21 diciembre, 2008

Supermayorías en EEUU y Chile

He escrito en varias oportunidades en este blog criticando la existencia de las Leyes Orgánicas Constitucionales en la Constitución Chilena. Quiero esbozar una breve comparación entre el uso de supermayorías en el sistema constitucional chileno y su homólogo norteamericano.
  • La Constitución de EEUU, en su artículo I, Sección 7, requiere una supermayoría de 2/3 de las dos Cámaras para revocar el veto que el Presidente haya presentado contra una ley. Inspirado en este esquema, el Reglamento del Senado, en su Regla No. 22, requiere una supermayoría del 60 % de los senadores para aprobar la clausura del debate y poner fin a un filibuster, esto es, a la tactica dilatoria de la minoría de turno a través de la continuación del debate previo a la votación de una ley (el lector quizás recuerde que esta misma estrategia existía en Chile durante la así llamada República Parlamentaria, poniéndosele fin con la Constitución de 1925).
  • La Constitución Chilena, en tanto, establece en su Artículo 66 (antiguo Artículo 63) la existencia de leyes cuya aprobación, modificación o derogación requieren de la concurrencia de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, denominando a esta categoría como Leyes Orgánicas Constitucionales.
La relación entre mayorías y minorías es un arduo problema en la práctica constitucional, cuya comprensión se ve oscurecida por la frecuencia con que las palabras y eslóganes toman vida propia. Por ejemplo, sorprende que algunos defiendan en Chile las normas antidemocráticas y antimayoritarias legadas por la Dictadura afirmando que ellas tienen por objeto defender a las minorías, como si estuviéramos hablando de defender a grupos e individuos carentes de poder por razón de género, orientación sexual, etnicidad, condición socio-económica, edad, entre otros. Por lo general esas normas antidemocráticas tienen por resultado la defensa del derecho de propiedad de los grupos empresariales y la libertad de enseñanza de grupos confesionales ultraconservadores.

Volviendo a las diferencias entre EEUU y Chile en cuanto a supermayorías, cabe destacar que ellas cumplen distintas funciones:
  • En EEUU, se debe reunir una supermayoría para silenciar a la minoría, como un paso previo a la toma de alguna decisión (ya sea respecto a aprobar nombramientos o bien legislar)
  • En Chile, se debe reunir una supermayoría para legislar
Es decir, mientras en EEUU basta que la supermayoría esté de acuerdo en la decisión de legislar, pudiendo posteriormente una simple mayoría (de menor tamaño que la supermayoría) aprobar la legislación, en Chile se requiere una supermayoría que esté substancialmente de acuerdo en qué es lo que se aprobará.

La mayor intensidad substancial requerida en la constitución chilena va en la línea de lo que los defensores del sistema reconocen. Esto es, que las mayorías requieren "entenderse con sus opositores en el Congreso, de lo contrario amplias zonas de gobierno quedarán inactivas o bloqueadas” debido a que “el constituyente forzó un escenario institucional de consenso”. Nunca había sido mejor empleada la palabra forzar, por cierto. Pura democracia protegida.

La Constitución de 1980 es fruto del miedo al desacuerdo y a la diversidad. Para funcionar, esta Constitución presupone y exige que todos estemos de acuerdo. La pregunta es si queremos seguir gobernados por la lógica del miedo
.

16 noviembre, 2008

¡Hasta cuando con los Obamas chilenos!

Parecía que la columna de Carlos Peña había puesto las cosas en orden al señalar categóricamente que en Chile, nadie es Obama. Sin embargo, hoy Cristóbal Orrego, uno de los columnistas más reaccionarios de nuestro país -además de ser uno de los que escribe peor; algún día diré quienes son los otros en mi opinión- vuelve a la carga en una columna incomprensible pero que destaca por bautizar a Juan Antonio Kast como el Obama Rubio. Recordando que ya se le había bautizado como el Obama Blanco, cabe preguntarse, ¿cuándo empezará la UDI a promocionarlo como el Obama Ario?
Hay un problema profundo de incomprensión de la política en nuestro medio, problema al que apuntaba la columna de Carlos Peña: nadie entiende que aquí estamos hablando de política. Los que quieren hacer comparaciones con nuestro país, debieran entender que la gracia de Obama es cómo él ha logrado conectar su candidatura con la narrativa histórica nacional y, aún mas específicamente, con la narrativa de los movimientos sociales progresistas. La candidatura de Obama se entiende como un hito más de una larga cadena integrada por Abraham Lincoln, por Roosevelt, por Martin Luther King.

El momento en que fue más evidente -aunque no lo suficiente para los despistados que quieren parecerse a Obama- fue el discurso que dio el día en que ganó. Cabe destacar que como me lo destacó mi amigo Jorge Alzamora, ese discurso es muy similar estructuralmente al discurso de la marcha de la Patria Joven de Frei Montalva, en cuanto crea una cadena de sucesos históricos que le dan sentido al momento político del presente. No quiero decir con esto que el Obama chileno haya sido Frei Montalva; no voy a caer en la misma tontera. Lo que quiero destacar es que Obama no quiso ser el Tony Blair negro, o el Bill Clinton de Illinois: quiso ser Barack Hussein Obama. tal como él mismo dijo en un sketch de Saturday Night Live, se siente demasiado bien como para estar ocultando quién es.

En defintiiva, los politicos chilenos debieran ser capaces de pararse sobre sus pies y mirar el horizonte, a ver si descubren alguna meta que los lleve a caminar lejos y liderar multitudes, en vez de estar haciendo grupos en facebook y registrando www.yosoyobama.cl.

Violencia objetiva y violencia subjetiva

Los señores Galetovic y Montes censuran al ministro Vidal por "usar el dolor de una familia para azuzar la lucha de clases". Por cierto, no se encargan de explicarnos por qué tal actividad sería censurable. Sin embargo, el punto es que demuestran no comprender la labor realizada por el ministro, lo cual requiere un poco de elucidación.

Lo cierto es que los comentarios del ministro son profundamente necesarios. Actos de violencia "subjetivos", como un crimen, distraen nuestra atención de actos de violencia "objetivos", es decir, aquellos que no son el resultado de la acción individual de ningún agente, sino que de las estructuras sociales que sustentamos a través de nuestras prácticas sociales y su interpretación. La invisibilidad por razón de la condición socioeconómica es uno de esos actos de violencia, que perpetúa las relaciones existentes de subordinación y en última instancia de humillación al recordarle al modesto poblador que él no es tan importante como un profesional. Que si éste es víctima de crímenes que a aquél lo afectan constantemente, las reacciones son muy distintas.

No está de más señalar de paso que los economistas chilenos parecieran comprender únicamente dos lenguajes: el de los números y el del miedo.

08 noviembre, 2008

Antidiscriminación e identidades

Estoy en una conferencia sobre los 30 años de la Pregnancy Discrimination Act, donde el tema central ha sido qué estándares han de guiar la normativa, políticas y acciones para modificar el lugar de trabajo en funcion de la mujer embarazada y madre. Uno de los temas que han surgido es la necesidad de redefinir las masculinidad, cuestionando el paradigma machista hegemónico de hombre. El hombre ha de ser un care taker; hacia sus hijos, hacia sus padres, hacia otros, rechazando que ese rol sea exclusiva y excluyentemente femenino.Cuestionamientos como este necesariamente van más allá del lugar de trabajo. Por otra parte, el feminismo mismo, fuente y a veces destinatario de ese cuestionamiento, sufre procesos de cambio recíprocos en función de ello; alguien mencionó que a la oleada feminista tomboy de los 70' le sucede el feminismo femme. Las mismas mujeres que protagonizan la primera oleada son capaces de saltar las barreras y escoger qué tipo de feminista quieren ser dependiendo del contexto y/u/o deseos individuales. Las identidades tienden a perder nitidez en sus contornos.

27 agosto, 2008

Recurso de Protección contra Madonna

La prensa informa que un grupo de abogados de www.problemas.cl han presentado un Recurso de Protección contra la productora Time for Fun, alegando que el sistema de preventa de entradas al recital de la artista norteamericana Madonna es discriminatorio y arbitrario y, en consecuencia, inconstitucional.
Ante este procedimiento judicial, casi tan anecdótico y farandulero como el recurso de protección interpuesto por un estudiante de derecho en defensa de Cecilia Bolocco, podemos hacer dos tipos de reflexiones: qué ocurrirá probablemente de acuerdo al derecho vigente, y qué debiera ocurrir de acuerdo a ciertos principios de justicia política. La primera pregunta es muy simple: el recurso será rechazado en definitiva, pues la armonización sistemática de la garantía de igualdad y no discriminación arbitraria (artículo 19 N. 2 de nuestra Constitución) y de la libertad de emprendimiento económico (artículo 19 N. 21 de la misma) no autoriza a la autoridad a intervenir en las actividades empresariales de particulares salvo en casos de discriminación flagrantes e impermisibles. La ponderación de derechos, en nuestro orden constitucional actual, tiene una clara preferencia por la libertad económica en desmedro de cualquier tipo de igualdad. No me sorprendería si la primera sala de la Corte de Apelaciones lo declarara inadmisible; es decir, que ni siquiera se someta al conocimiento de los tribunales este asunto, sino sencillamente se le deseche.

La segunda inquietud es más compleja y depende del concepto que cada quien tenga de los objetivos o valores que deben organizar una sociedad, así como de los instrumentos idóneos para llevarlos a cabo. La Constitución chilena privilegia las libertades económicas, pero esto no necesariamente tiene que ser así: quizás no otro Chile, pero al menos sí otra Constitución es posible. Petrificar en la Constitución una concepción de cuáles derechos debemos tener es poner una camisa de fuerza a la política, cuyo principal objeto es determinar el contenido de esos derechos. Todos sabemos que tenemos derechos, pero también todos discrepamos de cuáles son aquellos; tratar de resolver el desacuerdo por secretaría -es decir, en la Constitución- es ilegítimo y peligroso pues distancia a la ciudadanía de la política al hacerle sentir que no hay nada en juego.

En lo personal, no sólo preferiría una Constitución que no prejuzgara cuáles derechos van a prevalecer por sobre otros, sino que deseo y trabajo por una sociedad que reconozca un lugar central a la igualdad, la solidaridad y la justicia social. En el caso del recital de Madonna, quizás veríamos otro resultado en la medida en que tuviésemos un concepto más robusto de los derechos del consumidor.

Ahora bien, también es cierto que una vez que la Constitución deja la determinación del contenido de los derechos a la ciudadanía y a sus representantes reunidos en parlamento, hay que tomar también la decisión de qué organismos ejecutarán tales decisiones soberanas. Esto se relaciona con la crítica formulada por Lucas Sierra a la supuesta "inflación de derechos" existente en la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Mi postura me lleva a coincidir con su crítica; sin embargo, es necesario precisar que de acuerdo a mis premisas, el problema es únicamente la elaboración de derechos por los tribunales directamente desde la Constitución sin la intermediación del poder legislativo. Ley mediante, no sería un problema que el ejecutor de tales decisiones fueran los tribunales o instituciones administrativas del Estado. Tampoco lo sería que hubiera una inflación de derechos; siempre cuando hubiera sido el soberano político, la ciudadanía, quien los hubiera consagrado y llenado de contenido.

20 agosto, 2008

"Gobernar con los mejores": La falacia naturalista en politica

En Chile, cada cierto tiempo se escucha, ya sea por parte de personeros de derecha o bien por conductores de televisión, periodistas o gente de la calle, que es necesario "gobernar con los mejores", con "la selección nacional" como dijera un creativo ex-candidato presidencial dos veces derrotado.
Indudablemente hay un poderoso imán en la idea de que gobiernen los "mejores". Mal que mal, ¿quién podría defender la idea de que gobiernen los peores? Eso convierte a la idea de que gobiernen los mejores en una curiosa contradicción: o es irrelevante, pues cada quien defenderá a sus favoritos como la elección de los mejores, perdiendo utilidad como criterio distintivo; o bien será pretenciosa, dado que se utilizará para afirmar que los mejores son los partidarios de cierta forma de pensar en la política, la economía y la moral.

Esta última reflexión nos lleva a descubrir el problema lógico que subyace a la mentalidad del "gobierno de los mejores". En efecto, no sólo hay graves problemas político-culturales en este discurso -"los mejores" siempre son mayoritariamente hombres, sólo ocasionalmente mujeres, siempre de clase alta, de piel clara, católicos, con estudios en exclusivas universidades nacionales y extranjeras- sino también un grave problema de carácter lógico: pensar en "los mejores" en política es un caso de falacia naturalista.

Por falacia naturalista entendemos una variedad de problemas lógicos, principalmente estudiados por David Hume como el problema de deducir afirmaciones sobre el deber-ser desde el ser; y por George Edward Moore, quien acuñó este término, como el problema en que incurren aquellos filósofos que intentan definir lo bueno recurriendo a propiedades naturales de las cosas. A grandes rasgos, por falacia naturalista nos referimos al error de deducir conclusiones normativas o valorativas a partir de premisas que contienen sólo información acerca de hechos.

Es imposible decir entonces que alguien, ya sea un exitoso profesional o un competente experto en alguna materia, es automáticamente uno de "los mejores" y que está en condiciones por lo tanto de gobernar. El paso de aquello que es -Juan es un buen profesional, por ponerlo en términos sencillos- a aquello que debe ser -Juan debe gobernar- no es automático, sino que está mediado por un valor -yo creo en la libertad de mercado y la eficiencia- del cual en combinación con la afirmación de hecho se concluye el juicio de valor -como creo que Juan es apto para mejorar la producción y el comercio, objetivos con los cuales estoy de acuerdo, entonces creo que Juan debiera ser Ministro de Economía-.

El punto es que al formular juicios prácticos sobre la realidad, sean estos éticos o políticos, no podemos hacer juicios "puros", carentes de elementos valorativos, pues una misma realidad -la redistribución del ingreso, los incentivos a la competencia política o a la búsqueda de acuerdos, la rapidez de los cambios sociales o su gradualidad- será valorada de manera distinta a la luz de distintos conceptos del bien. Sólo dentro de una comunidad comunicativa que, explícita o implícitamente, comparta un concepto del bien -un movimiento religioso, político, ideológico, metodológico- es posible ahorrarse el ser explícito respecto de los valores a la luz de los cuales uno juzga los hechos. Pero dentro de una sociedad compleja y diferenciada, donde prevalece el desacuerdo, saltarse ese paso es una jugada desleal. El que habla de gobernar "con los mejores" está haciendo trampa.

¿Llegará alguna vez la sociedad chilena, o alguna sociedad siquiera, a reducir los desacuerdos y conflictos, siendo posible en definitiva tener un "gobierno de los mejores"? Muchos se dedicaron durante el siglo XX a intentar construir esa sociedad; en Chile, esfuerzos como el derogado artículo 8o de la Constitución de 1980 iban en ese camino. Sin embargo, nada de eso sentido mientras siga existiendo la pluralidad humana, realidad de la que según Hannah Arendt nace la política. Sólo cuando quede un solo hombre -o mujer- en la faz de la tierra, esa persona podrá estar segura de que es gobernado por el o la mejor.

08 agosto, 2008

La Derecha y el Miedo

Agustín Squella, en su última columna, nos invita a reflexionar sobre la psicología política de la derecha, la cual identifica con el miedo. No sorprende su conclusión, dado que si examinamos las estructuras institucionales que ésta ha defendido, apoyado o promovido desde hace ya varios años -la Junta, el voto censitario, la elección indirecta del Presidente, los Senadores Institucionales, el sistema binominal, el Tribunal Constitucional-, son todos mecanismos esencialmente protectores, de defensa, que hacen carne el proyecto político de construir una democracia protegida.
En efecto no es extraño que sea la derecha quien origina proyectos políticos y constitucionales centrados en la idea de protección, si creemos como dice Squella que la experiencia derechista por excelencia es el miedo. Me atrevería a aventurar, en efecto, que por eso son tan centrales para la derecha chilena actual, para su identidad y autocomprensión, las vivencias de la Reforma Agraria y la Toma de la Casa Central de la Universidad Católica. En estos momentos la derecha sintió que el desorden y la subversión del progresismo cristiano primero, y marxista después, penetraron sus instituciones centrales: el latifundio, la universidad y la Iglesia. Asimismo no sorprende que uno de los primeros escritos de Jaime Guzmán, el cual inaugura y da su nombre a la recopilación de sus artículos periodísticos publicado por Estudios Públicos, lleve por nombre “El Miedo”.

15 julio, 2008

Expulsión de alumna activista

La acción de Música Sepúlveda, alumna del Liceo Darío Salas, ha ocupado titulares y copado las conversaciones cotidianas de muchos chilenos. Sin embargo, resulta preocupante la discreción con que se ha cubierto el único resultado concreto hasta el momento de dicha acción, la cancelació de la matrícula de dicha alumna. Porque los actos con contenido político merecen la máxima protección y el rol de los disitentes es central en una democracia vibrante y sana, la actitud del alcalde Raúl Alcaíno es tremendamente censurable.

Música Sepúlveda, al lanzar un jarro de agua a la Ministra de Educación Mónica Jiménez, actuó impulsada por un sentimiento de reciprocidad hacia la autoridad. Su argumento fue que la Ministra no sabe lo que se siente ser mojada por un carro lanzaagua. Si bien esta era una experiencia formativa para los políticos de oposición durante la dictadura, es cierto que los actuales funcionarios de gobierno están cada vez más alejados de dicho tipo de experiencias. Sin embargo, en última instancia el argumento termina siendo falaz, pues en un sistema representativo de gobierno no esperamos que nuestros representantes hayan vivenciado milimétricamente cada experiencia que aqueja a los ciudadanos. Esperamos de ellos, en cambio, que satisfagan las necesidades de la ciudadanía de manera política y técnica, simultáneamente.

Sin embargo, que la argumentación de Música no sea impecable no significa que por esto sea irremediablemente condenable. El acto de la alumna corresponde a lo que se conoce como conducta expresiva, la cual por darse en un contexto de protesta política debe gozar de la misma protección que merecen discursos, escritos y todo acto comunicativo que trate de avanzar una posición. La misma Corte Suprema de Estados Unidos, por poner un ejemplo, ha reconocido la importancia de proteger aquellos actos que, si bien resultan ofensivos e irrespetuosos, precisamente por ello personifican posturas políticas. Así, en la sentencia de 1989 conocida como Texas v. Johnson, la Corte protegió a quienes quemaran la bandera norteamericana frente a la Convención Nacional Republicana. En una línea muy similar a la empleada por Música, desde fines de los 60' se ha popularizado el lanzamiento de pasteles en el rostro de importantes autoridades como una forma de protesta. El contenido rupturista y en consecuencia, político de este acto es muy claro: ridiculizar a la autoridad es un acto de rebeldía.

En definitiva esta es una pregunta por la condición de los disidentes; es decir, aquellos que el día de hoy son minoría, pero que el día de mañana pueden llegar a constituir nuevas mayorías mediante acciones que les den visibilidad y espacios de libertad que les permitan articularse discursivamente. Meditar sobre el rol vital que juegan en cuanto a mantener viva la democracia en el tiempo nos debiera llevar a respetar y proteger sus acciones. No a expulsarlos del colegio.

Expulsion de alumna activista

La acción de Música Sepúlveda, alumna del Liceo Darío Salas, ha ocupado titulares y copado las conversaciones cotidianas de muchos chilenos. Sin embargo, resulta preocupante la discreción con que se ha cubierto el único resultado concreto hasta el momento de dicha acción, la cancelació de la matrícula de dicha alumna. Porque los actos con contenido político merecen la máxima protección y el rol de los disitentes es central en una democracia vibrante y sana, la actitud del alcalde Raúl Alcaíno es tremendamente censurable.

Música Sepúlveda, al lanzar un jarro de agua a la Ministra de Educación Mónica Jiménez, actuó impulsada por un sentimiento de reciprocidad hacia la autoridad. Su argumento fue que la Ministra no sabe lo que se siente ser mojada por un carro lanzaagua. Si bien esta era una experiencia formativa para los políticos de oposición durante la dictadura, es cierto que los actuales funcionarios de gobierno están cada vez más alejados de dicho tipo de experiencias. Sin embargo, en última instancia el argumento termina siendo falaz, pues en un sistema representativo de gobierno no esperamos que nuestros representantes hayan vivenciado milimétricamente cada experiencia que aqueja a los ciudadanos. Esperamos de ellos, en cambio, que satisfagan las necesidades de la ciudadanía de manera política y técnica, simultáneamente.

Sin embargo, que la argumentación de Música no sea impecable no significa que por esto sea irremediablemente condenable. El acto de la alumna corresponde a lo que se conoce como conducta expresiva, la cual por darse en un contexto de protesta política debe gozar de la misma protección que merecen discursos, escritos y todo acto comunicativo que trate de avanzar una posición. La misma Corte Suprema de Estados Unidos, por poner un ejemplo, ha reconocido la importancia de proteger aquellos actos que, si bien resultan ofensivos e irrespetuosos, precisamente por ello personifican posturas políticas. Así, en la sentencia de 1989 conocida como Texas v. Johnson, la Corte protegió a quienes quemaran la bandera norteamericana frente a la Convención Nacional Republicana. En una línea muy similar a la empleada por Música, desde fines de los 60' se ha popularizado el lanzamiento de pasteles en el rostro de importantes autoridades como una forma de protesta. El contenido rupturista y en consecuencia, político de este acto es muy claro: ridiculizar a la autoridad es un acto de rebeldía.

En definitiva esta es una pregunta por la condición de los disidentes; es decir, aquellos que el día de hoy son minoría, pero que el día de mañana pueden llegar a constituir nuevas mayorías mediante acciones que les den visibilidad y espacios de libertad que les permitan articularse discursivamente. Meditar sobre el rol vital que juegan en cuanto a mantener viva la democracia en el tiempo nos debiera llevar a respetar y proteger sus acciones. No a expulsarlos del colegio.

17 abril, 2008

El mito de la Justicia Constitucional

La justicia constitucional es un gran mito. Nace de una ontología constitucional equivocada: creer que los asuntos fundamentales en derecho constitucional tienen existencia substancial; que las respuestas estan ahí, al alcance de la mano. Eso es un error. La interpretación de la constitución es absolutamente política, y por lo tanto debe estar a cargo de los órganos políticos.
Claro, se me dirá, ¿qué pasa si en ejercicio de sus potestades los órganos políticos se exceden? Bueno, pues esa es la discusión: en qué momento se han excedido. Por ejemplo, a mí me parece que redistribuir la riqueza mediante diversos mecanismos regulatorios es un imperativo a la luz de los deberes del Estado, mientras a otros constitucionalistas les parece que las leyes regulatorias son expropiatorias (por ejemplo la ley que regula los bienes declarados patrimonio cultural). ¿Quién tiene la razón?

La pregunta no puede ser el qué, sino que debe ser el cómo: cómo resolver esos desacuerdos. No entregándole poderes a un Tribunal Constitucional, por cierto.

Ahora bien, ¿qué pasa si los participantes del proceso politíco -el parlamento, el ejecutivo, las mayorías- tratan de intervenir el proceso político mismo excluyendo personas, reduciendo las garantías de dichos procesos, restringiendo la oportunidad de participar plenamente en éste al obstaculizar la organización política o la transmisión de ideas? Para eso yo crearía un Tribunal Democrático, una cosa como el TC pero exclusivamente encargado de custodiar el proceso político. Eso sí, no de reemplazarlo.

La única sentencia del TC en toda su historia que vale la pena desde un punto de vista jurídico, político e histórico fue precisamente aquella en que desempeñó el rol de Tribunal Democrático, al afirmar en 1985 que el Plebiscito de 1988 debía contar con un Tribunal Calificador de Elecciones (al contrario de lo que la Junta de Gobierno había decidido, esto es ponerlo en funcionamiento sólo para la posterior elección de parlamentarios). Al tomar esta decisión el Tribunal consideró necesario evitar "exponer el plebiscito mismo a un enjuiciamiento de legitimidad con grave perjuicio para el desarrollo normas de la futura institucionalidad".

13 abril, 2008

Críticas al Tribunal Constitucional

Los profesores Arturo Fermandois y Patricio Zapata, a quienes respeto y estimo, cuestionan las críticas surgidas en la "clase política" a raíz del anunciado fallo del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después. Discrepo de ambos en cuanto a la oportunidad de la intensa -y por cierto, a ratos virulenta- crítica hacia esta institución, surgida incluso al margen de los argumentos jurídicos que el tribunal pueda proporcionar en su fallo mismo.
En efecto, lo que ha ocurrido es que la utilización del Tribunal Constitucional como tribunal de segunda instancia respecto de las votaciones en el Parlamento no sólo ha generado un vendaval de críticas por el resultado de su decisión. Paulatinamente, ha sido la existencia misma del Tribunal la que se ha empezado a cuestionar por parte de movimientos sociales, parlamentarios y juventudes políticas. Este proceso, que involucra a actores cuyo discurso y lenguaje difieren de los estándares de la academia, es un proceso saludable y necesario en un país comprometido con la democracia. No sólo existen diversos países que carecen de un tribunal constitucional u organismos similares, tal como era el caso de Chile hasta 1970; asimismo, estas instituciones han sido reiteradamente criticadas en todo el mundo por académicos, políticos, dirigentes sociales y, lo que es más importante, ciudadanos comunes y corrientes.

Uno de los problemas de la revisión de constitucionalidad de las leyes es que pretende transformar las decisiones de gobierno y política pública en meras discusiones de carácter técnico, cuando se trata de asuntos enteramente políticos. Estamos familiarizados con este fenómeno en los asuntos económicos, donde algunos economistas suelen actuar como si su "ciencia" excluyera la posibilidad de discrepar con ellos. Nuestra sociedad acaba de darse cuenta de que los abogados constitucionalistas a veces (nos) comportamos de la misma manera. Franklin Delano Roosevelt sostuvo con vehemencia que la constitución es un documento para el ciudadano común y corriente, no un contrato redactado por y para abogados; en última instancia es precisamente la ciudadanía la dueña, intérprete y custodia de la Constitución.

07 abril, 2008

Contra el Tribunal Constitucional

Creo que intentaré recoger algunos de los comentarios fragmentarios que he escrito en blogs y en facebook sobre porqué debemos cuestionar la existencia misma de un Tribunal Constitucional en nuestro país. Un blog es el espacio adecuado para intentar avanzar paso a paso en la elaboración de un argumento.El Tribunal Constitucional no es una instancia externa al sistema polítco, una tercero neutral que resuelve desacuerdos sobre la base de argumentos imparciales. Institucionalmente, el Tribunal esta tan interesado como cualquier otra institución en aumentar su propio poder. La sentencia que dio origen a la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes, Marbury v. Madison, hizo precisamente eso: aumentar el propio poder de la Corte Suprema norteamericana. Por otro lado, sus integrantes tampoco son imparciales: el TC está compuesto por ciudadanos comunes y corrientes, cuya única diferencia con cualquier otro ciudadano es que poseen un título universitario en el cual se escudan para invocar un conocimiento privilegiado de la verdad.

Otra diferencia de estos individuos es que son operadores del poder, personas conectadas con las redes de poder establecido. ¿O acaso alguien cree que de la nada los individuos son llamados por su destacado trabajo? Es posible, aunque difícil, llegar al Parlamento sin tener previamente vinculos con el poder. Es imposible, por su propia configuracion y su mecanismo de integración, llegar al TC sin esas redes sociales.

Ahora bien, el problema de los tribunales constitucionales no tiene que ver con el sentido en el que resuelven; no es que "no me guste a mi como juzgan". El problema es que los ministros del TC no hacen NADA que no haga un parlamentario. Sus funciones principales implican reemplazar decisiones políticas del Parlamento o del Ejecutivo. Podemos ver como compatible con la democracia un tribunal cuya funcion sea garante del proceso politico, como lo que hizo el TC en 1984 cuando declaró que el plebiscito de 1988 debía funcionar con registros electorales. Pero este sería un tribunal garante del proceso político, no reemplazo de él.

Por otro lado, a diferencia de otras personas, no creo que el TC sea antidemocratico desde antes de ayer: lo creo desde hace 3 años. Y no soy el unico que piensa eso en el mundo constitucional: la literatura constitucional, politologa y filosofica critica de la revision judicial de constitucionalidad de las leyes es amplia. Es mas, es la que se ha fortalecido mas en los ultimos anios. El hecho de que los autores críticos sean de distintos paises tambien atestigua el hecho de que la critica es amplia.

Aceptar como algo dado la existencia de instituciones es esquivar el rol de los academicos de cuestionar la justificacion de instituciones a la luz de principios como la democracia.

Como complemento a la literatura constitucional, es importante ademas escuchar la opinion de los ciudadanos comunes y corrientes que se sienten vulnerados en su autodeterminacion politica. La ultima sentencia sencillamente hizo que el tema pasara a la primera plana noticiosa, por asi decirlo. Menciono esto porque el problema de las Escuelas de Derecho en Chile es que los profesores suelen ser petulantes, pomposos y tienen mucho que decir sobre democracia y poco que escuchar a sus protagonistas, los ciudadanos. En cambio, en todo el mundo, salvo en Chile, los estudios de derecho constitucional y movimientos sociales florecen como los lirios en primavera. Nunca esta demas escuchar al pueblo, como dijera el "Puma".

Por otro lado, en casos como el de la pildora, hablar de conformidad de la norma con la Constitucion es disfrazar el lenguaje de la politica con el lenguaje juridico, algo que los abogados suelen hacer historicamente para recubrir de legalidad tecnica opiniones que carecen de legitimidad democratica. Sin embargo, las decisiones de politica publica no corresponden a un grupo de personas cuyos estudios los dotan de un acceso privilegiado a la verdad, sino a los ciudadanos en cuanto cuerpo electoral y sus representantes reunidos en solemne asamblea, el Congreso. Por ello creo que es el Parlamento el lugar donde discutir la PDD. Es precisamente lo que he sostenido desde hace mas de un año en este asunto.

Por otro lado es precisamente la asuncion de una distincion nitida entre politica y derecho lo que quiero cuestionar. Es mas, en este caso creo que es el derecho el que trata de usurpar espacios a la politica. Y por ultimo, diria que normalmente se asumen como "dados" los derechos, siendo que es precisamente el contenido de los derechos lo que esta en discusion, constantemente, en una democracia. Tratar de determinar ese contenido es una labor de la ciudadania y sus representantes, no de hechiceros juridicos.

06 abril, 2008

Democracia protegida

El post de abajo fue publicado hoy en El Mercurio. Pueden ver los comentarios haciendo click aqui.

04 abril, 2008

Tribunal Constitucional: ¿democracia protegida?

Trasladar la decisión de un número amplio y prácticamente discrecional de asuntos políticos desde el Parlamento y el Poder Ejecutivo a manos de tribunales tiene consecuencias indeseables en una democracia. En este sentido la película "El Informe Pelícano" es iluminadora: mientras las multitudes protestan a favor de una causa u otra frente a la Corte Suprema de EEUU, un multimillonario contrata a un asesino para acabar con dos jueces de dicha Corte que votarían en contra de su causa.Estas dos consecuencias se empiezan a percibir con la anunciada decisión del Tribunal Constitucional de prohibir ciertos mecanismos anticonceptivos. En una democracia vibrante y empoderada los grupos de interés dedican sus recursos y energía en convencer a los demás ciudadanos y a los políticos democráticamente elegidos que los representan políticamente. Pero al judicializar la política, ellos reorientan sus esfuerzos hacia la litigación y la contratación de abogados bien conectados. En lugar de ganar una elección, es más importante ganar una apelación. Por otro lado, la composición del tribunal en cuestión pasa a ser lo más relevante. Las ideas, historial, preferencias personales de los jueces o Ministros de Corte, copan la agenda noticiosa. La política se transforma en una reflexión biográfica sobre los jueces.

Personalmente interpreto el resultado del plebiscito de 1988 como un rechazo a la democracia protegida. Sin embargo, pareciera que las reformas constitucionales que aumentaron las potestades del Tribunal Constitucional revivieron ese proyecto. Rechazar la democracia protegida hoy implica replantearnos el papel del Tribunal Constitucional.

22 marzo, 2008

Partiendo del avion

Escribo esto antes de partir del aeropuerto de San Diego, California, solo para demostrarme a mi mismo lo tecnologico que es este mundo.

17 marzo, 2008

Gremialismo y Republica (despues de casi perder este blog)

Desde hace una semana perdí acceso a mi cuenta gmail, por lo que también estaba imposibilitado de entrar a mi blog. Pensé, obviamente sólo como broma, que algún gremialista o colorín había intentado sabotearme. Bromas aparte, hoy recuperé acceso gracias a los buenos oficios de Gmail, en quienes confío mucho más ahora. Pero las polémicas contra el gremialismo continúan...
Hoy pude darme cuenta de que algunas personas se han molestado con algunas cosas que he escrito en internet, dado que consideran que agreden directamente a la UC, institución de la cual soy parte de alguna forma y en la cual quiero hacer clases cuando termine mis estudios en Yale. Me parece importante precisar que mis críticas son contra la hegemonía gremialista en la UC y no contra la UC.

Por lo pronto, el gremialismo actúa como si la UC fuera suya. Parten de la premisa de que Jaime Guzmán y la tradición gremialista son lo mismo que la UC. Yo en cambio creo que Guzmán y el gremialismo traicionan tanto el auténtico espíritu del cristianismo como el compromiso republicano fundacional de la UC. Los intentos reiterados del gremialismo por derribar la accion colectiva, en otras palabras la política, de su lugar protagónico en la sociedad y la universidad, son parte del esfuerzo contemporáneo del neoconservadurismo por erosionar las bases del proyecto republicano. La Iglesia en 1891 se marginó de ese proceso, pero el gremialismo insiste en aliar Iglesia y UC con esa estrategia. No creo que la UC deba ser parte de ello.

El gremialismo le ha hecho daño a la UC durante 40 años. Desde luego, ser antigremialista no significa que uno quiera que los gremialistas desaparezcan (el tipo de cosas que ellos hicieron con la gente de izquierda en los 70), sino que significa identificar analíticamente, denunciar políticamente y combatir intelectualmente los males que el gremialismo ha causado en la UC.

Indudablemente, el gremialismo es hegemónico en la UC: numéricamente son mayoría, y además ellos ponen los términos de la discussion. En efecto, en la UC todos tratan de ser apolíticos o, al menos, apartidarios. En lugar de ello, las estructuras sociales debieran repolitizarse; es decir, abrirse al cuestionamiento y el análisis crítico.

08 marzo, 2008

La dictadura tenía razón

No es muy frecuente que yo concuerde con Pinochet y Jaime Guzmán. Sin embargo, en algo tenía razón la dictadura: en no celebrar el 8 de marzo.
Durante los nefastos años que van entre 1973 a 1990, en Chile no se celebraba el día de la mujer el 8 de marzo. Esta fecha era denunciada como un instrumento del marxismo internacional para promover una imagen de la mujer ajena a nuestra realidad. No lo digo porque me lo hayan contado personas incapaces de perdón y olvido; lo vi yo mismo en una revista Qué Pasa de los años 70', que destacaba el beneplácito con que Stalin promovía esta fecha. En lugar de eso, durante la dictadura de Pinochet se celebraba el Día de la Mujer Chilena, haciéndolo coincidir con la fecha de los cacerolazos organizados por las mujeres de derecha durante la Unidad Popular en el naciente barrio de Las Condes (por supuesto, los cacerolazos organizados durante los 80' contra la dictadura en la misma comuna por mi abuela y sus camaradas nunca recibieron la misma cobertura por parte de la prensa pinochetista).
Ahora bien, ¿porqué digo que Pinochet tenía razón en no conmemorar el 8 de marzo? Sencillamente, porque esa fecha está cargada de contenido político. Inicialmente una iniciativa del extinto Partido Socialista de América, el Día de la Mujer Trabajadora fue dedicado entre otros hechos a recordar el desastre más grande ocurrido en New York hasta el 9/11, el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist donde murieron 148 trabajadoras.
La celebración fue extendida por el mundo gracias a la labor de sindicatos y partidos socialdemócratas. Por supuesto que también contó con el apoyo de la Unión Soviética -cuya labor de liberación de la mujer debiera sin duda ser puesta en duda pese a los discursos oficiales de la época-. Sin duda, el 8 de marzo no es una fecha neutra; es una fecha cargada de contenido político y feminista, en el que las mujeres celebran la liberación de las cargas con que las sociedades tradicionalistas y machistas las postergaran. Es una fecha también para examinar qué pasos quedan por dar en la derrota de la subordinación femenina. Dentro de las naturales discrepancias de todo movimiento inorgánico, es una fecha en que el progresismo mundial celebra y mira hacia el futuro. ¡Feliz día, mujeres del mundo!

06 marzo, 2008

¡Basta de rotear a la gente!

En facebook se ha iniciado una campaña denominada "Basta de rotear a la gente", la cual suscribo y apoyo. Sin embargo, me parece interesante distinguir los distintos motivos por los cuales la gente se ha unido a ella.
De acuerdo a los posteos en el foro del grupo, creo que en éste confluyen dos tipos de personas: aquellos que ven dicha causa como una forma de hacer el bien y ser buenas personas, actitud que me parece muy positiva sin duda; y quienes ven esta causa como una "pará de carros" al clasismo de las clases medias y altas chilenas. Sin duda, me parece muy bueno que esta causa logre unir a gente distinta, creando una coalicion en torno a un buen motivo.

Ahora bien, personalmente me considero en el segundo grupo. Para explicar esta postura debiera partir haciendo una distinción conceptual: una cosa es clasificar prejuiciosamente a la gente y otra distinta es humillar y subordinar a otros. Lo primero es un problema epistémico, es decir, un problema de las capacidades de comprender la realidad de quien clasifica prejuiciosamente. Como tal, se da en muchas áreas de nuestras vidas, y sencillamente nos debe llevar a pensar detenidamente las cosas junto con quien padece este defecto cognitivo. Lo segundo es un conflicto socio-politico, y nos llama a tomar posiciones.

Rotear, tratar despectivamente a quienes pertenecen a clases distintas y supuestamente "inferiores" a la nuestra -ya sea en un sentido economico o cultural-, es una forma de reproducir una estructura social humillante y que mantiene en la subordinacion a los marginados, a los mas debiles.

Por esto no me parece que el grito de rebeldía y amargura del "roto" (flayte se le dice hoy) sea comparable al insulto despectivo del "cuico" (hoy conocidos como pelolais). El primero despierta mi comprension y complicidad, el segundo mi molestia y mi indignación.

28 febrero, 2008

Divorcio y moral

A raíz de la reciente discusión en El Mercurio, quisiera hacer algunos comentarios sobre el divorcio. Creo que una sociedad respetuosa de los individuos que viven en ella y comprometida con su bienestar debe contemplar el divorcio en su legislación, so pena de tornarse intolerable para ellos en ausencia de esta herramienta jurídica. Por esto, me sorprende la liviandad con que algunos califican de inmoral al divorcio.Usualmente el conservadurismo católico reclama que al existir divorcio se le niega al católico su libertad de conciencia. Descartemos de inmediato cualquier argumento que invoque motivos religiosos; la religión tiene derecho a tener un espacio en la sociedad, pero no puede pretender dictar soluciones al Estado, que en la Epoca Moderna se ha emancipado de ella (desde Maquiavelo? Desde Hobbes? Desde la Revolución Francesa?).

En todo caso, la discusión no es sobre si Pedro, Juan o Diego deben divorciarse contra su voluntad: la discusión es sobre si una sociedad debe disponer de ese mecanismo para sus ciudadanos. Quiero sostener que la moral nos exige, precisamente, que esto sea así, pues el divorcio tiene por objeto poner fin a situaciones inmorales dentro de una relación matrimonial.

El lector debe estar ya familiarizado con el argumento de que el divorcio puso fin a una mentira, las nulidades matrimoniales. Por lo demás, ellas estaban al alcance sólo de quienes podían pagar costosos abogados, lo que agravaba la inmoralidad de la mentira -puesto que el mero hecho de tener dinero no es un argumento para reconocer una titularidad sobre bienes sociales más extensa a quienes disponen de él-.

Permítaseme aclarar que no creo que todo sea moralmente irrelevante o indiferente; en efecto, creo que existen numerosos actos que deben ser indicados como inmorales. Entre ellos destacaría la traición, el engaño, la violencia, el maltrato sicológico, la humillación, el robo. Estas actitudes violentan particularmente nuestro sentido de la moralidad cuando se producen dentro de una relación matrimonial, pues naturalmente los contrayentes depositan mayor confianza en su pareja. Ahora bien, precisamente es aquí donde paradójicamente el divorcio adquiere un valor positivo moralmente, pues provee de una solución jurídica a aquellos matrimonios que han fracasado por aquellos actos inmorales, como los ya mencionados, cuando ha sido cometido por alguno de los cónyuges contra su pareja.

La paradoja es precisamente esta: no sólo el divorcio no es inmoral, sino que por el contrario pone fin a inmoralidades. En el mundo real, de segundas opciones y recursos escasos, esto es bastante cercano a afirmar que la existencia del divorcio es una necesidad moral.

26 febrero, 2008

Práctica Judicial e Injusticia 2

En respuesta a mi defensa de la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Álvaro Ferrer escribe sobre "la gravedad de disolver un vínculo jurídicamente válido", y critica que el divorcio implique "realizar actos que, a sabiendas, faltan a la verdad". Honestamente, de la compleja redacción del señor Ferrer es difícil deducir si se refiere al divorcio que la actual legislación dispone a las partes de un matrimonio o está hablando del antiguo juicio de nulidad.

Asumiendo que estamos hablando de lo mismo, debiera sencillamente recordarle que el divorcio es una solución necesaria y justa para los conflictos matrimoniales. Así lo creo yo, así lo creyeron los legisladores en su momento y así lo cree la mayoría de los chilenos y la totalidad de los estados a nivel mundial que contemplan el divorcio en su legislación. Y a sabiendas de que el señor Ferrer tiene problemas con los argumentos que involucran mayorías, le aclaro el sentido de esta mención: quien tiene la carga de la prueba es quien desea argumentar en contra de la existencia de dicha solución en nuestra legislación.

En todo caso, me sorprende que la discusión gire en torno al divorcio y no en torno a la gratuidad de los servicios ofrecidos por la práctica en la CAJ. Me pregunto si es esto lo que los decanos de Derecho buscan: abogados preocupados de su salario e insensibles a las necesidades concretas de sus clientes.

23 febrero, 2008

Práctica Judicial e Injusticia

Una vez mas encontramos quejas en El Mercurio por las injusticias de la práctica para ser abogado en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). En esta ocasión, el señor Antonio López agrega a la ya consabida crítica -que es injusta porque no remunera al alumno en práctica- problemas de objeción de conciencia -se exigie tramitar divorcios, lo cual atentaría contra la libertad de conciencia de algunos-.
Duele leer, sobre todo de parte de alguien que se identifica como "profundamente católico", que en su opinión la injusticia de la práctica judicial radica en que se ha de trabajar en ella "durante seis meses completamente gratis". Uno esperaría de personas que ya han recibido su formación jurídica -y en este caso, también formación religiosa-, que en lugar de quejarse de ello criticaran las carencias materiales en medio de las cuales la CAJ realiza sus labores. La escasez de abogados, equipamiento computacional, espacio físico, constituyen una verguenza para nuestra sociedad, que se niega a destinar los recursos necesarios para entregar asistencia jurídica de calidad a los postergados y desvalidos.

Por otro lado, la rotunda objeción del señor López inspira a primera vista respeto y admiración. Sin embargo, no se puede estar de acuerdo con la substancia de su carta: pues al afirmar que el divorcio "atenta contra una de las propiedades esenciales del matrimonio y destruye a la familia", esta asumiendo implicitamente que su labor como postulante en la CAJ habría destruido sólidos matrimonios que de otra manera habrían permanecido unidos. La ceguera ideológica le impide ver que en realidad, la CAJ hace un esfuerzo de justicia redistributiva: el divorcio es una solución jurídica que nuestra sociedad provee para aquellos quienes lo consideran necesario, y la asistencia jurídica gratuita lo pone a disposición de quienes carecen de recursos para pagar un abogado.

Me pregunto si es esto lo que los decanos de derecho buscan: abogados preocupados de su salario e insensibles a las necesidades concretas de sus clientes.

08 enero, 2008

Parlamentarios "independientes" y Constitucion

Con la renuncia de 5 diputados disidentes a la Democracia Cristiana, el convulsionado panorama político parece asentarse. Siete diputados conformarán una bancada "independiente" en la Cámara -5 ex PDC y 2 ex PPD-, y cuatro senadores harán lo propio en el Senado -un ex PDC, un ex PPD, un ex RN, y un senador elegido como independiente-.
Este escenario sin duda abrirá nuevos desafíos políticos para el Gobierno, que deberá realizar complejas negociaciones para alcanzar las altas mayorías parlamentarias exigidas por la Constitución para legislar en una serie de asuntos de alta importancia. Recordemos que la Constitución de 1980 crea por primera vez en nuestra historia la categoría de Ley Orgánica Constitucional, para cuya modificación se exigen cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio; "enclave autoritario" que durante los gobiernos de la Concertación le ha dado poder de veto constitucional a la oposición, y que ahora le da protagonismo a esta nueva bancada "independiente".Sin embargo, este no es el único interesante tema constitucional que se despierta con esta bancada "independiente". Cabe también preguntarse, ¿que ocurriría en caso de que alguno de los parlamentarios que integran dicha bancada deje vacante su cargo? La Constitución es clara al respecto en su articulo 51: las vacantes de diputados y de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. En tanto, los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.

Esto significa que en caso de que los parlamentarios Flores, Escobar y Valenzuela cesaran anticipadamente en sus funciones, le correspondería al PPD proveer su reemplazo, recuperando dichos cupos. En el caso de los parlamentarios Zaldivar, Mulet, Sepulveda, Araya, Diaz y Olivares, ocurriría lo propio con el PDC; en tanto que el cupo del senador Cantero sería entregado a RN. El senador Bianchi, por su parte, no sería reemplazado. Cabe desearles, por lo tanto, "buena salud y buena fortuna" a dichos parlamentarios, pues su proyecto político depende de ello.