04 abril, 2008

Tribunal Constitucional: ¿democracia protegida?

Trasladar la decisión de un número amplio y prácticamente discrecional de asuntos políticos desde el Parlamento y el Poder Ejecutivo a manos de tribunales tiene consecuencias indeseables en una democracia. En este sentido la película "El Informe Pelícano" es iluminadora: mientras las multitudes protestan a favor de una causa u otra frente a la Corte Suprema de EEUU, un multimillonario contrata a un asesino para acabar con dos jueces de dicha Corte que votarían en contra de su causa.Estas dos consecuencias se empiezan a percibir con la anunciada decisión del Tribunal Constitucional de prohibir ciertos mecanismos anticonceptivos. En una democracia vibrante y empoderada los grupos de interés dedican sus recursos y energía en convencer a los demás ciudadanos y a los políticos democráticamente elegidos que los representan políticamente. Pero al judicializar la política, ellos reorientan sus esfuerzos hacia la litigación y la contratación de abogados bien conectados. En lugar de ganar una elección, es más importante ganar una apelación. Por otro lado, la composición del tribunal en cuestión pasa a ser lo más relevante. Las ideas, historial, preferencias personales de los jueces o Ministros de Corte, copan la agenda noticiosa. La política se transforma en una reflexión biográfica sobre los jueces.

Personalmente interpreto el resultado del plebiscito de 1988 como un rechazo a la democracia protegida. Sin embargo, pareciera que las reformas constitucionales que aumentaron las potestades del Tribunal Constitucional revivieron ese proyecto. Rechazar la democracia protegida hoy implica replantearnos el papel del Tribunal Constitucional.

8 comentarios:

Anónimo dijo...

Es una verdadera verguenza la derecha chilena que tenemos, hablan del valor de la vida y traperaon como quisieron con ella en los ochenta, le temen a todo lo que signifique cambio y organizacion y se escudan en su constitucion para recordarnos que vivimos en las leyes echa en los ochenta

Álvaro Hernández dijo...

Trasladar la legitimidad de una media, desde las instituciones democráticas, a órgenos conservadores, es una vieja usanza de las repúblicas que no son democráticas. Concuerdo absolutamente contigo, el centro del problema es la existencia del TC como órgano validador de decisiones que empecen al pueblo. Esperamos tenerte pronto de vuelta en Chile.

unoponiente dijo...

Creo que te equivocas, pues la decisión sigue residiendo, a fin de cuentas, en la voluntad soberana de la nación. Lo que asegura el TC es el respeto debido a la jerarquía de normas: es decir, no puede un decreto atentar contra derechos consagrados en la constitución. De hecho, se trata de una práctica común en todas las democracias occidentales.
Saludos.

fernando munoz leon dijo...

Gracias por tu comentario en mi blog. Respondo brevemente: no existe la autonomia del derecho constitucional que tus opiniones implican. Al menos sus limites respecto de la politica son mucho menos nitidas de lo que presupones. En casos como el de la pildora, hablar de conformidad de la norma con la Constitucion es disfrazar el lenguaje de la politica con el lenguaje juridico, algo que los abogados suelen hacer historicamente para recubrir de legalidad tecnica opiniones que carecen de legitimidad democratica. Sin embargo, las decisiones de politica publica no corresponden a un grupo de personas cuyos estudios los dotan de un acceso privilegiado a la verdad, sino a los ciudadanos en cuanto cuerpo electoral y sus representantes reunidos en solemne asamblea, el Congreso.

unoponiente dijo...

Fernando,
Me parece que estableces una distinción falaz entre lo político y lo jurídico, cuando las cosas inevitablemente están mezcladas. La decisión del TC no carece de legitimidad democrática pues se trata de una institución prevista en la constitución para garantizar la efectiva preeminencia de la carta fundamental. Tampoco tienen los ministros del TC un acceso privilegiado a la verdad, sólo controlan la conformidad de las normas con la constitución. Desde luego, el país es libre de modificar la constitución (el congreso en este caso); pero no puede una norma infringir la constitución sin sanción: es el fin del estado de derecho. Según tu lógica, más valdría no tener constitución, pues la ley votada en el parlamento sería siempre válida (y hay que considerar que el gobierno ni siquiera ha tenido los cojones de discutir la pdd en el parlamento....)
Saludos

unoponiente dijo...

un último punto: el ser partidario del control de constitucionalidad (ampliamente arraigado en países como Francia o Alemania) no implica "estar
ávido de excluir a la ciudadanía". En mi modesto parecer, siempre es más recomendable atender a los argumentos esgrimidos por el contrario que suponer oscuras intenciones.
Saludos

fernando munoz leon dijo...

ciertamente creo que es el Parlamento el lugar donde discutir la PDD. Es precisamente lo que he sostenido desde hace mas de un anio en posts en mi blog y en cartas al Mercurio.
Por otro lado es precisamente la asuncion de una distincion nitida entre politica y derecho lo que quiero cuestionar. Es mas, en este caso creo que es el derecho el que trata de usurpar espacios a la politica. Y por ultimo, diria que tu argumento asume como "dados" los derechos, siendo que es precisamente el contenido de los derechos lo que esta en discusion, constantemente, en una democracia. Tratar de determinar ese contenido es una labor de la ciudadania y sus representantes, no de hechiceros juridicos.

Donald dijo...

Buenas. Un comentario respecto de lo señalado por "unoponiente": El argumento de que lo que hace un TC es en último término recurrir a la voluntad del constituyente expresado en la constitución, es de vieja usanza.Sin embargo, desde la publicación del libro de A. Bickel "The Least dangerous branch(...)",el argumento ha perdido su fuerza y hasta los defensores más aguerridos de la revisión judicial(Bickel ciertamente lo era) tienden a justificar la existencia de un control judicial de las leyes en razones distintas.El problema está bien apuntado pro Fernando;ninguna teoría democrática que ponga a la ciudadanía como el interprete último de la constitución requiere revisión judicial.Más aún,incluso en sistemas que la contemplen sobre la base de proteger a la constitución,no se sigue que la "palabra final" en su aplicación e interpretación caiga en la judicatura.Hay más que decir sobre esto, y teorías como el departamentalismo y el constitucionalismo popular son útiles en la discusión y me gustaría comentar sobre ellas, pero sería extenderme mucho. Saludos