitucion y Consensos

Carlos Larraín intenta defender al electo Presidente del Tribunal Constitucional Marcelo Venegas afirmando que "cualquier persona que es designada integrante del Tribunal Constitucional puede presidirlo sin excepciones". Con ello no argumenta los motivos por los cuales Venegas sería un buen presidente del TC; por el contrario, pone una vara muy baja -de hecho inexistente- en términos de calificaciones académicas y cualidades profesionales para desempeñar tal investidura. Sin embargo, en su apurada defensa hace una afirmación al pasar que merece ser destacada. Expresa "que la Constitución expresa un amplio consenso cultural y social", comentario que refleja una visión del debate constitucional totalmente descontextualizada.
Al afirmar que un documento como la Constitución actual expresa "un amplio consenso cultural y social", Larraín arraiga la legitimidad social de los textos constitucionales al contenido de aquellas. Ignora Larraín que la elaboración de los contenidos de nuestra actual constitución no fue el producto de un "amplio consenso" sino de la imposición por la fuerza en un primer momento, y por la fuerza de las circunstancias posteriormente. Aún más, el nivel de detalle que el texto constitucional exhibe más bien parece estar orientado a dificultar la elaboración de amplios consensos culturales o sociales.
Por otro lado, ese texto constitucional ha sido interpretado por los sectores profesionales y políticos a los que Larraín pertenece de una manera sorprendente: usando como principal fuente interpretativa las discusiones contenidas en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Se pretende que ellas expresan la "voluntad del constituyente", craso error tanto en términos conceptuales (dicha Comisión era meramente consultiva) como interpretativa (incluso si fuera posible identificarla, la intención del redactor de un documento constitucional no puede controlar la evolución de la comprensión de sus disposiciones).
El punto es que una Constitución efectivamente debe aspirar a expresar amplios consensos culturales y sociales; pero para ello, debe atenerse a su papel regulador de procesos y no tratar de transformarse en una Ley Constitucional acorazada por Leyes Orgánicas Constitucionales. Debe ser un instrumento de canalización de los conflictos políticos, sociales y morales; no pretender resolverlos de antemano. Y además debe ser entendida como tal por los sectores políticos, administrativos, legislativos, judiciales, y profesionales encargados de su interpretación cotidiana.

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