25 noviembre, 2007

Constitucionalidad de la Práctica Obligatoria

Debo confesar que lo pasé pésimo haciendo la Práctica en la Corporacion de Asistencia Judicial. Siempre creí que habría contribuído más a la sociedad haciendo clases de educación cívica en algun colegio. Sin embargo, es precisamente esto lo que me lleva a discrepar de las críticas que se formulan actualmente a la obligación legal de realizar una práctica para ser abogado: ella debiera mejorarse y expandirse, no eliminarse.

En efecto, al sostener que esta práctica es inconstitucional, la comunidad jurídica es víctima de sus pasión: todo lo que no me gusta o no me conviene según mis intereses, es inconstitucional. La realidad es que el legislador dispone de un margen de discrecionalidad suficiente como para instituir esta obligación sobre una profesión en particular, sin que esto sea injusto o inconstitucional; pues es precisamente esto lo que esperamos del legislador, que escoja objetivos constitucionalmente aceptables y disponga de los medios idóneos para llevarlos a cabo. Curiosamente, lo único realmente inconstitucional en el proceso de llegar a ser abogado ni siquiera es mencionado: la obligación de jurar ante la Corte Suprema, que violenta la libertad de conciencia de todo egresado de derecho no cristiano.

Esto me lleva a pensar que el único reproche de constitucionalidad que se le puede formular a la institución de la practica obligatoria es el hecho de que frecuentemente, implica proveer de un servicio de calidad irregular a los asistidos; algo que un Estado Social y Democratico de Derecho no se puede permitir. Nuevamente, lo que hay que hacer es potenciar la Corporación de Asistencia Judicial, dotándola de los recursos necesarios para convertirse en un símil de la Defensoría Penal Pública en asuntos civiles y laborales.

En definitiva, un adecuado reconocimiento de los auténticos bienes en juego -la libertad vocacional de los postulantes, las necesidades concretas de los asistidos- debieran llevar a modificar la actual práctica jurídica en el siguiente sentido: ampliar radicalmente la oferta de prácticas, pues no todos los estudiantes de derecho desean ser litigantes ni todos poseen las cualidades que se requieren para ello; e incrementar los recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles para la Corporación de Asistencia Judicial. Lo demás, es una pataleta de un grupo de privilegiados en nuestra sociedad: los abogados.

2 comentarios:

Jaime Ríos dijo...

Fernando,

Me adhiero íntegramente a las opiniones del texto. Cabe agregar que en medio de este pobre debate, animada por una tesis que como ya se dijo es de escaso nervio, ninguno de quienes la sustentan han propuesto otro sistema en defecto del actual que sea más eficiente y, como ellos sugieren, sea constitucional. El capricho, desde luego, es más que evidente.

Lucas Mac-Clure dijo...

Estoy de acuerdo con esto: tildar de "inconstitucional" la práctica es excesivo (más aún si se espera que el Tribunal Constitucional lo declare así). Una cuestión distinta es la justicia o injusticia de la carga que asumen los aspirantes a abogados. De la respuesta que se de a lo primero (constitucionalidad) no se sigue una respuesta para lo segundo (justicia). Eso, me parece, es oscurecido cuando dices "La realidad es que el legislador dispone de un margen de discrecionalidad suficiente como para instituir esta obligación sobre una profesión en particular, sin que esto sea injusto o inconstitucional". ¿"sin que esto sea injusto"? El legislador puede haber actuado dentro de su competencia al instituir la práctica obligatoria, y aún así, es posible decir que actuó injustamente (o incorrectamente). En el caso de la práctica obligatoria, creo que hay buenas razones, al menos en las actuales condiciones, para afirmar que ese es el caso. Varias se conectan con lo que tu dices.
Saludos desde Chile.