12 noviembre, 2006

Interpretación constitucional "originalista" en Chile

La interpretación constitucional es particularmente importante y controversial debido al objeto de su atención –el pacto político fundacional de la sociedad político- y la amplitud de los enunciados que comúnmente contienen dicho tipo de textos. Este hecho da lugar a diversas tradiciones interpretativas.

Quizás la herramienta técnica por excelencia a la que acuden dichas tradiciones interpretativas sea el conjunto de métodos de interpretación empleados por la hermenéutica jurídica. En mayor o menor medida, todas las tradiciones interpretativas emplean los métodos histórico, sistemático, lógico, gramatical.

Entre aquellos, la interpretación originalista destaca por las polémicas que giran en torno a ella. Algunos teóricos la defienden debido a que ella nos permite comprender el propósito que animó la adopción de determinados esquemas organizativos del sistema jurídico o de una cierta norma en particular. Sin embargo, por momentos la interpretación originalista parece una simple huída del presente. Pues si nos hacemos cargo de las dificultades de todo tipo que se le plantean, tendremos que emprender la misma reflexión, argumentación y discusión interpretativa que toda interpretación requiere en el presente, con la salvedad de que se realizará teniendo a la luz el contexto del momento en que se aprobó la norma analizada y no la realidad presente. Situación que, evidentemente, siempre será más difícil a medida que dicho momento esté más alejado en el tiempo.

Ahora bien, el punto aquí no radica en la dificultad de toda interpretación originalista, enfrentada al paso del tiempo y el cambio de las sociedades. Me refiero a otro problema. ¿Es útil, a efectos de interpretar el texto constitucional, recurrir a la opinión de personas que discutieron sobre un texto que nunca vio la luz tal como ellos lo concibieron, el cual adicionalmente es el documento constitucional que más modificaciones en cantidad ha tenido en la historia constitucional de nuestro país, y que adicionalmente acaba de ser sometido a una cirugía profunda que alteró casi la totalidad de las innovaciones introducidas por sus redactores? En efecto, de los objetivos planteados por la Comisión Ortúzar y los mecanismos concebidos para su cumplimiento, tan sólo quedan intactos el reforzamiento del derecho de propiedad y de la libertad para emprender actividades económicas y el diseño del Banco Central. En cambio la proscripción ideológica, el sistema de justicia constitucional, la “democracia protegida” y tutelada por las Fuerzas Armadas, el mismo estatuto de estas últimas, incluso el exacerbado presidencialismo del texto primitivo, son todas reglas estructurantes del texto que entró en vigencia en 1980 que han desaparecido de nuestra actual Constitución. Ante esta evidencia, me atrevo a plantear la interrogante de si es posible o deseable recurrir a las Actas de la Comisión Ortúzar para encontrar la mejor interpretación de nuestra Constitución.

¿Es posible la interpretación originalista?

En este punto, podemos observar cómo se dificulta el recurso a las Actas de la CENC para comprender el sentido y alcance de la Constitución en su conjunto. Entre las discusiones que ella recoge y nuestro texto vigente hay una gran distancia debido a las intensas reformas incluidas en ella. Es decir, ya no se trata solamente del problema de que en ellas no hay información útil sobre el sistema de propiedad minera; estamos hablando de que se siguen modelos contradictorios en materia de Fuerzas Armadas y su rol institucional, de control parlamentario sobre el Ejecutivo, de organización del sistema de justicia constitucional; temas de la mayor relevancia práctica e interés teórico en los cuales las Actas de la Comisión Ortúzar no son de utilidad.

Ya las reformas del 89’ dejaron obsoletas a las Actas en asuntos tan discutidos como la jerarquía de los tratados internacionales o el pluralismo ideológico. Y la práctica constitucional misma descalificó supuestas innovaciones de la Carta que nunca tuvieron el peso que la Comisión Ortúzar supuso que tendrían, como la idea del “Dominio Máximo Legal”. En efecto, la atención de la comunidad jurídica no ha estado nunca puesta en este asunto, sino en el más complejo y matizado de la reserva legal y el ámbito de la potestad reglamentaria de ejecución.

En definitiva, en las Actas de la Comisión Ortúzar no se refleja, ni nunca se reflejó a cabalidad, el sistema o diseño de nuestra Constitución ni sus principios estructurales. Esta interpretación originalista no es posible.

¿Es deseable la interpretación originalista?


Ahora bien, también hay un problema valórico en emplear las Actas de la Comisión Ortúzar para ilustrar la comprensión del texto constitucional. En efecto, de guiarnos por la interpretación que dicho órgano hacía del diseño institucional, estaríamos suscribiendo un esquema de distribución de poderes ampliamente rechazado por la sociedad y centrado en las limitaciones a la democracia y la tutela militar.

Esta es una inspiración que debemos rechazar, pues no nos ayudará a encontrar la versión de la Constitución más acorde con la democracia. Incluso en asuntos que no han sido reformados todavía, como los quora de leyes orgánico constitucionales y leyes de quórum calificado, debemos apartarnos de la interpretación extensiva que haría de dichos preceptos la Comisión Ortúzar siguiendo su concepción de la democracia protegida. De otra forma, estaremos siendo desleales con los esfuerzos realizados desde 1980 por importantes sectores para reubicar a nuestra Constitución dentro de la tradición democrática y republicana chilena. Esta interpretación originalista no es deseable.