27 junio, 2007

Proceso al Senador Zaldívar

El proceso iniciado en el Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano contra el Senador Adolfo Zaldívar ha reclamado la atención de comentaristas del derecho, el constitucionalismo y la política. Me parece que, desde luego, un análisis complejo y estructural de esta situación debe incorporar todas estas perspectivas.

Jurídicamente, es necesario reconocer que efectivamente existen disposiciones normativas que prohíben a los partidos políticos dar órdenes de votación a sus senadores y diputados. Constitucionalmente, se establece que las normas internas de dichos organismos deberán asegurar una efectiva democracia interna. Políticamente, se entiende que los partidos políticos son instituciones deliberativas que reunen en torno a principios y proyectos de políticas públicas a militantes que, en virtud de su pertenencia a dichas asociaciones, son elegidos para desempeñar funciones de representación. Todas estas dimensiones deben ser armonizadas interpretativamente en un sentido útil, de tal manera que cada una de ellas integre nuestro juicio valorativo.

¿Qué conclusión podríamos formular deductivamente de todas las premisas señaladas? El Senador Adolfo Zaldívar tiene razón al sostener que no se le puede obligar a votar a favor de un proyecto determinado, sancionarle exclusivamente por ese hecho o reemplazársele en su cargo por otro parlamentario que se comprometa a votar de acuerdo a las instrucciones del partido. Sin embargo, tampoco puede pretender desconocer sistemáticamente los acuerdos internos de dicho partido, particularmente aquellos a los cuales se les ha asignado un carácter prioritario.

En última instancia, este es un problema político; y se resolverá no a través de recursos judiciales en los tribunales ordinarios, sino a través del sinceramiento en torno al compromiso del Senador con la Concertación y su agenda centrada en la democracia y la justicia social.

12 junio, 2007

Un asesino impune

Si ve al hombre de la foto, denúncielo. O mejor aún, escape. Se trata de un peligroso delincuente, responsable de numerosos asesinatos tanto en Chile como en el exterior.
Fue conocido durante mucho tiempo como "Don Elías", pero responde también al nombre de Eduardo Iturriaga Neumann. Ex agente de la DINA, jefe de su unidad exterior, vinculado entre otros crímenes al asesinato del Comandante en Jefe de las FF.AA. Carlos Prats y su mujer en Argentina.
La Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó en segunda instancia por el delito cometido contra el mirista Luis San Martín Vergara. En este momento, este delincuente está prófugo; agrava su delito el que se haya escondido para no ser notificado de la sentencia definitiva y además, haya emitido un video y un comunicado de prensa anunciando su rebeldía.
Al respecto, es de esperar que los tribunales militares apliquen la pena fijada en el Artículo 228 del Código de Justicia Militar: La pena de degradación producirá la privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares; el retiro absoluto de la institución; la incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros; la pérdida a perpetuidad de todos los derechos políticos activos y pasivos; y la incapacidad para desempeñar, a perpetuidad, cargos, empleos y oficios públicos.
¿Ha leído Mi Lucha de Adolf Hitler? Entonces lea la declaración de "Don Elías" acá.

Superintendencia de Educación

Juan de Dios Vial Larraín interviene en el debate sobre una Supeintendencia de Educación lanzando una propuesta alternativa: crear un "órgano de la sociedad civil", integrado por "personalidades universalmente reconocidas en el mundo del saber, de la formación humana y de las ciencias", y encargada de orientar los currículos educativos de nuestra sociedad.
No es una propuesta precisamente novedosa: hace varios siglos Platón propuso la idea del "gobierno de los sabios" o de los filósofos, "aquellos que aman la verdad esté donde esté". Es cierto, la idea de convocar a sabios para asesorar consultivamente a los gobernantes es una buena propuesta. Sin embargo, ¿quiénes son los sabios? ¿Y qué hacer cuando esos sabios tengan diferencias de opinión?
Me parece francamente indeseable que estos sabios o "personalidades" dirijan las políticas públicas en materia de educación. De seguir esta tendencia podríamos convocar al Colegio de Abogados y la Asociación Chilena de Ciencia Política a redactar las leyes, quitando la función legislativa de las manos del Parlamento y el Presidente. Honestamente, prefiero que la autoridad democráticamente elegida gobierne, delegando en organismos técnicos la ejecución del mandato político que el pueblo le entrega a sus gobernantes a través de las elecciones periódicas.