28 mayo, 2007

Reflexiones sobre el Estado

El ser humano tiene una necesidad espiritual y sicológica de justificar sus acciones. Esto no solamente se relaciona con la justificación estratégica de las cosas -la pregunta por la utilidad- sino también por su justificación moral -la pregunta por el bien-.

En el caso del Estado, históricamente han surgido dos vertientes de respuestas. Por un lado, la época clásica sostiene la bondad del Estado: el Estado y lo colectivo son un bien, porque entregan al individuo bienes que de otra manera no tendría a su disposición. Particularmente, la esfera de lo colectivo proporciona al individuo la posibilidad de vivir las virtudes, alcanzando de esa manera su perfección. Por otro lado, la época moderna se inaugura con la reflexión de los contractualistas -Hobbes, Locke, Rousseau- sobre el carácter del Estado de mal necesario: el Estado y la asociación política son un mal, porque al entrar en ellos los individuos renuncian a determinados bienes -sus derechos, su autotutela, su libertad-, pero son un mal necesario, porque lo hacen para evitar un mal mayor -la muerte violenta a manos de otros, la inseguridad de la propiedad, la desigualdad-.
De estas respuestas surgen diversos diseños institucionales. De la respuesta clásica surge un Estado limitado en la virtud; limitación que históricamente aparece como deficitaria, pues no proporciona protección a los gobernados frente a la arbitrariedad, y no se esfuerza en buscar su legitimidad en el consentimiento de éstos. De las tempranas respuestas modernas surge un Estado teleológico: en la medida en que la asociación política obtenga el fin para el cual fue creado, los individuos permanecerán en su seno. Sin embargo, las dinámicas históricas de los modelos auspiciados por los contractualistas -Estado absoluto, Monarquía parlamentaria, democracia asambleísta- no son capaces de satisfacer las expectativas que despiertan.
Finalmente, una síntesis surge en el siglo XVIII de la pluma de Hamilton, Madison y Jay en los Federalist Papers: el Estado es en cierta forma un bien y en cierta forma un mal. Si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario; pero como el mismo Estado está controlado por hombres, también es necesario el control del mismo. Así, el Estado es un bien porque entrega al hombre un orden del que carecería en su ausencia -el Estado gobierna a los hombres-, pero al ser también un mal -los hombres gobiernan al Estado- se hace necesario estructurarlo de tal modo que cada uno de las ramas de éste vigile a los demás. Así surge el constitucionalismo como disciplina del gobierno legítimo -porque busca su fundamentación en la voluntad de los gobernados- y sometido a control mediante frenos y contrapesos, checks and balances.

25 mayo, 2007

Desalojo del gremialismo UC

Si Andrés Allamand ha llamado al desalojo de la Concertación de La Moneda, yo llamo al desalojo del gremialismo de la UC. Ciertamente es un llamado análogo, en parte igual y en parte distinto: si en el primer caso se trata de un llamado electoral (espero) y relativo al control del Poder Ejecutivo, en este caso se trata de un llamado primordialmente intelectual y relativo a la hegemonía académica que este movimiento tiene en la Universidad Católica.

Desde la intervención de la Universidad Católica por parte de la dictadura militar a través de un Rector Delegado, el gremialismo ha mantenido un control hegemónico de nuestra casa de estudios que se ha evidenciado, entre otras cosas, en la facilidad con que los gremialistas de ayer y hoy adquieren puestos estratégicos en la conducción de la Universidad. Pero lo que es realmente preocupante es la hegemonía con que controlan la docencia y los contenidos curriculares en algunas unidades académicas, como ocurre en la Escuela de Derecho.

Para entender esto, es útil observar lo que ocurre en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Ella define su proyecto en una palabra: una Universidad nacional. Y reflejo de ello es su claustro de profesores, así como su cuerpo estudiantil: heterogéneos, diversos, reflejo del Chile contemporáneo, donde conviven diversas orientaciones políticas, religiosas, filosóficas, historiográficas, jurídicas. ¿Qué pasa, en cambio, con nuestra universidad? Nuestra definición es, como queda dicho, la catolicidad, realidad incluso más amplia que lo nacional; y sin embargo la amplitud que exige esta palabra no se refleja en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica . La verdad sea dicha, la Escuela de Derecho de la Universidad Católica es una institución de clase; donde la hegemonía está en las manos del abogado corporativo, católico conservador y de derecha y donde el modelo de alumno esperado es el mismo. No hay sino pequeños intersticios donde se cuelan otras pequeñas variantes, nunca demasiado distintas al modelo original.

¿Significa esto un llamado a laicizar la UC? ¿O a contratar a profesores abortistas? En ningún caso. Ese es el tipo de alarmas que el gremialismo conservador y empresarial -corporativo es la palabra adecuada en el mundo del Derecho- enciende cuando se discute este tema. Estamos hablando de que en la Escuela de Derecho de la UC hay pequeño espacio para quienes tienen una visión distinta de la Iglesia, de la profesión, del Derecho. ¿Se acogen las visiones jesuitas o salesianas de la Iglesia y la universidad, por nombrar sólo dos carismas católicos directamente relacionados con la educación? ¿Se forman en la UC abogados para litigios de interés público, o la asesoría legislativa, o la docencia y la investigación, o la regulación de mercados? ¿Se discuten teorías críticas del Derecho, se proporciona un sustrato analítico a los estudiantes, se es parte de la discusión actual sobre el Derecho y sus fines? Personalmente, creo que a todas estas preguntas la respuesta es negativa. Sólo un pequeño ejemplo: en el plano del derecho constitucional, el cuerpo de profesores es transversalmente iusfundamentalista y partidario de la constitucionalización del Derecho si reservas, en detrimento de concepciones más democráticas o institucionales del sistema constitucional. El derecho constitucional no es únicamente producto de los tribunales; es más, puede incluso cuestionarse seriamente la relevancia de estos órganos en este plano. El punto aquí, es que esto no es discusión en nuestro claustro de profesores.

La estrechez doctrinaria de nuestro profesorado y nuestras mallas curriculares nos empobrece, y es un desperdicio de las posibilidades que nuestro cuerpo estudiantil de excelencia nos ofrece. Si no hacemos algo al respecto, en algunas décadas ese cuerpo estudiantil habrá perdido la diversidad y excelencia que -cada vez menos, me parece- le han caracterizado desde hace mucho. Urge, por tanto, acabar con la hegemonía del abogado corporativo y católico conservador de derechas; urge desalojar al gremialismo de la hegemonía UC.

06 mayo, 2007

Metro, Constitución y Políticas Públicas

Sorprende la frivolidad con que la UDI acude a la Constitución para hacer política. El último episodio de esta verdadera "novela en serie" ha sido la información por parte de su presidente Hernán Larraín de "una interpelación, una acusación constitucional" contra el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, por el proyecto de financiamiento Metro- Transantiago.
En primer lugar, es necesario precisar que una interpelación no es lo mismo que una acusación constitucional. Nuestra Constitución distingue entre las "interpelaciones", consistentes simplemente en citar a un Ministro a responder las consultas que motiven su asistencia, y las "acusaciones", procesos destitutorios que proceden únicamente por motivos que taxativamente señala la Constitución y entre los cuales ciertamente no se encuentra el desarrollar políticas públicas que no sean del agrado de la oposición.
En segundo lugar, la Constitución debe entenderse como un acuerdo fundamental que genera el marco para la creación de políticas públicas; no como una camisa de fuerza que impide las iniciativas gubernamentales. En esta materia, no puede estimarse el estatuto regulatorio del "Estado Empresario" (artículo 19 N° 21) o las disposiciones sobre responsabilidad financiera del Estado (artículo 63 N° 9) impidan el proyecto ministerial; pues ellas se refieren respectivamente a la entrada al mercado de empresas estatales y al establecimiento de normas generales, no a la aprobación específica de cada operación financiera.

En definitiva, la UDI debiera asumir que la Constitución es nuestro acuerdo fundamental, y no un arma arrojadiza de su propiedad.