16 octubre, 2006

Reforma Constitucional y Digitalización

Un grupo de diputados ha presentado un Proyecto de Reforma Constitucional para incorporar como un derecho constitucional el "acceso a la conectividad a las redes digitales de información y comunica-ción".
Una lectura fácil y desaprensiva de esta iniciativa ciertamente la encontrará valorable y visionaria. Sin embargo, una mirada crítica y observadora -la mirada con la cual los ciudadanos debemos juzgar los actos de nuestros representantes- sentirá una creciente incomodidad ante esta propuesta de reforma.
La premisa a cuya luz juzgamos dicho proyecto es la siguiente: la proliferación de disposiciones programáticas en la Constitución es una señal de debilidad institucional. Un aforismo dice por ahí que una Constitución extensa la tiene todo el que quiera, pero una Constitución breve sólo el que pueda. Detrás de esta apreciación está la siguiente idea: la desconfianza hacia los resultados de los procesos políticos democráticos lleva a los diversos actores a intentar consagrar en la Constitución sus opciones en materia de políticas públicas.

En lugar de aderezar aún más la Constitución, debiéramos preocuparnos por diseñar políticas públicas que respondan a nuestros proyectos políticos y conseguir mayorías sociales que las respalden. En este caso, más importante que una reforma constitucional es la generación de subsidios a la digitalización a través de mecanismos de políticas públicas. Presupuestos locales y de servicios públicos debieran orientarse hacia ese objetivo. Las leyes tributarias y administrativas debieran flexibilizarse para permitir que los computadores de empresas y servicios públicos dados de baja se entreguen en donación a colegios e infocentros juveniles. ¿Parece ser una agenda más difícil que una reforma constitucional? Sin duda. Pero tiene a su favor la efectividad de la cual carecerá dicha reforma.