13 abril, 2008

Críticas al Tribunal Constitucional

Los profesores Arturo Fermandois y Patricio Zapata, a quienes respeto y estimo, cuestionan las críticas surgidas en la "clase política" a raíz del anunciado fallo del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después. Discrepo de ambos en cuanto a la oportunidad de la intensa -y por cierto, a ratos virulenta- crítica hacia esta institución, surgida incluso al margen de los argumentos jurídicos que el tribunal pueda proporcionar en su fallo mismo.
En efecto, lo que ha ocurrido es que la utilización del Tribunal Constitucional como tribunal de segunda instancia respecto de las votaciones en el Parlamento no sólo ha generado un vendaval de críticas por el resultado de su decisión. Paulatinamente, ha sido la existencia misma del Tribunal la que se ha empezado a cuestionar por parte de movimientos sociales, parlamentarios y juventudes políticas. Este proceso, que involucra a actores cuyo discurso y lenguaje difieren de los estándares de la academia, es un proceso saludable y necesario en un país comprometido con la democracia. No sólo existen diversos países que carecen de un tribunal constitucional u organismos similares, tal como era el caso de Chile hasta 1970; asimismo, estas instituciones han sido reiteradamente criticadas en todo el mundo por académicos, políticos, dirigentes sociales y, lo que es más importante, ciudadanos comunes y corrientes.

Uno de los problemas de la revisión de constitucionalidad de las leyes es que pretende transformar las decisiones de gobierno y política pública en meras discusiones de carácter técnico, cuando se trata de asuntos enteramente políticos. Estamos familiarizados con este fenómeno en los asuntos económicos, donde algunos economistas suelen actuar como si su "ciencia" excluyera la posibilidad de discrepar con ellos. Nuestra sociedad acaba de darse cuenta de que los abogados constitucionalistas a veces (nos) comportamos de la misma manera. Franklin Delano Roosevelt sostuvo con vehemencia que la constitución es un documento para el ciudadano común y corriente, no un contrato redactado por y para abogados; en última instancia es precisamente la ciudadanía la dueña, intérprete y custodia de la Constitución.

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