25 julio, 2005

Seguridad Nacional y nueva institucionalidad

Una de las mayores innovaciones del constituyente de 1980 fue incorporar la seguridad nacional como un valor protagónico dentro del plexo normativo contenido en las Bases de nuestra Institucionalidad. Ya en el artículo 1º, inciso 5º de nuestra Ley Fundamental se proclama como deber del Estado el "resguardar la seguridad nacional", labor que el constituyente sin duda estima necesaria para dar cumplimiento a su finalidad de promover el bien común. Tal aseveración se ve coronada en su artículo 9º con una proclama de indiscutible actualidad: el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

Entre quienes nos situamos de manera crítica frente al diseño político original de la Constitución de 1980, es usual sentir un fuerte reproche hacia la fascinación con la cual el constituyente aborda la seguridad nacional como valor constitucionalmente protegido. Sin embargo la distancia que nos separa del debate constitucional de los 80’, y la consolidación de nuevos desafíos para las democracias occidentales en la forma de un terrorismo cada vez más impredecible, nos exigen reflexionar seriamente sobre la respuesta de nuestro sistema político ante el problema de la seguridad nacional y el combate al terrorismo.

Sorprendentemente, desde esta perspectiva es posible formular nuevos reparos al diseño original de la Constitución de 1980. Aquel contempla la seguridad nacional como un valor que debe ser defendido del "enemigo interno". El artículo 8° y el Consejo de Seguridad Nacional son las dos columnas sobre las cuales se construye entonces la seguridad nacional. El resguardo de la seguridad nacional en la Constitución de 1980, entonces, pasa a ser una labor mucho más política que técnica: protegernos de las ideas y de la misma democracia.

Sin embargo no hay en esa formulación originaria una preocupación técnica por el problema de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. La institucionalidad llamada a protegernos de las amenazas terroristas no dispone de la flexibilidad para afrontar esos desafíos; en vez de eso, el COSENA recibe la misión de nombrar senadores, ministros del TC, calificar el llamado a retiro de autoridades militares, transformando al poder de seguridad en un protector y moderador de la democracia. Ciertamente, el poder de seguridad no está llamado a desempeñar ese papel para el cual hay otros mecanismos de pesos y contrapesos. Por lo demás, al orientarse exclusivamente a esta labor política, abandona su misión natural.

Las reformas constitucionales promovidas por la Concertación avanzan en materia de seguridad interna en el sentido correcto al reestructurar la dependencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Sin embargo, debemos observar atentamente el nuevo Consejo de Seguridad Nacional para comprobar si se transforma en la instancia técnica de articulación y coordinación que la amenaza terrorista global reclama. Pensemos en el Comité Civil de Contingencias británico conocido como COBRA, integrado por diversas autoridades civiles y militares y que ha encabezado la respuesta no sólo a los atentados terroristas sino también a otro tipo de emergencias nacionales como huelgas masivas, brotes de fiebre aftosa, e incrementos de la delincuencia. Claramente, un vetusto y cada vez más decorativo COSENA no estaba en condiciones de afrontar de manera flexible ese tipo de problemas.

La reciente aprobación del paquete de reformas a la Constitución de 1980 nos ha planteado una oportunidad, un momento constitucional para solucionar esta omisión. Confiamos en que a partir de este instante los órganos del Estado afrontarán los desafíos a la seguridad nacional que el siglo XXI nos presenta de manera ágil, flexible, y multidisciplinaria.