27 agosto, 2008

Recurso de Protección contra Madonna

La prensa informa que un grupo de abogados de www.problemas.cl han presentado un Recurso de Protección contra la productora Time for Fun, alegando que el sistema de preventa de entradas al recital de la artista norteamericana Madonna es discriminatorio y arbitrario y, en consecuencia, inconstitucional.
Ante este procedimiento judicial, casi tan anecdótico y farandulero como el recurso de protección interpuesto por un estudiante de derecho en defensa de Cecilia Bolocco, podemos hacer dos tipos de reflexiones: qué ocurrirá probablemente de acuerdo al derecho vigente, y qué debiera ocurrir de acuerdo a ciertos principios de justicia política. La primera pregunta es muy simple: el recurso será rechazado en definitiva, pues la armonización sistemática de la garantía de igualdad y no discriminación arbitraria (artículo 19 N. 2 de nuestra Constitución) y de la libertad de emprendimiento económico (artículo 19 N. 21 de la misma) no autoriza a la autoridad a intervenir en las actividades empresariales de particulares salvo en casos de discriminación flagrantes e impermisibles. La ponderación de derechos, en nuestro orden constitucional actual, tiene una clara preferencia por la libertad económica en desmedro de cualquier tipo de igualdad. No me sorprendería si la primera sala de la Corte de Apelaciones lo declarara inadmisible; es decir, que ni siquiera se someta al conocimiento de los tribunales este asunto, sino sencillamente se le deseche.

La segunda inquietud es más compleja y depende del concepto que cada quien tenga de los objetivos o valores que deben organizar una sociedad, así como de los instrumentos idóneos para llevarlos a cabo. La Constitución chilena privilegia las libertades económicas, pero esto no necesariamente tiene que ser así: quizás no otro Chile, pero al menos sí otra Constitución es posible. Petrificar en la Constitución una concepción de cuáles derechos debemos tener es poner una camisa de fuerza a la política, cuyo principal objeto es determinar el contenido de esos derechos. Todos sabemos que tenemos derechos, pero también todos discrepamos de cuáles son aquellos; tratar de resolver el desacuerdo por secretaría -es decir, en la Constitución- es ilegítimo y peligroso pues distancia a la ciudadanía de la política al hacerle sentir que no hay nada en juego.

En lo personal, no sólo preferiría una Constitución que no prejuzgara cuáles derechos van a prevalecer por sobre otros, sino que deseo y trabajo por una sociedad que reconozca un lugar central a la igualdad, la solidaridad y la justicia social. En el caso del recital de Madonna, quizás veríamos otro resultado en la medida en que tuviésemos un concepto más robusto de los derechos del consumidor.

Ahora bien, también es cierto que una vez que la Constitución deja la determinación del contenido de los derechos a la ciudadanía y a sus representantes reunidos en parlamento, hay que tomar también la decisión de qué organismos ejecutarán tales decisiones soberanas. Esto se relaciona con la crítica formulada por Lucas Sierra a la supuesta "inflación de derechos" existente en la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Mi postura me lleva a coincidir con su crítica; sin embargo, es necesario precisar que de acuerdo a mis premisas, el problema es únicamente la elaboración de derechos por los tribunales directamente desde la Constitución sin la intermediación del poder legislativo. Ley mediante, no sería un problema que el ejecutor de tales decisiones fueran los tribunales o instituciones administrativas del Estado. Tampoco lo sería que hubiera una inflación de derechos; siempre cuando hubiera sido el soberano político, la ciudadanía, quien los hubiera consagrado y llenado de contenido.

3 comentarios:

William Garcia Machmar dijo...

En general estoy de acuerdo con las ideas del post, salvo en cuanto a eso de que la Constitución privilegia las libertades económicas. Creo que el texto de la Constitución da para mucho (de hecho, tu reconoces que da para casi cualquier interpretación). Igualmente creo que el recurso debiera ser rechazado, pero porque el recurso de protección no tiene efecto entre privados, y porque está mal planteado (se invoca libertad para adquirir la proiedad y no igualdad).

fernando dijo...

Gracias por tu comentario. Sobre tu comentario, creo que debo explicitar el hecho de que mi teoria constitucional (una teoria critica y esceptica) es distinta a la de las cortes (una teoria literalista e ingenua), por lo que en lugar de decir como fallaria yo como juez me limite a decir como creo que fallaran nuestros tribunales.
Lo de que el recurso de proteccion no tiene efecto entre privados, me surge la duda de si lo dices como una descripcion de como las cosas son (estoy seguro que hay jurisprudencia que los ha conferido en algunos casos, algunos de ellos incluso en igualdad) o de como debieran ser.
El recurso, ciertamente, es bien malito. Yo creo que en definitiva era una forma de salir en la tele!

William Garcia Machmar dijo...

Mi afirmación no era descriptiva. Ciertamente hay cientos de casos en que se ha acogido el recurso de protección entre privados, de hecho, uno de los mejores libros sobre el recurso de protección es sobre esa materia ("Recurso de protección y contratos", de Jana y Marín).

Creo que (en su mejor interpretación-si-el-recurso-de-protección-se-usara-como-un-instrumento-jurídico) la Corte debiera fallar como dije: rechazando el recurso por una cuestión procesal. Incluso si no lo hiciera, debiera rechazarlo por el fondo.