27 diciembre, 2007

Expulsión de Senador Zaldívar

La decisión de expulsar a un importante dirigente de un partido político es difícil, tanto en cuanto a tomar y ejecutar la decisión misma como respecto a su explicación a la opinión pública. Sin embargo, la vida política está llena de estos momentos, y es la capacidad de tomar la decisión correcta, en cuanto necesaria, lo que distingue a los líderes políticos.

La organización de los partidos políticos modernos, los cuales estructuran su identidad en torno a principios doctrinarios y propuestas de políticas públicas, esta basada en una regla de oro, cuyo quiebre amenaza la existencia misma de un partido: libertad de discusión, y unidad de acción. En efecto, los organismos internos de los partidos proveen de espacios de reflexión, crítica y discusión de ideas, de principios, pero también de aspectos más concretos como políticas públicas y liderazgos. No cabe duda de que el Partido Demócrata Cristiano dispone de esos elementos, quizás en mayor grado que la mayor parte de los partidos políticos chilenos. No sólo tiene una Junta Nacional que se reúne anualmente, y un Consejo Nacional que funciona con regularidad; también tiene una estructura territorial activa a lo largo del país, y este año organizó un inédito Congreso Ideológico en el cual no sólo involucró a su militancia sino que a figuras, con y sin visibilidad pública, de otros partidos y de la sociedad civil. A todo esto debe sumarse las elecciones internas, en las cuales las propuestas de la actual mesa directiva fueron reiteradamente refrendadas.

En cada uno de esos espacios, las actitudes del Senador Zaldívar que llevaron a su expulsión fueron sistemáticamente rechazadas. No sólo su afán por desmarcarse de la Concertación y condenar su legado, sino también su esfuerzo por sepultar al Gobierno actual y por derribar a la mesa directiva del PDC. Por lo tanto, su conducta debiera haber sido, tras la libertad de discusión de la que gozó, optar respetuosamente por la unidad de acción. No lo hizo. Las consecuencias de sus actos son, pues, de acuerdo a la lógica de un partido político de ideas, programas y liderazgo, que se le sancione con la expulsión, precisamente por su condición de senador: poco importaría que un militante sin responsabilidades partidarias actuara de esa manera. Un dirigente con tales responsabilidades, no.

15 diciembre, 2007

Algo más sobre las leyes orgánico constitucionales

Anteriormente he señalado que la categoría de Ley Orgánica Constitucional, creada por primera vez en nuestra historia constitucional por la Constitución de 1980, debe ser eliminada por cuanto tiene por objeto rigidizar la evolución de las instituciones políticas; objetivo constitucional que, inspirado en el conservadurismo, no es compartido por todos los chilenos y por lo tanto no merece estar incrustado en nuestra Constitución. Téngase presente que la Constitución designa unos trece asuntos que deben ser regulados por Leyes Orgánicas Constitucionales (LOC), la mayor parte de los cuales tienen que ver con la organización y atribuciones de nuestras instituciones políticas.
Quisiera añadir a esta objeción un elemento adicional, el cual ¨por sabido se calla, y por callado se olvida¨. La Constitución, gestada en el secreto por Jaime Guzmán y Pinochet, no nació sola; por el contrario, vino acompañada por numerosas hermanitas menores, las Leyes Orgánico Constitucionales propiamente tales. Niñas muy traviesas, una de ellas nos causó muchos dolores de cabeza cuando el año pasado se intentó modificar la legislación en materia de educación. En efecto, si bien la Constitución ha sido intensamente reeducada para comportarse de manera democrática, aún mantiene la mala costumbre de proteger a sus hermanas menores, las LOC, de una forma que no lo hace con ninguna otra (esto es, requiriendo acuerdos con la Derecha, subsidiada precisamente por otras leyes de esas inmodificables sin el acuerdo con la Derecha, y además pidiéndole al Tribunal Constitucional que revise intensamente cualquier modificación que se le haga).

Ahora bien, este asunto hace que el tema sea bastante parcial. Un argumento para la existencia de leyes con quórums superiores a lo normal (es decir, simple mayoría de los votos de los parlamentarios) es que ellas tienden a la imparcialidad, pues su elaboración exige la formación de supermayorías constituídas por diversos grupos, los cuales o bien serán capaces de transar en torno a acuerdos satisfactorios para todos los grupos, o bien delegarán en futuras generaciones la implementación de amplios principios (argumento que se aplica particularmente a las Constituciones, en el entendido de que los principios ampliamente formulados se especificarán por leyes de quórum simple). Por lo tanto, si bien en teoría se alcanzarían acuerdos óptimamente justos con el requisito de la unanimidad de los participantes, por motivos prácticos (es decir, de eficiencia), se acepta reducir la unanimidad.

Ahora bien, las LOC chilenas no son leyes nacidas de acuerdos y negociaciones entre distintos grupos. Por el contrario, su gestación se caracterizó por mayores condiciones de secreto y exclusión que la preparación de la propia Constitución de 1980 (si es que eso es posible). Ellas fueron preparadas por comisiones nombradas por Pinochet, integradas por abogados de derecha y militares, cuya composición prácticamente se pierde en la memoria histórica. Yo tan solo puedo señalar que Hermógenes Pérez de Arce estuvo en una de ellas. Estas comisiones redactoras realizaron la función que en un país normal realizan los parlamentarios, democráticamente elegidos y sometidos a un intenso escrutinio por parte de la opinión pública.

El resultado de esto es que la Constitución, hoy por hoy, no solamente rigidiza las instituciones políticas; sino que también, petrifica un determinado ordenamiento de esas instituciones, que no es precisamente imparcial sino todo lo contrario: es el orden diseñado por la Dictadura en sus últimos días, incluso en algunos casos después de haber perdido el Plebiscito de 1988.

Los problemas constititucionales en Chile tienen una gran dificultad: no sólo tienden a restringir la democracia, como en general se cree que deben hacer las Constiticiones (error al que dedico mis estudios de postgrado), sino que también tienen un grave problema histórico: el espúreo maridaje entre Pinochet y Jaime Guzmán para hacer de Chile un país menos democrático y centrado en torno a la propiedad y el orden.

06 diciembre, 2007

Caso Bolocco

La prensa ha dado amplia cobertura al intento frustrado de robo cometido por dos menores de edad contra Cecilia Bolocco. Sin duda, detrás de esto hay tendencia general: cuando un "famoso" es víctima de un delito, la opinión pública suele dirigir su atención y lamentar el estado de esta sociedad, en la que "nadie está a salvo", ni siquiera "la gente más conocida".

Sin embargo, un segundo de reflexión debiera dirigir nuestra preocupación en otra dirección. Mal que mal, Cecilia Bolocco es un adulto, que puede cuidar de sí mismo y -como la opinión pública también lo sabe-, dispone de amplios recursos para ello. Más preocupación y compasión debieran despertar esos dos menores de edad, de 14 y 15 años, que pusieron en riesgo su seguridad y su libertad por una cartera. Dudo mucho que lo hayan hecho por el placer de dañar a alguien; ese sentimiento suscita otro tipo de delitos. Más bien, son la cara visible -afortunadamente, cubierta por un respetuoso anonimato- de la desigualdad que nuestra sociedad acepta y a la que se nos educa a ser insensibles. En efecto, esos niños no son delincuentes por decisión propia: lo son porque carecen de oportunidades, porque viven en la pobreza, porque al no haber tenido una familia que los convirtiera en objeto de cariño y cuidado, han debido cuidar de ellos mismos según las reglas de la calle, del más fuerte y el más astuto.

Una sociedad que no cuida de los niños en situación de riesgo, ya sea que estén abandonados, huérfanos o maltratados por sus familias, es una sociedad enferma. Un problema tan complejo requiere de toda la ayuda que el Estado y la sociedad civil, conjuntamente, puedan entregar. Cecilia Bolocco puede vivir perfectamente sin que ninguno de nosotros se preocupe de ella; los niños que intentaron robarle su cartera, en cambio, seguirán por la senda del delito si no nos hacemos cargo de ellos.

05 diciembre, 2007

La Leal Oposición

¿Qué significa ser de oposición? Creo que esta pregunta ha sido oscurecida por el uso de frases vacías y lugares comunes. Una de ellas es la idea de ser una "oposición leal".

¿Qué significa ser una "oposición leal" en un sistema de partidos democrático? ¿Aprobar en el Parlamento las iniciativas del Ejecutivo? No necesariamente, los parlamentarios de oposición han sido elegidos precisamente por defender ideas y políticas públicas diferentes a las de la mayoría gobernante. ¿Dejar tranquilo al gobierno, sin fiscalizar? Por cierto que no. ¿Tratar con respeto al Presidente? Eso cae de cajón, quien no lo haga se enfrentará probablemente a censura social. ¿Respetar las reglas de la democracia, es decir, la libertad de pensamiento, expresión, asociación, de votar y de postularse a elecciones, y la posibilidad de alternancia en el poder? Por cierto, pero no basta para calificar de leal a la oposición por hacer todo eso; por cierto, es más factible que sea el Ejecutivo quien no respete esas libertades y derechos. Y sea quien sea aquel que viole esas reglas básicas, se ha puesto fuera de la legalidad.

¿A qué se debe entonces esta manía por usar una frase tan carente de contenido como la de ser una "oposición leal"? La respuesta es muy simple: a la facilidad con la que se traducen de manera literal conceptos empleados en otros países. Si se prefiere una expresión más breve, a la ignorancia. Todo esto nace de una traducción literal de "Her Majesty's Loyal Opposition", la denominación que en el sistema parlamentario inglés -y otros sistemas políticos surgidos de éste- se le da al principal partido político de oposición. Partido que, no por ser de oposición, es menos leal a Su Majestad.

Olvidemonos entonces de la frase cliché. La oposición no tiene porqué ser particularmente leal al gobierno. La oposición tiene que ser leal a su electorado, y la mayoría no tiene porqué esperar ningún tipo de afinidad en especial por parte de la oposición hacia ella. Es cierto: la oposición no ha de sabotear al gobierno, pero una vez más, me parece insuficiente calificar de leal a una fuerza opositora por el solo hecho de que no sabotee. Quienes no sabotean al gobierno no son "leales": sencillamente, se comportan como es esperable. En cambio, quienes sabotean al gobierno, como la derecha durante la Unidad Popular, son sediciosos: cometen un crimen contra las reglas de la democracia, al no respetar la voluntad de la mayoría constitucionalmente formada, que ha querido gobernarse por ese determinado gobierno.

En cambio, quien sí debe ser leal al Gobierno es todo aquel que es parte de la coalición que lo respalda. Específicamente, quien milita en un partido político, del cual es dirigente y representante. Incluso si es parte de la minoría. Esto porque la regla de oro de la militancia en un partido político -y con mayor énfasis, para quien detenta un cargo de representación política- es la siguiente: libertad de discusión, unidad de acción. Es cierto que hay un cierto margen de libertad de acción, que tiende a ser mayor o menor de acuerdo a las circunstancias. Mientras menos político sea un determinado asunto, mayor libertad de acción tiene el militante y dirigente de un partido político. Pero mientras más esté politizado un asunto, más fuerza tiene este precepto: libertad de discusión al interior del Partido, para permitir la reflexión y deliberación necesarias para actuar políticamente; pero una vez concluída la reflexión y resuelto un curso de acción determinado, unidad de acción. Es precisamente por esto que se habla de disciplina partidaria. No se le pide a nadie que sea amigo de los demás militantes, ni que vayan a misa juntos o sea padrino de los hijos del otro. La esfera privada es y seguirá privada. Pero en la esfera pública, se ha de marchar juntos. Y quien se separe de la fila, pues, fuera de ella queda.

25 noviembre, 2007

Constitucionalidad de la Práctica Obligatoria

Debo confesar que lo pasé pésimo haciendo la Práctica en la Corporacion de Asistencia Judicial. Siempre creí que habría contribuído más a la sociedad haciendo clases de educación cívica en algun colegio. Sin embargo, es precisamente esto lo que me lleva a discrepar de las críticas que se formulan actualmente a la obligación legal de realizar una práctica para ser abogado: ella debiera mejorarse y expandirse, no eliminarse.

En efecto, al sostener que esta práctica es inconstitucional, la comunidad jurídica es víctima de sus pasión: todo lo que no me gusta o no me conviene según mis intereses, es inconstitucional. La realidad es que el legislador dispone de un margen de discrecionalidad suficiente como para instituir esta obligación sobre una profesión en particular, sin que esto sea injusto o inconstitucional; pues es precisamente esto lo que esperamos del legislador, que escoja objetivos constitucionalmente aceptables y disponga de los medios idóneos para llevarlos a cabo. Curiosamente, lo único realmente inconstitucional en el proceso de llegar a ser abogado ni siquiera es mencionado: la obligación de jurar ante la Corte Suprema, que violenta la libertad de conciencia de todo egresado de derecho no cristiano.

Esto me lleva a pensar que el único reproche de constitucionalidad que se le puede formular a la institución de la practica obligatoria es el hecho de que frecuentemente, implica proveer de un servicio de calidad irregular a los asistidos; algo que un Estado Social y Democratico de Derecho no se puede permitir. Nuevamente, lo que hay que hacer es potenciar la Corporación de Asistencia Judicial, dotándola de los recursos necesarios para convertirse en un símil de la Defensoría Penal Pública en asuntos civiles y laborales.

En definitiva, un adecuado reconocimiento de los auténticos bienes en juego -la libertad vocacional de los postulantes, las necesidades concretas de los asistidos- debieran llevar a modificar la actual práctica jurídica en el siguiente sentido: ampliar radicalmente la oferta de prácticas, pues no todos los estudiantes de derecho desean ser litigantes ni todos poseen las cualidades que se requieren para ello; e incrementar los recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles para la Corporación de Asistencia Judicial. Lo demás, es una pataleta de un grupo de privilegiados en nuestra sociedad: los abogados.

El Jaime Guzman norteamericano

Un respetado profesor de derecho constitucional, educado en la mejor universidad de su pais, que inspirado en las ideas de Carl Schmitt, asesora a un gobernante de derecha y justifica la concentracion de poder en el ejecutivo para combatir el terrorismo.

La descripcion se ajusta perfectamente a Jaime Guzman, pero en este caso se trata de John Yoo, profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien ha asesorado a George W. Bush en orden a justificar la violacion del Convenio de Ginebra y la Constitucion norteamericana respecto al tratamiendo de los "enemy combatant" (enemigos en combate).

Yoo ha sido muy escurridizo, negando a la opinion publica esta labor excusandose en el secreto que protege las comunicaciones entre el Presidente y sus asesores. Jaime Guzman hacia lo mismo, al decir de su labor que "algunas de estas materias, naturalmente, revisten un carácter que por su naturaleza de asesoría es discreta y debe mantenerse en ese plano". Sin embargo, tal como a Guzman, su desbordante pasion por la persecucion del enemigo, ya sea interno o externo, lo ha llevado a exponer en publico algunas de sus ideas, como por ejemplo en el siguiente dialogo en un debate en Chicago:

Doug Cassel: If the president deems that he's got to torture somebody, including by crushing the testicles of the person's child, there is no law that can stop him?
John Yoo: No treaty.
Doug Cassel: Also no law by Congress -- that is what you wrote in the August 2002 memo...
John Yoo: I think it depends on why the President thinks he needs to do that.

Para el que no sepa ingles: segun Yoo, no hay tratados internacionales ni leyes que prohiban al Presidente, si el lo estima necesario, torturar a alguien, lo que incluye aplastar los testiculos del hijo del torturado. Suena espantoso? El gobierno al cual Jaime Guzman asesoro hizo cosas tan espantosas como esas...

18 noviembre, 2007

Pucha que es un cacho Chile!

Los problemas constitucionales de Chile -particularmente, los mecanismos contramayoritarios profundamente enquistados en la Constitucion y en la distribucion del poder politico- nacen de un hecho fundamental: en Chile, como en ningun otro lugar, vivimos la paradoja de vivir bajo las leyes de la minoria derrotada.

Normalmente se afirma que los vencedores escriben la Historia. Quizas sea cierto; pero en el caso chileno, esto no ha significado que las mayorias sociales que desde hace casi 20 anios han votado reiteradamente por la Concertacion, puedan reescribir las leyes.

Cada cambio de regimen politico -de la Alemania nazi a la Alemania Federal, de la Sudafrica del Apartheid a la Sudafrica de Mandela, de la Union Sovietica a la democratizacion de Europa del Este- ha sido acompanado por una restructuracion de las "reglas del juego" a cargo de los nuevos gobernantes, representantes de las mayorias. El problema es que Chile, al adoptar una estrategia de transicion pactada, acepto usar como molde para esa transicion la constitucion redactada por la Dictadura y su legalidad.

Por lo tanto, al aceptar esa legalidad, no solo aceptamos el texto de la Constitucion; tambien su requerimiento de supermayorias para modificar las leyes organicas constitucionales, las cuales a su vez fueron redactadas por la misma Dictadura entre 1984 y 1990; y su decision de distribuir el poder parlamentario privilegiando a la segunda mayoria mediante el sistema binominal.

Profundizar la democracia en Chile requiere:

(1) Eliminar el concepto de leyes organico constitucionales, particularmente el quorum supermayoritario para su modificacion y su revision obligatoria a cargo del Tribunal Constitucional;

(2) Modificar el sistema binominal para dar paso a un sistema que rechace el injusto subsidio a la segunda mayoria; ya sea un sistema representativo o bien un sistema uninominal con mayor numero de distritos, disenados de acuerdo a la poblacion que habita en ellos.

(3) Replantear el rol del Tribunal Constitucional, limitando sus facultades para convertirlo en un guardian del funcionamiento del sistema politico y no en el Guardian del Significado de la Constitucion, labor que en un gobierno democratico debe estar a cargo de los representantes de la ciudadania.

(4) Abandonar la interpretacion originalista de la actual Constitucion, la cual se guia por las Actas de la Comision de Estudios de la Constitucion (comision de profesores de derecho nombrados a dedo por Pinochet para preparar un anteproyecto de Constitucion); interpretacion que no solamente adolece de problemas epistemologicos -que Constitucion estamos interpretando, considerando que ha sido modificada en reiteradas oportunidades?- sino tambien entrega la determinacion de conceptos constitucionales a un pino de profesores designados a dedo por Pinochet.

15 noviembre, 2007

La Constitución Bastarda

En las Escuelas de Derecho chilenas, desde hace tiempo, se entrena a los alumnos para repetir que hemos vivido un proceso de "constitucionalización del derecho". En qué consiste ese proceso no queda claro. Sin embargo, la pregunta más importante de todas ni siquiera se formula: ¿de qué constitución estamos hablando?

La Constitucion de 1980 nació bastarda. Su padre es Pinochet, y su madre Jaime Guzmán, quien a pedido del primero la concibió en su seno y engrendró una criatura repugnante, irrespetuosa e indeseable, lo que le asimilaba a su padre, y llena de prejuicios, temerosa de la gente y de mentalidad estrecha, lo cual nos recuerda nítidamente a su madre.

Para bien o para mal, las fuerzas de la oposición decidieron en 1984 adoptar esa criatura, hacerla suya y, en la medida de lo posible, mejorar su apariencia. Así lo hicieron tras ganar el plebiscito de 1988, acordando la realización de una cirugía plástica en 1989 y posteriormente introduciéndole numerosos cambios, el mayor de los cuales ocurrió en 2005. Hoy todo indica que vivimos bajo un régimen constitucional substancialmente distinto al diseñado entre 1973 y 1980 por la dictadura.

Así hemos llegado al 2007 con la Constitución más reformada de nuestra historia. Algunos critican este hecho afirmando que no podemos tener una Constitucion parchada. ¡No se equivoquen, mis amigos! Este es un pobre argumento para llamar a su reemplazo por una nueva. Pues tener una constitucion "parchada" es una buena señal; señal de que ella ha podido acomodarse al paso del tiempo. ¿Acaso pretendemos solucionar de una vez por todas los problemas que aquejaran a nuestros hijos en el futuro? Es imposible. Es bueno que las Constituciones se ajusten a lo largo del tiempo; es, diría yo, casi inevitable, pues de otra forma su rigidez las haría insoportables y nos conducirían a su rechazo. Por lo tanto, hemos de vivir con el "problema", que no es tal, de las constituciones parchadas (a menos, claro, que queramos convocar cada 10 años una Asamblea constituyente que redacte periódicamente una nueva Constitución).

Lo que hay que rechazar es una constitucion "recargada", que a diferencia de una constitución recauchada, rigidiza nuestro sistema politico "solucionando de una vez y para siempre" los problemas. A nuestra Constitución no le falta nada; más bien le sobra, y hay mucho por recortar.

06 noviembre, 2007

Mayorias y Constitucion

La discusión sobre los quórums exigidos por la Constitución para reformar diversas leyes ha ido de ejemplos particulares -las expresiones de un parlamentario RN en torno a quienes "ganan las leyes" gracias a dichos quórums- a un tema de mayor generalidad: el valor de la democracia y la regla de la mayoría.

Se habla usualmente del peligro de la "tiranía de la mayoría". Sin duda, las tiranías son indeseables. Sin embargo, ¿qué constituye una tiranía? En lo personal, me parece que lo es la usurpación del poder legítimo de manos de quien lo ejerce legítimamente; claramente, no es el caso de los gobernantes democráticamente elegidos. ¿Se trata entonces de aquel gobierno en el cual se aprueba legislación opresiva e injusta? Aceptando que así fuera, ¿qué constituye un caso de legislación opresiva e injusta? En mi opinión, claramente lo es aquella que permite la concentración de la riqueza en las manos de pocos; sin embargo, reconozco que hay quienes piensan distinto a mí. Ahora bien, si queremos resolver ese desacuerdo moral, parece bastante simple que una vez empleados todos los argumentos para convencer al otro, la solución es contar quienes están a favor y quienes en contra de tal o cual medida.

Se insiste en que es necesario poner límites a la democracia por "los malos resultados" que puede traer. José Luis Widow señala en su carta que podemos "terminar destruyendo al mismo régimen político". Gerardo Vidal nos advierte del peligro de apartarnos de "la Ley Natural". Ahora bien, ¿en qué consisten los malos resultados? Para mí, claramente es un mal resultado que durante largos años Chile haya carecido de una ley de divorcio. Pero, ¿me hubiera autorizado eso para ir donde un juez y, tras convencerlo de la justicia de mi pretensión, solicitarle que declare mi derecho a divorciarme? Una vez más, ¿cuáles son los malos resultados que se quiere evitar? Conceptos constitucionales como "justicia", "libertad", necesitan de una lectura que permita aplicarlos a la realidad, y la forma correcta de hacer esta interpretación es por las mayorías sociales representadas en el parlamento.

Se ha popularizado la metáfora de entender a la Constitución a la manera en que Ulises pide a sus compañeros que le aten para resistir el canto de las sirenas. La verdad es que detrás de eso se esconde una retórica del terror; terror a los resultados de la democracia, terror a perder las elecciones y no poder ejecutar el propio programa político, terror a perder poder político. Denunciar esa retórica del terror es labor de quienes creemos en la democracia y en la naturaleza política del ser humano. Y el mejor antídoto contra esa retórica del terror es explicitar las propias posiciones, sin pretender que son "la verdad objetiva" por las cuales todos nos debemos guiar.

15 octubre, 2007

Expulsion de alumna


Sorprende la frivolidad -y sin duda, machismo- con que se ha abordado
la noticia de la escolar grabada por sus companeros mientras realizaba
actos sexuales.

Sin embargo, lo mas impactante es la indiferencia con que la sociedad
civil y las autoridades han reaccionado ante la noticia de su
expulsion del Colegio De La Salle. Dicha decision es caprichosa y
arbitraria, pues se sustenta en motivos ajenos al desempeno o conducta
escolar; castiga a la victima del delito -pues la produccion y
difusion de material pornografico infantil lo es- en lugar de los
victimarios; y es contraria al sentido que nuestra institucionalidad
en materia educacional ha recorrido, la cual hoy prohibe en
situaciones relativamente analogas -como el embarazo adolescente- la
expulsion de las alumna en cuestion.

No cabe sino esperar que asi como el Ministerio Publico ha instruido
investigaciones contra los autores de material pornografico infantil,
asi mismo el Ministerio de Educacion haga caer todo el peso de la ley
contra un colegio tan irresponsable y carente de compromiso educativo.

Extradicion de Fujimori


La comunidad internacional ha tenido los ojos pendientes en nuestro
pais debido al juicio de extradicion de Alberto Fujimori. Editoriales
en diarios, comentarios en blogs y un inesperado interes de profesores
y estudiantes de derecho en el extranjero por conocer el perfil de los
ministros de nuestra Corte Suprema me permiten afirmarlo.

Sin lugar a dudas, es posible discrepar en la evaluacion que cada uno
de nosotros tiene sobre el gobierno del senor Fujimori. Sin embargo,
me parece inoportuno afirmar, como lo hace Gonzalo Aguirrebengoa, que
el ex mandatario "no tendrá en absoluto un debido proceso, y tal
motivo era suficiente para denegar la extradición".

El respeto a la autonomia de los pueblos implica que, como principio
general, los paises tienen el derecho a juzgar de acuerdo a sus
propias leyes a quienes han sido imputados por crimenes; los cuales,
en el caso de Fujimori, son de alta gravedad y publico conocimiento.
Recordemos que fue el mismo principio enarbolado por nuestro pais
durante el caso Pinochet. Una conclusion distinta por parte de nuestra
Corte Suprema hubiera implicado "esconder' juridicamente a Fujimori de
la justicia peruana y, sin lugar a dudas, situar a nuestro pais a los
ojos de la comunidad internacional como refugio de ex gobernantes
procesados

15 julio, 2007

Nacionalizacion del cobre

Sorprende la crítica de ayer del señor Cruzat a la asistencia del presidente ejecutivo de Codelco a actos conmemorativos de la nacionalización del cobre. El derecho de propiedad no es el único valor jurídico político existente, por lo cual una opinión comprensiva sobre tales acontecimientos no puede fundamentarse únicamente en ese derecho; menos aún en una particular concepción de la propiedad (en este caso, una concepción individual y protectora del statu quo).
Al momento de "chilenizar" y posteriormente "nacionalizar" el cobre en nuestro país, el gobierno y el Parlamento de la época se hicieron eco de un sentir mayoritario de la población. Al satisfacer el sentimiento de frustración que experimentaba ésta por la explotación de nuestra riqueza minera por capitales extranjeros que poco retribuían al país, nuestra clase política sencillamente actuó sin ataduras ideológicas en búsqueda del bien común, a la luz de los valores prevalecientes en la época. Eso es algo que jamás va a cambiar, y el día que así ocurriera ciertamente habríamos regresado a una dictadura.
Por otra parte, no puede estimarse que cualquier regulación al derecho de propiedad -incluso una regulación expropiatoria- sea un "acto arbitrario brutal". Una concepción expansiva e hiperdesarrollada del derecho de propiedad paralizaría la posibilidad del pueblo de llevar a cabo cualquier tipo de programa social o política pública. Por lo demás, al desarrollar dichos programas y políticas, inevitablemente deberán articularse el derecho de propiedad con otros valores jurídico-políticos, entre los cuales puede encontrarse la redistribución de la misma propiedad entre un número mayor de personas.
(Carta aparecida en El Mercurio)

27 junio, 2007

Proceso al Senador Zaldívar

El proceso iniciado en el Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano contra el Senador Adolfo Zaldívar ha reclamado la atención de comentaristas del derecho, el constitucionalismo y la política. Me parece que, desde luego, un análisis complejo y estructural de esta situación debe incorporar todas estas perspectivas.

Jurídicamente, es necesario reconocer que efectivamente existen disposiciones normativas que prohíben a los partidos políticos dar órdenes de votación a sus senadores y diputados. Constitucionalmente, se establece que las normas internas de dichos organismos deberán asegurar una efectiva democracia interna. Políticamente, se entiende que los partidos políticos son instituciones deliberativas que reunen en torno a principios y proyectos de políticas públicas a militantes que, en virtud de su pertenencia a dichas asociaciones, son elegidos para desempeñar funciones de representación. Todas estas dimensiones deben ser armonizadas interpretativamente en un sentido útil, de tal manera que cada una de ellas integre nuestro juicio valorativo.

¿Qué conclusión podríamos formular deductivamente de todas las premisas señaladas? El Senador Adolfo Zaldívar tiene razón al sostener que no se le puede obligar a votar a favor de un proyecto determinado, sancionarle exclusivamente por ese hecho o reemplazársele en su cargo por otro parlamentario que se comprometa a votar de acuerdo a las instrucciones del partido. Sin embargo, tampoco puede pretender desconocer sistemáticamente los acuerdos internos de dicho partido, particularmente aquellos a los cuales se les ha asignado un carácter prioritario.

En última instancia, este es un problema político; y se resolverá no a través de recursos judiciales en los tribunales ordinarios, sino a través del sinceramiento en torno al compromiso del Senador con la Concertación y su agenda centrada en la democracia y la justicia social.

12 junio, 2007

Un asesino impune

Si ve al hombre de la foto, denúncielo. O mejor aún, escape. Se trata de un peligroso delincuente, responsable de numerosos asesinatos tanto en Chile como en el exterior.
Fue conocido durante mucho tiempo como "Don Elías", pero responde también al nombre de Eduardo Iturriaga Neumann. Ex agente de la DINA, jefe de su unidad exterior, vinculado entre otros crímenes al asesinato del Comandante en Jefe de las FF.AA. Carlos Prats y su mujer en Argentina.
La Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó en segunda instancia por el delito cometido contra el mirista Luis San Martín Vergara. En este momento, este delincuente está prófugo; agrava su delito el que se haya escondido para no ser notificado de la sentencia definitiva y además, haya emitido un video y un comunicado de prensa anunciando su rebeldía.
Al respecto, es de esperar que los tribunales militares apliquen la pena fijada en el Artículo 228 del Código de Justicia Militar: La pena de degradación producirá la privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares; el retiro absoluto de la institución; la incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros; la pérdida a perpetuidad de todos los derechos políticos activos y pasivos; y la incapacidad para desempeñar, a perpetuidad, cargos, empleos y oficios públicos.
¿Ha leído Mi Lucha de Adolf Hitler? Entonces lea la declaración de "Don Elías" acá.

Superintendencia de Educación

Juan de Dios Vial Larraín interviene en el debate sobre una Supeintendencia de Educación lanzando una propuesta alternativa: crear un "órgano de la sociedad civil", integrado por "personalidades universalmente reconocidas en el mundo del saber, de la formación humana y de las ciencias", y encargada de orientar los currículos educativos de nuestra sociedad.
No es una propuesta precisamente novedosa: hace varios siglos Platón propuso la idea del "gobierno de los sabios" o de los filósofos, "aquellos que aman la verdad esté donde esté". Es cierto, la idea de convocar a sabios para asesorar consultivamente a los gobernantes es una buena propuesta. Sin embargo, ¿quiénes son los sabios? ¿Y qué hacer cuando esos sabios tengan diferencias de opinión?
Me parece francamente indeseable que estos sabios o "personalidades" dirijan las políticas públicas en materia de educación. De seguir esta tendencia podríamos convocar al Colegio de Abogados y la Asociación Chilena de Ciencia Política a redactar las leyes, quitando la función legislativa de las manos del Parlamento y el Presidente. Honestamente, prefiero que la autoridad democráticamente elegida gobierne, delegando en organismos técnicos la ejecución del mandato político que el pueblo le entrega a sus gobernantes a través de las elecciones periódicas.

28 mayo, 2007

Reflexiones sobre el Estado

El ser humano tiene una necesidad espiritual y sicológica de justificar sus acciones. Esto no solamente se relaciona con la justificación estratégica de las cosas -la pregunta por la utilidad- sino también por su justificación moral -la pregunta por el bien-.

En el caso del Estado, históricamente han surgido dos vertientes de respuestas. Por un lado, la época clásica sostiene la bondad del Estado: el Estado y lo colectivo son un bien, porque entregan al individuo bienes que de otra manera no tendría a su disposición. Particularmente, la esfera de lo colectivo proporciona al individuo la posibilidad de vivir las virtudes, alcanzando de esa manera su perfección. Por otro lado, la época moderna se inaugura con la reflexión de los contractualistas -Hobbes, Locke, Rousseau- sobre el carácter del Estado de mal necesario: el Estado y la asociación política son un mal, porque al entrar en ellos los individuos renuncian a determinados bienes -sus derechos, su autotutela, su libertad-, pero son un mal necesario, porque lo hacen para evitar un mal mayor -la muerte violenta a manos de otros, la inseguridad de la propiedad, la desigualdad-.
De estas respuestas surgen diversos diseños institucionales. De la respuesta clásica surge un Estado limitado en la virtud; limitación que históricamente aparece como deficitaria, pues no proporciona protección a los gobernados frente a la arbitrariedad, y no se esfuerza en buscar su legitimidad en el consentimiento de éstos. De las tempranas respuestas modernas surge un Estado teleológico: en la medida en que la asociación política obtenga el fin para el cual fue creado, los individuos permanecerán en su seno. Sin embargo, las dinámicas históricas de los modelos auspiciados por los contractualistas -Estado absoluto, Monarquía parlamentaria, democracia asambleísta- no son capaces de satisfacer las expectativas que despiertan.
Finalmente, una síntesis surge en el siglo XVIII de la pluma de Hamilton, Madison y Jay en los Federalist Papers: el Estado es en cierta forma un bien y en cierta forma un mal. Si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario; pero como el mismo Estado está controlado por hombres, también es necesario el control del mismo. Así, el Estado es un bien porque entrega al hombre un orden del que carecería en su ausencia -el Estado gobierna a los hombres-, pero al ser también un mal -los hombres gobiernan al Estado- se hace necesario estructurarlo de tal modo que cada uno de las ramas de éste vigile a los demás. Así surge el constitucionalismo como disciplina del gobierno legítimo -porque busca su fundamentación en la voluntad de los gobernados- y sometido a control mediante frenos y contrapesos, checks and balances.

25 mayo, 2007

Desalojo del gremialismo UC

Si Andrés Allamand ha llamado al desalojo de la Concertación de La Moneda, yo llamo al desalojo del gremialismo de la UC. Ciertamente es un llamado análogo, en parte igual y en parte distinto: si en el primer caso se trata de un llamado electoral (espero) y relativo al control del Poder Ejecutivo, en este caso se trata de un llamado primordialmente intelectual y relativo a la hegemonía académica que este movimiento tiene en la Universidad Católica.

Desde la intervención de la Universidad Católica por parte de la dictadura militar a través de un Rector Delegado, el gremialismo ha mantenido un control hegemónico de nuestra casa de estudios que se ha evidenciado, entre otras cosas, en la facilidad con que los gremialistas de ayer y hoy adquieren puestos estratégicos en la conducción de la Universidad. Pero lo que es realmente preocupante es la hegemonía con que controlan la docencia y los contenidos curriculares en algunas unidades académicas, como ocurre en la Escuela de Derecho.

Para entender esto, es útil observar lo que ocurre en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Ella define su proyecto en una palabra: una Universidad nacional. Y reflejo de ello es su claustro de profesores, así como su cuerpo estudiantil: heterogéneos, diversos, reflejo del Chile contemporáneo, donde conviven diversas orientaciones políticas, religiosas, filosóficas, historiográficas, jurídicas. ¿Qué pasa, en cambio, con nuestra universidad? Nuestra definición es, como queda dicho, la catolicidad, realidad incluso más amplia que lo nacional; y sin embargo la amplitud que exige esta palabra no se refleja en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica . La verdad sea dicha, la Escuela de Derecho de la Universidad Católica es una institución de clase; donde la hegemonía está en las manos del abogado corporativo, católico conservador y de derecha y donde el modelo de alumno esperado es el mismo. No hay sino pequeños intersticios donde se cuelan otras pequeñas variantes, nunca demasiado distintas al modelo original.

¿Significa esto un llamado a laicizar la UC? ¿O a contratar a profesores abortistas? En ningún caso. Ese es el tipo de alarmas que el gremialismo conservador y empresarial -corporativo es la palabra adecuada en el mundo del Derecho- enciende cuando se discute este tema. Estamos hablando de que en la Escuela de Derecho de la UC hay pequeño espacio para quienes tienen una visión distinta de la Iglesia, de la profesión, del Derecho. ¿Se acogen las visiones jesuitas o salesianas de la Iglesia y la universidad, por nombrar sólo dos carismas católicos directamente relacionados con la educación? ¿Se forman en la UC abogados para litigios de interés público, o la asesoría legislativa, o la docencia y la investigación, o la regulación de mercados? ¿Se discuten teorías críticas del Derecho, se proporciona un sustrato analítico a los estudiantes, se es parte de la discusión actual sobre el Derecho y sus fines? Personalmente, creo que a todas estas preguntas la respuesta es negativa. Sólo un pequeño ejemplo: en el plano del derecho constitucional, el cuerpo de profesores es transversalmente iusfundamentalista y partidario de la constitucionalización del Derecho si reservas, en detrimento de concepciones más democráticas o institucionales del sistema constitucional. El derecho constitucional no es únicamente producto de los tribunales; es más, puede incluso cuestionarse seriamente la relevancia de estos órganos en este plano. El punto aquí, es que esto no es discusión en nuestro claustro de profesores.

La estrechez doctrinaria de nuestro profesorado y nuestras mallas curriculares nos empobrece, y es un desperdicio de las posibilidades que nuestro cuerpo estudiantil de excelencia nos ofrece. Si no hacemos algo al respecto, en algunas décadas ese cuerpo estudiantil habrá perdido la diversidad y excelencia que -cada vez menos, me parece- le han caracterizado desde hace mucho. Urge, por tanto, acabar con la hegemonía del abogado corporativo y católico conservador de derechas; urge desalojar al gremialismo de la hegemonía UC.

06 mayo, 2007

Metro, Constitución y Políticas Públicas

Sorprende la frivolidad con que la UDI acude a la Constitución para hacer política. El último episodio de esta verdadera "novela en serie" ha sido la información por parte de su presidente Hernán Larraín de "una interpelación, una acusación constitucional" contra el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, por el proyecto de financiamiento Metro- Transantiago.
En primer lugar, es necesario precisar que una interpelación no es lo mismo que una acusación constitucional. Nuestra Constitución distingue entre las "interpelaciones", consistentes simplemente en citar a un Ministro a responder las consultas que motiven su asistencia, y las "acusaciones", procesos destitutorios que proceden únicamente por motivos que taxativamente señala la Constitución y entre los cuales ciertamente no se encuentra el desarrollar políticas públicas que no sean del agrado de la oposición.
En segundo lugar, la Constitución debe entenderse como un acuerdo fundamental que genera el marco para la creación de políticas públicas; no como una camisa de fuerza que impide las iniciativas gubernamentales. En esta materia, no puede estimarse el estatuto regulatorio del "Estado Empresario" (artículo 19 N° 21) o las disposiciones sobre responsabilidad financiera del Estado (artículo 63 N° 9) impidan el proyecto ministerial; pues ellas se refieren respectivamente a la entrada al mercado de empresas estatales y al establecimiento de normas generales, no a la aprobación específica de cada operación financiera.

En definitiva, la UDI debiera asumir que la Constitución es nuestro acuerdo fundamental, y no un arma arrojadiza de su propiedad.

30 abril, 2007

Racismo y publicidad

Indudablemente, la campaña publicitaria "Mi libro, tu libro" de Metro S.A. está inspirada en un noble propósito, cual es el de difundir la cultura en la población de nuestro país. Sin embargo, los medios a través de los cuales ésta es llevada a cabo conspiran contra el adecuado cumplimiento de esta meta; pues una de las piezas publicitarias ocupadas emplea imágenes que apelan al prejuicio, los estereotipos, y en última instancia al etnocentrismo.

En efecto, en la aludida imagen se puede ver cómo sobre la cabeza de un niño avanzan, cual si fuera una selva, un hombre blanco vestido como explorador y detrás de él un grupo de hombres de piel negra con lanzas y en actitud hostil, apelando a la clásica imagen de canibalismo y subdesarrollo prevaleciente en nuestro país hacia las culturas africanas. Sabido es que el prejuicio -racial, sexual, cultural- opera a través de diversos canales de transmisión cultural; entre los cuales el humor y la publicidad son dos de los más importantes.

Esta campaña de Metro S.A. ciertamente no es causa, sino efecto del problema. El problema de fondo es que nuestra sociedad es profunda, profundamente racista; aunque cierre los ojos y lo niegue. La triste verdad es, sin embargo, que cuando el extranjero es de piel clara y apellido europeo le son abiertas las puertas de par en par -lo cual está muy bien-, pero cuando es de piel oscura o su apellido es quechua, mapuche o guaraní, el único espacio disponible para él es la Plaza de Armas. El prejuicio y la discriminación no deben ser tolerados en lo más mínimo en una sociedad construida sobre la dignidad de la persona humana; a no aceptar, pues, que el humor o la publicidad se valgan de estos simples recursos para transmitir sus mensajes.

28 abril, 2007

El Derecho

El Derecho es un instrumento normativo que, para la satisfacción de necesidades socialmente estimadas como relevantes, dispone de herramientas reguladoras de la conducta de individuos dotados de racionalidad y voluntad.

Mediante estas herramientas el Derecho interviene el universo de conductas disponibles en un determinado caso, ya sea determinando al individuo a escoger una o unas específicamente, excluyendo una o unas de manera explícita, o reconociendo un conjunto de opciones disponibles para el albedrío del sujeto; en otras palabras manda, prohíbe o permite.

22 abril, 2007

¿Eso era todo?

De fuente directa, citado por "El Mercurio":

"Está consciente de que debe renovarse. Por eso viajará y transformará su experiencia en un nuevo discurso. El '99 ya lo hizo al hablar de gobernar con la selección nacional, de preocuparse de los temas concretos de la gente o viajando a terreno vistiéndose con los atuendos de la zona, pero ahora ése es un discurso gastado. Todos le copiaron. Él necesita reinventarse".

Y ahora, preguntémonos, ¿eso era todo? ¡Menos mal que no ganó!

10 abril, 2007

¿Justicia para todos?

El formato mediático del momento, los "tribunales televisivos", están en entredicho. En este momento, la Corte de Apelaciones de Santiago conoce de un recurso de protección interpuesto en contra de uno de ellos por un participante que afirma no haber suscrito el correspondiente pacto arbitral ni haber concurrido voluntariamente a dicho programa.

Los canales de televisión se defienden enarbolando las reglas de participación que rigen este género televisivo. Curiosamente, el escrutinio público usualmente encendido por los medios de comunicación y enfocado sobre las instituciones públicas, recurre en este caso a éstas para controlar a aquellos.

Sería un error enfocar este problema como un asunto de orden privado, como un problema de quienes deciden voluntariamente participar de estas actividades. Claro, todos somos adultos, todos sabemos en qué asuntos nos metemos y nadie es dueño de la vida de los demás. Sin embargo, lo que hay de cierto en esas afirmaciones no debe oscurecer una profunda verdad: que interesa a la comunidad toda la calidad de la justicia impartida a sus integrantes. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, afirma
John Rawls.

El esfuerzo realizado durante la última década por nuestro país en cuanto a mejorar la calidad de la justicia
penal, laboral, de familia, civil y próximamente en materia administrativa, no puede verse empañado por la frivolidad de quienes quieran cautivar audiencias a través de parodias. Concédase, al menos, que la justicia televisiva es un tema de interés para todos.

19 marzo, 2007

Yale Law School

Este es el tipo de noticias personales que ya he decidido que, excepcionalmente, contaré en este blog. Mal que mal, tiene que ver con el tema de este: Derecho, Política y Constitucionalismo.
El punto es el siguiente: he sido aceptado en el
Master of Laws del Graduate Program de la Yale Law School. Es una gran Escuela, con una tradición de estudio interdisciplinario y compromiso con el diseño jurídico de las políticas públicas. Obviamente, esto me tiene muy contento.

12 marzo, 2007

Adiós a los Lores

Resulta interesante reflexionar sobre los cambios institucionales realizados recientemente en Inglaterra. La radical transformación de la Cámara de los Lores, que de estar integrada por la nobleza pasará a ser un cuerpo democráticamente electo en su mayoría, es un significativo hito en el pacífico y moderado proceso de transformación liderado por el laborismo inglés.

El columnista Pardiez ("Día a Día" publicado ayer en El Mercurio) señala que es de esperar que el proceso de modernización de los británicos "no los achate". Discrepo de su temor: las cualidades culturales de ese pueblo no están en juego. Por el contrario, debemos saludar con entusiasmo la decisión de la clase política británica de intensificar el protagonismo del pueblo en la generación de sus instituciones políticas.

Indudablemente, este proceso de democratización involucrará en algún momento un debate sobre otras dos notas distintivas de la organización política británica: la ausencia de una Constitución escrita y la pervivencia de una monarquía excesivamente privilegiada.

Ciertamente, los amigos de la democracia y la igualdad política aplaudiremos cualquier avance en este sentido.

23 febrero, 2007

Energía nuclear y prejuicios

Actividades de voluntariado en Chiloé me llevaron a viajar a Santiago en un bus a toda velocidad por nuestras bien mantenidas carreteras. Debo confesar que la sensación de inquietud e incertidumbre que me acompañó durante el viaje era ¡muchas veces mayor! que la que haya experimentado alguna vez viajando en avión. Sin embargo, para muchas personas ocurre lo contrario: una encuesta rápida nos revelaría que la gente siente mayor temor a viajar en avión que en bus. Curiosamente, me encuentro en la misma situación respecto de la energía nuclear: a diferencia de muchas personas, siento que es mucho más confiable, segura y amigable con el ecosistema que otras fuentes como el carbón, el petróleo o el gas natural.
En efecto, la energía nuclear es más confiable que el petróleo o el gas natural; por lo menos para nuestro país, que al carecer de fuentes propias de estos elementos se ve expuesto a importantes amenazas geopolíticas. Asimismo, es más segura, pues la tecnología actual y los estándares de calidad de los edificios de contención que albergan los reactores nucleares permiten que éstos resistan incluso el impacto de aviones y huracanes. Finalmente, es más amigable; pues no libera gases tóxicos o de efecto invernadero a la atmósfera lo cual, si mal no recuerdo, es uno de los principales temas de la agenda internacional debido al calentamiento global.
Usualmente se esgrime frente a los argumentos recién reseñados una sola palabra: Chernobyl. Sin duda es una gran herramienta retórica, tal como en otra época lo era acusar al enemigo de brujería o pacto con el diablo. Pero hoy es sabido que este lamentable accidente se debió a deficiencias técnicas, que no es del caso detallar aquí.
Desde luego, es un hecho que la energía nuclear cuenta con una inmerecida mala fama; cada vez que este tema se plantea, la opinión pública tiende a considerar a quienes la promueven como despreocupados lobbystas de intereses empresariales ajenos a los problemas del ecosistema. Es curioso, pero la realidad es otra: para Chile energía nuclear significa independencia energética y geopolítica, seguridad, y lucha contra el calentamiento global.

Post Data: con posterioridad a la publicación de este comentario en El Mercurio, la Ministra de Minería informó que el Gobierno se comprometió a iniciar los estudios técnicos para ver la factibilidad de la instalación de una planta nuclear en Chile y a que en las primeras semanas de marzo se presentará un proyecto de ley para comenzar a implementar energía renovable no convencional. Sin duda, una muy buena noticia.

09 enero, 2007

Breve update

La información disponible hasta el momento parece aclarar algunas de las dudas que hace una semana despertara en este blog la expulsión de Jorge Schaulsohn.
El ex Diputado no se va para la casa (al menos hasta este momento... está muy ocupado dando declaraciones en los medios de comunicación y ahora inicia su recorrido por tribunales), y definitivamente no está interesado en ingresar a otro partido.
Por otro lado, pareciera tener ánimo de fundar otro referente, y cada vez toma más distancia de la Concertación en este, su propósito.
Ahora bien, la noticia esperanzadora para todos quienes podían temer un verdadero quiebre del PPD o quizás una catástrofe mayor para la Concertación es que, hasta el momento, sólo son dos los parlamentarios renunciados. Y para mayor tranquilidad ambos han declarado su adhesión al Gobierno y su coalición de partidos. Al punto que Esteban Valenzuela, en su declaración pública, afirmó que desde Chile Primero "nos opondremos a la polarización de la Concertación entre un partido único de izquierda y una Democracia Cristiana que algunos quisieran aislar".
Si bien debemos estar aún a la espera de nuevos acontecimientos, todo indica que políticamente ya llegamos al fondo y ahora empezará a salir el sol. Confiemos en que desde la trinchera judicial no lleguen nuevos asaltos.

06 enero, 2007

Pinochet y Guzmán

Es claro que la muerte del general (R) Pinochet es un momento de recuentos sobre su gobierno. Sin embargo, parece evidente que tal evaluación no se puede limitar únicamente a su persona; necesariamente debe extenderse a quienes fueron sus colaboradores más cercanos y directos.

Uno de los personajes más importantes en ese sentido fue el dirigente gremialista Jaime Guzmán, quien bien podría ser llamado el "fundador de movimientos políticos" si nos dejáramos llevar por la moda de Julio César Rodríguez, el "fundador de medios" (?). En efecto, ya que Jaime Guzmán tiene el (dudoso) mérito de haber fundado el Movimiento Gremial, Patria y Libertad, la UDI, así como haber traído a Chile al movimiento político- religioso conocido anteriormente como Fiducia y actualmente como Acción Familia.

Jaime Guzmán fue desde un primer momento el ideólogo político- jurídico de la Junta. Como él mismo diría en 1987, entrevistado por Juan Pablo Illanes, Guzmán hacía "una cantidad de cosas bien variadas y no muy precisas. Era asesor del Gobierno en materias jurídico- políticas", algunas de las cuales "naturalmente, revisten un carácter que por su naturaleza de asesoría es discreta y debe mantenerse en ese plano".

Una materia en la cual la asesoría de Jaime Guzmán a Pinochet fue de conocimiento público, fue la elaboración de una entramado ideológico que justificara y proyectara hacia el futuro el autoritarismo y el militarismo que caracterizaron a la Junta Militar. Ese proyecto político fue el que expuso el general Pinochet en 1977, en su discurso de Chacarillas, al afirmar que "advertimos nítidamente que nuestro deber es dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social".

Frente a estas afirmaciones del pasado, cabe sostener que las reformas estructurales a la Constitución introducidas en 1989 y 2005, así como las numerosas otras reformas hechas durante los gobiernos de la Concertación, han disuelto la mayor parte de ese proyecto de democracia autoritaria y protegida.
En efecto, en la Constitución se ha equilibrado la relación entre Presidente y Parlamento; las Fuerzas Armadas y de Orden hoy están plenamente sometidas en lo institucional a los poderes civiles; el respeto al Estado de Derecho es el único límite a la convivencia política; el Parlamento se integra en su totalidad por representantes del pueblo democráticamente elegidos; y los partidos políticos han recobrado su papel dentro de la institucionalidad mediante diversas reformas de rango constitucional y legal.
Hoy, el diseño político deseado por Pinochet e implementado por Guzmán pareciera ser un mal sueño del cual los chilenos ya hemos despertado.