06 septiembre, 2006

Algo sobre la deferencia de los organismos contralores

A raíz de las recientes sentencias de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago recaídas en la venta del Valparaíso Sporting Club y de Santa Rosa de las Condes, se ha desarrollado una polémica relacionada con elementos de derecho urbanístico, administrativo y regulatorio. Quisiera abordar este asunto desde otra perspectiva, que calificaría como perteneciente al derecho político o a la filosofía del constitucionalismo.

En el caso concreto que nos llama la atención, los protagonistas de la discusión han sido la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, las Direcciones de Obras Municipales y la Contraloría General de la República. Si damos un paso hacia un grado mayor de abstracción, identificando dichos actores con las categorías de ley, organismo administrativo y órgano de control, comprenderemos que estamos ante una de las más recurrentes polémicas del Estado de Derecho contemporáneo: la compleja tensión entre legitimidad democrática, autoridad técnica y control jurídico.

El telón de fondo de este dilema es la vinculación entre Derecho y Política. En ese sentido, manifiesto mi convicción de que el Derecho es, y debe ser, un instrumento que, reflejando ciertamente la primacía de ciertos valores superiores a la decisión democrática –fundamentalmente, la dignidad de la persona humana y su proyección en los derechos fundamentales-, permita cumplir con los fines y objetivos que la comunidad se trace a sí misma mediante la deliberación democrática.

Crelo que esta reflexión sustentan quienes consideran que los órganos de control deben guiar su interpretación de las normas mediante una "deferencia razonada" hacia lo obrado por el legislador en ejercicio de su legitimidad democrática. Me parece, también, el fundamento de la consideración de que la Contraloría no puede entrar a calificar el mérito u "oportunidad de la medida, aspecto de índole enteramente política" en palabras del extinto Eduardo Novoa Monreal. Es lo que lleva a Stephen Breyer, Ministro de la Corte Suprema de EE.UU., a sostener que las Cortes deben reconciliar fines democráticamente escogidos con la experticia administrativa, adhiriendo a la interpretación razonable de los organismos administrativos ante ambigüedades normativas.

Es más, sostengo que la reserva a favor de la autoridad administrativa de la competencia exclusiva en materia de evaluación de los antecedentes de mérito de las decisiones administrativas es un principio general del Derecho Público chileno.

Como tal está recogida, entre otras disposiciones, en el Artículo 21 B del Decreto Nº 2421/1964 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de
la Ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y que a la sazón prohíbe a la propia Contraloría General de la República “evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas”.

En definitiva, en este como en muchos otros casos, la argumentación jurídica debe saber cuando alzar su voz para defender los derechos de las personas, y cuando callar para escuchar el sonido de la deliberación democrática.